Trece periodistas asesinados en los meses de julio, agosto y septiembre, de este año, además de constituirse en un dato escalofriante de la realidad que vive la profesión periodística en diversos países de nuestra región, comporta –tal cual sostiene la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), desde hace muchos años-, uno de los tantos signos distintivos del desarrollo mafioso en sociedades caracterizadas por múltiples manifestaciones de violencia.

Y tanto como esos asesinatos focalizados, alarma el crecimiento diario del número de víctimas fatales provocadas por las desigualdades crónicas de un sistema económico, político y social injusto. Un sistema cuya base de sustentación es fundamentalmente mafiosa; así al interior de su economía “formal” y en la denominada “informal”: la que en muchos países es la única fuente de recursos precarios –y hasta humillantes- de grandes masas desesperadas.

Del reciente informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP-FELAP) se desprende, una vez más, el carácter multiforme de la violencia. Allí, junto a los nombres de los trece periodistas asesinados y las circunstancias en que fueron ultimados, se mencionan dos secuestros, y la liberación, de los trabajadores de prensa brasileños, Guillermo Azevedo Portanova, periodista, y el auxiliar técnico, Alexandre Coelho Catado, ambos pertenecientes a la plantilla laboral de TV Globo, de Brasil. Para liberarlos el “Primer Comando de la Capital (PCC)” –organización violenta, que se reivindica representante de presos comunes- exigió que TV Globo exhibiera un video donde se denunciaban las “condiciones inhumanas en las cárceles brasileñas”. TV Globo accedió a las imposiciones del PCC y Portanova y Catado volvieron a “la normalidad”.

En dicho episodio se explican varias cuestiones a un mismo tiempo. Brasil, con más de ciento ochenta millones de habitantes, considerado “un continente” en si mismo, es uno de los países líderes de la desigualdad social, uno de los peores en materia de distribución del ingreso. Y, como la inmensa mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, gobernados durante décadas por “democracias” o dictaduras militares que impusieron y recrearon estructuras sistémicas injustas -de expoliación humana y saqueo de riquezas estratégicas vitales-, Brasil sufre –más allá de la voluntad política de su actual gobierno- la “ingobernabilidad del caos”.

El poder real –sistema nervioso central del movimiento económico, financiero e informativo-comunicacional en la globalización neoliberal- dirige, somete, o condiciona al poder político, exprimiéndole provechos al caos, en la pretensión de sellarle todas las salidas a este presente de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El poder real, que se presenta como naturaleza de las cosas, en su necesidad de reaseguros de dominación nunca deja de renovar sus amenazas atadas a sus beneficios. Tanto, que lo hace contra quienes sin atacar su esencia se atreven a intentar pequeñas reformas o, sencillamente, políticas asistencialistas.

Prosigamos con Brasil. Antes de la segunda vuelta electoral por la presidencia del país, prevista para fines de octubre, el presidente Lula ya fue advertido publicamente por los dueños del dinero, de cuáles habrán de ser las nuevas vueltas de tuerca dentro las existentes reglas de juego: mayor flexibilidad laboral, mayor apertura, sin restricciones, de las importaciones, una sensible baja de la presión fiscal sobre los grandes contribuyentes y una revisión profunda del carácter público de la empresa Petrobras y del Banco Central: o, sea, aplicación a ultranza de los llamados “planes de ajuste estructural”. En síntesis, más injusticia social y, como consecuencia, más violencia y, seguramente, más caos.

Hablamos, entonces, de sociedades brutalmente violentas, que van camino a más violencia, ya sea en el marco de la sobrevivencia cotidiana entre sectores pauperizados; ya a la hora de la permanente confrontación intercapitalista por el incremento de la rentabilidad mediante el desplazamiento, o aniquilación, del “otro”: potenciales o declarados competidores dentro de la sociedad de consumo. Y a escala superior: las invasiones imperialistas actuales lanzadas a la conquista de territorios, mercados, petróleo, gas, agua. Más violencia y más caos y, en esa perversidad sinfín, la utilización de tecnócratas, mercenarios, sicarios, grupos paramilitares, parapoliciales o lisa y llanamente de ejércitos regulares, sembrando crímenes –de a uno- y genocidios por planificación de la desigualdad. Hoy, cerca de 1.000 millones de personas se “alimentan” por debajo de sus necesidades más elementales. Hay genocidios a cargo de políticas imperiales, con EE.UU. al comando de acciones de “guerra” –invasiones-, que arrasan con cientos de miles de seres humanos. Desde la mal llamada “guerra del Golfo” hasta nuestros días, con Afganistán e Irak invadidos y atacados sin descanso por EE.UU. y sus aliados, los muertos, mutilados y desaparecidos, se aproximan a 1 millón de personas.

En tal estado de cosas, donde pobreza, miseria, marginación y muerte crecen en todo el planeta, la profesión –acorralada por la concentración económica y comunicacional- es, también, según se exprese la inquietud de ciertos periodistas por saber y revelar la verdad, víctima del fuego que realimenta la caldera de las luchas sociales, políticas y económicas.
Por todos los intereses en juego, dentro del contexto señalado, no puede, ni debe, verse a los dos trabajadores de prensa de Brasil, –Portanova y Catado-, tan sólo como eso, como trabajadores de prensa y punto. Son dos asalariados al servicio de TV Globo, una de las cadenas de comunicación más poderosas de nuestro continente; dueña de una visión de la realidad que, objetivamente, dista mucho de la realidad acuciante de la gran mayoría de la sociedad brasileña.

Los trece periodistas asesinados, en tres meses, han sido víctimas de contextos sociales, políticos y económicos, cargados de un alto poder explosivo. Y cada matanza tuvo sus particularidades; como las ha tenido, sin dudas, el asesinato cometido contra la periodista Anna Politkovskaya, hace unos días, en Rusia. En todos estos crímenes, la vara de medición mediática sabe variar, en consonancia con los intereses ideológicos, políticos y comerciales de los barones de la información-comunicación.

Lo interesante, en torno al gravísimo hecho que tuvo como víctima a Anna Politkovskaya, es la trascendencia pública, e internacional, que alcanzó el asunto, a caballo de las principales cadenas informativas transnacionales. No es la misma, por cierto, que el estilo contable utilizado para los otros trece casos, muchos de los cuales –por no decir todos-, no pasaron jamás por una pantalla de televisión, ni aparecieron en las páginas de los grandes periódicos.

Los proyectos de dominación global establecen e imponen condiciones objetivas de selección de noticias y personas y del tipo de violencia y caos a publicar. Todo lo que corte de raíz, o sirva para disimular las evidencias de las verdaderas causas del crimen organizado, el hambre y la corrupción sistémica, contribuye al reciclado de injusticias e impunidades contra miles de millones de seres humanos, incluidos los periodistas. Al menos aquellos periodistas que, acosados diariamente por las generales de la ley de la selva, no forman parte del poder dominante ni siquiera como opacos instrumentos de éste.

Reiteramos aquí la nómina de los trece periodistas asesinados en Latinoamérica y el Caribe en los meses de julio, agosto y septiembre, del año en curso:

Milton Fabián Sánchez y Atilano Pérez Barrios (Colombia); Douglas Hernández (El Salvador); Richard Stewart, Chetram Pergaud, Elion Wegman, Mark Mico y Shazim Mohamed (Guyana); Eduardo Maaz (Guatemala); Enrique Perea Quintanilla (México); Domingo Disla Florentino y Facundo Lavatta (República Dominicana); Jesús Flores Rojas (Venezuela) (ANC-UTPBA).

- Juan Carlos Camaño, Presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)