El gobierno de Colombia debe abstenerse de seguir debilitando una Ley de Justicia y Paz ya defectuosa y, por el contrario, revisar todo el marco legal que regula el proceso de desmovilización, ha manifestado hoy (15 de agosto) Amnistía Internacional. La organización ha hecho estas declaraciones en respuesta a los informes que sugieren que el gobierno va a emitir un decreto que anulará los cambios introducidos en la Ley de Justicia y Paz por la Corte Constitucional en una sentencia dictada el pasado mes de julio. La sentencia reforzó la Ley de Justicia y Paz, destinada a regular la desmovilización de miembros de grupos paramilitares y guerrilleros implicados en actuaciones penales relacionadas con los derechos humanos. "La Ley de Justicia y Paz sigue teniendo defectos, pero los cambios introducidos por la Corte Constitucional son un paso en la dirección correcta. El gobierno colombiano debe respetar la sentencia de la Corte Constitucional y considerar la eficacia del proceso de desmovilización en su conjunto, teniendo especialmente en cuenta las consecuencias del proceso para la población civil de toda Colombia", ha declarado Amnistía Internacional. "La Ley de Justicia y Paz es sólo uno de los elementos del proceso de desmovilización. No abordar las áreas problemáticas del proceso sólo servirá para seguir transmitiendo el mensaje de que quienes cometen abusos contra los derechos humanos pueden asesinar con impunidad." La Ley de Justicia y Paz ha sido criticada por los grupos de derechos humanos y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos porque no respeta las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y a una reparación. Amnistía Internacional ha pedido asimismo al gobierno colombiano que: Garantice que los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos "a quienes no afecte esta ley" comparecen ante la justicia. Investigue los abusos contra los derechos humanos cometidos por paramilitares y guerrilleros que ya se han beneficiado del Decreto 128 del 2003, que concede amnistías de hecho a miembros de grupos armados ilegales que no estén sometidos a investigación por abusos contra los derechos humanos. Adopte medidas efectivas para poner fin a las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo paramilitares presuntamente desmovilizados, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad, y garantice que los paramilitares desmovilizados no se reciclan en el conflicto, a menudo como guardas de seguridad privados o informadores del ejército. - Amnistía Internacional Sección Uruguay