La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. E. Galeano

Sobreendeudamiento sin fin + estagnación x sumisión = empobrecimiento y dependencia sin fin.

Esta es la ecuación suicida que está vigente en Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe hace varias décadas. Este texto examina los factores que generan y perpetúan este proceso trágico para los pueblos del Sur. Además del rasgo de irresponsabilidad fiscal, social y ambiental, el sobreendeudamiento es factor de estagnación de la economía interna y arma de sumisión. Como Prometeo[1], la economía de los países deudores genera un hígado de riquezas cada noche, durante el día viene el buitre y le come el hígado. Un día pos otro. Sin fin. Hasta cuando?

El texto presenta evidencias de que hay un plan orquestado de parte de Estados Unidos, y actores movilizados para garantizar, por soborno, amenaza, muerte o guerra, que nuestros países sigan nutriendo el imperio del Norte con sus riquezas naturales, sus ahorros y aún su cerebro. En este sentido, la deuda tiene una inevitable dimensión política, que ha llegado a traducirse en guerras en varios momentos de la Historia.

En fin, el texto examina algunos caminos de resistencia social al círculo vicioso del endeudamiento, del empobrecimiento y la sumisión, y plantea dos instrumentos de lucha que pueden complementarse eficazmente para cambiar la situación en favor de los pueblos del Sur: la auditoria financiera y la auditoria social y ambiental.

La deuda como arma de sumisión económica

Notemos la gravedad de la expresión sin fin. Ella corresponde al círculo vicioso del cuanto más pagamos, más debemos y más empobrecemos. Corresponde también al designio del Imperio del Norte, los EUA, de someter a las naciones deudoras a ofertas ‘irrecusables’ de préstamos internacionales en cambio de la realización de grandes obras de ingeniería, ejecutadas por grandes empresas nacionales de construcción (en el caso de países ‘emergentes’ como Brasil) y estadounidenses (en los otros casos). Con la imagen de “buena gobernanza”, de promotor del crecimiento económico y de buen pagador, el gobierno local gana popularidad y garante la reelección. Sin embargo, la verdad es que un tal gobierno eligió dejar-se aprisionar en las garras del proyecto imperial de los EUA. Las empresas transnacionales enriquecen y amplían su presencia en todos los sectores rentables de la economía. Los EUA obtienen favores, como tratados de libre comercio, acceso a los recursos naturales, concesiones financieras, contratos públicos, bases militares, apoyo a acciones militares estadounidenses en otros países, etc. Y el país deudor, además de más endeudado, se vuelve generalmente más pobre y más dependiente.

Veamos el caso de Brasil. Durante el gobierno F.H.Cardoso (1995-2002), la deuda interna en títulos se convirtió en un gran negocio. La parte que corresponde a títulos del gobierno en poder de actores privados, como muestra el cuadro del Ministerio de Hacienda, era de R$ 32,1 mil millones (9,19% del PBI) al principio del gobierno Cardoso, en fines de 1994, y aumentó a R$ 558,9 mil millones, (41,52% del PBI), o 17,36 veces más, a fines de su mandato! La deuda total neta de la Unión (interna e externa) creció de R$ 87,8 mil millones (25,13% del PBI) en diciembre de 94 a R$ 1.103,9 mil millones (82,01% del PBI) en diciembre de 2002. Crecimiento real con relación al PIB de 226,34% comparado con diciembre de 1994.

Deuda Total Neta de la Unión (Interna y Externa)
Fuente Ministerio de Hacienda
Base: junio de 2006
R$ mil millones

Leyenda: DMIM - Deuda mobiliaria interna en poder del mercado
DMIBC - Deuda mobiliaria interna en poder del Banco Central
DET – Deuda externa total

Para pagar los intereses de esta deuda, el gobierno adoptó un artificio creado por el FMI para todos los países deudores del Sur: la meta del superávit primario, que consiste en reservar obligatoriamente un porcentual de las recetas públicas para pagar los intereses de la deuda pública; cualquier otro gasto tiene prioridad secundaria en la gestión del presupuesto público. El gobierno FHC acordó con el FMI que este porcentaje sería de 3.5% del PBI. En 2002, el superávit realizado fue de 3,89% del PBI, mayor que el acordado con el FMI! Sin embargo, el gobierno pagó a los acreedores de la deuda pública el equivalente a 8.47% del PBI, y el déficit público fue de -4,58% del PBI! F.H. Cardoso concluyó su gobierno pagando a los acreedores públicos R$ 120 mil millones (siendo apenas R$ 30 mil millones del superávit primario), mientras que invirtió solamente R$ 71 mil millones en todas las áreas sociales sumadas. No nos iludamos: tan gran sangría de los fondos públicos no haya disminuido las deudas. FHC dejó a Lula una deuda pública de 1,103.9 mil millones de reais!

