El 21 de marzo pasado, la revista Nature reveló que la trasnacional Syngenta estuvo vendiendo por más de cuatro años una variedad de maíz transgénico que nunca fue aprobada por ninguna de las autoridades regulatorias de Estados Unidos. Se trata del maíz insecticida Bt10; según la empresa fue un accidente y "solamente" se distribuyeron algunos cientos de toneladas de ese maíz, y además es "prácticamente" igual a otro maíz transgénico aprobado, el Bt11, que según ellos no tiene riesgo para la salud. Syngenta, resultado de la fusión de las empresas Novartis y AstraZeneca, es la segunda de las cinco multinacionales que controlan los transgénicos plantados comercialmente a escala global. Aunque lo sabían por la empresa desde diciembre de 2004, y pese a que afirman que no es peligroso, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ocultaron la información al público hasta que Nature lo reveló en su artículo. Inclusive en ese periodo se consultó a la Casa Blanca sobre la política a seguir, ya que la noticia podría afectar la demanda que existe de Estados Unidos contra la Unión Europea (UE) por la moratoria de esta última contra la importación de transgénicos. Luego de revelada la noticia, Syngenta se negó a decir en qué entidades de Estados Unidos se había cultivado este maíz, aunque señaló que "solamente" fueron cuatro, y "solamente" en unas 15 mil hectáreas. Con el promedio de producción por hectárea en ese país, estamos hablando de más de 150 mil toneladas y no de "solamente algunos cientos". Syngenta tuvo que aceptar que se había colado en las exportaciones, pero nuevamente se negó a decir a qué países. Sin embargo, la UE reaccionó y pidió explicaciones, por lo que se supo que el Bt10 también había entrado a países europeos, pero "solamente en pequeñas cantidades". Días después reconocieron que también estaría en Canadá y Argentina, y más tarde dijeron que en Sudáfrica, Uruguay y Japón, donde se ha legalizado el cultivo de maíz insecticida Bt11. Una semana después de la primera noticia, Nature reveló que a diferencia del Bt11, el maíz Bt10 -vendido sin aprobación- tiene genes marcadores de resistencia a antibióticos. Aunque Syngenta lo minimiza, esto significa que tienen el potencial de recombinarse con bacterias del aparato digestivo de quienes lo ingieran -animales o humanos-, confiriéndole resistencia al antibiótico ampicilina, uno de los más usados para diversas infecciones bacterianas comunes. Quiere decir que uno puede tomar el antibiótico y que éste no surta efecto, pero no habrá manera de saberlo hasta estar enfermo y que la medicina no funcione. El 8 de abril Syngenta anunció que había acordado con las autoridades estadunidenses pagar una multa de 375 mil dólares y, vaya, ¡un curso para que sus empleados se entrenen en aplicar las regulaciones vigentes! Solamente. Es cuando menos extraño que un "accidente" haya durado cuatro años. Pero es claro que pone de manifiesto la incapacidad de las agencias regulatorias y de la sociedad para controlar las empresas trasnacionales. La UE, por ejemplo, tuvo que reconocer que no tenía el equipo necesario para encontrar la diferencia entre el maíz Bt11 aprobado y el Bt10 no aprobado. Según la ley Monsanto votada por los legisladores mexicanos -eufemísticamente llamada ley de "bioseguridad"-, se aplicará el principio de precaución "según las capacidades" que existan en el país. Que huelga decir son seguramente bastante más rudimentarias que las de la UE. Por más datos, las cláusulas sobre confidencialidad garantizan a las empresas que pueden mantener en secreto los detalles de las construcciones transgénicas, para protegerse frente a sus competidores. Principio que se ha llevado a tal extremo que el grupo del Instituto Nacional de Ecología que debe hacer la evaluación de riesgo de las solicitudes presentadas ¡ni siquiera puede circular la información a sus propios expertos! En la práctica, las empresas pueden colocar diversas secuencias genéticas en sus semillas transgénicas que nadie se enterará hasta que provoquen algún desastre o se vean obligadas a revelar que fue "accidental". Por ejemplo, nada les impediría colocar genes "terminator" que fueran activados por inductores externos posteriormente (por ejemplo, químicos de fumigación aérea), produciendo la esterilidad de las semillas de la siguiente generación, y de todas aquellas plantas que hubieran sido contaminadas mientras tanto. Los potenciales impactos sobre el ambiente y la salud siguen en la niebla y los estudios brillan por su ausencia. Lo que está claro es la instauración global de una "democracia" transgénica, donde las decisiones se toman fuera de las regulaciones, de la legalidad, de las llamadas estructuras democráticas -aunque las usen para darse cobertura- y que las definen quienes tengan el poder y el dinero para ello, al margen de la voluntad de la mayoría de la población. Cualquier parecido con el cínico desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal en México no es mera coincidencia. Es solamente la democracia transgénica. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC, México