Dos operaciones políticas simultáneas ha lanzado el gobierno de Estados Unidos en la última semana. Por una parte, ha enviado a una delegación de agentes del ministerio de justicia, para indagar la manera cómo el caudillo liberal Arnoldo Alemán lavó el dinero que se robó del erario público. Si lo hizo en Estados Unidos, abrirán juicio en su contra, y eventualmente, pedirán su deportación. Y por otra parte, en su afán de liquidar las posibilidades electorales del Frente Sandinista y al mismo tiempo, reunificar a la derecha antisandinista, el embajador Oliver Garza ha lanzado el rumor de una presunta denuncia contra el líder sandinista Daniel Ortega, por supuestos delitos de lesa humanidad, ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Pero la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) aclaró que esta posibilidad es nula: primero, porque la CIDH no conoce denuncia contra individuos, sino contra estados. Y segundo, porque las denuncias contra personas por esos delitos, sólo los puede conocer la Corte Penal Internacional, y Nicaragua no quiso adscribirse a la misma, por órdenes del propio Estados Unidos. La doctora Vilma Núñez dijo este miércoles que la CIDH, solo conoce denuncias que particulares pueden interponer contra los estados y no contra personas. "La única que puede conocer denuncias contra particulares es la Corte Penal Internacional, que funciona en La Haya, pero lamentablemente el estado de Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que no firmó el acuerdo de Roma", aseguró la presidenta del CENIDH. El gobierno de Enrique Bolaños decidió acatar la orden norteamericana de no adscribirse a ese tratado, porque de esa forma si algún militar estadounidense reside o está en Nicaragua y es requerido por crímenes de lesa humanidad, no podría ser deportado al país donde se le enjuicia. La aclaración la hizo la doctora Núñez en vista que el diputado Miguel López Baldizón junto a otros políticos se dio a la tarea recientemente, en dar a conocer que a los dirigentes sandinista se les encausará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los delitos de genocidio en contra de los miskitos hace más de 20 años. Para las responsabilidades de los estados existe lo que se conoce como solución de continuidad. "Si un estado cometió algún tipo de delitos contra grupos de étnicos, religiosos o políticos, la responsabilidad permanece de gobierno a gobierno" expresó la doctora Núñez. "Es una irresponsabilidad estar confundiendo a la población, afirmando que se enjuiciarán a tres conocidos políticos sandinistas, cuando no es cierto que ocurrirá", señaló la doctora Núñez la que agregó que aún el Cenidh no conoce con qué fines se hizo tal aseveración. El embajador especial de Estados Unidos Oliver Garza, lanzó el rumor a través de uno de sus subalternos, el diputado oficialista Miguel López, quien el pasado fin de semana anunció con bombos y platillos la presunta reactivación de la demanda presentada en 1991 contra el expresidente Daniel Ortega, por el operativo militar de 1983, que obligó a miles de indígenas miskitos a abandonar sus localidades en las riberas del Río Coco, en la frontera con Honduras. Por otra parte, una misteriosa misión del departamento de Justicia norteamericano se encuentra en Nicaragua para investigar supuestos ilícitos cometidos en su territorio por funcionarios nicaragüenses. Fuentes políticas aseguran que su objetivo es recabar datos para eventualmente iniciar un juicio en alguna ciudad de Estados Unidos contra Arnoldo Alemán y su familia, por el supuesto delito de lavado de dinero. Esto podría conducir finalmente, a solicitar la deportación del caudillo liberal. "Es cierto, un equipo del departamento de Justicia norteamericano llegó a Nicaragua, pero no puede revelar los detalles de su visita, ni lo que hemos conversado con ellos", afirmó el Procurador Penal de Justicia, Iván Lara. Según el procurador Lara, el equipo llegó a buscar información en el marco de la cooperación bilateral que existe entre ambos países. La consejera de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en Managua, Marcia Bosshardt, tampoco quiso revelar los motivos de la visita de esta delegación que llego al país el lunes pasado. "Puedo confirmar que había un equipo aquí de investigación (...) pero no puedo entrar en detalles de qué se están tratando" las pesquisas, señaló Bosshardt al periódico Nuevo Diario. Según el rotativo, los "sabuesos de Estados Unidos" estarían indagando las transacciones financieras que el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-02) realizó en bancos de su país durante su mandato. "El propósito es recabar pruebas para abrirles causa penal por lavado de dinero", indicó el periódico. Alemán cumple en prisión domiciliaria una pena de 20 años por lavar dinero y cometer varios delitos de corrupción con fondos del erario nicaragüense. Alemán también es investigado en Panamá, donde la Procuraduría General de ese país determinó en junio pasado que "existen suficientes evidencias" para llevar a juicio al ex presidente nicaragüense por blanqueo de capitales. Reviven denuncia de crímenes de lesa humanidad contra Ortega La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desempolvado de sus archivos una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega y otros dirigentes sandinistas. El pasado fin de semana, el diputado del oficialista, jefe del grupo parlamentario Azul y Blanco y habitual vocero de los intereses norteamericanos en Managua, Miguel López Baldizón, confirmó que la CIDH ha sacado de sus archivos una denuncia contra Ortega por supuestos crímenes de lesa humanidad, cometidos en 1983, durante la conocida "Navidad Roja", donde murieron centenares de indígenas de Waspam, Río Coco, en el Caribe Norte. En diciembre de 1983, unos 8.500 indígenas fueron sacados por el ejército sandinista de sus comunidades a las orillas del Río Coco frontera con Honduras y fueron ubicados en cinco campamentos para evitar que sirvieran de apoyo logístico a los mercenarios contratados por Estados Unidos para derrocar a la Revolución Sandinistas. Decenas murieron durante el hecho, según la denuncia de grupos indígenas. En ese entonces Nicaragua vivía una guerra desatada por Estados Unidos a través de la contrarrevolución. "La denuncia contra Ortega data desde 1991, pero no se logró en ese entonces que fuera tramitada, sin embargo ahora nuevos trámites de los grupos indígenas organizados la CIDH han revivido el archivo y ha abierto una investigación", dijo López. El legislador conoció de la denuncia la semana pasada cuando visitó el Caribe nicaragüense para reorganizar el partido Alianza por la República (APRE). López agregó que la denuncia interpuesta ante la CIDH por ciudadanos indígenas del Caribe Norte es extensiva también contra el ex jefe del Ejército Popular Sandinista, General retirado Humberto Ortega. También incluyen al actual diputado sandinista ante el Parlamento Tomás Borge, ex ministro del Interior, al ex jefe de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) coronel retirado Lenín Cerna y al actual Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua, Omar Cabezas. López explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, le corresponderá realizar un dictamen y posteriormente trasladarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, para que emita un fallo al respecto. "Los delitos de lesa humanidad son cometidos por Gobiernos constituidos y son delitos de persecución internacional que no prescriben, siempre van a ser perseguibles", dijo López. "Esto significa que si la Corte emite un fallo positivo contra Ortega y los demás señalados, habrá una orden de captura internacional para estas personas, igual como ocurrió a Augusto Pinochet", agregó. John Alex Delio Vans, dirigente del partido indígena Yatama, dijo al diario local "La Prensa" que a finales de la semana conocieron de que la CIDH ha sacado de su archivo esa denuncia que fue presentada por algunos dirigentes de los movimientos indígenas organizados del Caribe Norte.