En EE.UU., las grandes empresas de telefonía y televisión por cable están presionando a las legislaturas estaduales para que impidan a las municipalidades ofrecer servicios públicos de banda ancha. Algunos estados han legislado ya en tal sentido, mientras otros lo están considerando. No obstante, al igual que para el agua o la energía eléctrica, las soluciones comunitarias de banda ancha se han mostrado efectivas para abaratar costos y dar un mejor servicio a comunidades apartadas. Se estima que en un futuro cercano, esta tecnología será la principal fuente de Internet, telefonía y televisión, y el acceso a ella, una necesidad básica. En noviembre pasado, la UNESCO firmó un acuerdo de cooperación con la Corporación Microsoft, cuyo propósito sería ayudar a aumentar el acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC) en las comunidades deficientes en servicios, y proporcionar capacitación en las destrezas correspondientes. Este acuerdo, que se aplicará principalmente en el sector educación, ha sido fuertemente cuestionado, especialmente por la comunidad del software libre, que lo considera una movida de Microsoft para consolidar la dependencia de los países en desarrollo frente al software propietario, y formar los hábitos de la futura generación de usuarios/as y técnicos/as en informática. Entre tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusores - AIR-, instancia que representa los grandes grupos empresariales de radio y televisión, contó con el respaldó del gobierno salvadoreño para bloquear toda referencia a los medios comunitarios en los documentos en discusión para la próxima fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en la reunión preparatoria realizada en Ginebra en febrero. El presidente salvadoreño es empresario de medios y estrechamente ligado con la AIR. Tres noticias aparentemente desconectadas, pero que ilustran cómo las grandes corporaciones del área de la comunicación buscan incidir en las políticas y programas públicos, por las buenas o las malas, para extender su hegemonía. Las iniciativas comunitarias independientes, los servicios públicos y la autonomía tecnológica son considerados como competencia desleal. El interés público debe ceder ante las reglas del juego impuestas desde los grandes intereses comerciales, y para ello, no les faltan aliados en el sector oficial prestos a colaborar. Y claro, una vez dominado el mercado, se pueden permitir -como Microsoft- financiar programas de desarrollo, “regalando” sus productos a cambio de consolidar su liderazgo. En la ONU, entre tanto, cada vez más se consolida la presencia e influencia de las grandes corporaciones, siendo que uno de los escenarios donde más se ha sentido su presencia es justamente la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI). Es la primera conferencia mundial de Naciones Unidas que es oficialmente tripartita (gobiernos, sector privado y sociedad civil). El principal vocero del sector privado en este proceso ha sido la Cámara Internacional de Comercio, que representa a las cámaras de comercio nacionales de todo el mundo, incluyendo también a la pequeña y mediana empresa de los países en desarrollo. En la práctica, las posiciones que defiende tienden a ser las de las corporaciones transnacionales, para lo cual trabaja en estrecha alianza con ciertos gobiernos. También están de moda en la ONU las iniciativas de desarrollo que involucran a distintas "partes interesadas" (en inglés stakeholders), que en lenguaje común significa asociaciones entre gobiernos, empresa privada, ONGs y/u organismos multilaterales. Una de las áreas predilectas para tales acuerdos es justamente la de las TIC. En la práctica significa que los gobiernos de los países desarrollados puedan esquivar la responsabilidad de financiar proyectos de desarrollo en esta área, dejando la iniciativa en manos de la empresa privada. El acuerdo UNESCO - Microsoft es uno de los ejemplos de este tipo, que también demuestra sus contradicciones. Como comentan Da Silveira, Sibaud y Couchet en un artículo publicado en el periódico francés Libération (1): "A la hora de la sociedad de la información, sólo el país que domine sus recursos de software puede esperar dominar su desarrollo. Sin ello, es víctima de una colonización rampante, primero económica y cultural, y al final, política (…) Tememos que, a través de esta asociación, con el concurso aún involuntario de la UNESCO, Microsoft se apreste a forzar la mano a los países en desarrollo para enrumbarles, no en la vía al desarrollo sostenible, sino de una subyugación sostenida". Mecanismos financieros: sin nuevos compromisos La segunda fase de la CMSI, que tendrá lugar en Túnez, del 16 al 18 de noviembre próximo, tiene entre sus objetivos hacer un balance de la evolución de los acuerdos logrados por los gobiernos en la primera fase de la Cumbre en Ginebra (diciembre 2003), particularmente en lo que se refiere a las iniciativas para reducir la “brecha digital”, y contribuir a