Índice AI: AMR 23/004/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230042004

Resumen

A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica, el control sobre el departamento de Arauca ha sido un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia –las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición–, todos los cuales mantienen una fuerte presencia en el departamento. Arauca ha atraído también la atención de Estados Unidos, que ayuda a financiar la protección militar del oleoducto de Caño Limón, un conducto que atraviesa el departamento y es en parte propiedad de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum.

A lo largo del último año, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca, rico en petróleo y que hace frontera con Venezuela, como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente las relativas a las zonas especiales de seguridad, conocidas como Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el gobierno en 2002.

Aunque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla. Mientras tanto, durante los últimos años los grupos paramilitares han reforzado su control sobre Arauca en un intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales y de actuar junto con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo. La oposición armada ha respondido a las medidas de seguridad recientemente introducidas por el gobierno y a la presencia reforzada de los paramilitares intensificando sus intimidaciones y amenazas contra sectores de la población civil, especialmente contra las autoridades y funcionarios locales.

Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca no redujo la violencia y la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita. De hecho, en algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la Zona de Rehabilitación y Consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, los dirigentes campesinos y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación ya no está en funcionamiento.

Existe información fidedigna que indica que las fuerzas armadas del departamento están directamente implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido "limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra defensores de los derechos humanos, activistas en favor de la paz, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas, "desapariciones" y tortura.

La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América –el principal donante de ayuda militar a Colombia–, y las empresas extranjeras que actúan en el departamento tienen el deber de garantizar que sus fondos y sus actividades no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos en Arauca. Sin embargo, unidades del ejército implicadas en violaciones de derechos humanos siguen recibiendo ayuda económica y logística de gobiernos de segundos países y de empresas extranjeras.

Este texto resume el documento titulado Colombia – Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004), publicado por Amnistía Internacional el 20 de abril de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex.

SECRETARIADO INTERNACIONAL,

1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

 

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO

Ayuda militar: proteger los intereses estadounidenses en la región

La lucha por el dominio: guerrillas y paramilitares

3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE EMERGENCIA

La zona de rehabilitación y consolidación de Arauca

Un soldado en cada esquina: la militarización de Arauca

El coste en derechos humanos: la intensificación del conflicto armado

4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL CONFLICTO

El ejército de soldados campesinos

La red de un millón de informantes civiles

Soldado por un día

5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL

Defensores de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos

Fortalecimiento de la autonomía del ejército en Arauca

Estrategia nacional para consolidar la impunidad

6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL PARAMILITARISMO

La consolidación del paramilitarismo en Arauca

Ataques a la población civil

Continúan los homicidios pese al alto el fuego

7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Autoridades locales en el punto de mira

Bombas y morteros: las víctimas civiles

Extorsión y secuestro como fuente de ingresos

8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS DEL CONFLICTO

Periodistas: un golpe a la libertad de expresión

Maestros: minando el derecho a enseñar

Mujeres: atacadas como táctica de terror

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

Colombia

Un laboratorio de guerra:Represión y violencia en Arauca

1. INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2002, los vecinos de Saravena, en el departamento de Arauca, se disponían a celebrar su fiesta tradicional. Para que pudieran disfrutar de su festividad, el ejército accedió a levantar algunas de las restricciones de circulación impuestas a los habitantes de Saravena y otros municipios de Arauca por el gobierno del Presidente Uribe en septiembre de 2002. Sin embargo, la tarde del 12 de noviembre, unos 700 soldados rodearon la localidad para que el ejército, la policía y miembros de la Fiscalía General(1) y la Procuraduría General(2) registraran casas, lugares de trabajo y comercios. Al concluir la noche se había detenido a punta de arma a más de 2.000 personas y se las había conducido al estadio de Saravena, donde las fotografiaron, las grabaron en vídeo, las interrogaron, comprobaron sus antecedentes y les marcaron los brazos con tinta indeleble.

Esta detención en masa de civiles, conocida como Operación Heroica y teóricamente destinada a detener a presuntos miembros de la guerrilla, ha sido la operación más grande de este tipo llevada a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas en los últimos años. Entre los 2.000 aprehendidos aquella noche se encontraban la mayoría de los miembros de la comunidad de derechos humanos de Saravena, así como conocidos sindicalistas y otros dirigentes sociales. Sin embargo, sólo 85 fueron detenidos oficialmente. De ellos, 35 fueron puestos en libertad más tarde por falta de pruebas. De los 50 restantes, unos 40 eran sindicalistas. En el momento de redactar este informe, se creía que apenas 30 de los 2.000 aprehendidos aquella noche seguían sometidos a investigación.

La realidad de la guerra en Colombia es terriblemente cruda, pero el departamento de Arauca se ha visto especialmente afectado por el conflicto armado, que ha asolado el país durante cuatro décadas. Además, en lo que se ha convertido en una trágica norma en los conflictos modernos de todo el mundo, es la población civil la que soporta invariablemente la carga de la represión y la violencia que le infligen las partes del conflicto: las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, por un lado, y los grupos armados de oposición, por el otro. Así sucede en el departamento nororiental de Arauca, rico en petróleo, donde los intereses económicos, especialmente los asociados al control de los importantes recursos petrolíferos del departamento, y los intentos de la guerrilla de sabotear estos recursos y obtener fondos mediante extorsiones a la industria petrolera han avivado el conflicto durante más de 20 años. La cifra de civiles muertos en el departamento es escalofriante. Aunque las cifras varían según las fuentes consultadas, se calcula que, únicamente en el municipio de Tame, que cuenta con una población de tan sólo unos 55.000 habitantes,(3) al menos 175 personas fueron asesinadas en 2003, frente a las 144 de 2002 y las 86 de 2001.

En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las medidas recientemente adoptadas por el gobierno como parte de su estrategia de "seguridad democrática" han agravado la crisis de derechos humanos de Arauca.(4) La creación de una red de informantes civiles, algunos de ellos pagados, y de un ejército de "soldados campesinos" obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad ha puesto a los civiles en peligro de ser atacados por la guerrilla, mientras que la aprobación por el Congreso de una ley que otorga poderes de policía judicial a las fuerzas armadas probablemente facilitará la práctica ya existente de iniciar investigaciones judiciales, muchas veces infundadas, contra defensores de los derechos humanos y otros civiles. Estas tácticas tienen como finalidad empañar la imagen de los defensores y los activistas sociales al acusarlos de actividad guerrillera, y los expone a un mayor peligro de ser víctimas de ataques violentos de los paramilitares, independientemente de que las investigaciones descubran o no indicios de actividades delictivas. Si el ejército actúa de "policía" con sus propios miembros, lo más probable es que muy pocos de ellos sean investigados por violaciones de derechos humanos, si es que se investiga a alguno.

El uso de la legislación de emergencia por parte del gobierno también ha sido motivo de preocupación. Colombia ha pasado la mayor parte de los últimos 50 años bajo diversos estados de emergencia, en los que se han dejado de lado las garantías constitucionales, los gobiernos han gobernado por decreto y al ejército se le han concedido amplios poderes para encargarse de cuestiones de orden público. Esto ha dado lugar a violaciones flagrantes y generalizadas de derechos humanos. El Presidente Uribe declaró el Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002, tan sólo tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de 2002 emitió el decreto 2002, que le permitiría establecer el 21 de septiembre dos zonas de seguridad, las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, una de las cuales abarcaba tres municipios de Arauca: Arauca, Saravena y Arauquita. El 29 de abril de 2003, la Corte Constitucional se pronunció contra la renovación del estado de emergencia y todos los decretos relacionados con él, incluido el decreto 2002. Sin embargo, en la práctica, el ejército sigue utilizando muchas de las medidas anuladas por la Corte. Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación se establecieron para reducir la violencia, al final se caracterizaron por un aumento de la inseguridad y de las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.(5)

Durante el gobierno del Presidente Uribe, los activistas sociales y de derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio, "desaparición", detenciones arbitrarias, amenazas y acoso. Además, pese a haber expresado interés en mantener un diálogo con las ONG, en la práctica el gobierno, las fuerzas de seguridad y otras autoridades han tratado a menudo y de forma cada vez más frecuente a los defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales como subversivos, calificándolos así en declaraciones públicas y haciéndolos blanco de ataques durante operaciones de inteligencia y de contrainsurgencia. Esta forma de actuar ha expuesto a muchos de ellos, también en Arauca, a amenazas y ataques de paramilitares respaldados por el ejército. El 8 de septiembre de 2003, el Presidente Álvaro Uribe atacó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos describiendo a algunas de ellas (sin especificar cuáles) como "politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos".(6)

El departamento nororiental de Arauca está situado cerca de la cordillera oriental de los Andes. Tiene unos 265.000 habitantes(7) y abarca 23.000 kilómetros cuadrados. Se compone de siete municipios: Arauca, Arauquita, y Saravena, en el norte del departamento, y Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, en el sur. Este departamento, que hace frontera con Venezuela, consta de tres subregiones geográficas: la cordillera de los Andes, el piedemonte y la sabana. Sus recursos petrolíferos están situados sobre todo en el límite entre el piedemonte y la sabana.

Arauca cuenta con una reducida población indígena que se compone, entre otros, de U'was y guahibos. La región fue colonizada por primera vez por inmigrantes en la década de 1950, cuando llegaron hasta allí familias que buscaban refugio frente a "La Violencia" de otras zonas de Colombia.(8) La segunda oleada colonizadora significativa se produjo tras el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980, cuando más familias se trasladaron al departamento en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.

Aunque la mayoría de los cultivos de coca se concentran en el sur del país, Arauca ha presenciado recientemente un aumento de las plantaciones ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, y citando fuentes militares, el cultivo de coca aumentó de 978 a 12.000 hectáreas en el periodo 2000-2001, aunque, según la policía, el aumento ha sido mucho más modesto, de las 978 hectáreas del año 2000 a 2.749 en el 2001.(9)

Décadas de homicidios: los grupos armados de oposición y los paramilitares

Los grupos de guerrilla surgieron en la década de 1950, durante "La Violencia". En ese periodo, grupos armados vinculados a los partidos Liberal y Comunista se vieron obligados a replegarse a zonas remotas e inaccesibles del país. Esos grupos armados formaron el núcleo del principal movimiento de oposición armada durante los últimos 50 años, que en 1966 se consolidó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas de grupos campesinos creados para defender las comunidades favorables al Partido Liberal. Las FARC son el grupo de guerrilla más grande del país, con unos 20.000 combatientes. El otro grupo importante que todavía existe es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 4.000 combatientes.

Gracias al frágil control estatal, las guerrillas establecieron amplios bastiones en muchas zonas del país, en las que, en la práctica, determinaban la política de gobierno local y ejercían un notable control sobre la población. Estas organizaciones guerrilleras atacaban con frecuencia las fincas rurales de los terratenientes adinerados: la extorsión y los secuestros se convirtieron en prácticas habituales en las zonas rurales. Desde la década de 1990, las FARC han tratado de aumentar significativamente los ataques en zonas urbanas, cuya población civil ha sufrido cada vez más el peso de esos ataques.

Los paramilitares respaldados por el ejército –que cuentan con entre 10.000 y 20.000 miembros, dependiendo de la fuente citada– tienen su origen en los grupos civiles de "autodefensa" legalmente constituidos que el ejército creó para que le sirvieran de auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal se eliminó en 1989, apenas se han hecho esfuerzos por disolverlos. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente su colaboración con las fuerzas de seguridad. También las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han documentado en sus informes fuertes vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, y las investigaciones judiciales y disciplinarias siguen implicando a oficiales de alta graduación en violaciones de derechos humanos cometidas por unidades paramilitares. Durante las últimas décadas se ha hecho a los paramilitares responsables de la mayoría de los homicidios y "desapariciones" de civiles perpetrados.

Las fuerzas armadas, a medida que se han ido enfrentando a una creciente condena internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas, han ido recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de auxiliares paramilitares para poner en marcha las tácticas de "guerra sucia" empleadas por el ejército en su estrategia de contrainsurgencia. En los últimos años, la atención nacional e internacional se ha centrado cada vez más en la necesidad de desmantelar los mecanismos de impunidad que han garantizado que, salvo en casos excepcionales, los miembros de las fuerzas armadas puedan eludir las investigaciones o los castigos pertinentes. Para evitar estas presiones, los responsables de diseñar y poner en práctica la "guerra sucia" han delegado muchas tareas en las fuerzas paramilitares, y ello les ha permitido continuar con su estrategia sin temor a ser procesados.

Las políticas del actual gobierno están dando marcha atrás a los limitados intentos de los gobiernos anteriores de desmantelar los mecanismos de impunidad, garantizando que los miembros de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares pueden seguir perpetrando violaciones de derechos humanos sin apenas posibilidad de ser procesados. La introducción de estas políticas coincidió con la declaración de una "tregua", el 1 de diciembre de 2002, por parte de la principal agrupación paramilitar del país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al hecho de que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han considerado que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de ello, la zona se ha visto fuertemente militarizada. En particular, durante los últimos 18 meses el gobierno ha utilizado el departamento como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente en lo que se refiere a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. El hecho de que estas zonas ya no estén legalmente en funcionamiento apenas ha aliviado los ataques constantes e indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra la población civil, especialmente contra los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales. Mientras tanto, en los últimos años, los grupos paramilitares han reforzado su control sobre el departamento de Arauca en un aparente intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales; para ello, han actuado en colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. Los grupos de guerrilla, especialmente las FARC, han respondido a las medidas de seguridad del gobierno y a la presencia cada vez mayor de los grupos paramilitares en Arauca aumentando su actividad para intimidar y atacar a sectores de la población civil, especialmente a los funcionarios del Estado locales.

No puede pasarse por alto la dimensión internacional del conflicto de Arauca. A causa de los intereses de empresas petroleras estadounidenses y, en menor medida, de otras empresas petroleras extranjeras en el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado especial atención a la región y ha destinado a ella importantes recursos militares, incluidos "asesores militares". El gobierno de Estados Unidos ayuda a financiar la brigada del ejército de Colombia que actúa en el departamento de Arauca, la XVIII Brigada. Según los informes, la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum también ha ayudado a financiar la brigada, aunque no ha confirmado si sigue haciéndolo(10). Esta brigada ha sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y de colaborar con las fuerzas paramilitares, y eso ha arrastrado invariablemente al gobierno estadounidense a una serie de controversias en materia de derechos humanos, como los homicidios de Santo Domingo de 1998, en la que 17 civiles, entre ellos 6 niños, murieron cuando un helicóptero financiado por Estados Unidos y pilotado por la fuerza aérea colombiana bombardeó el pueblo de Santo Domingo utilizando munición estadounidense.

Los homicidios de Santo Domingo

Existen datos creíbles que indican que, en 1998, miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que pilotaban un helicóptero de combate financiado por Estados Unidos cometieron una grave violación del derecho internacional humanitario en el pueblo de Santo Domingo, municipio de Tame, al arrojar una bomba de racimo que mató a varios civiles. El helicóptero estaba asignado al Comando Aéreo de Combate núm. 1, que durante casi una década había recibido ayuda estadounidense en materia de seguridad. Según los informes, el ejército reaccionó a los indicios de abuso engañando a los investigadores civiles. El comandante de la Fuerza Aérea, el general Héctor Velasco, criticó a los grupos de derechos humanos que pedían justicia en el caso de Santo Domingo, equiparándolos públicamente con guerrilleros y narcotraficantes.

El suceso tuvo lugar el 13 de diciembre de 1998, después de más de un día de combates en torno al pueblo entre el ejército y el Frente 10 de las FARC. Hacia las diez menos cuarto de la mañana, una explosión en Santo Domingo mató a seis niños. También mató a 11 adultos. Veintiocho testigos presenciales afirmaron que la explosión había sido causada por un cohete disparado por un helicóptero militar colombiano. Los testigos también declararon que el ejército había arrojado al menos otros dos explosivos contra Santo Domingo.

