El viernes 20 de mayo, sorpresivamente y sin que mediara ninguna discusión ni reclamo público, el gobierno nacional sancionó el Decreto 527/05 que establece la suspensión del plazo de licencias de empresas de radiodifusión por 10 años. De esta manera, el gobierno prorrogó por 10 años más todas las licencias de TV abierta, de radio y TV por cable, al suspender los plazos en curso por ese lapso. Vale decir que a los 15 años concedidos por ley, más la prórroga automática de 10 más, cabe agregar ahora otro plazo igual. De esta forma, las licencias concedidas por la dictadura militar por 15 años y prorrogadas en las década del 90 por el Presidente Menem y que están vencidas o próximas a vencer tienen 10 años más. A su vez, las licencias de los canales de televisión privatizados en los años de auge del neoliberalismo y entregados a los amigos del poder también tienen 10 años más de licencias. El Decreto 527 es una capitulación. Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. Con este Decreto, el gobierno consolida la concentración en la propiedad de los medios que sufrimos en Argentina. Mientras anuncian la prorroga de las licencias para los "empresarios", cómplices del saqueo que sufrimos los argentinos, cientos de organizaciones sociales y miles de pequeños y medianos emprendedores quedan excluidos de la posibilidad de acceder a una licencia. La radiodifusión en Argentina es un caos. Está vigente la Ley de facto 22.285 de la dictadura del año 80, inspirada en la doctrina de la "seguridad nacional". Una ley que fue modificada por decretos durante los años 90 permitiendo la multiplicidad de licencias para una misma empresa (de 4 se pasó a 24), y la propiedad cruzada de medios (medios gráficos pueden ser licenciatarios de servicios de radiodifusión), con lo cual se formaron los multimedios que hoy concentran el control de la información y la comunicación en el país. Mientras tanto quedan excluidas de la posibilidad de ser titulares de licencias las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro. En particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en septiembre de 2003, declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 en acción interpuesta por la Radio Comunitaria "La Ranchada" de la ciudad de Córdoba, y el propio Congreso manifestó la necesidad de una nueva Ley. Sin embargo, la "Ley" sigue vigente y el trámite de modificación del Art 45, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, está, desde hace meses, esperando su aprobación en el Senado. La situación actual de la radiodifusión es insostenible y doblemente paradójica. Si no se aplica la Ley 22.285, se viola el orden jurídico positivo, y si es aplicada también porque se viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de la Constitución Nacional. Miles de radios sin licencia El esquema de concentración de los medios en nuestro país, diseñado desde la vieja 22.285, pero llevado a su máxima expresión durante la década de los '90, con decretos de necesidad y urgencia, y ahora consolidado con el Decreto 527, propician el actual estado de situación ostensiblemente violatorio del principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que textualmente indica: "Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos". Las presiones de los grandes grupos concentrados solo consiguieron que el Estado no administrara el espectro radioeléctrico de acuerdo a su función de promoción de las comunicaciones, no entregara licencias de radio y televisión (abierta y por cable) sino por amañados procesos que tendieron a fortalecer los servicios pagos y la concentración y así proseguir con las políticas destinadas a fortalecer el fin de lucro y no la función social de la comunicación. Con tal concepción, sostuvieron excluir de la radiodifusión al sector social no lucrativo, al sector cooperativo y a todos los que no fueran empresas comerciales. ¿Cuál fue la consecuencia? Que en la década de los 80 y los 90 se establecieran miles de radios sin licencia en todo el país. Unas 3.000 quedaron bajo el dudoso rótulo de precarias y provisorias y otras 5.000 directamente pasaron a la categoría de clandestinas. Que en materia de televisión abierta se mantuviera la misma cantidad de estaciones en todo el país pero con nuevos dueños ligados al capital trasnacional mientras le fue rentable, muchas zonas sin prestación de este servicio y la mayoría de las ciudades de nuestras provincias sólo cuentan con oferta única de servicio. Que en los servicios de televisión por cable se llegara a una concentración vertical y horizontal en la emisión y generación de contenidos. Así se presionó para que el Estado no administrara y cerrara el grifo del otorgamiento de licencias, provocando el caos que hoy vive la radiodifusión. En ese clima durante el año 2004 logramos unir en la "Coalición" (www.coalicion.org.ar) fuerzas de los gremios de trabajadores de la comunicación de las dos centrales sindicales, universidades, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, organizaciones sociales y radios comunitarias. Propusimos "21 puntos básicos para una Radiodifusión Democrática" a 21 años de recuperación de la Democracia. Había expectativa respecto a la posibilidad de por fin debatir la nueva Ley que respete nuestra Constitución Nacional asegurando el Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos los sectores y el pluralismo a partir de la premisa de que la radiodifusión es una forma de ejercicio de esos derechos y no una simple actividad comercial. Sin embargo, el Decreto 527 fue un balde de agua fría a esas expectativas. Como dice la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires: "Una vez más, la política de comunicación se resuelve por decreto sin discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión 22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la sociedad argentina (en particular a las organizaciones sin fines de lucro). El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ´90". Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de la democracia queda más lejos aún que antes. Los grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. Tuvimos esperanzas de que las cosas fueran diferentes. Alentamos expectativas favorables cuando el Presidente se enfrentó a las presiones de la SIP… Cuando dijo que estaba "harto de las presiones de las corporaciones"… Sin embargo este Decreto muestra al Gobierno Argentino sometido a la presión y subordinado a los intereses de las grandes corporaciones y sus voceros. * Néstor Busso es Director Radio Encuentro, presidente de FARCO, vicepresidente de ALER. Referencias: www.coalicion.org.ar, www.farco.org.ar