las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU. Los dos temas centrales de esta fase son el financiamiento para el desarrollo y el gobierno de Internet. El financiamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los países en desarrollo, fue el tema central del 2do Comité Preparatorio (o Prepcom), que tuvo lugar en Ginebra del 17 al 25 de febrero. Las delegaciones oficiales lograron, en esta oportunidad, perfilar un acuerdo sobre este tema, que de alguna forma rompió el impasse político en el cual quedó la primera fase de la Cumbre. En esa oportunidad, los gobiernos del Norte se negaron a apoyar la propuesta de Fondo de Solidaridad Digital (FSD), y a duras penas accedieron a crear una comisión de trabajo para estudiar el tema. Esta se limitó a examinar la efectividad de los mecanismos de financiamiento existentes, sin explorar nuevas alternativas. El acuerdo logrado en febrero esquivó el compromiso firme que esperaban los gobiernos del Sur, para concretar la llamada “solidaridad digital”. Los países desarrollados y organismos multilaterales evitaron asumir compromisos financieros. El documento, a ser adoptado en la Cumbre en noviembre, se limitaría a señalar que se acoge favorablemente el FSD creado por iniciativa de gobiernos municipales, liderados por Ginebra y Lyon. Según el director del FSD, Alain Clerc, éste se financiará principalmente con un mecanismo novedoso, que prevé que las instancias que lo apoyan (120 gobiernos locales hasta ahora) se comprometan a destinar al Fondo el 1% del costo de todas las licitaciones de bienes y servicios digitales, percibido sobre el margen de ganancia del vendedor. Los fondos se destinarían principalmente a proyectos comunitarios, especialmente los que se basan en asociaciones de "partes interesadas" múltiples. En cambio, para los grandes proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, la Cumbre sigue favoreciendo la desregulación del sector para alentar la inversión privada, acatando la agenda del sector privado. Toda vez, una novedad en este contexto fue el reconocimiento del papel esencial de la financiación público "en el suministro de acceso a las TIC y la prestación de servicios conexos a las zonas rurales y las poblaciones desfavorecidas". Esta propuesta fue defendida por organizaciones de la sociedad civil, como se expresó en la intervención realizada por la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información –CRIS, por sus siglas en inglés-: "El derecho de las personas a la comunicación, y de tomar parte en las estructuras de comunicación de la sociedad, no debe depender de su capacidad de pagar… Se debe reconocer la centralidad de la financiación pública, dirigida al bien público. Ello a su vez puede requerir la redistribución de parte de las considerables ganancias del sector de la comunicación hacia las necesidades de comunidades pobres". Desde organizaciones de la sociedad civil, se criticó que los acuerdos dan insuficiente importancia al rol de los Estados y a la cooperación Norte-Sur, e insisten que el acceso a la tecnología, por importante que sea, no es en sí una solución a los problemas de subdesarrollo y exclusión. Ellas proponen una mayor atención a aspectos no tecnológicos, como la formación y el desarrollo de contenidos desde una perspectiva de diversidad cultural. Defienden, además, un mayor apoyo a las iniciativas bajo control comunitario y al desarrollo del software libre, entre otros aspectos. Lograron que se incluya al menos una mención de varios de estos aspectos en el documento borrador. En el caso de las "iniciativas comunitarias" y "medios comunitarios" (tema respaldado entre otros por los gobiernos de Argentina y Brasil, pero boicoteado por El Salvador), se logró, la inclusión del apoyo a "iniciativas" y "transmisiones mediáticas basadas en comunidades locales", lo cual fue considerado un triunfo para las radios comunitarias. Gobierno de Internet: la manzana de la discordia El gobierno de Internet es el otro tema que quedó irresuelto en la primera fase de la Cumbre. Descifrar qué es -o debería comprender- el gobierno de Internet, qué mecanismos e instancias de decisión e implementación existen o son requeridas, es parte de la tarea encargada a la comisión de trabajo sobre este tema. Para las organizaciones de la sociedad civil, tiene implicaciones fundamentales para los derechos humanos, el desarrollo y la democracia. Entre los gobiernos, se ha suscitado una fuerte polémica al respecto, y aún no queda claro qué nivel de consenso -si hay alguno- podría emerger de la Cumbre. Eso sí, hay una disconformidad casi unánime (con excepción de EE.UU.) con el statu quo, que implica que la mayoría de países no tienen voz ni voto en cómo se administra Internet, y que deja en manos de una empresa registrada bajo la legislación estadounidense -el ICANN- la administración de los nombres y números (IP) de Internet. Ello significa que organizaciones de ciertos países puedan verse avocadas a que se les niegue un nombre de dominio, fruto de la política