Lula fue elegido para cambiar estas opciones de política económica, para desprivatizar la gestión del presupuesto público, a fin de invertir en las principales necesidades sociales y económicas del país, iniciando un camino de retoma del desarrollo endógeno de Brasil. Una ojeada a lo que el equipo de política económica de Lula logró, con el aval del mismo Lula, repetido muchas veces. En junio de 2006 la deuda total neta de la Unión había alcanzado a R$ 1,451 mil millones (72.51% del PBI). Reducción real de 11.58% con relación al PIB de 2002; y a la vez aumento nominal de R$ 346,7 mil millones con relación a 2002.

El monto de la deuda interna refleja un problema gravísimo de gestión macroeconómica. A la raíz de ella está la falsa convicción de que no hay otro camino para gobernar el país sino dando total prioridad a los pagos externos, y atrayendo inversionistas del exterior a cualquier precio. El factor más relevante de crecimiento de la deuda interna es la conversión en reales de la moneda extranjera que entra en el país, sea en forma de préstamos, sea de inversiones privadas, sea como pago de las exportaciones brasileñas. Y la remuneración de esta deuda? Es altísima, puesto que la deuda interna es remunerada por la más alta tasa de interés del mundo! Mientras que las tasas en los países ricos varían entre 2.5% y 6%, en Brasil la tasa nominal alcanza hoy 14.25% (demoró dos años para caer de 19% a este nivel).

Tomando por base junio de 2006, cabe destacar que el Tesoro Nacional tiene R$ 448,6 mil millones en manos de los Estados y Municipios, siendo que los cinco estados más ricos de la federación deben 73,90% de la referida deuda, como sigue: SP (41,34%) - MG (11,41%) - RJ (10,37%) - RS (7,64%) - PR (3,14%), además de R$ 175,1 mil millones en activos junto a Autarquías,[2] Fondos y Fundaciones.

En junio de 2006, considerando también la deuda externa del sector privado (cuyos contratos son frecuentemente garantizados por el Gobierno Federal) de US$ 52,0 mil millones, o R$ 113,8 mil millones (5,69% del PBI), la deuda neta total, interna, externa, pública y privada, era de R$ 1.564,4 mil millones (78,19% del PBI).

En el mundo dominado por el neoliberalismo económico, todo se vuelve mercancía, aún la deuda financiera. Así que, tomando por base junio de 2006, del total de la deuda de la Unión un monto de R$ 296,0 mil millones (14,80% del PBI) era cargado por el Banco Central de Brasil por falta de compradores de títulos públicos en el mercado. La deuda era más grande que la demanda del mercado.

Que ironía que el gobierno esté promoviendo programas sociales, como el Programa Beca Familia[3], estableciendo cuotas en las universidades y otras medidas de carácter puntual y compensatorio, visando a reducir la carencia de los que están absolutamente excluidos del poder de compra y del poder del saber; mientras que gasta cerca de dieciocho veces más en intereses y amortizaciones graciosamente transferidos a los acreedores internos y externos! Si la economía y las finanzas nacionales fueran administradas con responsabilidad y sentido cívico, ellas serían puestas al servicio de las necesidades de toda la sociedad, de todas las regiones y del país como un todo. Metas de empleo y cuidados sociales tendrían primacía sobre la meta de inflación u otras metas económico-financieras. Así, llegaríamos a no necesitar más programas sociales especiales, ni fondos extranjeros para financiarlos.

El hecho de que Brasil pague siempre más, y tome préstamos para pagar intereses, más que para invertir en la producción de riquezas, perpetúa el endeudamiento y genera una dependencia fatal del gobierno con relación a los acreedores. El postulado que rige esta política es: no hay otro camino para gobernar Brasil sino ceder la gestión de su economía a los acreedores internacionales. Esta es la lógica que ha prevalecido. Sin embargo, desde el punto de vista de la Nación brasilera es una lógica económicamente y políticamente irracional, que debe ser frontalmente combatida!

