La desaparición forzada es una violación grave del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. No sólo afecta a la víctima, sino que causa también gran sufrimiento a su familia, que, ante las negativas y contradicciones oficiales, tiene que vivir con la angustia de no saber la suerte que ha corrido aquélla, sin poder concluir un periodo de duelo iniciado desde el momento de la pérdida. Los familiares de las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho de que se investigue exhaustivamente los hechos y se lleve a los responsables ante la justicia, así como a ser reparados por el Estado. La desaparición forzada constituye un delito continuado o permanente mientras no se establezca el paradero o destino de la víctima, para Amnistía Internacional esa falta de investigación constituye una tortura, un castigo cruel inhumano y degradante Sólo cuando los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia se romperá el círculo vicioso de la impunidad. Amnistía Internacional apoya la Campaña de Anulación de la Ley de Caducidad de la prevención punitiva del Estado, Ley 15.848 de 1986, que impide que el derecho a la verdad sea satisfecho y permite que la impunidad persista en franco desafío a la obligación internacional que tiene el Estado de investigar los hechos y juzgar a los responsables. Amnistía Internacional además está ejerciendo presión para que este año, en el 61º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se apruebe por consenso y sin modificaciones el proyecto de Convención.