Con una serie de huelgas y manifestaciones, sin precedentes, los y las inmigrantes latinos han desatado una lucha sin cuartel contra la represión, la explotación y el racismo que enfrentan habitualmente en los Estados Unidos. Las movilizaciones iniciaron el 10 de marzo, cuando más de medio millón de inmigrantes y sus simpatizantes salieron a las calles de Chicago. Fue el acto de protesta más grande registrado en la historia de esa ciudad. Luego de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se expandieron en cadena a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país. Millones salieron el 25 de marzo para un "día nacional de acción". Entre uno y dos millones de personas manifestaron en Los Ángeles -en el mayor acto de protesta pública en la historia de la ciudad-, y millones más hicieron lo suyo en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades. De nuevo, el 10 de abril, millones acudieron al llamado a otro día de protesta. Además, cientos de miles de colegiales en Los Ángeles y otros lugares del país abandonaron sus planteles en apoyo a sus familiares y comunidades, arriesgando la represión policial y las sanciones legales. El mensaje se expresa claramente en el grito de los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" (1)

Proyecto estancado

Estas protestas son inéditas en la historia de los Estados Unidos. La gota que derramó el vaso fue la introducción del proyecto de Ley HR4437, a mediados de marzo, en la Cámara de Representantes, por iniciativa del representante republicano James Sensenbrenner, con el amplio apoyo del lobby anti-inmigrante. Esta draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes indocumentados, estableciendo como un delito criminal estar en los Estados Unidos sin documentación. También prevé la construcción de los primeros 1100 kilómetros de una muralla militarizada entre México y EE.UU. y duplicar el tamaño de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Es más, se aplicarían sanciones criminales contra cualquier persona que proporcione ayuda a los inmigrantes indocumentados, incluyendo las iglesias, grupos humanitarios y agencias de servicios sociales.

Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó estancado en el Senado. El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain co-patrocinaron un proyecto de ley de “compromiso”, que hubiese quitado la cláusula de criminalización que contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía para ciertas personas indocumentadas. Habría permitido que quienes puedan demostrar que han residido durante por lo menos cinco años en EE.UU. soliciten la residencia, y más tarde la ciudadanía. Aquellas personas residentes en EE.UU. durante dos a cinco años tendrían que volver a su país de origen, y entonces solicitar un permiso temporal de "trabajador huésped", a través de las embajadas norteamericanas. Quienes no podrían demostrar haber estado en EE.UU. durante dos años serían deportados. Incluso este proyecto de ley de “compromiso” habría derivado en deportaciones masivas y mayores niveles de control a todos los inmigrantes. Sin embargo, al final la oposición republicana lo desechó. De modo que, para fines de abril, el proceso legislativo se estancó por completo. Es probable que cualquier nueva acción legislativa se posponga hasta después de las elecciones congresiles de este próximo mes de noviembre.

Explosión de ira

No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el HR4437. Representa la explosión de la ira represada y el repudio frente a una situación agravada de explotación y de un incremento de la represión y el racismo contra inmigrantes. En años recientes, los y las inmigrantes han estado sujetos a todos los abusos inimaginables. Por dos veces, en el estado de California, se les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar. Ello significa que deben depender de un transporte público inadecuado o inexistente, o correr el riesgo de manejar ilegalmente; más grave aún, la licencia de manejar es a menudo un documento indispensable para realizar transacciones esenciales, como cobrar los cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México están cada vez más militarizados y miles de inmigrantes han muerto al cruzar la frontera. Se incrementan los grupos de odio anti-inmigrante. Un discurso público descaradamente racista, que hace pocos años habría sido considerado extremista, se ha vuelto cada vez más corriente, y tiene antena libre en los medios de comunicación masivos.

En un plano más siniestro, la organización paramilitar Minutemen, una versión moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido desde su lugar de origen en la frontera sur de Arizona y California, hacia otras partes del país. Los Minutemen reclaman que ellos deben "dar seguridad a la frontera", ante un inadecuado control en manos del Estado. Su discurso, más que racista, es neo-fascista. Se ha filmado a algunos de ellos con camisetas que despliegan el lema "Kill a Mexican today" (hoy mata a un mexicano). Otros han organizado safaris humanos en el desierto, con fines de lucro. Los clubes Minutemen han sido promovidos por líderes de la derecha, hacendados adinerados, empresarios y políticos. Pero su base social se apoya en aquellos sectores de la clase obrera blanca, otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga global de capitales. Estos sectores hacen ahora de los inmigrantes el chivo expiatorio -con el beneplácito de los sectores oficiales-, viéndolos como la causa de su falta de seguridad y su pérdida de estatus económico.

Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a través de expansivas redes de iglesias, clubes de inmigrantes y grupos de derechos, asociaciones comunitarias, medios de comunicación hispanos y progresistas, sindicatos y organizaciones pro justicia social. Las movilizaciones de inmigrantes indudablemente han atemorizado a los sectores gobernantes. En abril se reveló que KBR, una subsidiaria de Halliburton -la antigua empresa del vicepresidente Dick Cheney, que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y una de las principales contratistas en la guerra de Irak- ganó un contrato de $385 millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes en gran escala, ante la eventualidad de un "flujo de emergencia" de inmigrantes.

La problemática inmigrante presenta una contradicción para los sectores dominantes. El capital requiere de mano de obra barata y dócil de inmigrantes latinos (y otros). Los/las inmigrantes latinos/as han copado masivamente los escalones más bajos de la fuerza laboral norteamericana. Ellos proporcionan casi toda la mano de obra agrícola y gran parte de la que se emplea en los hoteles, restaurantes, construcción, conserjería y limpieza doméstica, cuidado de niños, jardinería y diseño de jardines, reparto, empaque de carne y aves, venta al detal, y mucho más. Toda vez, los sectores dominantes temen que una marea creciente de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de control cultural y político, volviéndose una fuente de contra-hegemonía e inestabilidad; algo así como sucedió en París, el año pasado, con el levantamiento de los trabajadores inmigrantes en esa capital europea, contra el racismo y la marginalidad.

No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina. Al contrario, ellos quieren mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable, que subsista bajo condiciones precarias, que no disfrute de los derechos civiles, políticos y laborales de los ciudadanos, y que sea desechable mediante la deportación. Es la condición de deportable que ellos quieren conservar, puesta que esta condición asegura la posibilidad de sobre-explotar con impunidad y de desechar sin consecuencias, en el caso que esa mano de obra se vuelva insubordinada o innecesaria.

La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que hacer un acto de equilibrio, para encontrar una fórmula que asegure un suministro estable de mano de obra barata a los empresarios, y al mismo tiempo permita un mayor control estatal sobre los inmigrantes. La propuesta de Bush es un programa de "trabajadores huéspedes", que descartaría la legalización de los inmigrantes indocumentados, los obligaría a regresar a sus países de origen, para que allí soliciten visas de trabajo temporales, e implementaría nuevas y más duras medidas de seguridad fronteriza. Hay una larga historia de tales programas de "trabajadores huéspedes", que datan del programa de braceros, que trajo a millones de obreros mexicanos a EE.UU. para cubrir la escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para deportarlos una vez que había de nuevo una disponibilidad de obreros nacionales.

Latinos y afro-americanos

El movimiento de los derechos de inmigrantes está exigiendo derechos plenos para todos los inmigrantes, incluyendo la amnistía, la protección laboral, medidas de reunificación familiar, un mecanismo para acceder a la ciudadanía o a la residencia permanente, en lugar de los programas de "trabajadores huéspedes" temporales, y que se terminen todos los ataques contra los inmigrantes y la criminalización de las comunidades inmigrantes.

Un desafío clave que confronta el movimiento son las relaciones entre las comunidades latinas y negras. Históricamente, los afro-americanos han ocupado los escalones más bajos del sistema de castas norteamericano. Pero a medida que los afro-americanos luchaban por sus derechos civiles y humanos, en los años sesenta y setenta, se fueron organizando, politizando y radicalizando. Los obreros negros lideraron el militantismo sindical. Todo ello hizo que fueran vistos como mano de obra indeseable para el capital: "rebelde" e "insubordinada".

A partir de los años ‘80, los empleadores comenzaron a expulsar a los obreros negros y a reclutar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con la desindustrialización y la reestructuración. La población negra cambió su estatus de super-explotado a marginalizado -sujeto al desempleo, a los recortes en los servicios sociales, al encarcelamiento masivo, y a una creciente represión estatal- mientras que la mano de obra inmigrante latina se convertía en el nuevo sector super-explotado. Hace 15 años, nadie veía una sola cara latina en lugares como Iowa o Tennessee, pero ahora los trabajadores latinos -mexicanos, centroamericanos y otros- son visibles en todas partes. Si algunos afro-americanos han canalizado erradamente el enojo hacia los inmigrantes latinos, por su situación de marginalidad, la comunidad negra tiene una queja legítima contra el propio racismo anti-negro de muchos latinos, quienes a menudo carecen de sensibilidad frente a la condición histórica de los negros y la experiencia contemporánea que tienen del racismo, y muestran reticencia a verlos como aliados naturales.