Aunque la fuerza aérea archivó su investigación preliminar, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación reunió pruebas periciales que fueron examinadas por expertos colombianos y por la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que entre las muestras había restos de un cohete de fabricación estadounidense. A consecuencia de ello, la Unidad recomendó que la Fuerza Aérea Colombiana reabriera su investigación. Sin embargo, la fuerza aérea declaró nulo ese resultado. El caso fue transferido finalmente al sistema de justicia civil a principios de 2003, después de que, en octubre de 2002, la Corte Constitucional resolvió que los homicidios constituían una violación de derechos humanos y una infracción del derecho internacional humanitario. En enero de 2003, Estados Unidos retiró la certificación(11) a la base aérea de Palanquero, donde está estacionado el Comando Aéreo de Combate núm. 1, por la falta de "transparencia" en la investigación sobre los homicidios. El 25 de agosto el general Velasco dimitió como jefe de la Fuerza Aérea. Los tribunales no han condenado todavía a nadie por los homicidios.

Según los documentos presentados en la causa de Luis Alberto Galvis Mujica contra Occidental Petroleum y Airscan en virtud de la Ley sobre Delitos Cometidos contra Extranjeros,(12)(Alien Tort Claims Act), la Fuerza Aérea recibió las coordinadas para el bombardeo de Airscan Inc, empresa estadounidense que, hasta hace poco tiempo, estuvo trabajando como contratista en materia de seguridad para Occidental Petroleum.(13) Según las pruebas presentadas por el demandante, el bombardeo fue planeado por la Fuerza Aérea y Occidental Petroleum en el complejo de la empresa en Caño Limón, y Occidental Petroleum y Airscan brindaron apoyo y asesoramiento para el ataque.

Según la demanda, Airscan proporcionó servicios de vigilancia aérea para esta misión durante el bombardeo, y ayudó a que la Fuerza Aérea Colombiana identificara el blanco del bombardeo y a que las tropas del ejército desembarcaran durante la misión. Al parecer, la empresa lo hizo mediante tres empleados que, en el momento del ataque, volaban en un avión Skymaster suministrado por Occidental Petroleum. A los tres pilotos de Airscan los acompañaba, al parecer, un militar colombiano que, en aquel entonces, actuaba como oficial de enlace de la Fuerza Aérea Colombiana con Occidental Petroleum. El 25 de enero de 2002, Angel Trífilo Chaparro, testigo de los homicidios, fue asesinado en Tame, según los informes por paramilitares.

La información incluida en este informe fue reunida por los delegados de Amnistía Internacional que visitaron Arauca en septiembre de 2002 y marzo de 2003. Durante su visita, los delegados se entrevistaron con sectores representativos de la comunidad civil, política y militar de Arauca, así como con representantes de la Iglesia Católica. Los nombres de algunos testigos se han ocultado, para su protección. Amnistía Internacional pidió a Occidental Petroleum que respondiera a algunas de las denuncias indicadas en este informe, pero la empresa no respondió a las preguntas concretas que se le plantearon.

2. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO

La empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum descubrió el yacimiento petrolífero de Caño Limón en 1983, y empezó a extraer petróleo en 1985.(14) El petróleo se transporta hasta la costa del Caribe por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 773 kilómetros de longitud, que ha sido atacado con explosivos en repetidas ocasiones por los grupos de guerrilla en Arauca (donde cruza los municipios septentrionales de Arauca, Arauquita y Saravena).(15) Las repercusiones de este yacimiento en Colombia han sido fundamentales: ha transformado el país, convirtiéndolo de importador a exportador neto de petróleo crudo. De él se han extraído 910 millones de barriles, de la reserva de 1.300 millones de barriles que se le calcula. Está empezando a agotarse pero, según Occidental Petroleum, aún sigue aportando casi el 30 por ciento de la producción total de petróleo de Colombia. A menos que se descubran o se exploten nuevas reservas, Colombia volverá a convertirse en explotador neto de petróleo a lo largo de este año.(16)

Occidental Petroleum actúa mediante un "contrato de asociación" con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que posee el 50 por ciento del oleoducto. El otro 50 por ciento es propiedad de Occidental Petroleum y de la empresa española Repsol-YPF, que tiene una pequeña participación en el negocio. Repsol- YPF también tiene importantes intereses en el departamento, como el yacimiento petrolífero de Capachos I, en el municipio de Tame.

Occidental Petroleum es el segundo productor de petróleo de Colombia. También es importante destacar que, con la inseguridad de los mercados de petróleo de Oriente Medio y Próximo y las amenazas previstas a la exportación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, el gobierno estadounidense está ansioso por estabilizar el sector petrolero colombiano. Los cambios de los contratos de asociación, que aumentan el margen de beneficios de las empresas que participen, también han despertado el interés por la explotación de los recursos petrolíferos de Colombia.

Por lo tanto, el control de los recursos petroleros de Arauca no sólo es fundamental para la economía colombiana, sino que también es importante para los intereses estadounidenses. Por ello, el gobierno de Estados Unidos ha dedicado recursos considerables a proteger el oleoducto. Desde 2002 ha entregado a Colombia más de 1.900 millones de dólares en concepto de ayuda, incluidos fondos para actividades de contrainsurgencia y antinarcóticos, lo que ha convertido a Colombia en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense del mundo, detrás de Israel y Egipto. En la cifra total se incluyen 99 millones de dólares aprobados en 2003 para financiar la protección del oleoducto, principalmente mediante la compra de helicópteros, servicios de formación e inteligencia y material para la XVIII Brigada, así como la creación de una nueva Brigada Móvil núm. 5 (inicialmente asignada a la protección del oleoducto) y unidades adicionales fluviales y de policía, todas ellas equipadas con material pagado con fondos estadounidenses.(17) En enero de 2003, 60 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses llegaron a Arauca, uniéndose a los 10 que ya estaban allí, para formar a unidades de la XVIII Brigada. Occidental Petroleum también ha proporcionado a la Brigada, según los informes, recursos económicos y apoyo logístico, incluidos helicópteros de transporte, para ayudar a proteger el oleoducto.(18)

La industria petrolera ha proporcionado a las fuerzas de seguridad más de una década de ingresos sustanciales. El "impuesto de guerra" establecido por el gobierno colombiano en 1992 obligaba a las empresas petroleras a pagar aproximadamente un dólar por barril.(19) Según un artículo publicado en 2002 en Los Angeles Times, Occidental Petroleum pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas en concepto de apoyo logístico.(20) El 12 de septiembre de 1996, la Asociación Cravo Norte –que actúa en el yacimiento de Caño Limón y es propiedad de Ecopetrol y Occidental Petroleum– había firmado un "acuerdo de colaboración" mediante el cual se comprometía a proporcionar ayuda económica a las unidades de la XVIII Brigada que actuaran en las cercanías del yacimiento.(21) El acuerdo de colaboración incluía unos dos millones de dólares en forma de un desembolso anual a las fuerzas de seguridad colombianas.(22)

Muchas de las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario perpetradas por los dos bandos del conflicto tienen lugar en comunidades y zonas cercanas al oleoducto de Caño Limón:

· el 22 de diciembre de 2002, las FARC, según parece, volaron un autobús que llevaba a trabajadores de Occidental en la carretera que va de Arauca a Caño Limón. Dos trabajadores murieron y 12 resultaron heridos;

· el 16 de diciembre de 2002, dos hombres armados y encapuchados, con chaquetas negras y pantalones de camuflaje, dieron el alto a un campesino que viajaba en su camión, junto con su mujer y sus hijos, en Playas de Bojaba, hacia la carretera de Saravena, según los informes. Obligaron a todos los miembros de la familia a apearse del vehículo, los registraron y dieron patadas al esposo. Luego los obligaron a todos a tumbarse en el suelo. Se llevaron a la esposa a los matorrales y, al parecer, la violaron tras amenazarla con matar a sus hijos. Luego se marcharon, llevándose muchas de las pertenencias de las víctimas. Esa zona está fuertemente militarizada, ya que queda cerca del oleoducto;

· el 10 de agosto de 2002, la Cooperativa de Coagrosarare, en la vereda de Alto Satoka, Saravena, fue saqueada, al parecer por soldados del batallón núm. 27 del ejército, cuya responsabilidad es proteger el oleoducto de Caño Limón. Los soldados se marcharon, no sin antes pintar, según parece, lemas paramilitares en las paredes.

Las comunidades que viven a lo largo del oleoducto están bajo la estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad, que muchas veces las intimidan advirtiéndoles de que los paramilitares vienen detrás o utilizando representantes paramilitares para amenazarlas y acosarlas. Las guerrillas también han amenazado a quienes denuncian los ataques de grupos de oposición armados contra el oleoducto.

Amnistía Internacional no pone en duda el deber de las empresas de garantizar la seguridad de su personal. Sin embargo, la organización cree que las empresas que actúan en zonas de conflicto deben asegurarse de que sus operaciones no contribuyen, deliberada o involuntariamente, a violaciones de derechos humanos.

Tal como muestra este informe, Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos de soldados de la XVIII Brigada de Arauca –que recibe financiación de Estados Unidos y, según los informes, de Occidental Petroleum para proteger el oleoducto– que han estado implicados en violaciones graves de derechos humanos, ya sea directamente o en connivencia con las fuerzas paramilitares.

Ayuda militar: proteger los intereses estadounidenses en la región

En 1994 se suspendió la ayuda militar directa de Estados Unidos al ejército de Colombia a causa de la terrible situación de los derechos humanos en el país y de la connivencia de las autoridades con los grupos paramilitares ilegales responsables de atrocidades generalizadas contra los derechos humanos. Sin embargo, en el año 2000, a pesar de los abrumadores indicios de que continuaban los vínculos del ejército con los paramilitares, el gobierno estadounidense aprobó un programa masivo de ayuda militar a Colombia, destinada en su mayoría al ejército. Los controles y salvaguardias establecidos respecto a esta ayuda no son suficientes para garantizar que no se utilizará –ya sea directamente o indirectamente, a través de los grupos paramilitares– para cometer violaciones graves de derechos humanos.

El 13 de julio de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la ley pública 106-246, que incluía una partida de 1.300 millones de dólares estadounidenses de ayuda, principalmente militar, para Colombia. Al aprobar esta ayuda, el Congreso estadounidense votó a favor de imponer estrictas condiciones en materia de derechos humanos (lo que se conoce como la "certificación"), que posteriormente el presidente Clinton decidió no aplicar por motivos de seguridad nacional estadounidense. La ayuda de Estados Unidos se canaliza a través de un controvertido paquete conocido como Plan Colombia, descrito por el gobierno estadounidense como un plan de ayuda destinado a combatir el narcotráfico y a contribuir a alcanzar la paz. El Plan propone una estrategia principalmente militar para hacer frente al cultivo y el tráfico ilegal de drogas mediante una ayuda militar sustancial a las fuerzas armadas y la policía colombianas, y mediante la creación de tres batallones antinarcóticos en el ejército.

Varias empresas petroleras desempeñaron un importante papel en la captación de apoyos ante el Congreso estadounidense para que se aprobara la ayuda militar a Colombia a pesar del pésimo historial de derechos humanos del ejército colombiano. En 1996, BP Amoco y Occidental Petroleum, entre otras, crearon la Colombia Business Partnership para captar apoyos en favor de dicha ayuda militar. El 15 de febrero de 2000, Lawrence Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, se dirigió al Subcomité de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso estadounidense diciendo: "la batalla contra el narcotráfico no puede ganarse sin una fuerza militar más potente, mejor equipada y altamente disciplinada", e instó a los congresistas "a asegurarse de que el paquete de ayuda que de aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio entre el apoyo a la Policía Nacional de Colombia y al ejército". También instó al Congreso "a considerar el apoyo a las operaciones contra el narcotráfico tanto en las regiones del norte como en el sur. Esto ayudará a aumentar la seguridad para los proyectos de desarrollo petrolífero".(23)

En julio de 2002, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley de emergencia sobre gasto suplementario que eliminó una disposición anterior que limitaba la ayuda estadounidense a esfuerzos contra el narcotráfico. Según la nueva normativa, la ayuda estadounidense en materia de seguridad puede utilizarse contra "organizaciones designadas como organizaciones terroristas [...]". La nueva estrategia de Estados Unidos permite por primera vez la ayuda estadounidense a Colombia para actividades de contrainsurgencia, incluida la acción directa contra grupos armados. Estados Unidos proporciona ahora ayuda militar para uso directo en operaciones de contrainsurgencia específicamente para proteger instalaciones petroleras explotadas por empresas estadounidenses, como Caño Limón. En agosto de 2002, el gobierno estadounidense decidió una vez más no aplicar los requisitos sobre derechos humanos necesarios para obtener la certificación.

En febrero de 2003, el Congreso aprobó otros 439 millones de dólares para Colombia de la Iniciativa Andina Antinarcóticos: 284 millones para ayuda policial y militar y el resto para ayuda económica y social. En abril, el Congreso aprobó también otros 105 millones de ayuda de emergencia, la mayoría consistente en transferencias adicionales de material militar. El presidente Bush ha pedido otros 574 millones de dólares para Colombia para el año fiscal 2004, que comenzó el 1 de octubre de 2003.

A pesar de que ni el gobierno ni el ejército colombianos han cumplido las condiciones en materia de derechos humanos establecidas por el Congreso, tanto el gobierno de Clinton como el de Bush han aprobado repetidamente la ayuda militar a Colombia. Pese a los serios recelos de algunos miembros del Senado, que hicieron que la ayuda estadounidense se retuviera temporalmente, la ayuda económica del año fiscal 2003 se aprobó finalmente y se hizo llegar a Colombia. Según los nuevos criterios negociados en el presupuesto de 2003, el proceso de certificación ahora se aplica sólo al 25 por ciento de la ayuda estadounidense para seguridad, mientras que anteriormente se aplicaba al 100 por ciento. Se cree que en 2004 la certificación se aplicará al 50 por ciento de la ayuda.

La lucha por el dominio: guerrillas y paramilitares

La violencia política en Arauca aumentó significativamente tras el descubrimiento de petróleo en la región a mediados de la década de 1980. Aunque tanto las FARC como el ELN estaban presentes en el departamento desde principios de esa misma década, sus esfuerzos por controlar Arauca no cobraron intensidad hasta después de que se descubriera petróleo en la zona. Se cree que las FARC cuentan con unos 1.000 guerrilleros en Arauca, agrupados en torno a los frentes 10 (Guadalupe Salcedo) y 45 (Atanasio Girardot) y a las columnas Alfonso Castellanos y Usías Cuéllar. Respecto al ELN, se cree que cuenta con 500 combatientes organizados en torno al frente Domingo Laín y a las compañías Capitán Pomares y Simacota.

Los paramilitares respaldados por el ejército se afianzaron militarmente en el departamento de Arauca en 2001, tras una serie de operaciones en gran escala llevadas a cabo por el ejército colombiano –la más destacada, la Operación Arawac– contra las fuerzas de guerrilla en la región.(24) La mayoría llegaron desde el departamento de Casanare, al sur de Arauca, y han ido avanzando hacia el norte del departamento, a través de Cravo Norte, Tame y Puerto Rondón. Ahora tienen una presencia significativa en el municipio de Arauca, aunque donde siguen siendo más fuertes es en los tres municipios del sur. El aumento de la actividad paramilitar en el departamento coincidió con el final de la exploración y producción petrolífera en Casanare y con el anuncio del hallazgo de nuevos yacimientos en el departamento de Arauca. Los paramilitares ya no sólo dedican sus esfuerzos a proteger los recursos petroleros de Arauca frente a los ataques de la guerrilla, como hicieron en Casanare, sino que intentan además hacerse con el control del negocio de coca de la región, cada vez más importante, y de las rutas de entrada y salida nacionales e internacionales del departamento de Arauca a través del piedemonte y la sabana. Los paramilitares del departamento de Arauca pretenden además impedir que los grupos guerrilleros apliquen "impuestos de protección" a las empresas petroleras que actúan en la zona.

