Al cumplir 33 días en la Presidencia de la República, el Presidente Alfredo Palacio dio a conocer las políticas generales que seguirá hasta el término de su mandato en enero de 2007.

En el ámbito político, propone reestablecer la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal Constitucional "independiente de partidismos y corporativismos"; una reforma electoral que implique la elección de los representantes por distritos, la bicameralidad de la Función Legislativa, la democratización de la propaganda electoral y reformas a la ley de partidos y la convocatoria a una consulta popular sobre una "posible Asamblea Constituyente", previo a un proceso en el que se recogerán los planteamientos de las asambleas ciudadanas.

En gran medida, la presencia de Palacio en la Presidencia de la República se debe al movimiento ciudadano de Quito (que se conoce como la "revuelta de los forajidos") y de otras ciudades que no solo cuestionaron al régimen autoritario y corrupto de Lucio Gutiérrez sino a todos los partidos y a los grupos de poder, que a lo largo de los últimos 25 años, se han repartido, cual botín político, las instituciones y los recursos del Estado de forma cuasi mafiosa.

Las consignas de "refundación del país" y que se "vayan todos" de este movimiento de las clases medias, sin cabezas visibles, autoconvocado y heterogéneo, expresan un mensaje ético-político de transformaciones profundas del país, de las estructuras del Estado y del sistema político.

Para viabilizar estas propuestas, las asambleas ciudadanas que se han formado a raíz de la salida de Gutiérrez han planteado, aunque en forma dispersa, el cese del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que designe un nuevo gobierno y siente las bases para un nuevo ordenamiento en el que los protagonistas sean los ciudadanos organizados sin mediaciones corporativas o de partidos políticos. Pero este mensaje no ha sido suficientemente comprendido por las elites y la llamada "clase política" que pasados los días de convulsión, vuelven a actuar como si nada hubiese ocurrido.

De lado del Presidente Palacio, hay una posición dubitativa. Si bien, en su propuesta, recoge algunos planteamientos ciudadanos como la consulta popular y menciona la posibilidad de la Asamblea Constituyente, por otro, parece no tener la suficiente voluntad política para acelerar este proceso, pues ello implicaría enfrentarse a los sectores económicos y políticos que apuestan por el inmovilismo. Ello quizá sea el reflejo del carácter ambiguo del gobierno que se expresa en la composición del variopinto gabinete en el que se encuentran desde socialdemócratas y conservadores, "forajidos" de última hora, hasta nacionalistas (como Mauricio Gándara en el Ministerio de Gobierno) y académicos progresistas y críticos al FMI (como Rafael Larrea en el Ministerio de Economía).

Los mayores obstáculos para la reforma provienen del Congreso. La mayoría de partidos allí representados se han pronunciado en contra de una Asamblea Constituyente y no parecen sintonizar con las demandas de los nuevos tiempos. La nueva mayoría legislativa, compuesta por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), el socialdemócrata partido Izquierda Democrática, el movimiento Pachakutik y otros, han obtenido los mayores triunfos de la caída de Lucio Gutiérrez y han vuelto a la cuestionada práctica del "reparto de las cuotas políticas".

En esta línea, sin hacer una reforma previa que garantice la presencia de jueces electorales que no pertenezcan a los partidos, cesaron al Tribunal Supremo Electoral nombrado en la época de Gutiérrez y nombraron otro en el que se han vuelto a reeditar las pugnas por el reparto de los puestos de los tribunales electorales de las provincias. La demanda ciudadana de que se conforme una Corte Suprema de Justicia, ahora en receso, con "jueces independientes, probos y capaces" también ha sido ignorada.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial no satisfacen a varios sectores ciudadanos ya que el Congreso dejó en manos de un "Comité de Calificaciones" la decisión del procedimiento final para la elección de los jueces (pasos y plazos), impidiendo "la participación ciudadana en el proceso y consagrando un mecanismo oscuro, manipulable y funcional al reparto político de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", como señalan organismos de derechos humanos.

Aunque los congresistas, por la presión de los "forajidos", procedieron a autodepurarse, expulsando a algunos que, a cambio de prebendas, se vendieron al "gutierrismo" o los que han protagonizado escándalos en el exterior, esto no ha sido suficiente para "calmar" al movimiento de los "forajidos", que, vale recordar, el 12 de mayo volvió a tomarse las calles aledañas al Congreso al grito "que se vayan todos".