exterior de EE.UU., que estipula que con ciertos países, sus empresas no pueden hacer negocios. El representante de Brasil al Prepcom denunció que en la situación actual, existe poca democracia en el proceso de decisión sobre cómo se administra la Red, falta de transparencia en quién toma las decisiones e insuficiente participación de la comunidad internacional. Hay gobiernos cuya preocupación principal tiene que ver con el desarrollo y la brecha digital. Ellos exigen, por ejemplo, menores costos de interconexión para ampliar el acceso. Otros anhelan, para sus empresas nacionales, una mayor porción en el negocio de mantener funcionando la Red, actualmente con fuerte control de empresas estadounidenses. Y no faltan gobiernos cuya preocupación es mejorar su capacidad de vigilar o bloquear contenidos, mediante tecnologías "inteligentes", o aquellos que quieren reglamentar la autorización de nombres y direcciones de Internet en sus países, con un sistema comparable al que existe en el campo de la radio- televisión o las telecomunicaciones. El grupo de trabajo sobre gobierno de Internet (WGIG por sus siglas en inglés), que incluye representantes de la sociedad civil y del sector privado, presentará su informe en julio próximo, de modo que el tema estará al centro de los debates del próximo Prepcom (septiembre). Las propuestas de la sociedad civil, que han sido elaboradas en un proceso de consulta amplia, consideran que “El WGIG debe fundamentar su trabajo en un marco de derechos humanos y desarrollo. Los derechos de libertad de expresión y privacidad son de especial importancia en este contexto, así como la necesidad de un mayor énfasis en los principios de apertura y transparencia". (Documento del Caucus de Gobierno de Internet). Este grupo cree que el WGIG debería lograr "una comprensión de cómo los mecanismos de gobierno pueden hacer avanzar estos derechos y principios básicos", y "la elaboración del concepto de gobierno democrático de Internet que fomente las metas de creatividad, innovación y diversidad cultural y lingüística”. Entre los temas que el WGIG debería considerar, enumera: el control unilateral del sistema raíz de zonas (de las direcciones de Internet); la importancia de estándares técnicos para preservar un Internet global interoperable; el impacto del gobierno de Internet en la libertad de expresión y la privacidad; implicaciones diferenciadas para mujeres y hombres; la intersección del gobierno de Internet con reglas internacionales de propiedad intelectual y comercio; y el acceso al conocimiento como bien común global. Túnez bajo la lupa En una sesión de balance del Prepcom del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de sociedad civil, se expresó preocupación de que se esté perdiendo, en esta segunda fase de la Cumbre, la visión -más humana, menos tecnologista- que se luchó por incluir en la Declaración de Ginebra de la I Cumbre, y que se desarrolló en la Declaración de la Sociedad Civil. Es más, hay fuertes inquietudes sobre la falta de idoneidad de la sede de la segunda fase. Túnez vive bajo un gobierno dictatorial que irrespeta sistemáticamente la libertad de expresión. Durante el Prepcom, la red mundial sobre libertad de expresión, IFEX, presentó un informe sobre su reciente misión de indagación en Túnez (2), que documentó casos de presos de opinión, algunos de los cuales han sufrido tortura, de jóvenes encarcelados por navegar en ciertos sitios de Internet, bloqueo de sitios Web, censura y ausencia de diversidad mediática. IFEX hace recomendaciones al gobierno tunecino para que corrija estas violaciones a los derechos humanos, que considera inaceptables, máxime en un país que pretende ser sede de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. No obstante, los organismos defensores de derechos humanos de Túnez acogen la realización de la Cumbre en su país, como una oportunidad para que esta situación tenga visibilidad internacional. ALC prepara su plan de acción Para América Latina y el Caribe, está en marcha un proceso regional, que culminará en Río de Janeiro, del 8 al 10 de junio próximo. En esa reunión, se adoptará una declaración política y un plan de acción regional. Para adelantar la elaboración del Plan de Acción, una reunión preparatoria tendrá lugar en Quito, del 4 al 6 de mayo, organizada por CEPAL, UNESCO y el gobierno ecuatoriano. El gobierno brasileño ha aclarado que, a diferencia de la anterior reunión regional, realizada en Bávaro, República Dominicana, hace dos años, ésta será una reunión específicamente de América Latina y el Caribe; no se invitará, como participantes, ni a EE.UU. ni a Canadá. (1) Sergio Amadeu da Silveira, Benoît Sibaud y Frédéric Couchet: "Bill Gates à la conquête du Sud: Le partenariat entre Microsoft et l’Unesco risque d’assujettir les pays en développement", Libération, Francia, 5 de enero 2005. (2) Los resultados se detallan en el informe "Tunisia: Freedom of Expression under Siege" (www.ifex.org). Publicado en América Latina en Movimiento Nº 394