Los paramilitares se esfuerzan también por minar el presunto apoyo de la población civil a las guerrillas mediante tácticas de terror tales como matanzas, homicidios selectivos y amenazas, principalmente contra defensores de los derechos humanos, activistas sociales y sindicales, periodistas, maestros y trabajadores de la salud. Estos sectores son atacados para silenciar las denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares en la región, para romper cualquier vínculo –presunto o imaginado– entre la población civil y la guerrilla, para silenciar la oposición a la explotación petrolera y a otros intereses económicos, así como a la privatización de los servicios de salud y educación, y para obligar a las comunidades campesinas o indígenas que viven cerca de instalaciones petroleras o zonas que van a ser explotadas a desplazarse. Las principales unidades paramilitares que actúan en la región son los bloques Centauro y Casanare, que forman parte de las AUC.

3. LA RESPUESTA OFICIAL: ESTADO DE EMERGENCIA

El gobierno del Presidente Uribe declaró un Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002, tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de ese mismo año emitió el decreto 2002, por el que se establecía el mecanismo de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, se otorgaban al ejército poderes de policía judicial y se permitía a los militares mantener un registro de la población.(25) Un Estado de Conmoción Interior, menos drástico que el decreto 2002, otorga poderes notables al ejército, como el derecho a limitar la libertad de circulación y residencia, impedir que la radio y la televisión transmitan información "delicada", restringir reuniones y manifestaciones, interceptar comunicaciones sujetas a autorización judicial y realizar detenciones preventivas sin orden judicial.

El 25 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró que algunas partes del decreto 2002 eran inconstitucionales, especialmente aquellas que otorgaban al ejército poderes de policía judicial y el derecho a mantener un registro de la población civil. El 29 de abril de 2003, la Corte se pronunció contra la renovación del estado de emergencia y del decreto 2002, y ello llevó al gobierno a introducir un proyecto de ley de reforma constitucional que otorgaría poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. Esos poderes permitirían al ejército realizar detenciones, registrar domicilios e interceptar comunicaciones sin autorización judicial. El Congreso aprobó el proyecto de ley el 10 de diciembre de 2003. El proyecto entrará en vigor una vez que el Congreso apruebe una ley de habilitación, lo que probablemente hará a mediados de 2004.(26)

La zona de rehabilitación y consolidación de Arauca

El decreto 2002 también otorgaba al ejército poderes adicionales a los contenidos en el Estado de Conmoción Interior, y restringía ciertos derechos en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como zonas geográficas "afectada[s] por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base en la conmoción interior".(27)

El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas de Rehabilitación y Consolidación: en los departamentos de Sucre y Bolívar y en el departamento de Arauca. Entre las dos abarcaban 29 municipios (16 en Sucre, 10 en Bolívar y 3 en Arauca).(28) Dentro de ellas, un mando militar tenía el control de todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía. Además, en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación:

· determinadas personas que quisieran abandonar la zona tenían que informar a las autoridades con dos días de antelación. Quien infringiera este requisito podía ser detenido hasta 24 horas;

· los individuos que no llevaran consigo sus documentos de identidad podían ser detenidos hasta 24 horas.

El decreto 2002 también incluía restricciones específicas para los extranjeros que quisieran visitar las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. La intención del gobierno con esta medida quedaba clara en el párrafo preambular ocho del decreto, que establecía que "es necesario evitar la presencia de criminales extranjeros que entren, den instrucción o se unan a las acciones de las organizaciones criminales que existen en el país, circunstancia que justifica la comparecencia de los extranjeros ante las autoridades". Los extranjeros que desearan entrar en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación debían pedir autorización al gobernador ocho días laborables antes de la visita, y si la zona que deseaban visitar abarcaba más de un departamento necesitaban autorización del Ministerio del Interior. Quienes no cumplieran este requisito podían ser expulsados. Además, los extranjeros debían presentarse ante las autoridades si se les pedía que lo hicieran. Si no lo hacían, también podían ser expulsados. Estas medidas se utilizaron para restringir el acceso a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de los observadores humanitarios y de derechos humanos. Las Zonas de Rehabilitación y Consolidación dieron lugar a un aumento de las violaciones de derechos humanos, y al mismo tiempo facilitaron a las autoridades el silenciar las denuncias de dichas violaciones. Además, en la práctica, muchas de las restricciones impuestas en virtud del Estado de Conmoción Interior y del decreto 2002 siguieron aplicándose a pesar de la resolución de la Corte Constitucional contra esas medidas.

Un soldado en cada esquina: la militarización de Arauca

Arauca es uno de los departamentos más militarizados del país, y se militarizó aún más tras la creación en septiembre de 2002 de la zona de rehabilitación y consolidación en sus tres municipios septentrionales. La brigada del ejército destinada en él es la XVIII Brigada, que hasta finales de 2003 estuvo dirigida por el general Carlos Lemus Pedraza (designado también comandante de la zona de rehabilitación y consolidación) y ahora está al mando del brigadier general Gustavo Matamoros Camacho. La XVIII Brigada tiene su base en la capital, Arauca. Se compone de varios batallones y unidades, entre los que se encuentran el Batallón de Contraguerrillas Núm. 46 "Héroes de Saraguro" en Arauquita,(29) el Batallón de Ingenieros Núm. 18 "Navas Pardo" en Tame, el Batallón de Contraguerrillas Núm. 49 "Héroes de Tarazá" en Fortul, y el Grupo de Caballería Mecanizado Núm. 18 "General Rebeíz Pizarro" en Saravena.

La presencia militar se vio reforzada tras la creación de la zona de rehabilitación y consolidación, con nuevas unidades del ejército, policía adicional, escuadrones antimotines y nuevo material para las unidades fluviales adscritas a la Brigada de Infantería de Marina. La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) también ha tenido una presencia permanente desde noviembre de 2002, y además hay varias unidades móviles, como la Brigada Móvil 5.

El coste en derechos humanos: la intensificación del conflicto armado

Aunque la situación en lo que se refiere a la seguridad y los derechos humanos ha sido crítica en todo el departamento de Arauca durante años, el gobierno prefirió limitar la zona de rehabilitación y consolidación a los tres municipios del norte. Precisamente por ellos pasa el oleoducto de Caño Limón. Los cuatro municipios del sur, dominados por los paramilitares, fueron excluidos de las medidas especiales de seguridad. La sección noroccidental del oleoducto atraviesa también la segunda zona de rehabilitación y consolidación, establecida en Sucre y Bolívar. Al preguntársele por qué sólo se habían incluido en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación las áreas con una fuerte presencia de la guerrilla, el gobernador de Arauca respondió que "el Gobierno así lo decidió. Ellos hicieron un análisis minucioso de la situación y hablaron con mucha gente, y se llenaron de motivos. Con seguridad, lo que concluyeron es lo mejor".(30)

Los ocho meses durante los cuales estuvo vigente la zona de rehabilitación y consolidación se caracterizaron por un aumento de las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario por parte de los bandos en conflicto. Durante ese periodo, el ejército llevó a cabo varias redadas y detenciones masivas, muchas de las cuales afectaron a defensores de los derechos humanos y activistas sociales y sindicales, como la detención de 2.000 personas en Saravena el 12 de noviembre de 2002. También hubo un notable incremento del uso, por parte de grupos de oposición armada, de coches y bicicletas bomba, muchos de los cuales mataron a civiles, incluidos niños. Continuaron imparables los homicidios de defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, políticos y funcionarios públicos, y en algunos municipios incluso aumentaron. Durante este periodo también se realizaron amenazas masivas de muerte de guerrilleros y paramilitares contra numerosos sectores de la sociedad.

En el centro urbano de Saravena, 18 personas murieron en un periodo de tan sólo dos semanas en la segunda mitad de febrero de 2003, a pesar de que esa localidad es una de las más militarizadas de Colombia, con una notable presencia de personal del ejército y la policía. Entre los muertos había dos niños: Josué Quiroga Granados, de 15 años, y Miguel Ángel Mantilla Muñoz, de 17.

Un informe de la Procuraduría General sobre Arauca dice: "Las medidas adoptadas y la ejecución de las mismas no han arrojado los resultados esperados, como se demuestra a lo largo del presente informe relativo específicamente a la zona de rehabilitación en el departamento de Arauca. La amenaza a los mandatarios locales continúa y ahora se extiende a los funcionarios públicos municipales […] y la vigencia de los derechos –especialmente el derecho a la vida– no muestra en dicha zona, ninguna recuperación. Esas y otras razones permiten afirmar, que la experiencia de la zona de rehabilitación y consolidación en Arauca es un experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio sí han generado otras dificultades [tal como] la exposición de la población civil a un mayor al riesgo del que ha venido padeciendo".(31)

El informe de 2002 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, también criticaba la conducta del ejército en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación: "En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió a las facultades a ella atribuidas por el decreto [2002] [...] de practicar capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con un alto número de personas retenidas, de las cuales sólo una minoría fue puesta a disposición judicial. En varios casos, la utilización de informantes encapuchados estigmatizó a las personas señaladas".(32)

Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y el estado de emergencia ya no están legalmente vigentes, la conducta del ejército no ha variado: sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias y manteniendo registros de la población. Además, los esfuerzos por criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a los activistas sociales van en aumento. Amnistía Internacional sigue asimismo documentando casos de tortura, homicidio y "desaparición" perpetrados por el ejército, ya sea directamente o en connivencia con los paramilitares.

4. ARRASTRAR A LOS CIVILES AL CONFLICTO

Un principio fundamental del derecho internacional humanitario es que las partes implicadas en un conflicto, incluidos los conflictos clasificados como no internacionales, como es el caso de Colombia, deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles y objetivos militares. No está permitido atacar a civiles, es decir, a personas que no pertenecen a las fuerzas armadas de cualquiera de los bandos. Este principio, conocido como el principio de distinción, está codificado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos Adicionales de 1977. El principio de distinción es una norma fundamental del derecho internacional humanitario consuetudinario, vinculante para todas las partes de los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales.

En lugar de proteger a los civiles frente a las hostilidades, las medidas adoptadas por el gobierno parecen estar destinadas a arrastrarlos aún más al conflicto. Esto se ha visto agravado por la actitud del Presidente Uribe de no respetar el principio de distinción. En una carta a Amnistía Internacional, fechada el 16 de octubre de 2002, el Presidente Uribe escribió: "Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra cualquier modalidad criminal". Aunque un Estado puede instar a sus ciudadanos a colaborar con sus instituciones judiciales y denunciar violaciones de derechos humanos, en situaciones de conflicto el Estado no debe promover prácticas que expongan a los civiles como blancos directos del conflicto. Algunas de las medidas gubernamentales que se han aplicado en Arauca han arrastrado a los civiles aún más al conflicto.

Las medidas gubernamentales que amenazan con difuminar la distinción entre civiles y combatientes son contrarias al artículo 13.1 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que se aplica a conflictos armados no internacionales y que establece: "La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares". Colombia se adhirió al Protocolo II de los Convenios de Ginebra el 14 de agosto de 1995.

El ejército de soldados campesinos

Al ocupar su cargo en agosto de 2002, el gobierno anunció que crearía inmediatamente una fuerza de al menos 15.000 "soldados campesinos" (o "soldados de mi pueblo", como también se los conoce), que llegaría a los 100.000 antes de que terminara su mandato en 2006. Según el gobierno, estos soldados serían soldados voluntarios que, a diferencia de los soldados regulares, actuarían en áreas de su comunidad local o cerca de ellas. Se creía que al finalizar 2003 había algo más de 17.000 de estos soldados campesinos. Según el gobierno, los había en todos los municipios de Arauca. Además, la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, declaró que el número de soldados campesinos en el departamento aumentaría en 2004, a causa de la grave situación de seguridad.(33)

Como soldados, estos soldados campesinos no gozan de la protección otorgada a los civiles por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta iniciativa suscita preocupación ya que, como la mayoría de ellos actúa en su comunidad, sus familias podrían ser más vulnerables a los ataques de la guerrilla al ser más conocida su relación con los soldados campesinos que actúan en la zona. Por ello, existe el peligro de que los soldados campesinos puedan ser absorbidos en la estrategia paramilitar, como medio para protegerse a ellos mismos y a sus familias de los ataques de la guerrilla. Estas mismas familias pueden asimismo sentirse obligadas a unirse a las redes de informantes civiles para garantizar su propia protección. Toda esta situación ha colocado a las familias de los soldados campesinos en un mayor peligro de ser blanco de los ataques de las guerrillas. De hecho, el 4 de marzo de 2003 el ELN emitió una amenaza de muerte contra los soldados campesinos de Arauca. Al mismo tiempo, existe el peligro de que los paramilitares que actúan en Arauca se hayan podido incorporar a las unidades de soldados campesinos. Entre las primeras unidades de este tipo que se crearon se encontraban las de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, precisamente los municipios en los que los paramilitares consolidaron su posición tras la Operación Arawac.

Dada la precaria situación económica de numerosas comunidades rurales, muchos individuos pueden sentirse tentados a unirse al "ejército campesino" simplemente como forma de escapar de la más absoluta pobreza. Además, están muy poco claros el grado y la calidad de la formación que recibirán estos soldados, y hay pocos indicios de que se hayan puesto en marcha procedimientos para investigar los antecedentes de los candidatos, así como poca información sobre si estos soldados campesinos estarán sometidos a los controles y procedimientos disciplinarios normales.

Tampoco está claro cuál es el propósito real de este ejército campesino. La iniciativa se creó inicialmente para que las comunidades sin presencia militar estuvieran protegidas por miembros de su propia comunidad, en forma de soldados campesinos. Sin embargo, en marzo de 2003 el comandante de la XVIII Brigada dijo a Amnistía Internacional que se estaba estacionando a soldados campesinos en localidades que ya contaban con una presencia militar regular.(34) También hay indicios de que se ha enviado a soldados campesinos a patrullar en zonas alejadas de sus comunidades.

Hay datos que indican que en Arauca se ha reclutado forzosamente a soldados campesinos. Durante su visita al departamento en marzo de 2003, los delegados de Amnistía Internacional recibieron información que indicaba que 39 soldados campesinos habían sido reclutados en unidades del ejército campesino en el municipio de Saravena, según los informes como parte del servicio militar obligatorio, y no de forma voluntaria. Sus familias recibieron posteriormente amenazas de las FARC.

El peligro consiste en que en Arauca se están militarizando la vida familiar y comunitaria. Al crear los soldados campesinos (así como la red de informantes civiles que se examina a continuación), el gobierno no sólo está incorporando a la estrategia de contrainsurgencia del ejército a estos individuos, sino también a sus familiares y amigos. Todos ellos corren peligro de ser atacados por grupos de guerrilla. Comunidades enteras podrían verse en peligro al ser obligadas a colaborar activamente con el ejército para neutralizar las posibles amenazas de la guerrilla. Tal como dijo un oficial del ejército, si multiplicas el número de soldados campesinos por el número de familiares y amigos de éstos, puedes crear fácilmente una red de informantes que abarque todo el municipio.(35)

La red de un millón de informantes civiles

La red de informantes creada por el ejército exige que los civiles reúnan y transmitan a las fuerzas de seguridad información secreta sobre grupos armados ilegales. En su documento de política sobre los informantes (o "cooperantes", como el gobierno prefiere llamarlos ahora), el gobierno expuso quién formaría parte de esta red. La red estaría compuesta de redes basadas en las Juntas de Acción Comunal y los Frentes Locales de Seguridad, y también formarían parte de ella la Red Empresarial de Seguridad Ciudadana (compuesta por empresas de seguridad privadas), la Red Ciudadana de Informantes en las Carreteras y de Conductores (en la que habría conductores de taxi y autobús), la Red Ciudadana de Policías Cívicos, la Red Ciudadana de Miembros de la Defensa Civil Colombiana y la Red "Servicios Especiales y Comunitarios de Seguridad", que actúa en zonas de alto riesgo. Según el gobierno, a principios de 2004 había más de 1,8 millones de personas en la red, dirigida por el ejército y la policía.