Los recursos tributarios federales han sido abundantes. El porcentaje alcanza 39% del PBI y los más grandes contribuyentes son la clase media y baja, dada la estructura tributaria injusta que prevalece en Brasil. Gran parcela de los impuestos son indirectos, sobre productos comercializados, cuyas alícuotas son iguales para ricos y pobres, mientras que la renuncia fiscal que el gobierno adopta beneficia a inversionistas extranjeros, empresas transnacionales libres de impuestos sobre sus remesas, y los grandes ricos del país. Pero, si una parte tan grande del presupuesto es dedicada a los acreedores financieros del gobierno, por elección del mismo gobierno, es evidente que los recursos para otros gastos no estarán disponibles. Uno de los factores de crecimiento económico son justamente las inversiones públicas. Con una tasa despreciable del presupuesto dedicada a las inversiones públicas durante toda una década, no es de sorprender que la economía presente un crecimiento inferior a lo necesario y deseable. Y sin crecer, la tendencia es que los empleos y los sueldos se reduzcan. Tampoco restan suficientes recursos para financiar los servicios sociales que son de responsabilidad del gobierno.

La deuda como arma de sumisión política

Sin embargo, hay que ir más lejos en la búsqueda de entender la tragedia en la que estamos metidos. Hay que comprender que el sobreendeudamiento[4] es un arma política, que va mucho más allá de la irresponsabilidad gerencial del gobierno.

“Había dos objetivos básicos en mi trabajo. Primero, Yo debía justificar los enormes préstamos internacionales que canalizarían ríos de dinero de vuelta a la MAIN[5] y a otras compañías americanas (como la Bechtel, la Halliburton, la Stone&Webster y la Brown&Root), por medio de gigantescos proyectos de ingeniería y construcción. Segundo, Yo trabajaría para la quiebra de países que recibían esos préstamos (después de haber pagado a MAIN y a las otras empresas contratadas americanas, por supuesto) para que ellos se volvieran dependientes para siempre de sus acreedores y, así, se presentaran como blancos fáciles cuando precisáramos de favores, incluyendo bases militares, votos en la ONU, o acceso a petróleo y otros recursos naturales” (Perkins, 2005: 38).

El que escribe es un ex-Asesino Económico llamado John Perkins (Perkins, 2005: 9). Es un libro impresionante, justamente por ser un relato testimonial del mismo sujeto que vivió esta 'profesión' criminosa, en nombre del imperio estadounidense. En el libro él explica lo que está por atrás de las políticas de endeudamiento: la sumisión de los gobiernos de los países deudores a los intereses de los grandes grupos transnacionales, sobretodo los de base estadounidense; y la renuncia, por eses gobiernos, de la soberanía con relación al desarrollo nacional, a cambio de mantener la ‘gobernabilidad’. En su libro, Perkins cuenta que en general, cuando los Asesinos Económicos fracasan, son enviados los Chacales -los agentes de la CIA-, con mandatos diversos, desde producir inestabilidad económica hasta matar presidentes. Y cuando ellos también fracasan, el imperio envía al Ejército, o a los “Marines”, con jóvenes en su mayoría afro-americanos, chicanos, asiáticos, etc., liderados habitualmente por oficiales anglo-sajones, entrenados para matar y marcados para morir física o psíquicamente.

“El libro era dedicado a los presidentes de dos países, hombres que habían sido mis clientes, a los cuales yo respetaba y consideraba como conciencias semejantes a la mía – Jaime Roldós, presidente de Ecuador, y Omar Torrijos, presidente de Panamá. Ambos venían de morir en desastres aéreos. La muerte de ellos no fue accidental. Ellos fueron asesinados porque se oponían a aquella fraternidad de jefes de corporaciones, de gobiernos y de bancos cuya meta es el imperio mundial. Nosotros, los Asesinos Económicos, fracasamos en nuestro trabajo de cooptación de Roldós y Torrijos, y los otros tipos de matadores, los chacales a servicio de la CIA que venían inmediatamente después de nosotros, entraron en acción.” (Perkins, 2005: 9, traducción del presente autor)

Este testimonio de fuerte impacto desvela una estrategia basada en la ética macabra: para el crecimiento del imperio a través de la sumisión de otros países y del control de sus recursos y de sus elites, cualquier medio es considerado bueno y justo, incluso el asesinato. Este fue el caso de pequeños países de América Latina, como Ecuador y Panamá, pero igualmente fue el caso de todos los países que sufrieron dictaduras sanguinarias, entre ellos la mayor parte de los países de América del Sur durante los años 60 y 70, todas apoyadas por la potencia imperial de América del Norte y, en consecuencia, por los organismos financieros internacionales. Todo esto en nombre de la democracia y la libertad!

