Desde este mes de julio Colombia hace parte de un megaproyecto geopolítico leonino que busca profundizar el modelo neoliberal en la zona septentrional de América Latina con el fin de privatizar la infraestructura vial, los servicios públicos y los recursos naturales. Esta estrategia económica y política es impulsada por Washington a través del presidente de México, Vicente Fox y cuenta con el aval financiero del BID y el Banco Mundial, y en su ejecución están comprometidas varias transnacionales. No obstante el impacto que en todos los órdenes tendrá en el inmediato futuro para el país, el anuncio del presidente Álvaro Uribe en el sentido de que en su segundo mandato va a vincular a Colombia en el Plan Puebla-Panamá (PPP) ha pasado desapercibido en la opinión pública, seguramente por desconocimiento respecto de sus motivaciones y consecuencias. Transnacionales en pos de la riqueza de los pueblos ¿Pero en qué consiste el PPP y cuáles son sus objetivos económicos y políticos? En primer término el PPP, ideado por Washington, fue propuesto en el año 2000 por el presidente Fox y aceptado en 2001 por los mandatarios de Centroamérica en el contexto del mecanismo de diálogo de Tuxtla. Constituye un elemento fundamental del plan geoestratégico norteamericano para complementar los Tratados de Libre Comercio de América que Estados Unidos tiene con Canadá y México, con los países de Centroamérica (CAFTA) y con los que están en curso de suscribir con naciones andinas como Colombia, Perú y Ecuador. El objetivo de este plan es muy claro: facilitar a las transnacionales la privatización de las terminales aéreas y portuarias, las carreteras, la energía eléctrica, el agua, el gas y el petróleo y, principalmente, apoderarse sin restricciones de las enormes riquezas en biodiversidad de la selva Lacandona, los Chimalapas en Oaxaca en México, y el Corredor Biológico Mesoamericano, que llega hasta Panamá. Tiene un costo proyectado de $25 mil millones e intenta abrir América Central y Colombia al libre comercio. De esta manera, creará un “corredor de desarrollo” desde el estado central mexicano, Puebla, por seis países centroamericanos hasta Panamá, una región que abarca 102 millones de kilómetros cuadrados y 63 millones de personas. Esta área también incluye bienes importantes de petróleo, 34 millones de hectáreas de madera virgen, reservas espectaculares de agua dulce, 30 millones de obreros a bajo costo, y el “Corredor Biológico Mesoamericano”, creado por el Banco Mundial, una fuente de biodiversidad muy apetecida. La importancia de Colombia A todo ello hay que agregarle los inmensos recursos de un país suramericano como Colombia que muy pronto y según cálculos del presidente Uribe, se unirá a este megaproyecto geopolítico. En este país la mira de las transnacionales están puestos en el Chocó no solo por su diversidad natural sino porque es una importante fuente de agua dulce y una reserva de petróleo. Adicionalmente en este departamento se localiza el Tapón del Darién, sector selvático que permitirá, una vez se construya el tramo de la vía panamericana, unir a Centroamérica y Suramérica. Y por si lo anterior fuera poco, también existe la posibilidad de abrir un canal interoceánico a través de cargas atómicas que puede terminar siendo alterno del canal de Panamá. Como señala el investigador Miguel Pickard del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) de México, “el PPP surge no como estrategia para eliminar la pobreza endémica, como dice el gobierno de Fox, sino como un complot ingenioso para canalizar enormes cantidades de fondos públicos a los proyectos de infraestructura que, se espera, inducirán la inversión privada”. Plan Houston-Puebla-Bogotá No en vano, el gobierno colombiano viene realizando negociaciones con sus pares de Centroamérica con el propósito de concretar un Tratado de Libre Comercio. Más que el intercambio comercial con esta región, lo que anima a la administración Uribe Vélez es preparar todo el andamiaje jurídico e institucional que permita viabilizar en forma expedita el ingreso de Colombia al PPP que en adelante debería denominarse Plan Houston-Puebla-Bogotá, ya que desde el Estado de Texas en el sur de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento de Estado pretenden controlar económica y políticamente la zona mesoamericana y la parte de Suramérica que comprende Colombia, Ecuador y Perú Aunque en su impulso los gobiernos de Bush y Fox juegan un papel importante en el PPP, su verdadero motor está en la oficina central del BID en Washington, D.C, pues este Banco fue el que lo diseñó y está en capacidad de financiarlo en una buena parte. Su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, encabeza la Comisión Financiera del PPP. Otros inversionistas financieros son el Banco Mundial, el Banco Japonés de Cooperación Internacional, la Unión Europea, el gobierno de España, y otras agencias bilaterales. En cuanto a corporaciones transnacionales que miran con entusiasmo este rentable negocio de explotación de recursos del suelo, subsuelo y rica biodiversidad en la región, se pueden mencionar entre otras las siguientes: International Paper Company, Boise Cascade, el Grupo mexicano Pulsar, la española Endesa, las estadounidenses Harken Energy, Applied Energy Services, Duke Energy, Harza, Delasa Prescott and Follet, Tribasa, Caros, GAN, ICA, Imbursa, Texas Connection, International Shipholding Corporation, Monsanto, Shell, Dow Chemical, Exxon, y Hutchinson Holdings. Muralla contra Venezuela Desde el punto de vista político el PPP constituye un excelente mecanismo de Washington para dar apoyo geopolítico, económico y funcional a gobiernos neoliberales como los de Centroamérica y Colombia y de esta manera oponerse y hacerle el quite a un modelo alternativo de desarrollo económico y social como el que vienen impulsando los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales en Bolivia. En otras palabras, la integración de una comunidad de naciones bajo la tutela e influencia de Washington y el capital financiero internacional terminará por consolidar una muralla contra la influencia política evidente que viene teniendo en Suramérica el gobierno venezolano. Consecuencias y resistencia Con la ejecución de este megaproyecto de las transnacionales se pone en peligro la supervivencia de miles de comunidades porque no solo se atentará contra el ecosistema sino que, además, se saquearán los ricos recursos naturales de la región, se aprovechará la mano de obra abundante y barata, y acelerará la evicción de los indígenas y los campesinos desde sus tierras para que entren a las maquilas. Igualmente, las grandes corporaciones genéticas como Monsanto, Syngenta, Diversa, y Pulsar tienen la oportunidad de llevar a cabo la “biopiratería”. Por todo ello es que muchos grupos campesinos e indígenas tanto de México como de los países centroamericanos y centenares de organizaciones sociales vienen ejerciendo resistencia masiva al PPP. Entre tanto, en Colombia aún no hay conciencia ni se ha abierto el debate en torno de este macroproyecto neoliberal que apenas y con mucha prudencia ha sido esbozado por el reelecto presidente Uribe.