Para promover la red de informantes, el ejército introdujo el "lunes del informante": una ceremonia televisada en la que informantes anónimos encapuchados recibían recompensas en metálico de un mando militar. Las autoridades abandonaron este espectáculo tras convertirse en blanco de críticas generalizadas tanto nacionales como internacionales.

Un informante recibe una recompensa en metálico del general Mario Montoya en Medellín en una ceremonia televisada a la que asistieron altos cargos del gobierno, incluido el Presidente Uribe (al fondo, a la derecha). © Reuters

El Presidente Uribe y varios ministros del gobierno han comparado frecuentemente la red de informantes civiles con los planes de vigilancia vecinales de algunos lugares de Europa. Se trata de una comparación errónea. Londres y París, por ejemplo, no son ciudades asoladas por la violencia armada y las graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. No existe ningún conflicto armado en Estocolmo, Lisboa o Viena. Los habitantes de estas ciudades pueden participar en esos planes para combatir la delincuencia común sin temor a recibir un balazo en la cabeza o a que se ponga una bomba en la escuela de sus hijos. No van a ser atacados por guerrillas o por paramilitares respaldados por el ejército que por participar en ese plan los acusen de aliarse con sus enemigos.

La red fue criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo.(36) Las críticas, compartidas por grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, se basan en tres cuestiones. En primer lugar, al asignar a los civiles un papel directo en el conflicto, la distinción entre civiles y combatientes se difumina peligrosamente. Ni siquiera el gobierno parece tener clara esa distinción. En agosto de 2002, la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, declaró que estos informantes no eran civiles, ya que tenían una relación directa con las fuerzas de seguridad y recibían un pago.(37)

En segundo lugar, los miembros de la red están expuestos a los ataques de la guerrilla. De hecho, ya están siendo blanco de esos ataques. Esto puede avivar los argumentos en favor de equipar a estas redes con armas, lo que facilitaría la aparición de un nuevo tipo de grupos paramilitares. Esta posibilidad se ha hecho muy real con la legislación propuesta en el Congreso que otorgaría a los civiles acceso a armas semiautomáticas, y con el decreto 1612, firmado por el presidente Pastrana el 31 de julio de 2002, que contiene disposiciones que permiten a los civiles portar armas y establecer sus propias cooperativas de seguridad para defenderse de los subversivos.(38) En marzo de 2003, los delegados de Amnistía Internacional fueron informados de que, entre los fallecidos por ataques de la guerrilla en varios lugares de Colombia, había miembros de las redes de informantes civiles.

En tercer lugar, los testimonios de informantes pagados y anónimos son poco fiables, ya que se permite que un informante decida según sus propios criterios quién es "sospechoso"; muchos informantes pueden sentirse motivados por las recompensas económicas ofrecidas por el Estado o las fuerzas de seguridad, y otros pueden verse influidos por rencillas o intereses personales. El uso de redes de informantes es especialmente poco fiable cuando esas redes se utilizan como sustitutos de investigaciones y procesamientos legítimos.

Muchos defensores de los derechos humanos y activistas sociales de Arauca y otros lugares de Colombia han sido detenidos sobre la base de información falsa ofrecida por informantes. Aunque las redes de informantes actúan en Arauca, las autoridades regionales temen que no se presenten suficientes voluntarios a causa del temor, bien fundado, a ser atacados por grupos de guerrilla. Esto, unido a los crecientes ataques de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a pedir a la policía y el ejército que aumenten las recompensas ofrecidas a cambio de información. Es probable que esta medida dé lugar a más injusticias en el departamento.

Las familias de los informantes también han sido blanco de ataques. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado el 24 de febrero de 2003, al menos cinco familiares de informantes han sido asesinados en Saravena.(39)

Amnistía Internacional también ha recibido información que indica que, tras la captura de presuntos guerrilleros en Saravena, se han retransmitido por radio mensajes de felicitación a los lugares del municipio cuyos habitantes facilitaron la información que hizo posible la captura. Esas retransmisiones sugieren que las autoridades han adoptado una estrategia encaminada a conseguir que los civiles desempeñen un papel activo en el conflicto.

Soldado por un día

El Grupo de Operaciones Sicológicas (GEOS) del ejército introdujo el programa "soldado por un día" en el Batallón Rebeíz Pizarro en Saravena en noviembre de 2002, aunque, según los informes, quedó desmantelado a mediados de 2003 a raíz de la presión ejercida por la Procuraduría General. El programa iba dirigido a las escuelas y centros de enseñanza. En él se animaba a los niños de las escuelas públicas y privadas de Saravena a acudir a la base del batallón, donde jugaban con los soldados vestidos de payasos, utilizaban la piscina, participaban en rifas, recibían pasteles y refrescos y jugaban con los tanques mientras los soldados les enseñaban a manejar armas.

Según los informes, antes de regresar a sus casas los niños eran recompensados con una reproducción de un billete de 20.000 pesos en el que aparecía escrito: "El gobierno lo recompensa. Usted y su familia merecen otra oportunidad. ¡Vuélese ya!" (esto último referido a la guerrilla). El ejército asegura que el programa estaba ideado para "inculcar en los niños el amor por su patria" y para "fortalecer el amor y respeto por los símbolos patrios". Sin embargo, su propósito real no era exactamente ése. Tal como declaró el comandante del Batallón Rebeíz Pizarro, la intención del programa era "hacer que el hijo del guerrillero cuestione a su papá".(40)

Los testigos que han hablado con Amnistía Internacional también han dicho que los niños que acudían a estos actos eran utilizados para obtener información sobre la presunta actividad guerrillera de sus padres y otros familiares. Aunque, al parecer, el programa "soldado por un día" ha quedado desmantelado, a Amnistía Internacional le sigue preocupando que el ejército esté utilizando a niños para incriminar a sus padres, y considera que los efectos psicológicos que esta práctica puede tener en los niños son, en el mejor de los casos, inciertos. A la organización le preocupaba asimismo que se estuviera poniendo a niños en peligro al llevarlos a los cuarteles, un blanco militar para la guerrilla.

El ejército presionó a las escuelas de Saravena para que participaran en este programa y en actos similares, a pesar de la preocupación manifestada por maestros y padres. Tal como dijo un maestro: "El día viernes 25 de octubre de 2002 se estacionó una camioneta de la fuerza pública frente a la puerta del [colegio]. En ese momento un niño se acercó y me dijo que habían mandado decir que abriera la puerta que ellos necesitaban entrar. Inmediatamente conseguí las llaves y abrí la puerta. Inicialmente entraron dos miembros de la fuerza pública, luego entró otro. Nos saludamos muy cordial y en seguida me manifestaron que estábamos en el mes de los niños y que el Ejército Nacional tenía programado un evento para ellos con participación de payasos. Me invitaron para que llevara los niños en ese momento hasta el parque […]. Yo respondí que no era posible llevarlos por que ésta es una zona peligrosa y además no tenía autorización de los padres de familia y constantemente se están presentando […] balaceras contra la fuerza pública lo cual pone en riesgo la integridad de los niños y que en ese momento toda la responsabilidad recaía en la escuela. El hecho de no haber aceptado la invitación que me hacían los señores militares les molestó muchísimo, pues uno de ellos me dijo que los estaba tratando de delincuentes. Inmediatamente uno de ellos que portaba una cámara filmadora me la colocó de frente y me filma, otro militar todo enojado me pregunta mi nombre, el número de cédula y el nombre de la institución y estos datos los llevaron escritos".

Este maestro fue, posteriormente, uno de los 2.000 residentes de la zona detenidos en Saravena la noche del 12 de noviembre de 2002, aunque quedó en libertad sin cargos la misma noche de su detención tras ser interrogado y después de que le marcaran el brazo con tinta indeleble.

La organización por parte de las fuerzas armadas de actividades similares con niños, como el reparto de caramelos en el Día Universal del Niño o el montaje de circos, como parte de su programa de operaciones sicológicas es una práctica generalizada en todo el país. Varias unidades militares, entre ellas la XVIII Brigada, han organizado circos en distintas partes del país.

5. ESTRATEGIA PARA ESTIGMATIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL

Los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales están en primera línea de la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos en Colombia. Esto se ve claramente en el departamento de Arauca, que cuenta con un movimiento sindical y de derechos humanos muy desarrollado y bien asentado desde hace mucho tiempo. Este movimiento denuncia activamente las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto. A consecuencia de ello, las organizaciones que lo componen se han convertido en blanco de los ataques de quienes, en Colombia, desean silenciar sus denuncias. Esto hace temer que estén siendo blanco, cada vez con más frecuencia, de una estrategia coordinada del ejército y los paramilitares para empañar su imagen y minar su trabajo, tanto el de las organizaciones como el de los individuos que las forman, mediante detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales, y que todo ello prepare el camino para que estos defensores y activistas se conviertan en blanco de ataques violentos de los paramilitares. Esta estrategia se ha visto complementada con una serie de medidas gubernamentales, introducidas unas de ellas en Arauca y otras en todo el país, destinadas a reforzar aún más la impunidad en Colombia.

En el conflicto colombiano, las fuerzas de guerrilla también han atacado a activistas sociales y defensores de los derechos humanos que han criticado las actividades de la guerrilla o han presentado alternativas socioeconómicas que no se ajustan a la ideología guerrillera.

Defensores de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos

Amnistía Internacional dispone de información que indica que las fuerzas de seguridad siguen deteniendo arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes campesinos en Arauca. Muchas de esas detenciones tienen lugar durante operaciones en las que se detiene al mismo tiempo a decenas, incluso centenares o, en el caso de las detenciones de masa de Saravena de noviembre de 2002, millares de personas. Estas detenciones reciben el nombre de "pescas milagrosas", porque en ellas el ejército detiene a centenares de civiles con la esperanza de encontrar a presuntos "guerrilleros". Estas operaciones sirven para tachar de subversivos a sectores o comunidades enteros, y no sólo violan el derecho de las personas a no ser detenidas arbitrariamente, sino que además las exponen a los ataques de los paramilitares.

En muchos casos no se han llevado a cabo investigaciones judiciales previas sobre los individuos detenidos, por lo que las detenciones se realizan sin orden judicial o, como mucho, con una orden firmada en el mismo momento de la detención o después de ella. En otros casos, la investigación judicial se inicia después de la detención, normalmente por delitos relacionados con la rebelión o el terrorismo. Es habitual que las fuerzas de seguridad hagan declaraciones a los medios de comunicación, incluida la televisión, sobre estas detenciones, con frecuencia anunciando la captura de miembros importantes de la guerrilla e identificando a los detenidos. Lo más frecuente es que luego estos sospechosos sean puestos en libertad por falta de pruebas, aunque no sin antes ser identificados públicamente o ser obligados a desfilar ante las cámaras. El ejército ha asaltado las casas de un número cada vez más elevado de defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales de Arauca a los que ha detenido arbitrariamente, y muchos de los cuales habían denunciado anteriormente violaciones de derechos humanos en las que estaban implicados paramilitares que actúan con la aquiescencia del ejército.

El 21 de agosto de 2003, 42 activistas sociales y defensores de los derechos humanos de Saravena fueron detenidos por miembros de la XVIII Brigada y agentes de la Fiscalía General. Entre los detenidos se encontraban José Murillo Tobo, presidente del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de una sección regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos. Según los informes, todos los defensores de los derechos humanos y activistas sociales detenidos ese día permanecen privados de libertad, y se enfrentan a cargos relacionados con las guerrillas. También las casas de Samuel Morales, presidente de la CUT regional, Alberto Páez, otro dirigente sindical, e Ismael Pabón Mora, del Comité Regional de Derechos Humanos, fueron registradas en aquellas redadas, pero estos defensores no fueron detenidos porque no se encontraban allí.

La detención de José Murillo y Alonso Campiño tuvo lugar después de que el Comité Regional denunciara la presencia de paramilitares que actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad de Saravena y denunciara también una oleada de violaciones de derechos humanos cometidas en el departamento tanto por paramilitares que actuaban junto con las fuerzas de seguridad como por miembros del propio ejército, que con frecuencia se presentaban como paramilitares. Las detenciones habían venido precedidas también de una oleada de acusaciones realizadas en los últimos meses contra el Comité Regional por las fuerzas de seguridad (que tachaban a sus miembros de colaboradores de los subversivos), y de una serie de ataques y amenazas de paramilitares contra el Comité. El Comité Regional de Derechos Humanos es una de las organizaciones regionales que han denunciado estas violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional. Según la información recibida, dos informantes encapuchados participaron en las detenciones, lo que suscita preocupación por la posibilidad de que éstas se basaran en pruebas y testimonios obtenidos mediante la inteligencia militar y en información proporcionada por informantes pagados.

El 21 de octubre de 2003, en Arauca fueron detenidas 31 personas, la mayoría dirigentes políticos de partidos y movimientos de oposición. Las detenciones se llevaron a cabo tan sólo cinco días antes de las elecciones locales del 26 de octubre, y algunos de los aprehendidos iban en cabeza en las encuestas. Entre los detenidos se encontraban el padre José Helmer Muñoz, candidato a gobernador y favorito en las encuestas, Orlando Barahona, candidato al concejo municipal de Arauca, y Luis Alberto Peroza, Antonio Ortiga y Zoila Espósito, candidatos a las alcaldías de Arauca, Cravo Norte y Saravena; también estaban tres ex gobernadores –Gustavo Castellanos, Vicente Lozano y Héctor Gallardo–, dos ex alcaldesas –Iliana Baroni y María Elena Molina–, dos diputados –Elionor Ávila y Ramón del Carmen Garcés–, la contralora del departamento –Emma del Carmen Benítez–, el alcalde de Arauca –Jorge Cedeño–, un miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos - Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia –Enrique Soriano– y cuatro dirigentes políticos –Herman Rico, Pedro Orjuela, Esperanza Sandoval y Gloria Suárez. A todos ellos los acusaban de tener relación con el ELN. Al parecer, habían sido identificados por tres informantes (supuestamente ex guerrilleros que ahora se encontraban en el programa de protección de testigos del gobierno), y no mediante investigaciones independientes judiciales o policiales.

Además, los paramilitares del departamento de Arauca han seguido atacando a defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En septiembre de 2002, según la información recibida, las AUC emitieron una amenaza de muerte por escrito contra sindicalistas de Arauca. En ella los acusaban de tener vínculos con grupos subversivos y los declaraban objetivos militares de sus unidades, diciendo: "Existen algunas personas, sindicalistas, directores, comprometidos con grupos subversivos, estos líderes son declarados objetivo militar de nuestras unidades".

Esta amenaza de muerte la recibieron el 11 de septiembre de 2002 unos trabajadores del sector de la electricidad, de la Empresa de Energía de Arauca (ENELAR ESP), y había venido precedida de dos amenazas de muerte anteriores. En la primera, fechada el 6 de julio de 2002, las AUC decían que "están plenamente identificados más de 150 trabajadores de Arauca y cabeceras Municipales de Tame, Fortul, Arauquita, Cravo y Rondón, y sus áreas rurales". El 7 de julio de 2002, en una amenaza de muerte enviada por correo electrónico a la empresa, las AUC amenazaban a los empleados y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) de la siguiente manera: "Jefes, sindicalistas y algunos trabajadores [...] se les advierte que tienen que renunciar de manera inmediata, de lo contrario deberán atenerse a las consecuencias".

Entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2003, el departamento de Arauca fue escenario de más del 47 por ciento de los homicidios y las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias ocurridos contra sindicalistas en todo Colombia. Al menos seis sindicalistas fueron asesinados en el departamento durante este periodo, la segunda cifra más elevada del país, detrás de Antioquia (un departamento mucho más grande y poblado que Arauca). La mayoría de los sindicalistas asesinados en Arauca eran trabajadores de la salud o maestros, dos de los sectores sindicales que más ataques sufren en Colombia.

Las organizaciones campesinas y quienes trabajan sobre cuestiones de reforma agraria también han sido atacados y tachados de subversivos por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Al igual que otras zonas del país, Arauca se ha visto afectada por conflictos de tierras. Un informe elaborado en 1995 por una Comisión Interinstitucional que incluía a representantes de órganos estatales, del gobierno y de organizaciones no gubernamentales concluyó que la concentración de tierras en la región había conducido a invasiones de tierras y a otras estrategias para reclamar tierras. También manifestó que las tierras que reclamaba la población indígena eran ocupadas por familias campesinas, y que la cantidad de tierra cuya propiedad se había concedido a las comunidades indígenas era inferior a la que realmente ocupaban. El informe concluía también que el conflicto de tierras era más intenso en las zonas en las que había poderosos intereses económicos.(41) Es en este contexto en el que las comunidades indígenas y campesinas que reclaman su derecho a la tierra han sido víctimas de repetidas violaciones de derechos humanos.

El 16 de mayo de 2003, cuatro miembros de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) fueron detenidos, según los informes, por miembros de la XVIII Brigada y de la policía en Tame. Entre ellos se encontraban Pedro Mosquera, Eduardo Peña Chacón y Ronald Peña Chacón, a quienes la policía acusó de ser miembros de milicias guerrilleras que actúan en Arauca. Según los informes, los policías golpearon a los detenidos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico y los sumergieron en agua por la fuerza. Más tarde los dejaron en libertad sin cargos.

En julio de 2003, dos miembros de la ACA fueron detenidos, según los informes, junto con otras 30 personas durante una operación militar en la que tropas de la XVIII Brigada estuvieron acompañadas por miembros de la Fiscalía General en Aguachica, municipio de Arauquita. Uno de ellos fue puesto en libertad, pero el otro, Apolinar Herrera, según la información más reciente, ha sido acusado de rebelión. Al parecer, en su casa se hallaron varios cilindros de gas como los que la guerrilla utiliza para hacer bombas de mortero de fabricación casera; según los informes, Apolinar Herrera trabaja como distribuidor de gas.

Denys Alberto Monsalve Garzón, dirigente de la ACA, se encuentra en paradero desconocido desde el 7 de enero de 2003, cuando se disponía a tomar un taxi que lo conduciría del municipio de Saravena a la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Tame. Según los informes, no subió al taxi. Antes de su posible "desaparición", Denys Alberto, conforme indican los informes, había sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones en Saravena por la policía, que lo acusaba de ser un colaborador de la guerrilla. En una de esas ocasiones, al dejarlo en libertad, la policía le había dicho: "cuídese".

También ha habido una preocupación cada vez mayor por la seguridad de los miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos (ADUC). El secretario general de esta organización, Evangelista Rocha, fue uno de los activistas aprehendidos el 12 de noviembre de 2002, durante las detenciones en masa de Saravena. El 30 de agosto de 2003, apareció en la pared del edificio que la ADUC comparte en Saravena con el Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" y con otras organizaciones sociales una pintada de los paramilitares que decía: "Llegamos, muerte a milicianos y a colaboradores… ACC-AUC".

Quienes trabajan en defensa de los derechos humanos también han sido blanco de los ataques de los paramilitares. El 8 de noviembre de 2002, José Rusbel Lara, miembro del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", fue abatido a tiros por dos presuntos paramilitares que viajaban en una motocicleta. José Lara había sido objeto de amenazas paramilitares en los meses previos a su muerte, y se beneficiaba de las medidas cautelares dictadas para él por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su homicidio le siguió, en los meses posteriores, la detención arbitraria de varios miembros del Comité Regional de Derechos Humanos. Casos como éste ilustran cómo las detenciones arbitrarias coinciden con frecuencia con amenazas paramilitares y con la "desaparición" y el homicidio de activistas sociales, dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos.

El caso de los trabajadores de la salud: Los trabajadores de la salud también han sido blanco en repetidas ocasiones de ataques de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Puesto que los profesionales de la medicina tienen que trabajar con frecuencia en zonas de conflicto, es muy habitual que las fuerzas de seguridad los acusen de aliarse con la guerrilla, especialmente cuando tratan a combatientes heridos. Durante los dos últimos años, los médicos y enfermeras de Arauca han sido acusados con frecuencia de ser subversivos, y han sido detenidos, en muchas ocasiones acusados de rebelión y por prestar asistencia médica a guerrilleros heridos.

· El 12, 17 y 19 de noviembre de 2002, la casa de Jorge Prieto, presidente de la sección de Arauca de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de Clínicas (ANTHOC), fue objeto de un registro llevado a cabo por miembros del ejército acompañados de representantes de la Fiscalía General, según los informes sin orden judicial. Unos días antes Jorge Prieto había denunciado un presunto asalto de las fuerzas de seguridad al centro comunitario de José Vicente I Etapa, un barrio de Saravena. El 13 de noviembre de ese mismo año, las fuerzas de seguridad registraron también, según los informes, sin orden judicial, las oficinas centrales de ANTHOC-Arauca.

· Entre los aprehendidos durante las detenciones en masa del 12 de noviembre de 2002 en Saravena se encontraban varios miembros de ANTHOC, entre ellos Nelson Prieto, William Higuera, Dora Lizcano y Abimelec Gómez Becerra, dirigente departamental de ANTHOC. En noviembre fueron detenidos también Miriam Carrillo y Orlando Sánchez Bautista.

· El 12 de enero de 2003, el doctor Ciro Alejandro Peña López fue detenido mientras asistía a una cita con la XVIII Brigada. Fue acusado de "concierto para delinquir". Este médico había practicado autopsias a los cadáveres de las víctimas de la matanza de Santo Domingo de 1998 y, según los informes, su detención coincidió con la decisión tomada por Estados Unidos de retirar la ayuda a la unidad de la fuerza aérea que había participado en aquel bombardeo. Según la información recibida, el doctor Peña fue puesto más tarde en libertad, aunque, al parecer, siguen abiertas las investigaciones judiciales iniciadas contra él.

Muchos trabajadores de la salud han sido también víctimas de homicidio, principalmente a manos de paramilitares.

· El 16 de junio de 2003, Morelly Guillén, trabajadora de la salud y miembro de ANTHOC, fue asesinada en su casa de Tame, al parecer por paramilitares.

· El 22 de marzo de 2003, el doctor Alejandro Torres fue secuestrado, según los informes, por paramilitares en Arauquita, y más tarde fue asesinado.

· El 19 de junio de 2002, Luis Enrique Coirán Acosta, auxiliar de enfermería y dirigente de ANTHOC en Arauca, murió, según los informes a manos de paramilitares, en Tame, a poca distancia de la comisaría. Según los informes, sus asesinos huyeron del lugar del crimen en dirección a la base militar de Naranjitos.

· El 25 de julio de 2002, Roberto Rojas Pinzón, miembro de ANTHOC y conductor de ambulancias del municipio de Cravo Norte, fue asesinado, según los informes por paramilitares.

· El 29 de agosto de 2002, Sergio José Velasco Pinto, dirigente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDES), fue asesinado, según los informes por paramilitares, cuando entraba en el Hospital de San Antonio, en Tame.

El homicidio y la detención de trabajadores de la salud en Arauca ha coincidido con la publicación de una serie de "listas negras" paramilitares, como una que circuló en abril de 2002 y otra de cuya existencia se informó en 2003, que contenían los nombres de miembros de ANTHOC.

Estos ataques resultan aún más fáciles gracias a las recientes medidas que agravan el problema de la impunidad, un problema que yace en el corazón mismo de la crisis de derechos humanos. El gobierno no ha tomado medidas enérgicas para desmantelar los mecanismos de impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, y eso ha permitido a las fuerzas armadas seguir poniendo en práctica una estrategia de contrainsurgencia caracterizada por las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Los tribunales militares siguen reclamando la jurisdicción de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que están implicados militares de alta graduación. Estos tribunales han eludido sistemáticamente el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos. Aunque el sistema de justicia civil ha iniciado algunas investigaciones sobre casos de violaciones de derechos humanos en las que está implicado personal militar, esas investigaciones se han visto seriamente obstaculizadas por las amenazas contra investigadores judiciales, defensores de los derechos humanos y testigos, y por la decisión de la Fiscalía General de retirar de sus puestos a los investigadores judiciales en momentos clave de la investigación.

Fortalecimiento de la autonomía del ejército en Arauca

En los últimos años se han puesto a prueba en Arauca varias innovaciones en materia de seguridad, con el fin de luego aplicarlas a otras zonas de conflicto de Colombia. Estas innovaciones se han centrado en las medidas destinadas a impulsar la autonomía de las fuerzas armadas y en responder a la reiterada imposibilidad del gobierno de lograr la aprobación de la Corte Constitucional para medidas controvertidas como la concesión de poderes de policía judicial al ejército. Puesto que esos poderes han sido ya aprobados por el Congreso (y sólo necesitan la aprobación, este mismo año, de una ley habilitadora para que la legislación entre en vigor), es probable que muchos de los mecanismos introducidos de forma pionera en Arauca, como la "Estructura de Apoyo" o los "registros voluntarios", resulten innecesarios.

La Estructura de Apoyo: El hecho de que, por el momento, las fuerzas de seguridad no puedan practicar detenciones sin orden judicial no ha dado lugar a una reducción del número de detenciones arbitrarias. Mientras esperan a que se les concedan poderes judiciales, las fuerzas de seguridad han recurrido a la participación de la Estructura de Apoyo, compuesta por funcionarios de la Fiscalía General, para "legalizar" detenciones llevadas a cabo en operaciones coordinadas por las fuerzas armadas. La Estructura de Apoyo fue establecida por la Fiscalía General en Arauca en noviembre de 2001 con el fin de llevar a cabo "las investigaciones penales por los atentados contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón".(42) Su propósito oficial es reducir el peligro de ataques de la guerrilla contra los investigadores judiciales que actúan en Arauca, pero con frecuencia se utiliza para atacar a defensores de los derechos humanos y activistas sociales.

La unidad tiene su base en el cuartel de la XVIII Brigada en la ciudad de Arauca, y se compone de investigadores judiciales de la Fiscalía General y la Procuraduría General. Los investigadores judiciales también viven en el cuartel, y están bajo la protección específica de la XVIII Brigada. Según los informes, la Estructura de Apoyo ha estado financiada en parte por Occidental Petroleum.(43)

El hecho de que la unidad tenga su base en la XVIII Brigada socava seriamente su independencia y su imparcialidad, ya que sus miembros pueden verse obligados con frecuencia a investigar a las mismas personas de las que depende su protección. Amnistía Internacional ha documentado casos de investigadores judiciales de la unidad que han acompañado a personal militar en las redadas y han emitido en ese mismo momento órdenes de detención o de registro. En muchos casos, esas redadas se han basado en datos facilitados por informantes civiles, no en investigaciones judiciales previas, independientes e imparciales.

El 2 de septiembre de 2002, tropas de la XVIII Brigada entraron, según los informes, en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda, municipio de Arauquita, y detuvieron al menos a 60 personas. Los informes indican que a los detenidos los recluyeron hacinados en una sola habitación. Los soldados iban acompañados de miembros de la Estructura de Apoyo y, según los informes, de un informante encapuchado. Entre los detenidos había ocho testigos de la matanza de La Esmeralda, perpetrada por los paramilitares el 21 de julio de 2001 y en la que murieron cinco personas. Al parecer, se enfrentan a cargos de subversión en relación con supuestos ataques contra el oleoducto. Según la información recibida, los ocho testigos fueron identificados por el informante encapuchado, quien, según afirman algunos testigos, era un miembro del grupo paramilitar implicado en la matanza.(44) De los ocho testigos de la matanza detenidos, algunos habían implicado al informante en esa misma matanza en sus declaraciones a las autoridades judiciales.

En su reciente informe sobre la zona de rehabilitación y consolidación, la Procuraduría General criticó también el hecho de que la Estructura de Apoyo tenga su base en la Brigada. Según manifestaba el informe, "el funcionamiento de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación en las instalaciones de la Brigada XVIII con sede en la ciudad de Arauca, dada la dinámica que en la práctica ha adquirido, pone en entredicho la realización plena de principios constitucionales y legales relativos a la autonomía, imparcialidad e independencia judiciales". (45)

Registros voluntarios: Desde que la Corte Constitucional anuló las disposiciones del decreto 2002 que facultaban al ejército para realizar registros domiciliarios sin orden judicial, el ejército ha empezado a utilizar "registros voluntarios" para realizar registros en casas sin orden judicial. Los soldados llegan a una casa y piden "permiso" para registrarla. Si su inquilino se niega, a menudo lo amenazan con regresar con una orden judicial. La mayoría tienen demasiado miedo como para negarse, ante el temor a ser tachados de miembros o simpatizantes de la guerrilla. Tras los registros, los soldados obligan al inquilino a firmar dos declaraciones, una en la que afirma que el registro domiciliario fue voluntario y otra en la que manifiesta que los soldados lo han tratado bien.

El 25 de febrero de 2003, a las 7:50 de la mañana, unos soldados llegaron a la casa de la señora X(46) en Saravena y le dijeron que querían llevar a cabo un registro voluntario. Cuando ella les preguntó si tenían orden judicial, ellos le dijeron que no era un registro normal, sino un registro voluntario. Ella les dio su permiso, y los soldados registraron la casa. Le preguntaron en qué trabajaba, a qué se dedicaba su esposo, de dónde procedían, cuándo habían llegado al municipio, quién era el propietario de la casa y dónde vivía el propietario. Cuando terminó el registro le hicieron firmar un documento.

Los soldados regresaron el 27 de febrero y pidieron permiso para registrar el patio. La mujer respondió que se había asesorado y que había leído una resolución de la Corte Constitucional que decía que el ejército no estaba autorizado para entrar en una casa o registrarla sin permiso. El capitán le dijo que no era un registro, que sólo querían ver el patio de la casa, cuyo propietario, dijo, era un terrorista. La señora X les dejó entrar de nuevo. Otra vez, le hicieron firmar un documento que decía que había sido un registro voluntario. El capitán le preguntó quién le había dado la copia de la resolución de la Corte Constitucional, y ella le respondió que había sido el joven que trabajaba en derechos humanos. El capitán entonces le preguntó si el joven en cuestión pertenecía al Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", y ella dijo que sí. El capitán entonces dijo que "Joel Sierra había sido un bandolero y que la guerrilla lo había disfrazado de campesino".

El ejército afirma que los registros voluntarios están respaldados por la Fiscalía General. Sin embargo, según un informe de la Procuraduría General sobre Arauca, esta afirmación ha sido negada por fuentes de la Fiscalía General.(47) El ejército también afirma que la legislación existente le permite llevar a cabo registros voluntarios, pero la legalidad de esta medida no está nada clara.