El caso de Ecuador es seguramente uno de los más dramáticos: un país rico en petróleo que se vuelve sobre-endeudado y pasa a pagar eternamente una deuda que no debía existir. Durante décadas el país fue controlado por dictadores y oligarquías de derecha, manipuladas por los intereses estadounidenses. Fueron años en que empresas petroleras de EUA penetraron la foresta amazónica ecuatoriana y lograron controlar regiones habitadas por pueblos nativos, con el objetivo de producir y exportar petróleo. Esas empresas fueron co-responsables por el creciente endeudamiento externo en que se enredó el Estado ecuatoriano, confiando en la promesa de que podría pagar las deudas con la receta que obtendría del petróleo. Con ellas Ecuador contrató constructoras estadounidenses para crear carreteras, parques industriales, represas hidroeléctricas, proyecto de producción y distribución de energía.

Hasta que, a principios de los 70, Ecuador eligió democráticamente un gobierno nacionalista, liderado por Jaime Roldós, profesor universitario y abogado. Roldós acusó al Summer Institute of Linguistics (SIL), grupo evangélico de EUA, en complicidad con empresas de petróleo. El pretexto del SIL era estudiar, registrar y traducir las lenguas nativas. En Ecuador, el SIL se concentró en la tribu Huaorani. Donde había alta probabilidad de petróleo, el SIL aparecía y estimulaba el pueblo nativo a cambiarse para otra tierra, donde recibirían alimentación gratuita, vivienda, ropas, tratamiento médico y educación en estilo misionero. La condición: que transfirieran la posesión de sus tierras a las empresas de petróleo. Roldós fue elegido con el mandato de retomar para Ecuador el control de los hidrocarburos, negociando nuevos términos con las petroleras extranjeras. En principios de 1981 su gobierno presentó formalmente al Congreso el proyecto de nueva ley de los hidrocarburos, que redefinía la relación del país con aquellas empresas.

Las empresas, lideradas por la Texaco, reaccionaron tratando de desmoralizar a Roldós en público, acusando el Presidente de ser otro Fidel... Roldós no se intimidó. Denunció la conspiración de las empresas con el SIL en contra de la soberanía de Ecuador, y ordenó que el SIL dejara el país.[6] Dos días después, el helicóptero en que viajaba a una pequeña aldea al sur de Ecuador explotó. Su sucesor, Osvaldo Hurtado, asumió la presidencia, y luego reintegró al SIL y a las empresas petrolíferas que lo patrocinaban. Al final del año el país firmó acuerdo con la Texaco y otras empresas para la prospección petrolera en el golfo de Guayaquil y la cuenca amazónica.

25 años después, Ecuador entra en la agenda de “seguridad” de EUA como amenaza potencial a los intereses de ese país por considerar “populismo radical” del Estado ecuatoriano a la decisión del 15 de mayo de 2006 de declarar la caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental (Oxy) de base estadounidense, en represalia por la venta ‘bajo la mesa’ de una parte de sus posesiones a una empresa canadiense sin pedir autorización del Estado ecuatoriano como requiere la ley (Mullighan, 13.9.06: 7). En 2005, dice un artículo de la revista Business Week citado por ese autor que la empresa tuvo ingresos de US$ 15,2 mil millones, de los cuales US$ 5,2 mil millones fueron ganancias. La estrategia del imperio que eliminó a Jaime Roldós sigue activa en ese país, mientras que Ecuador sigue esclavizado a los pagos de una deuda que no era necesaria, con tanta riqueza en combustibles fósiles y en biodiversidad que tiene el país!

En Brasil, el gobierno Fernando Henrique Cardoso por cierto habrá sido un excelente aliado de los Asesinos Económicos en la tarea de liquidar con la autonomía y la independencia de Brasil, profundizando el endeudamiento interno y externo, concentrando aún más el ingreso y la riqueza, privatizando en pocos años, y por medios corruptos, el patrimonio público que fuera construido durante décadas por la nación brasilera, y “haciendo lo que su maestro del Norte le mande”.

