La Corte de Constitucionalidad resuelve que los archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial pasen a resguardo del Ministerio Público Tras la enorme presión ejercida por miles de activistas y organizaciones de derechos humanos el Congreso de Guatemala aprobó, el 24 de septiembre de 2003, una ley para abolir el Estado Mayor Presidencial (EMP). Esta ley trasfiere las funciones legítimas de seguridad del EMP a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). Sin embargo el presidente Alfonso Portillo por medio del acuerdo 711-2003, resolvió que los expedientes del EMP fueran entregados a las fuerzas armadas para su custodia. En esa oportunidad, el GAM solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), que el ejército entregara los archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP). En marzo pasado la CC resolvió que fuera la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que los recibiera, sin embargo, las autoridades de dicha entidad, mediante un recurso legal, solicitaron que se declarara sin lugar dicha decisión. Tres años después, los magistrados de la CC, en una decisión histórica, resolvieron que dichos expedientes, que datan desde 1954, queden a resguardo del Ministerio Público (MP) y a la vez ordena al Ejecutivo, que modifique al Acuerdo 711-2003, por medio del cual el ex presidente Alfonso Portillo pretendió que los expedientes del EMP fueran entregados a las fuerzas armadas. En GAM hemos señalado la importancia que tiene para nuestro país proteger dichos documentos, ya que como lo hemos denunciado, el EMP fue una estructura contrainsurgente y represiva la cual fue responsable de graves violaciones en contra de la población civil durante el conflicto armado interno. Por tal motivo creemos que con esta decisión, se sienta un precedente y se da un gran paso en aras del fortalecimiento del poder civil y en la lucha por romper el muro de la impunidad. Hoy cuando se conmemora la semana en contra de las desapariciones forzadas, nuestra institución renueva su compromiso de redoblar sus esfuerzos en la lucha por la justicia y la verdad y a la vez, exige a las autoridades competentes, iniciar las investigaciones de oficio, para dar con los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron las fuerzas de seguridad del estado en contra de la población civil. Fuente: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) Guatemala junio 2006