Según un informe enviado a la Procuraduría General por el comandante de la XVIII Brigada el 16 de marzo de 2003, durante el periodo de la zona de rehabilitación y consolidación se llevaron a cabo 294 registros normales y 1.078 "registros voluntarios". El ejército asegura que, gracias a esos registros voluntarios, ahora tiene a 49.000 personas en su "registro" del departamento de Arauca. El 12 de diciembre de 2003, la policía llevó a cabo un registro "voluntario" en las oficinas del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra". El registro, sin orden judicial, se llevó a cabo tras la votación realizada en el Congreso que otorgó poderes de policía judicial al ejército, aunque esta medida aún no ha entrado en vigor como ley.

Estrategia nacional para consolidar la impunidad

El gobierno ha introducido, o está buscando la aprobación del Congreso para hacerlo, una serie de medidas legislativas que se aplicarán a nivel nacional y están destinadas a consolidar la impunidad que ha asolado Colombia durante tantas décadas. No cabe duda de que estas medidas tendrán una notable repercusión sobre las vidas de quienes residen en el departamento de Arauca, especialmente los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los dirigentes campesinos.

Poderes de policía judicial para el ejército: En diciembre de 2003, el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que permitirá al ejército registrar casas, detener a individuos e interceptar comunicaciones sin orden judicial. Antes de aplicar esta nueva legislación, el Congreso debe aprobar una ley habilitadora, que probablemente el gobierno presentará este año. Los sucesivos gobiernos, incluido el actual, han tratado de introducir medidas similares, pero todas ellas han sido rechazadas por la Corte Constitucional.

Existe preocupación por la posibilidad de que estos nuevos poderes permitan a las fuerzas de seguridad detener a individuos, registrar casas e interceptar comunicaciones basándose meramente en sus sospechas, no en pruebas obtenidas en el transcurso de investigaciones judiciales independientes e imparciales. Por lo tanto, la atribución de esos poderes tiene serias repercusiones para los derechos políticos y civiles de la población civil. Amnistía Internacional teme que faciliten la vigilancia de los defensores de los derechos humanos, los testigos de violaciones de dichos derechos y otros sectores civiles de la sociedad, a los que el ejército tacha de subversivos. Estos sectores se enfrentan a la posibilidad de ser objeto de investigaciones judiciales arbitrarias que amenazan con tacharlos de subversivos y, por lo tanto, exponerlos al peligro de ataques violentos o detenciones arbitrarias.

La concesión de poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad puede fortalecer los mecanismos de impunidad al permitir a las fuerzas de seguridad reprimir las investigaciones exhaustivas e imparciales sobre violaciones de derechos humanos. Al ejército también puede resultarle más fácil iniciar investigaciones basadas en pruebas escasas o inexistentes contra organizaciones de derechos humanos y de otro tipo que denuncien violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, en un intento de intimidar, silenciar y desacreditar a estas organizaciones y, posiblemente, preparar el camino a ataques violentos contra ellas.

Reforma de la Fiscalía General: La Fiscalía General fue establecida por la Constitución de 1991 para investigar y procesar todos los delitos cometidos en Colombia, incluidas las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las reformas introducidas recientemente han debilitado la independencia de los investigadores judiciales individuales, muchos de los cuales están en primera línea de las investigaciones para llevar ante la justicia a los implicados en violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Las nuevas medidas permiten a la Fiscalía General decidir qué casos deben ser investigados y retirar a los fiscales que investiguen ciertos casos. Esto ha minado la independencia e imparcialidad de las investigaciones relacionadas con los derechos humanos.

Desde julio de 2001, cuando el fiscal general Luis Camilo Osorio ocupó su cargo, la actitud habitual de la Fiscalía ha sido una marcada hostilidad hacia las investigaciones sobre derechos humanos y un esfuerzo constante por purgar la institución de funcionarios dispuestos a llevar a cabo dichas investigaciones. Según los informes, poco después de su llegada, el fiscal general Osorio forzó la dimisión de varios altos funcionarios que investigaban casos de violaciones de derechos humanos en los que estaba implicado un ex general. En diciembre de 2001, el fiscal general Osorio destituyó a cuatro directores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), todos ellos descritos como excelentes profesionales por otros fiscales y ex funcionarios de la Fiscalía General y por dirigentes del CTI.

El general Ismael Trujillo, director del CTI, dimitió más tarde, alegando que sin esos profesionales de confianza no podía hacer su trabajo. En abril de 2002, siete fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y un miembro del CTI recibieron amenazas graves y creíbles relacionadas con su trabajo en investigaciones sobre casos destacados de violaciones de derechos humanos. Osorio no tomó ninguna medida para protegerlos. Posteriormente, los amenazados pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decenas de fiscales e investigadores han dimitido o han huido de Colombia desde que el fiscal general Osorio ocupó su cargo. Por otro lado, muchos fiscales se han visto sometidos a presiones, según los informes, para que presenten cargos de subversión guerrillera contra individuos pese a no existir ninguna prueba contra ellos. La Fiscalía General se ha integrado más plenamente en la estrategia de contrainsurgencia y coordina las operaciones y la estrategia contra el terrorismo junto con las fuerzas armadas, en la recién creada estructura de coordinación antiterrorista.

Indulto o libertad "condicional" a autores de violaciones de derechos humanos: En enero de 2003, el gobierno emitió el decreto 128, que concede indultos a miembros de grupos armados ilegales que se entreguen a las autoridades, siempre que no estén siendo objeto de investigaciones penales por violaciones o abusos contra los derechos humanos o que no estén encarcelados por esos mismos delitos. Pero lo cierto es que la mayoría de los paramilitares y guerrilleros responsables de abusos contra los derechos humanos no han sido identificados, y por lo tanto no están sometidos a investigación. Eso significa que, en la práctica, el decreto concederá la amnistía a autores de abusos y violaciones.

El gobierno también ha presentado al Congreso un proyecto de ley que va más allá del decreto 128 al conceder la "suspensión condicional de la ejecución de la pena" a los combatientes encarcelados que renuncien a su pertenencia a un grupo armado ilegal y a los relacionados con grupos armados que participen en un proceso de paz con el Estado y que se entreguen a las autoridades, incluso aunque hayan sido hallados responsables de abusos o violaciones graves de derechos humanos. El proyecto de ley extenderá estos beneficios a los miembros individuales de grupos armados que admitan sus delitos y ofrezcan resarcimientos, como indemnizaciones económicas a las víctimas. Los principales beneficiarios de esta legislación serían los grupos paramilitares que están negociando su supuesta desmovilización con el gobierno. A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que, si se aprueba este proyecto de ley, los responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos los autores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no serán adecuadamente investigados ni comparecerán ante la justicia para responder de sus presuntos delitos. Estas medidas, y las negociaciones con los paramilitares, ignoran también los estrechos vínculos de estos últimos con las fuerzas de seguridad, y con ello transmiten a los tribunales el peligroso mensaje de que desistan de permitir que avancen los procedimientos judiciales sobre dichos vínculos.

6. LA CONSTANTE CONNIVENCIA CON EL PARAMILITARISMO

El gobierno no ha tomado medidas enérgicas para hacer frente a los paramilitares, que son responsables de la mayoría de los homicidios no relacionados con los combates. La principal razón de que los grupos paramilitares hayan podido continuar con su ofensiva militar, caracterizada por violaciones generalizadas de derechos humanos, es que estos grupos se benefician del apoyo y la aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad y, con frecuencia, actúan en coordinación con ellos. Los sucesivos gobiernos colombianos han alegado, y continúan haciéndolo, que los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares son incidentes aislados. Sin embargo, los indicios que señalan una coordinación constante son abrumadores.

La connivencia entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares ha adoptado diferentes formas en Colombia. Ha habido operaciones militares conjuntas, soldados en servicio activo que actúan con unidades paramilitares, unidades del ejército que se identifican como paramilitares durante operaciones, comunicaciones telefónicas y radiofónicas entre unidades del ejército y paramilitares, intercambio de información secreta, paramilitares que viven en bases del ejército o la policía, coordinación en los cortes de rutas, repetidas faltas de actuación por parte de las fuerzas de seguridad respecto a informes de incursiones paramilitares o respecto a bases y controles paramilitares cuya ubicación se conoce, operaciones militares para apoyar a fuerzas paramilitares que estaban siendo atacadas, ausencia de medidas para impedir la fuga de paramilitares detenidos, y falta de progresos en las investigaciones sobre altos mandos de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos cometidas junto con grupos paramilitares.

La consolidación del paramilitarismo en Arauca

Aunque en los últimos años se ha encarcelado a numerosos paramilitares, Amnistía Internacional sigue recibiendo una cantidad considerable de información creíble que señala la constante consolidación de las fuerzas paramilitares en zonas fuertemente militarizadas, como el departamento de Arauca, e indica una fuerte connivencia entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad. A lo largo de la última década, los paramilitares, con el respaldo de las fuerzas armadas, han hecho varios intentos de establecer una presencia paramilitar permanente en el departamento.(48) Estas operaciones, que, por ejemplo, han utilizado como cobertura la cooperativa de seguridad de El Corral o la operación militar Arawac, han venido acompañadas con frecuencia de graves violaciones de derechos humanos.

El Corral: En noviembre de 1997 empezó a actuar en Arauca una cooperativa de seguridad(49) que se autodenominaba Asociación de Servicios Comunitarios "El Corral Ltda. Departamento de Arauca". El Corral mantuvo una presencia en el municipio de Arauca entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, fecha en que dejó de actuar abiertamente, después de que las autoridades colombianas declararon que carecía de licencia. El entonces comandante de la XVIII Brigada, el general Arcesio Barrero Aguirre, hizo una declaración a tal efecto el 22 de enero de 1998. El Corral fue considerado responsable de unos 19 homicidios en Arauca entre noviembre de 1997 y enero de 1998. Durante este periodo llevó a cabo patrullas regulares en la ciudad de Arauca. El Corral también fue considerado responsable de la "desaparición" de Libardo Duarte y Rodolfo Osorio, ocurrida el 15 de diciembre de 1997. Estos dos hombres eran miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP). Desde la creación de este partido en 1985, más de 3.000 de sus miembros han sido asesinados, la inmensa mayoría por paramilitares respaldados por el ejército.

Efraín Varela entrevistó al representante legal de la cooperativa en la emisora de radio Meridiano 70 el 9 de enero de 1998. Durante la entrevista, el representante dijo que la cooperativa contaba con 70 miembros, e insistió en que sí tenía licencia para actuar en el departamento de Arauca, que las fuerzas armadas tenían pleno conocimiento de la actuación de El Corral en el departamento y que su sede estaba situada cerca de la base de la XVIII Brigada en Arauca. También confirmó que El Corral llevaba a cabo operaciones en distintas partes del municipio. Asimismo, refiriéndose al parecer a los homicidios atribuidos a la cooperativa, alegó que los asesinos utilizaban vehículos idénticos a los que utilizaba El Corral, y añadió: "están haciendo las cosas supuestamente a nombre de la guerrilla". Al preguntarle por qué, casualmente, los vehículos de El Corral llevaban placas de matrícula del municipio de San Vicente del Chucurí, departamento de Santander, donde actuaban cooperativas de seguridad vinculadas a comandantes de las AUC, el representante legal respondió que los vehículos habían sido matriculados en ese municipio por razones de seguridad.

El 2 de febrero de 1998 se dictó una orden de detención contra el representante legal por cargos de falsificación de documentos. Fue detenido, pero Amnistía Internacional no dispone de información que indique si fue juzgado o condenado por esos cargos o por otros relativos a los homicidios cometidos por El Corral. Otros dos miembros de El Corral fueron acusados de portar armas sin permiso. Un agente del Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN) de la policía colombiana también fue acusado por cuestiones relacionadas con El Corral. Amnistía Internacional no dispone de información sobre si se iniciaron procesamientos contra estos tres hombres. Efraín Varela fue asesinado por paramilitares en 2002 (véase capítulo 8).

El 23 de febrero de 1998 se celebró una manifestación contra el paramilitarismo en el departamento de Arauca, organizada por sindicatos, grupos de campesinos y de indígenas y otros grupos de la sociedad civil. Según los informes, el entonces comandante de la XVIII Brigada declaró que la manifestación había sido organizada por fuerzas de guerrilla. A consecuencia de la manifestación, el 26 de febrero el gobierno colombiano se comprometió a llevar a cabo investigaciones judiciales sobre la actuación de la cooperativa de El Corral y a investigar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el departamento. Varios de los responsables de organizar la manifestación y negociar con el gobierno se encontraban entre quienes, en 2002 y 2003, fueron detenidos y amenazados por paramilitares.

En mayo de 1998, las AUC hicieron públicos dos comunicados. En uno de ellos anunciaban que "nuestra presencia armada en el Departamento ya es una realidad". En el otro decían que estaban llevando a cabo la primera fase de un "Plan General que hay diseñado para este departamento y que consiste en la ubicación y clasificación de objetivos".

El 19 y 20 de noviembre de 1998, fuerzas de las AUC que actuaban en coordinación con la XVI Brigada violaron a Alicia Ramírez Méndez, embarazada de siete meses, y luego la degollaron, y también mataron a Leonor Mercedes Carrillo Niño, Rito Antonio Díaz Duarte, Efraín Carvajal Valbuena y Samuel Silva Ramírez en la comunidad de La Cabuya, municipio de Tame. Las investigaciones disciplinarias llevadas a cabo por la Procuraduría General concluyeron que un teniente del ejército del Batallón 25 Héroes de Paya había ordenado a personal bajo su mando prestar apoyo a los paramilitares durante la comisión de esos homicidios. La información recibida por Amnistía Internacional indica que en la matanza participó directamente personal militar adscrito al Batallón Núm. 25, y que los paramilitares habían coordinado la operación con oficiales del batallón. La información recibida indica que los oficiales también instruyeron a soldados del batallón sobre cómo debían responder a las preguntas de las autoridades investigadoras y los amenazaron recordándoles que, si implicaban al batallón en la matanza, ellos (los oficiales) sabían dónde vivían sus familias.

Operación Arawac: Las ofensivas militares lanzadas en Arauca en 2001 anunciaron la consolidación en gran escala de los paramilitares en el departamento. En mayo, la XVI Brigada, con base en Casanare, y la XVIII Brigada, junto con la Brigada Móvil Núm. 3 y la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), lanzaron la Operación Arawac, una ofensiva militar en gran escala que concluyó el 17 de septiembre de 2001. En su transcurso, según los informes, las tropas amenazaron a comunidades civiles con incursiones paramilitares, diciendo: "los que vienen atrás les van a mochar la cabeza por guerrilleros". Los informes también indican que los soldados amenazaron a las comunidades diciendo que iba a llegar un gran número de paramilitares: "vendrá Castaño [el dirigente paramilitar] con 600 hombres a cuadrar esta región".

El 21 de julio de 2001 murieron, según los informes, a manos de paramilitares cinco miembros de la familia Hernández Páez: Wilson, Luz Elida, Farley (de ocho años), Heyner (de seis) y Robinson (de dos). Los homicidios tuvieron lugar en El Triunfo, en la zona de La Esmeralda, municipio de Arauquita, aproximadamente a cuatro kilómetros de una base militar y cerca del oleoducto de Caño Limón, que estaba bajo la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad. A pesar de que el comandante de los paramilitares fue sometido a una investigación judicial en relación con estos homicidios, algunos testigos han declarado ante los investigadores judiciales que este hombre actuaba como informante del ejército y participó el 2 de septiembre de 2002 en una operación militar con la Estructura de Apoyo en la comunidad de El Triunfo, en la que fueron detenidos más de 60 campesinos. Según los testigos, el comandante paramilitar identificó a ocho campesinos para que fueran detenidos. Algunos de esos ocho, si no todos, habían prestado ante los investigadores judiciales testimonio que incriminaba al comandante paramilitar en la matanza de julio de 2001 o testimonios de carácter general sobre dicha matanza. Según la información recibida, los ocho fueron acusados de ataques contra el oleoducto.