Pero y el gobierno Lula? La deuda interna, conectada a la externa, crece hoy en niveles dramáticos, llevando una parte enorme del presupuesto cada año para el pago de intereses. Solamente en 2005, el gobierno pagó R$ 139 mil millones a los acreedores, o un promedio de R$ 11,6 mil millones por mes, mientras que gastaba en todo el año apenas R$ 4 mil millones con la reforma agraria, R$ 16 mil millones con la educación y R$ 36 mil millones con la salud. Y mantiene la tasa de intereses real más alta del mundo. Receta suicida para la sociedad y la economía nacional; y fuente de enriquecimiento espurio para los 20 mil clanes familiares que poseen los títulos de aquella deuda. Las mejoras sociales están ocurriendo para millones de los más miserables, pero son condimentos apenas, no logran generar efectos estructurales emancipadores. Es la política económica subordinada a los intereses de las elites brasileras y extranjeras la que da cuerpo a la economía brasilera hoy y la que reduce la sociedad a la sumisión.

Las poblaciones brasileñas y de todo el continente latino-americano deben comprender este mecanismo destructor, que garantiza el crecimiento del imperio y el enriquecimiento de los ricos del mundo, y cuenta con la complicidad de las elites políticas y económicas locales. Romper el círculo vicioso del endeudamiento es una condición esencial para que la economía recomience a crecer, a redistribuir la riqueza, y a conquistar la soberanía sobre sus recursos naturales y su sistema productivo. Es condición esencial para que Brasil y todo el continente puedan afirmar su derecho a un camino propio de desarrollo económico y tecnológico, social y humano. Si no, los pueblos del continente, colonizados y sometidos a diferentes esclavitudes a lo largo de más de cinco siglos, cuyo presente ya es tan conturbado, dejarán de tener futuro.

Estrategias para la superación de la sumisión y la dependencia

Auditoria - Brasil tiene una jurisprudencia en esta práctica. En 1931, el presidente Getulio Vargas promovió una auditoria de la deuda externa brasileña. El resultado fue sorprendente: solamente 40% de la deuda que estaba siendo honrada con los acreedores, sobretodo con Inglaterra, correspondían a contratos documentados. No había registro de los valores de las remesas ni contabilidad regular de la deuda externa. Vargas convocó a los acreedores y renegoció con ellos la anulación de una parte importante de la deuda, aunque no haya exigido reparación por los pagos indebidos que Brasil había hecho en beneficio de la potencia imperial europea.

Ruíz Dias (2003:162-170) presenta la jurisprudencia que generó el principio de derecho internacional de que las deudas de Estado son distintas de las deudas de régimen. Las primeras son contratadas por interés público, mientras que las deudas de régimen responden a estrechos intereses gubernamentales y pueden ser generadas por gobiernos dominadores o usurpadores. Los casos históricos presentados en su texto dan fundamento al concepto de deuda odiosa, y al precepto legal de su anulación. Son ellos: Rusia respecto a la deuda pública turca en 1878; Francia, por ocasión de la anexión de Madagascar; Grecia frente a la deuda otomana, en 1922-23; Alemania, respecto a la deuda austriaca después de la anexión, en 1938; Polonia, respecto a la deuda bajo la ocupación alemana y prusiana para la colonización de aquel país; los Estados Unidos independientes a fines del siglo 18, frente a la deuda pública exigida por la Corona británica; México, frente a la deuda asumida por el gobierno precedente en 1860; Estados Unidos en 1898, defendiendo el derecho de Cuba independiente de rechazar el pago de las deudas contraídas por la Corona española y destinadas sobretodo a armar su ejército contra los cubanos; Estados Unidos en 1922, frente a la deuda de Costa Rica contraída con Inglaterra por el gobierno de Federico Tinoco, identificado como usurpador.

