Amnistía Internacional condena el asesinato de la religiosa Dorothy Stang, de 74 años, el pasado 12 de febrero en Anapú. Brasil. La Hermana Dorothy fue abatida a tiros cuando se dirigía andando a una reunión. La Hermana Dorothy, natural de Ohio, en Estados Unidos, trabajó como activista de los derechos humanos y el medio ambiente en la región amazónica durante más de treinta años y había sido objeto de constantes amenazas de muerte a consecuencia de su trabajo. Este asesinato es el más reciente de los centenares de asesinatos de sindicalistas y activistas en favor del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra en el estado brasileño de Pará que Amnistía Internacional ha documentado a lo largo de varias décadas. La violencia se ha visto agravada por la negligencia prolongada de las autoridades estatales y federales en la lucha contra la impunidad y en la protección de los defensores de derechos humanos en peligro. Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales que se aseguren de que se pone fin de manera definitiva a la violencia y al miedo sufridos por tantas personas en el estado de Pará. Las autoridades federales prometieron recientemente que tomarían medidas para remediar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en la zona y es de vital importancia que estas promesas se traduzcan rápidamente en acción. Estas medidas deben incluir los pasos necesarios para desarmar y disolver todas las milicias armadas ilegales y para reformar el sistema judicial y las fuerzas de policía, con el fin de garantizar una respuesta efectiva a la violencia. También se deben tomar medidas inmediatas para proteger a los defensores de derechos humanos y los activistas en favor de los derechos sobre la tierra frente a las amenazas de muerte. Información complementaria Amnistía Internacional lleva mucho tiempo denunciando la violencia en el estado de Pará, al igual que la falta de acción al respecto por parte de las autoridades. Los madereros y mineros ilegales así como los grandes terratenientes han recurrido cada vez más a la contratación de pistoleros y a la creación de milicias armadas ilegales para proteger sus intereses económicos. Las personas que luchan para defender los derechos humanos, los derechos sobre la tierra, los derechos laborales o la protección del medio ambiente han sido objeto constantemente de amenazas, ataques y asesinatos a consecuencia de su activismo. La violencia se sostiene por la extrema lentitud del sistema judicial que hace que persista una situación de impunidad. El año pasado la organización católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) manifestó que sólo cinco personas estaban cumpliendo penas de cárcel por los 976 asesinatos cometidos en todo el territorio nacional entre 1985 y 1996. En el estado de Pará hay casos como el de Eldorado dos Carajás, donde 19 activistas en favor de los derechos sobre la tierra fueron asesinados por miembros del cuerpo de la policía militar, causa esta que, nueve años después de la matanza, sigue pendiente en los tribunales.