Entre junio y septiembre de 2001 aparecieron pintadas paramilitares coincidiendo con la presencia de patrullas del ejército en las comunidades de Puerto Nariño, Betoyes y Pueblo Nuevo, municipio de Tame, en Saravena, y en La Paz, municipio de Arauquita. En agosto de 2001, unos 1.000 miembros de las AUC entraron en el departamento de Arauca después de la concentración de tropas en el norte de Casanare.(50) Tras la Operación Arawac se recibieron informes que indicaban que, desde el 18 de septiembre, a pesar de la fuerte militarización de la zona, se habían montado en carreteras de zonas rurales de los municipios de Puerto Rondón y Tame controles ilegales gestionados por hombres armados que se identificaban a sí mismos como paramilitares. En febrero de 2002 se hizo público que Repsol-YPF había descubierto petróleo en el yacimiento de Capachos, en el municipio de Tame.(51)

En febrero de 2002 se inició una huelga cívica convocada por organizaciones sociales contra la presencia de paramilitares en el municipio de Tame, que llevó al gobierno a firmar, el 4 de marzo, un acuerdo con estas organizaciones. En virtud de ese acuerdo, el gobierno se comprometía a garantizar la seguridad de la población civil y a tomar medidas para combatir a los grupos armados ilegales que actuaban en el municipio. Sin embargo, gracias a ese mismo acuerdo, los paramilitares pudieron consolidar su presencia en otras partes del departamento de Arauca.

Según la información recibida, la XVIII Brigada ordenó que se llevaran refuerzos militares desde el municipio de Cravo Norte hasta el de Tame. Tras el traslado de tropas hacia mediados de marzo, los paramilitares, según los informes, establecieron una presencia en el centro urbano de Cravo Norte y compartieron la comisaría con agentes de policía. El 18 de abril de 2002, la Procuraduría General emitió la directiva núm. 007, que señalaba "que las AUC llegaron a Cravo Norte después de la salida del ejército y a partir de entonces patrullan el casco urbano de la mencionada localidad, a pesar de existir un contingente policial allí". La información recibida por Amnistía Internacional indica que, el 22 de marzo, un grupo de paramilitares con brazaletes de las AUC patrullaban la carretera entre Cravo Norte y el aeropuerto. Las autoridades civiles y militares habían advertido repetidamente de que los paramilitares tenían puestas sus miras en Cravo Norte y que retirar tropas de la zona facilitaría el proceso.

A pesar del despliegue de refuerzos militares en el municipio de Tame, según los informes 200 paramilitares pudieron entrar en el poblado de Betoyes, en ese mismo municipio, el 30 de marzo. Durante esa incursión los paramilitares pudieron establecer un control en la carretera que conduce a la capital del departamento y secuestraron a cuatro personas, entre las que se encontraba Sigifredo Valderrama, cuyo paradero se desconoce. Entre el 28 y el 31 de abril, los paramilitares que combatían a las guerrillas en Betoyes recibieron, según los informes, ayuda desde helicópteros del ejército. Entre abril y mayo de 2002, los paramilitares hicieron "desaparecer" a unas 13 personas en Cravo Norte. Varios meses después, el ejército envió tropas de vuelta a Cravo Norte, tras insistir en que las autoridades regionales debían contribuir al coste del transporte de tropas en helicóptero entre Tame y Cravo Norte. Después del regreso de los contingentes militares a Cravo Norte, unos 600 paramilitares viajaron de Cravo Norte a la zona de El Rosario, en el municipio de Arauquita, el 14 de junio de 2002. Pese al elevado número de paramilitares que se desplazaban, el ejército no hizo ningún esfuerzo aparente por impedir su despliegue.

Aunque en el ámbito nacional hay indicios de una mayor acción contra algunos grupos paramilitares, especialmente los que no mantienen un diálogo con el gobierno, también hay indicios de que las estadísticas oficiales de acción contra los paramilitares se están inflando artificialmente. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha sido informada de que se ha presentado a paramilitares muertos en combates con la guerrilla como muertos a manos del ejército. Otras veces, las operaciones contra los paramilitares han coincidido con el proceso de certificación de la ayuda militar estadounidense a Colombia o con purgas internas en las estructuras paramilitares. La organización también ha recibido información sobre ataques simulados entre paramilitares y soldados. Los medios de comunicación informan con frecuencia sobre asaltos a presuntas bases paramilitares durante los que no se captura apenas a ningún paramilitar. Los paramilitares capturados, con frecuencia, son puestos en libertad sin cargos, son acusados de actividades no relacionadas con el paramilitarismo o se fugan del lugar donde se encuentran bajo custodia.

El aumento de las capturas no ha impedido la expansión y la consolidación constantes de las fuerzas paramilitares durante los últimos dos años, a pesar de la fuerte presencia militar y de las reiteradas denuncias de las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, sobre las bases y controles paramilitares que, pese a las denuncias, siguen operativos.

Durante una visita a la región realizada por Amnistía Internacional en septiembre de 2002, la organización fue informada de que un gran número de paramilitares había entrado en la comunidad de El Rosario y sus alrededores, en el municipio de Arauca, el 21 de junio de 2002, a pesar de la estrecha proximidad de la XVIII Brigada. Según los informes, un mes después de su llegada a la zona, los paramilitares mantenían controles en La Antioqueña, El Rosario y Papayito, en la carretera que une Arauca y el complejo petrolero de Caño Limón, a pesar de la fuerte militarización de la región, y pudieron mantener esos controles sin obstáculos hasta el 14 de agosto de 2002. Aunque se recibieron informes sobre operaciones del ejército contra paramilitares, estas operaciones no fueron decisivas y, en agosto de 2002, los paramilitares se extendieron hasta El Caracol, municipio de Arauca. Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron Arauca en marzo de 2003 fueron informados de que los paramilitares seguían manteniendo una presencia en El Caracol. A pesar de que la zona está fuertemente militarizada y que las autoridades conocen el paradero de los paramilitares (Amnistía Internacional informó a la XVIII Brigada sobre su presencia en septiembre de 2002 y marzo de 2003) no parece haberse tomado ninguna medida enérgica para hacerles frente.

Al consolidar su presencia en el municipio de Arauca, los paramilitares pudieron perpetrar matanzas y homicidios selectivos a pesar de la fuerte militarización de la región y del hecho de que se había informado a las fuerzas armadas de su presencia. El 26 de noviembre de 2002, según los informes, los paramilitares torturaron y mataron al menos a cuatro personas en la comunidad de El Matal, en la zona de Flor Amarillo, municipio de Arauca. Al parecer, los paramilitares se identificaron como miembros del Bloque Arauca y llevaban consigo una "lista negra" con varios nombres. Mataron a Diego Javier Díaz Carvajal, padre de seis hijos, a José Vicente Herrera, padre de cuatro hijos, a Pedro Herrera y a Jesús Vicente Moreno, padre de nueve hijos. Según los informes, la Defensoría del Pueblo de Arauca registró el desplazamiento de 76 familias de esa comunidad. Durante la primera semana de marzo de 2003, los informes indican que los paramilitares entraron en la comunidad de Isla del Vapor, en la zona de Clarinetero, municipio de Arauca, y mataron a siete personas, entre las que se encontraba Nayith Alfonso Altamar Villegas.

La preocupación por la negativa de las autoridades colombianas a reconocer la presencia de paramilitares la comparte la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, en su informe de 2003 (relativo a 2002), manifestó que "[s]on motivos de preocupación las declaraciones de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público. Ejemplos de estas situaciones se registraron en [...] Tame [...]".(52) A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que los paramilitares parecen haber estacionado a miembros suyos en zonas del departamento en donde las fuerzas de seguridad ya habían llevado a cabo operaciones de contrainsurgencia, como Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame.

Ataques a la población civil

Las tropas del ejército se identifican con frecuencia como paramilitares y utilizan brazaletes paramilitares en un esfuerzo por disimular su identidad y crear confusión. Entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2003, tropas del Batallón Navas Pardo de la XVIII Brigada establecieron, según los informes, un puesto en el resguardo indígena de Velasqueros, en Tame. Al parecer, durante ese tiempo, hombres armados que se identificaron como paramilitares amenazaron a miembros de la comunidad. El 30 de marzo, según indican los informes, un grupo de soldados entró en la comunidad de Betoyes, en Tame. Ese mismo día, Luis Eder Arévalo murió, al parecer a manos de paramilitares, en la carretera que une Betoyes y el poblado de La Holanda. El 27 y 28 de abril de 2003, los informes indican que hombres armados que llevaban brazaletes paramilitares entraron en la comunidad de Flor Amarillo, Tame. Según testigos, entre ellos había varios miembros del Batallón Navas Pardo. Los asaltantes saquearon casas y comercios de la comunidad. Después de estas operaciones, los testigos afirmaron haber encontrado brazaletes reversibles, con la identificación de la XVIII Brigada en un lado y la de las AUC en el otro. En mayo, soldados que, según los informes, se identificaron como paramilitares violaron y mataron a una adolescente embarazada y a tres niñas en esta zona (véase capítulo 8).

Amnistía Internacional ha documentado otros casos de soldados que al parecer se identificaron ante la comunidad como paramilitares para cometer violaciones de derechos humanos. El 20 de enero de 2003, en Alto Cauca, Pueblo Seco y Alto Cusay, en Tame, miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) estacionados cerca de la comunidad de Botalón y que se identificaron, según los informes, como paramilitares patrullaron encapuchados y retuvieron, interrogaron y golpearon a campesinos. Según los informes, la FUDRA ha amenazado a la comunidad diciendo que entrará en ella y cometerá una matanza: "vinimos con el ejército y nos dejaron aquí con la misión de entrar a Botalón a matar a un poco de gente y hasta que no cumplamos nuestro objetivo no nos podemos ir".

Continúan los homicidios pese al alto el fuego

La mayoría de los grupos paramilitares que componen las AUC iniciaron un "alto el fuego" el 1 de diciembre de 2002 como preludio al comienzo de las negociaciones con el gobierno. El 15 de julio de 2003, el gobierno y las AUC firmaron un acuerdo que podía conducir a la desmovilización de los paramilitares para finales de 2005. Amnistía Internacional recibiría con satisfacción cualquier esfuerzo para disolver los grupos paramilitares, algo que debería haberse hecho hace ya mucho tiempo. Sin embargo, a la organización le preocupa el hecho de que los combatientes no serán apartados del conflicto, sino reintegrados en él al ser reciclados como informantes civiles o soldados campesinos o al ser contratados por empresas de seguridad privadas. A pesar del alto el fuego, los paramilitares siguen siendo responsables de matanzas, homicidios selectivos y "desapariciones". En todo el país, al menos 700 personas murieron presuntamente a manos de paramilitares en 2003.

Amnistía Internacional también ha recibido información sobre personas que han muerto, al parecer a manos de paramilitares, tras ser amenazadas, detenidas y acosadas por la policía:

· El 22 de julio de 2003, una patrulla de la policía entró en el bar "Estadero El Caney", en Saravena, y registró a los allí presentes. A Uriel Ortiz Coronado le preguntaron dónde trabajaba, y él respondió que en la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (ECAAS). Según los informes, durante la operación algunos testigos observaron que había dos individuos no identificados dentro del vehículo policial. Momentos después de que los policías se marcharan, dos hombres armados entraron en el bar y mataron a Uriel Ortiz Coronado, Gerson Silva Delgado, Henry Bautista González y Claudio Torres Reyes. Según los informes, Uriel había sido detenido por la policía el 31 de mayo de 2003 y acusado de ser un colaborador de la guerrilla. Los informes indican que también había sido amenazado por la policía.

· El 25 de septiembre de 2003, Rito Hernández, trabajador de la ECAAS, fue abatido a tiros por dos hombres no identificados en su casa de Saravena. Según los informes, la policía lo había detenido en varias ocasiones y lo había amenazado. Los informes indican que la policía declaró que los trabajadores de la ECAAS eran colaboradores de la guerrilla. El 25 de julio de 2003, dos individuos no identificados, a quienes se cree paramilitares, se acercaron a Rito Hernández y lo amenazaron a él y a otros trabajadores de la ECAAS. Le dijeron que les iban a "dar todo el plomo que se puedan tragar". El 31 de agosto de 2003 aparecieron en las paredes del edificio de la ECAAS en Saravena pintadas paramilitares que amenazaban con matar a los trabajadores de la empresa. Las pintadas decían: "sentencia final: muerte a ECAAS" y "muerte a milicianos de ECAAS".

7. LA GUERRILLA: VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Como parte del conflicto, las guerrillas están obligadas a respetar los principios del derecho internacional humanitario relativos a los conflictos armados no internacionales. El artículo 3 común y el Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, en los que Colombia es parte, se aplican a los conflictos armados internos e imponen a todas las partes armadas el deber de cumplir con las disposiciones mínimas, incluido el trato humano a todos los que no están directamente implicados en las hostilidades. Amnistía Internacional insiste en que estas normas internacionales deben ser respetadas y considera que ésta es la única manera de empezar a proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado en Colombia.

Las FARC y el ELN han sido responsables de numerosas y persistentes infracciones del derecho internacional humanitario. Las actividades de las FARC en Arauca se han caracterizado por los ataques desproporcionados –muchas veces con morteros y bombas de fabricación casera (que suelen matar a civiles)– contra objetivos militares, y por los ataques contra el oleoducto y las torres de alta tensión, las amenazas de muerte generalizadas contra civiles, los homicidios selectivos de civiles y los secuestros. La estrategia del ELN, que entró en la región con el objetivo autoprofesado de oponerse a la explotación petrolera de Occidental Petroleum, consiste en atentar con explosivos contra el oleoducto y las torres de alta tensión, secuestrar a civiles y cometer homicidios selectivos también de civiles. El ELN lleva atacando la infraestructura petrolera desde 1984. Muchos sectores civiles de Arauca, como los funcionarios públicos, han sido víctimas de amenazas y homicidios por parte de fuerzas de guerrilla pertenecientes a las FARC.

Autoridades locales en el punto de mira

Las FARC han estado intentando minar la autoridad del Estado en Arauca para reafirmar su control sobre la zona. La parte más visible de esta estrategia ha incluido amenazas de "dimite o muere" contra autoridades locales, como alcaldes o concejales. La guerrilla confía en que el vacío político causado por el abandono de estos cargos facilitará sus esfuerzos por obtener o recuperar el control de grandes zonas del país. Una de las principales justificaciones para implantar el estado de emergencia y crear las Zonas de Rehabilitación y Consolidación fue, por lo tanto, la necesidad de crear mecanismos que permitieran al ejército proteger a las autoridades locales que hubieran sido declaradas objetivo militar por las FARC, y, aparentemente, recuperar el control efectivo de los impuestos sobre el petróleo pagados a las autoridades regionales.

Sin embargo, durante el periodo de la zona de rehabilitación y consolidación, las guerrillas siguieron matando a funcionarios públicos y dirigentes locales y comunitarios y obligaron a centenares más a dimitir. El 18 de febrero de 2003, las FARC emitieron una amenaza de muerte general contra los funcionarios del departamento de Arauca que decía: "Que como vivimos en una guerra ya declarada, son objetivos militar por nuestra organización todas las instituciones del estado, los funcionarios que representan dichas instituciones, las multinacionales, las empresas de los capitalistas que apoyan al paramilitarismo o al estado que fomenta la guerra".