El autor argumenta que la situación contemporánea de varios países debe ser evaluada bajo esta misma óptica, entre ellos Argentina, donde un juez federal demostró la existencia de una connivencia entre la dictadura militar, el FMI y los bancos privados internacionales. El juzgado decidió que algunas instituciones financieras internacionales y empresas financieras privadas hicieron préstamos a una dictadura (gobierno usurpador) que planeó y ejecutó crímenes contra la humanidad. “El derecho internacional enseña que todos los actos gubernamentales, incluso los actos jurídicos por los cuales un gobierno usurpador contrató las deudas públicas, son pasibles de anulación” (Ruiz, 2003: 167). Si aplicamos la misma regla a los 21 años de dictadura militar en Brasil, podemos considerar que toda o parte de la deuda pública o estatizada de Brasil entre 1964 y 1985 entre US$ 80 y 100 mil millones, es calificada como deuda odiosa, contraída por gobiernos usurpadores, y es pasible de reparación.

El instrumento legal para hacer viable un proceso soberano de renegociación con los acreedores, con sólida base financiera, política y jurídica, es la auditoria pública de las cuentas del país. Toda empresa tiene que hacer auditoria de sus cuentas, para prestar cuentas a sus accionistas y al público del uso de sus recursos. Esto porque toda empresa, mas allá de sus objetivos económicos, tiene una responsabilidad social y ambiental por sus actos. Mucho más, el gobierno.

La Red Jubileo Sur Brasil promovió en 2000, con el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas y la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, un plebiscito nacional sobre el pago de las deudas externa e interna y el acuerdo con el FMI. El éxito del plebiscito, cuyos resultados fueron presentados a los tres poderes de la República y a los grandes medios de información, generó la Campaña Auditoria Ciudadana, que ha estudiado los contratos en poder del Senado Federal, pero no logró ubicar una parte importante de ellos. A través de diputados aliados, la Auditoria Ciudadana presentó tres pedidos de información, dos al Ministerio de Hacienda, sobre los acreedores de la deuda interna federal y los contratos de deuda externa no encontrados en el Senado; y uno al Congreso Nacional, pidiendo acceso a los documentos que sirvieron de base para el informe de la Comisión Mixta de la Auditoria de la Deuda, de 1989 (Fattorelli, 29.3.2006: 6).

En el informe final de esa Comisión, el diputado federal Luiz Salomão indica la factibilidad de reducción del monto de la deuda externa brasileña; plantea la deducción del principal consignado por los bancos que prestaron a intereses fluctuantes o excedentes, evaluados en simulaciones por el Banco Central, entre US$ 34 y 62 mil millones; retomar las investigaciones y los procesos jurídicos tendentes a recuperar las pérdidas resultantes de fraudes y negocios ilícitos; procesar penalmente a los responsables internos y a los cómplices externos; y repatriar las divisas evadidas clandestinamente.

Sin embargo, la Comisión no llevó a término su trabajo. Hablando sobre este hecho, el diputado Salomão declaró que “maniobras impidieron que el informe fuera votado en la Comisión Mixta... Sin el apoyo de la mayoría de la Comisión, el parecer fue llevado a examen del Plenario del Congreso... los partidos mayoritarios en la Cámara y en el Senado eligieron la omisión.”

Entre los objetivos de la auditoria de la deuda están: cómo fueron aplicados los préstamos, si tuvieron una utilidad pública, a qué actores beneficiaron, la corresponsabilidad de los acreedores y, muy importante, qué países e instituciones financieras son efectivamente deudoras de una deuda financiera, social y ecológica con el país y el pueblo. La auditoria financiera, por ende, es solamente una de las dimensiones de este desafío. Los gobiernos y la sociedad civil tienen que introducir en sus agendas la auditoria de los efectos sociales y ambientales de la deuda financiera.

La Red Jubileo Sur/Américas trabaja con la convicción de que los pueblos de América Latina y el Caribe son, de hecho, acreedores, y no deudores. Para demostrar esto, hay que asociar la auditoria financiera a la auditoria de las deudas sociales y la deuda ecológica -histórica y actual. De qué montos y por cuánto tiempo han sido privados los sectores empobrecidos de nuestras sociedades de su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, al saneamiento, al agua, a una vivienda digna, al acceso a los bienes y recursos productivos, a la seguridad, porque los gobiernos han destinado los fondos públicos, en montos desproporcionales, al pago de intereses a la banca? Cuál es el déficit de tierras que sufren las familias campesinas sin tierra (en Brasil son mas de cuatro millones las familias de trabajadores sin tierra); de viviendas, que sufre la población urbana y rural (en Brasil, un periódico recién estimó el déficit en 23 millones); de maestros y de puestos en las escuelas para niños y jóvenes; de personal médico y de centros de salud, de acceso a agua limpia y a sistemas sanitarios higiénicos; ¿Qué valores están asociados al agotamiento o a la destrucción de recursos naturales y de ecosistemas en conexión con actividades impuestas por la deuda o por el pago de sus intereses?

