Un paso adelante en el proceso de reforma agraria dio el Gobierno presidido por Hugo Chávez Frías con la expedición del “Decreto para la reorganización y uso de las tierras con vocación agrícola” cuyos objetivos son la eliminación progresiva del latifundio en las zonas rurales del país y coadyuvar en la distribución justa y equitativa de la tierra.

El lanzamiento del decreto se llevó a cabo en un multitudinario acto de masas realizado en el estadio de Caracas para conmemorar el 145 aniversario de la muerte del general Ezequiel Zamora, uno de los pioneros de la lucha campesina.

 A este acto, asistieron los 23 gobernadores oficialistas y miembros de organizaciones cooperativas y campesinas. El gobierno, mediante este decreto, estableció la Comisión Agrícola Nacional presidida por el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarán, que revisará la situación de la tenencia de la tierra en el país, en especial de las tierras abandonadas o infrautilizadas. Esta Comisión, en coordinación con los estados y municipios, formulará, además, “políticas sectoriales para la eliminación progresiva del latifundio en las tierras con vocación de uso agrícola a nivel nacional” y asignará tierras a “grupos de población y comunidades organizadas para el aprovechamiento productivo y sostenible” de las mismas.

Con esta medida, el Gobierno de Chávez pretende corregir la injusta distribución de la tierra en el país. Según el último censo, menos del 5 por ciento de los propietarios de tierras en Venezuela dispone de casi el 80 por ciento del total de las extensiones, mientras que el 75 por ciento de los campesinos solo posee el 6 por ciento. Esta situación es aberrante, manifestó el presidente Chávez, agregando que “la guerra contra el latifundio se instaló para quedarse en una verdadera revolución y democracia, en la cual debemos enfrentar este problema, dominarlo y derrotarlo, la guerra contra el latifundio es esencial de la lucha bolivariana”.

Desde que se expidió la Ley de Tierras, a fines de 2001, se han distribuido 2 millones de hectáreas de propiedad del Estado que han beneficiado a 100.000 familias campesinas. La gran propiedad en manos de los terratenientes no ha sido tocada mayormente, pese a que la Ley de Tierras permite la expropiación en el que caso de las tierras no estén siendo utilizadas productivamente o cuya propiedad no pueda ser demostrada. Esto, sin embargo, ha comenzado a revertirse y el Gobierno está demostrando que tiene la voluntad política para profundizar la reforma agraria. Varios gobernadores de los Estados están aplicando la reforma agraria en sus jurisdicciones, recibiendo el respaldo del Presidente Chávez.

A fines de diciembre del 2004, el gobernador del estado de Monagas, José Gregorio Briseño, decretó la intervención de todas las tierras ociosas en su territorio, afectando a unas 50.000 hectáreas, de las cuales, 45.000 están en manos privadas.

El pasado 8 de enero, militares y policías inspeccionaron la hacienda El Charcote de 13.500 hectáreas, ubicada en el estado central de Cojedes, de propiedad del grupo británico Vestey. El gobierno venezolano afirmó que al menos 3.500 hectáreas de esta propiedad pertenecen al Estado y deben ser devueltas. Como el del Charcote, hay muchos casos de propietarios que se adueñaron las tierras de manera indebida, según denunció Eliécer Otaiza, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Este organismo ha detectado 57 latifundios de más de 5000 hectáreas y 600 predios de tierras ociosas, de los cuales, veinte han sido notificados con la apertura de procedimientos administrativos.

El INTI tiene adelantado el proceso de identificación de tierras agrícolas en 8 estados, previendo la inspección de 40.000 predios en todo el país. Los grandes propietarios agrupados en la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGAS) y en otros gremios rechazaron el plan del gobierno aduciendo que se está vulnerando el derecho a la propiedad. Por el contrario, los campesinos se mostraron satisfechos.

Braulio Álvarez, presidente de la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora, dijo que con las nuevas medidas “entraremos en un plan de profundización del sistema agrario del país, que no es otro que producir comida buena y barata para el venezolano y garantizar el futuro al campo”.

 Álvarez exhortó a los campesinos a unirse y a conformar una fuerza en defensa del proceso de reforma agraria, que no solo contempla la redistribución de la tierra sino proyectos de educación, salud, dotación de servicios básicos. La profundización de la reforma agraria en Venezuela recibió comentarios positivos en el exterior.

Valquimar Reis, portavoz del Movimiento Sin Tierra de Brasil, dijo que Venezuela es un ejemplo a seguir por el gobierno de Brasil, ya que la reforma agraria no es vista como una prioridad por el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva. Las acciones han sido débiles pues en el primer año de gobierno solo se ha asentado a menos de 30.000 familias, agregó.

De otro lado, Hugo Blanco, líder histórico de la Confederación Campesina del Perú, expresó que los “campesinos y el pueblo pobre y mal alimentado de otros países nos alegramos por el avance de Venezuela en la Reforma Agraria y nos alegraremos de que esta medida se extienda por toda la tierra para acabar con el hambre en el planeta”.