El manejo económico

En la política económica, Palacio si bien señala que va a "honrar la deuda externa", afirma que destinará mayores recursos para la inversión social y productiva. Para ello, propone modificar el Fondo de Estabilización Social, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento, FEIREP (compuestos por los ingresos del crudo pesado y que en este año será de unos 700 millones de dólares, gracias a los altos precios del petróleo). Así mismo, plantea reformar el techo del gasto público que la Ley de Transferencia Fiscal fija en el 3.5% e invertir los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en proyectos petroleros.

El ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa, sintoniza con el "movimiento forajido" que ha planteado priorizar el pago de la deuda social antes que de la deuda externa, y dedicar más atención al área social, sobre todo en educación y salud, reactivación productiva y generación de empleo. Quizá a ello se deba el hecho de que, en una encuesta de Informe Confidencial, los ecuatorianos/as lo consideran como el mejor funcionario del gobierno de Palacio.

Correa ha criticado la línea neoliberal de los ministros de economía de los últimos 25 años y ha reivindicado un manejo soberano de la economía con respecto al FMI y al Banco Mundial. El Ministro de Economía, quien dice que por primera vez hay un titular en esta cartera que no ha sido designado por los gerentes de los bancos, ha enviado un proyecto de ley al Congreso para reformar el FEIREP que ha tenido buena acogida. Este fideicomiso, que fue creado en 2002, está fuera del presupuesto del Estado y en un 70% se destina para recompra de la deuda externa, un 20% por ciento para estabilización y catástrofes naturales y apenas un 10% para educación y salud.

"Esto quería decir que solo 2 de cada 100 barriles de crudo exportados han sido dedicados a educación y salud, todo ello a nombre de la disciplina y eficiencia fiscal". Por el contrario, la mayor parte de este fondo ha ido a parar a los tenedores de los Bonos Global de deuda externa –extranjeros y nacionales- que se beneficiaron con la sobrevaloración de dichos bonos que se situaron hasta en un 106% en el mercado de capitales. Correa propone que el 40 % del FEIREP vaya a inversión productiva y recompra de la deuda pública, un 30% para inversión social (educación y salud), un 20% por ciento para estabilización y catástrofes naturales y un 10% para inversión en ciencia y tecnología.

Los planteamientos de Correa han generado el rechazo de las élites, la banca y de sectores de la prensa, pero ha generado expectativas en sectores sociales y pequeños productores. Es que los problemas económicos del Ecuador son graves: la recesión golpea al aparato productivo que se encuentra en un callejón sin salida por la restricción del gasto público, los altos intereses, la falta de competitividad en relación a los países vecinos; el desempleo aumentó del 10,9% en febrero de 2003 al 12% en febrero de 2005, y en el mismo período, la subocupación subió del 39,2% a 45,2%.La pobreza sigue en aumento, en tanto que la migración no se detiene.

La política exterior

En cuanto a la política internacional, Palacio apunta a consolidar la unidad latinoamericana y a la Comunidad Sudamericana de Naciones, así como a los propósitos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR. Aboga por la "formación y la cohesión" de las relaciones Sur- Sur y se dirige a los países "más desarrollados del continente, a nuestros hermanos de Estados Unidos y Canadá, para que apoyen un cambio en las políticas y relaciones de las multilaterales, especialmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial".

En esta línea se vislumbra un acercamiento a Brasil, que lidera el bloque sudamericano, y cierto replanteamiento de las relaciones con Bogotá que en la época de Gutiérrez fueron muy estrechas. En relación al conflicto colombiano, el gobierno de Palacio ha marcado distancias con respecto a las intenciones de Álvaro Uribe de convertir en causa común la lucha contra las FARC. E

En este sentido, el canciller Antonio Parra ha manifestado que Ecuador no tiene intenciones de involucrarse en el conflicto colombiano. Asimismo, el gobierno de Ecuador ha pedido a Colombia que suspenda las fumigaciones de las plantaciones de coca en los 10 kilómetros colindantes con la frontera hasta que no se compruebe que el glifosato que se emplean en ellas no hace daños a la salud. Si bien el gobierno de Palacio dio muestras de no querer enemistarse con Estados Unidos al prometerles que se mantendrá el convenio de la base de Manta, tampoco parece estar dispuesto a someterse a todas sus imposiciones como en el período de Gutiérrez. Esto se puede deducir del anuncio de que el Ecuador no se sumará a los países que han firmado tratados de inmunidad para los militares estadounidenses. Pero el hueso duro de roer es el Tratado de Libre Comercio.

Palacio ha manifestado la decisión de continuar la negociación del TLC y ha hecho cambios en el equipo negociador, pero también ha dicho que se negociará respetando la soberanía y los intereses nacionales. ¿Eso implicará convocar a una consulta popular, como vienen exigiendo ciudadanos y movimientos sociales?