Regulación del endeudamiento a escala nacional. Hay propuestas objetivas de fórmulas para regular la deuda a escala nacional, basadas en la noción de que es el ciudadano el ‘pagador en última instancia’ de las deudas contraídas por los gobiernos, puesto que le cabe proporcionar los fondos fiscales que hacen viables aquellos pagos (Marichal, 2003: 20ss). Entre esas fórmulas: la adopción de políticas que limiten el endeudamiento público, en especial el externo de corto plazo; la realización de auditorias que demuestren que hay deudas ilegítimas o aún ilegales que no deben ser pagas; la obligación por los tomadores privados de préstamos externos a contratar un seguro con una empresa internacional de seguros, a fin de garantizar que los contribuyentes no tengan que asumir responsabilidades en caso de falencia o de deudas pendientes de particulares (Marichal, 2003: 21).

Es urgente que los gobiernos, en colaboración con las organizaciones y redes sociales y ecológicas, establezcan un grupo de indicadores sociales y ambientales que sirvan para la evaluación de la legitimidad o no de las deudas financieras, así también para el monitoreo anual de aquellos efectos. Tales indicadores podrán servir también de metas que orienten la definición de políticas económicas por los gobiernos, y de marcos normativos de la acción de los capitales públicos y privados. Hacen falta instituciones públicas de monitoreo de la deuda pública en cada país endeudado, capaces de analizar e informar a la población sobre la política de endeudamiento y realizar estudios de costo/beneficio por lo menos de los préstamos de impacto estratégico. Tales instituciones podrán también desarrollar mecanismos de control sobre miembros del Parlamento y el poder ejecutivo con relación a la contratación y el uso de los préstamos.

En Brasil colaboramos en el Forum Brasil del Presupuesto (FBO) que hace el monitoreo de las finanzas de la Unión y ofrece información y análisis sistemático al público contribuyente. En este momento, el FBO está liderando una campaña, junto al Congreso Nacional y la población, para que la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada durante el gobierno Cardoso por inducción del FMI, que obliga los gobiernos federal, de los estados y los municipios, a dar prioridad al pago de las deudas financieras al manejar sus respectivos presupuestos, se convierta en Ley de Responsabilidad Fiscal y Social. El objetivo de fondo es subordinar los pagos de las deudas financieras a la primacía de las inversiones en las áreas que son obligación social del Estado. Pretendemos también presionar por métodos de formación de precios que incluyan el costo total – económico-financiero, social y ecológico – de la producción y del comercio de bienes y servicios. Estos métodos obligan a una re-evaluación de la viabilidad de inversiones productivas y de la sostenibilidad de los mismos patrones de consumo y de producción actual.

Regulación del endeudamiento y del movimiento de capitales en ámbito internacional. Adoptar políticas de control de los flujos de capital externo hacia adentro y hacia fuera de los países del Sur y someter a las instituciones financieras internacionales a un sistema regular de auditoria de sus responsabilidades como agencias públicas son un camino seguro para establecer reglamentos sobre el endeudamiento a escala internacional. Raffer (2003: 173ss) insiste en la propuesta de un proceso de arbitraje justo y transparente, basado en el capítulo 9 de la ley de insolvencia de municipalidades de EUA. La propuesta incluye un panel independiente de árbitros internacionales, nombrados ad hoc por el deudor y acreedor, para oír a la población afectada, sea directamente sea por medio de sus organizaciones y asociaciones. Las informaciones generadas por la auditoria podrán ser usadas por el deudor durante el proceso de arbitraje. La presuposición es que, si la auditoria identifica que hay deuda ilegal o ilegítima que no debe ser paga, el camino será un entendimiento directo entre deudor y acreedor. Si no logran llegar a un acuerdo, el arbitraje puede actuar como una instancia neutra de conciliación de intereses y dar reconocimiento oficial a una decisión que sea justa y transparente.