Migración y globalización

El aumento de la inmigración latina a EE.UU. es parte del impulso mundial de la migración transnacional, generado por las fuerzas de la globalización capitalista. El corolario del ascenso de una economía global integrada es la emergencia de un mercado laboral verdaderamente global, pero altamente segmentado. La mano de obra sobrante en cualquier parte del mundo puede ahora ser reclutada y desplegada -a través de numerosos mecanismos- hacia donde el capital transnacional la necesita. La mano de obra inmigrante se estima ahora mundialmente en más de 200 millones, según los datos de la ONU. Unos 30 millones están en EE.UU., y al menos 20 millón de ellos son de América Latina. De estos 20 millones, unos 11 millones están indocumentados.

El lobby anti-inmigrante argumenta que estos inmigrantes "son un desangre para la economía norteamericana". Toda vez, la Red Nacional de Solidaridad Inmigrante señala que los y las inmigrantes contribuyen con siete mil millones de dólares a la seguridad social cada año. Ellos ganan $240 mil millones, declaran $90 mil millones, y apenas reciben cinco mil millones en reembolsos de impuestos. También contribuyen a la economía estadounidense con $25 mil millones más de lo que reciben en cuidados de salud y servicios sociales. Pero éste es un argumento limitado, puesto que el asunto mayor son los incalculables miles de millones de dólares que el trabajo inmigrante genera en ganancias y réditos para el capital, de los cuales sólo una diminuta proporción regresa a los inmigrantes en forma de sueldos.

Si la necesidad del capital de una mano de obra barata, maleable y deportable, en los centros de la economía global, es el principal "factor de arrastre" que induce la inmigración latina a EE.UU., el "factor de empuje" es la devastación dejada por dos décadas de neo-liberalismo en América Latina. La globalización capitalista -el ajuste estructural, los acuerdos de libre comercio, las privatizaciones, la contracción del empleo público y de los créditos, la disolución de tierras comunales, y otros similares, junto con las crisis políticas que estas medidas han generado- ha provocado la implosión de miles de comunidades en América Latina y ha desatado una ola de migración, desde las áreas rurales hacia las urbanas y a otros países, análoga únicamente al masivo desarraigo y migración que generalmente ocurre como secuela de las guerras.

Importancia de las remesas

La migración latina transnacional ha conllevado a un aumento enorme en las remesas que los trabajadores de etnia latina en el extranjero envían a las redes familiares ampliadas en América Latina. Los trabajadores latinoamericanos en el exterior enviaron a sus países unos $57 mil millones en 2005, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas remesas fueron la principal fuente de divisas para República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, y Nicaragua, y la segunda fuente en importancia para Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, según el Banco. Los $20 mil millones enviados a casa en 2005 por un estimado de 10 millones de mexicanos en los Estados Unidos, sumaban más que los ingresos de turismo del país y fueron superados únicamente por el petróleo y las exportaciones de las maquiladoras.

Estas remesas permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir, al comprar bienes importados del mercado mundial, o producidos localmente o por el capital transnacional. Facilitan la supervivencia familiar en una época de crisis y ajuste, sobre todo para los sectores más pobres; constituyen redes de seguridad que reemplazan el rol de los gobiernos y del empleo fijo para garantizar la seguridad económica. La emigración y las remesas también sirven el objetivo político de pacificación. Desde los años ochenta, a medida que la emigración latinoamericana hacia EE.UU. se expandía velozmente, ayudó a disipar las tensiones sociales y a socavar la oposición política y laboral a los regimenes e instituciones vigentes. Las remesas ayudaron a compensar los desequilibrios macroeconómicos, y en algunos casos, a evitar el derrumbe económico, y por lo mismo contribuyeron a apuntalar las condiciones políticas para un ambiente favorable al capital transnacional.

Por consiguiente, vinculada con el debate sobre inmigración en EE.UU. está la propia economía política del capitalismo global en el Hemisferio Occidental: la cual ahora se está disputando con fuerza en diversas partes de América Latina, con la ola de luchas populares de masas y el giro hacia la izquierda. La lucha por los derechos de inmigración en EE.UU. está, entonces, íntimamente vinculada a la lucha más amplia, en América Latina y el mundo, por la justicia social. (Traducción ALAI). -

William Robinson es profesor de Sociología, de Estudios Globales e Internacionales y de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad de California - Santa Bárbara.

(1) NDLR: Para el 1 de mayo de 2006, se ha convocado a un paro general denominado "Un día sin migrantes", que se acompaña de una acción internacional de boicot a la compra de productos norteamericanos ese día.