Financiando el desarrollo – Es urgente superar el mito nefasto de que no hay desarrollo económico sin un aporte masivo de capitales del exterior. Es necesario disminuir la dependencia de los capitales externos, desarrollando instrumentos financieros y monetarios tradicionales y nuevos que valoricen el potencial interior al mundo empobrecido. Una reforma fiscal que incluyera un sistema progresivo de impuestos, un control social sobre la renuncia fiscal pública y una fiscalización que impidiera el no pago de impuestos y la fuga de capitales tendría un gran impacto en movilizar recursos nacionales para el desarrollo. En ámbito regional, la creación de un Banco del Sur está en discusión, que busca movilizar fondos de los países del Sur de las Américas para financiar el desarrollo. La propuesta de un Banco y un Fondo Monetario del Sur tiene sentido si está orientada a un proceso de desarrollo fundado en los valores de la cooperación, la ética, la justicia, la democracia participativa, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la paz. Necesitamos un concepto de desarrollo propio de los pueblos, endógeno, solidario y sustentable. Necesitamos desarrollar estrategias de integración que estimulen intercambios solidarios entre las comunidades de cada país y entre los países de la región.

Ha comenzado también un diálogo sobre la creación de una moneda contable, material o virtual, del área del Mercosur o, mejor aún, de América del Sur, que sería manejada por el Banco del Sur o por un consorcio de los bancos centrales de los países miembros, y serviría para mediar los intercambios comerciales regionales sin el empleo de monedas del Norte. Todas ellas son medidas que aumentan la autonomía nacional y regional, y refuerzan la capacidad de implementación de proyectos propios de desarrollo, de carácter endógeno, democrático, solidario y sustentable.

El reto del poder popular – La cuestión central que es la premisa de estas propuestas es que la esencia del problema está en lo político y lo humano. ¿Quiénes deben ser los sujetos del desarrollo? Los sujetos deben ser los portadores de los potenciales, recursos y atributos a desarrollar. Por tanto, son los mismos pueblos los que deben tener el derecho a ejercer el papel de sujetos de su propio desarrollo, individual y colectivo, local, nacional, continental y global. La eficiencia y la eficacia de todas las propuestas e instrumentos que estamos discutiendo dependen de dos factores esenciales: la voluntad política del gobierno y la correlación de fuerzas. Para poner en marcha un movimiento de transformaciones económicas y sociales hay que trabajar simultáneamente por cambios en la conciencia, la visión de mundo, el universo conceptual y lo imaginario de la gente. La educación social y popular para el empoderamiento es una clave. Otra es la movilización y organización creciente de la gente para por un lado, denunciar los actores y factores de las desigualdades e injusticias sociales, la irresponsabilidad fiscal, social y ambiental de las elites y, por otro, definir e implementar su propio proyecto de desarrollo, crear sus propias iniciativas económicas y financieras, desarrollar una praxis de consumo ético y sustentable. Finalmente, necesitamos un fuerte movimiento en cada país de América Latina y el Caribe para presionar a los centros de poder a favor de los cambios y políticas coherentes con pueblos decididos a tener en sus manos su desarrollo y su futuro.

- Marcos Arruda: Economista y educador del PACS – Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, Rio de Janeiro, y socio del Instituto Transnacional, Amsterdam.

Texto presentado en el Primer simposio internacional “Deuda pública, auditoria popular y alternativas de ahorro e inversión para los pueblos de América Latina”, Caracas, Venezuela 22, 23 y 24 de septiembre de 2006

BIBLIOGRAFÍA

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Fattorelli, Maria Lucia, 26.3.06, “Dívidas Externa e Interna: Auditoria e a Luta por Justiça”, Campanha Jubileu Sul Brasil, São Paulo.

Marichal, Carlos, 2003, “Evitando Futuras Crises da Dívida na América Latina: Lições da História e Algumas Propostas”, em Auditoria da Dívida Externa: Questão de Soberania, org. Maria Lucia Fattorelli Carneiro, Campanha Jubileu Sul Brasil, Contraponto, Rio de Janeiro

Mullighan, José, 13.9.06, “Ecuador y otros Estados son fichados por los militares estadounidenses: Comando Sur de EUA combate al Populismo Radical en América Latina”, ALTERCOM, Comunicación para la Libertad.

Olmos, Alejandro S/dcia, Causa n. 14.467, Expediente n. 7.727. Sentencia de 13.7.2000, conocida como Sentencia Olmos, Buenos Aires.

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