Hasta las elecciones locales del año pasado, el departamento de Arauca no había tenido un gobernador designado por elección desde que Héctor Gallardo fue apartado del cargo en 2002. Su sustituto, el coronel retirado José Emiro Palencia Álvarez, designado por el gobierno, ocupó su cargo en octubre de 2002, pero dimitió el 14 de enero de 2003 por razones "personales y de orden público". Según los informes, Héctor Gallardo fue secuestrado por el ELN en agosto de 2002 y retenido como rehén durante dos meses antes de ser liberado. Pese a ello, el 21 de octubre de 2003 fue detenido, junto con otros dirigentes políticos de la oposición, y acusado de mantener vínculos con grupos de guerrilla.(53)

En Arauquita, dos alcaldes han dimitido y los concejales están desempeñando sus funciones desde Bogotá tras ser amenazados por la guerrilla. El 3 de marzo de 2003, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos (SINTROEPAR) de Arauquita denunció los ataques a los que las FARC sometían a sus miembros, incluido el homicidio de tres de ellos desde que la zona de rehabilitación y consolidación entró en funcionamiento.

En Saravena, el personal del municipio se ha visto obligado a trabajar en edificaciones temporales después de que, al parecer, las guerrillas volaran sus oficinas. El 7 de marzo de 2003, el propio alcalde, Hugo Manuel Benítez Ordóñez, dimitió tras recibir amenazas de las FARC. Los alcaldes que representan a los municipios de fuera de la zona de rehabilitación y consolidación también han sido víctimas de amenazas u homicidios. El 3 de enero de 2003, el alcalde de Fortul, Fernando Triviño, se vio obligado a dimitir tras recibir amenazas de un grupo de guerrilla. El 25 de noviembre de 2002, Héctor Gutiérrez, alcalde de Puerto Rondón, y Sixto Cortina, su secretario de gobierno, fueron víctimas de homicidio, presuntamente a manos de las FARC.

Las guerrillas también siguen perpetrando homicidios selectivos de civiles:

· el 7 de marzo de 2003, tres personas, entre ellas el geólogo Martín López, murieron, presuntamente a manos de las FARC, cuando viajaban en un vehículo en Betoyes, Tame;

· el 3 de enero de 2003, cinco personas, una de ellas un menor, murieron, según los informes, a manos del ELN en los poblados de El Botalón y El Pesebre, en Betoyes, municipio de Tame.

Bombas y morteros: las víctimas civiles

Las FARC han intensificado su uso de bombas y morteros en el departamento de Arauca. No sólo han atacado el oleoducto, sino que, al parecer, han perpetrado ataques contra objetivos militares y policiales en zonas muy pobladas, lo que con frecuencia ha dado lugar a bajas civiles. Las FARC no han dudado en utilizar en sus ataques armas de baja precisión, como bombas de cilindro de gas, y han mostrado poco interés por la seguridad de los civiles, lo que viola claramente los principios clave de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario, y la obligación de tomar medidas para evitar o reducir al mínimo la perdida fortuita de vidas civiles, las lesiones a civiles y los daños a bienes civiles. Se han atribuido a las FARC varios ataques que han causado la muerte y lesiones a civiles:

· el 17 de junio de 2003, Edwin Orlando Ropero, de 11 años, murió y cuatro adultos resultaron heridos cuando se detonó una bicicleta cargada con explosivos en Fortul;

· el 23 de junio de 2003, un dispositivo similar causó la muerte de Bryan Alexander Balmaseda, de tres años, en Arauquita. Al parecer, la explosión también mató al guerrillero que montaba la bicicleta;

· el 13 de septiembre de 2002, parece ser que las FARC hicieron estallar varias bombas de cilindro de gas en Saravena. Aunque su objetivo parecía ser la comisaría, los artefactos fallaron el blanco y alcanzaron los edificios circundantes. Cuatro civiles murieron y 23 resultaron heridos.

Extorsión y secuestro como fuente de ingresos

En los noventa, se calculaba que las fuerzas de guerrilla obtenían en torno a 140 millones de dólares estadounidenses al año(54) mediante la extorsión al sector petrolero y el secuestro de trabajadores de dicho sector.(55) Tanto las FARC como el ELN han sometido a "impuestos de guerra" a los contratistas nacionales que trabajan para empresas extranjeras. En su declaración del 15 de febrero de 2000 ante el Congreso estadounidense, Lawrence Meriage, haciendo referencia a "elementos subversivos", manifestó: "Nuestros contratistas se ven obligados a pagar un 'impuesto de guerra' o enfrentarse a la amenaza bien real de que su equipamiento sea destruido y su personal atacado. Los trabajadores locales deben pagar dinero de 'protección' o poner en peligro su seguridad personal y la de sus familias".

En Arauca, las guerrillas han obligado a los contratistas de obras públicas a pagarles un porcentaje. Con frecuencia, estos contratistas se han visto obligados a pagar tanto al ELN como a las FARC para poder llevar a cabo su trabajo sin obstáculos. De esta manera, la guerrilla se ha hecho con parte de los impuestos por petróleo que benefician a Arauca. Esta es una de las razones que motivaron la decisión tomada por el gobierno colombiano en enero de 2003 de que los pagos de los impuestos se administraran desde Bogotá.(56)

Los trabajadores del petróleo han sido amenazados repetidamente por las fuerzas de guerrilla. El 16 de abril de 2001, el ELN secuestró a más de 107 trabajadores de Occidental Petroleum en el municipio de Arauca. A 73 de ellos los puso en libertad al cabo de unas horas, y a los demás los dejó libres el 19 de abril. Los comandantes del ELN dijeron que el secuestro había tenido como finalidad alertar a Colombia y a la comunidad internacional de la creciente presencia de paramilitares en el departamento y de los vínculos de éstos con las fuerzas armadas y el sector económico. Algunos trabajadores del petróleo también han sido víctimas de homicidio.(57)

8. PERSEGUIDOS POR LOS DOS BANDOS DEL CONFLICTO

Además de las comunidades indígenas y campesinas y de los sindicalistas, también los miembros de determinadas profesiones y otros sectores civiles de Arauca han sido víctimas de amenazas y homicidios por parte de la guerrilla y los paramilitares respaldados por el ejército. Esto ha sucedido especialmente en el caso de maestros y periodistas, que han sido blanco de ataques porque su trabajo los pone a menudo en contacto con los dos bandos del conflicto. También se ha atacado a mujeres, en ocasiones por su trabajo como maestras (una profesión con una gran representación femenina) y otras veces por haber entablado relaciones con miembros de uno de los dos bandos del conflicto.

Periodistas: un golpe a la libertad de expresión

Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para que los periodistas realicen su trabajo. Quienes informan desde el departamento de Arauca han sido blanco especial de ataques durante los últimos años:

· en 1984 fue volada con explosivos la oficina de Radio Caribarare, en Saravena;

· en 1991, Henry Rojas Monje, periodista de El Tiempo, fue asesinado. En su homicidio estaba implicado personal del ejército;

· en 1995 tuvo lugar el homicidio de Iván Darío Pelayo, director de Radio Llanorámica;

· en 2001, Zoraida Ariza, corresponsal de La Voz de Cinaruco, fue víctima de un ataque con explosivos, al parecer obra de la guerrilla.

El 21 de enero de 2003, el ELN secuestró a la periodista británica Ruth Morris y al fotógrafo estadounidense Scott Dalton, de Los Angeles Times. Los puso en libertad después de 11 días de cautiverio. Un equipo de cinco periodistas colombianos de RCN, enviados a cubrir la historia, fueron también secuestrados en la carretera que conduce a Saravena el 25 de enero de 2003, y liberados el 28 de ese mismo mes.

El 18 de marzo de 2003, el periodista Luis Eduardo Alfonso fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo en la emisora de radio Meridiano 70 en la capital, Arauca. Luis Eduardo Alfonso había sido víctima de amenazas de muerte y había recibido anteriormente protección del Programa de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior. Muchos otros periodistas de Arauca están asimismo bajo la protección de este Programa. Otro periodista, Efraín Varela, murió también, al parecer a manos de paramilitares, el 28 de junio de 2002. Los dos se habían mostrado muy críticos con la guerrilla y los paramilitares.

Desde 2003 han circulado por el departamento diversas listas negras, en las que se nombra a un total de 24 periodistas y se les pide que abandonen Arauca inmediatamente. Una de las listas tiene 16 nombres (14 de Arauca, uno de Saravena y otro de Tame) y, al parecer, es de las FARC. Otra pertenece presuntamente a los paramilitares y contiene 10 nombres, con los de Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso marcados con una cruz a la derecha del nombre.

A consecuencia de las amenazas de muerte, 16 periodistas del departamento de Arauca viajaron a Bogotá el 31 de marzo de 2003 para pedir medidas al gobierno. Sin embargo, las amenazas ya han tenido serias repercusiones en la libertad de expresión en la región. Los periodistas con sede en el departamento ahora sólo informan sobre noticias no controvertidas y comunicados oficiales, no abandonan los núcleos urbanos para realizar periodismo de investigación ante el temor a ser atacados, y tienen dificultades para encontrar a personas dispuestas a hablar con ellos, ya que los posibles informantes están demasiado asustados.

Según los informes, las autoridades militares también han tratado de censurar directamente la información. El 13 de noviembre de 2002, la emisora comunitaria Radio DIC, que cubre Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, tuvo que cerrar, al parecer a consecuencia de las presiones de un oficial del ejército. El día antes había emitido un comunicado de una organización social que denunciaba violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en la zona. Al parecer, dos oficiales del ejército visitaron la oficina de la radio en Saravena para prohibir a su director que transmitiera en Arauca.

Maestros: minando el derecho a enseñar

Los maestros han sido blanco especial de ataques por parte de todos las partes del conflicto. Han sido víctimas de homicidio, secuestro, "desaparición", extorsión por grupos armados ilegales, amenazas escritas y telefónicas, declaraciones públicas en las que los identifican como objetivo militar, y órdenes de grupos armados que les prohíben participar en actividades sindicales y les exigen que se den de baja en su sindicato. En marzo de 2003, las FARC, y también los paramilitares, habían amenazado, según los informes, a más de 90 maestros en Arauca. De ellos, unos 60 han dejado la región. También había maestros entre los aprehendidos en las detenciones en masa llevadas a cabo en Saravena en noviembre de 2002.

Los miembros de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR) han sido víctimas de amenazas y homicidios. El 18 de marzo de 2003, Raquel Galvis, miembro de ASEDAR que vive en Arauquita, recibió una amenaza de muerte telefónica cuyo autor se identificó como miembro de las AUC y le advirtió de que, si se encontraba con un control paramilitar, la matarían. Al día siguiente, Jaime Ernesto Carrillo, presidente de ASEDAR, recibió una amenaza de muerte por escrito que decía: "Cuide a sus hijos o no los volverá a ver". Varios maestros fueron asesinados en 2003:

· el 7 de marzo, Luis Alfonso Grisales murió en Clarinetero, municipio de Arauca, al parecer a manos de paramilitares. Había sido maestro rural durante 26 años;

· el 13 de enero, paramilitares de las AUC mataron, según parece, al maestro José Marcelino Díaz González en Tame. José Marcelino Díaz era conocido por su trabajo sindical y comunitario y era uno de los fundadores del Colegio Técnico Froilán Farías.

Mujeres: atacadas como táctica de terror

Las mujeres en Colombia también son víctimas de ejecución extrajudicial, homicidios deliberados y arbitrarios, tortura, "desapariciones" y otras formas de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los ataques de que son víctima se deben en gran parte, aunque no exclusivamente, al papel que las mujeres asumen en sus comunidades como activistas y líderes en la campaña en favor de los derechos políticos y económicos o porque son miembros de comunidades situadas en zonas de conflicto en las que tiene puestas sus miras cualquiera de los dos bandos. También se recurre a la violencia sexual contra las mujeres, incluidas la violación y la mutilación genital, por ejemplo en el contexto de matanzas o como forma de tortura, como arma de guerra para generar temor.

Pese a ello, las mujeres siguen siendo las víctimas ocultas, ocultas a consecuencia del nivel de impunidad y del silencio que rodea los actos de violencia, especialmente la violencia sexual, y a consecuencia de que estas cuestiones no se encuentran en la agenda ni del gobierno colombiano ni de la comunidad internacional. Sin embargo, en los últimos años la violencia de género en el contexto de los conflictos armados ha recibido atención, especialmente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye una lista de delitos de violencia de género bajo las definiciones de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la trata de mujeres, el embarazo forzado, la persecución por motivos de género y la esterilización forzada.

· Entre el 1 y el 7 de mayo de 2003, soldados de la XVIII Brigada, con brazaletes de las AUC, entraron, según los informes, en las comunidades indígenas de Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, en Betoyes, Tame, Arauca. En Parreros, el 5 de mayo, Omaira Fernández, una muchacha de 16 años embarazada, fue presuntamente violada y asesinada. Sus atacantes le abrieron el vientre y sacaron el feto, y luego introdujeron el cadáver de la joven en una bolsa que, según los informes, después arrojaron al río Cravo. En Velasqueros, tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años fueron también violadas, según indican los informes. Estos y otros ataques del ejército y los paramilitares, así como los combates entre los paramilitares y la guerrilla, obligaron a centenares de personas a huir a localidades cercanas como Saravena. Los paramilitares, según los informes, amenazaron a miembros de estas comunidades desplazadas diciendo que los matarían si regresaban.

· El 28 de diciembre de 2003, unos hombres armados no identificados mataron a dos mujeres, Rosa Adelina Parales Carrerro y Rosa Casa Parales, así como una niña de 10 meses, en el municipio de Tame. Las víctimas eran, respectivamente, la madre, la hermana y la hija del presidente del concejo municipal de Tame, Ángel Demetrio Casas Parales, quien, según los informes, era a quien buscaban los asesinos pero no se encontraba en casa en el momento de los homicidios. Al parecer, Ángel Demetrio Casas había recibido amenazas de muerte de las FARC.

· El 2 de octubre de 2002, un miembro del Batallón Héroes de Saraguro, adscrito a la XVIII Brigada, entró por la fuerza en la casa de Inocencia Pineda Pabón, en la comunidad de Las Blancas, municipio de Arauquita, y, según los informes, disparó al esposo de ésta, Francisco Guerrero Guerrero, y la violó a ella. Aunque se dijo que la Fiscalía General había iniciado investigaciones judiciales sobre el caso, Amnistía Internacional fue informada en marzo de 2003 de que el soldado en cuestión había escapado dos veces mientras estaba bajo custodia de la XVIII Brigada, lo que hacía temer que las autoridades militares no estuvieran cooperando plenamente con el sistema de justicia.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las partes del conflicto armado interno de Colombia han explotado durante décadas a los civiles del departamento de Arauca para conseguir sus propios objetivos políticos, militares y económicos, basados principalmente en la explotación y el control de los sustanciosos recursos petrolíferos del departamento. La violencia en la región aumentó espectacularmente tras el descubrimiento de petróleo en la década de 1980. La explotación de la riqueza petrolífera de Arauca podría haber supuesto un gran beneficio económico para los habitantes de la región. En cambio, lo que ha traído consigo es una violencia cada vez mayor.

Los constantes esfuerzos de las guerrillas por destruir el oleoducto y la infraestructura eléctrica del departamento han dado lugar a numerosas muertes de civiles y a una importante degradación del medio ambiente. Sus intentos de minar la autoridad del Estado se han saldado con centenares de homicidios selectivos de civiles y funcionarios públicos a quienes acusan de colaborar con sus enemigos. Las amenazas colectivas de muerte dirigidas por la guerrilla a trabajadores del sector público y a otros grupos como los periodistas han creado un clima de inseguridad y miedo.

El ejército ha respondido a esta amenaza, no enfrentándose directamente a la guerrilla, sino atacando a los civiles. De esta manera, parece creer que puede privar a las FARC y al ELN del oxígeno que, según afirma, estos grupos reciben de la población. Para las fuerzas de seguridad, todos los civiles del departamento deben ser tratados como posibles guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla. Esto se aplica especialmente a las zonas que tienen una fuerte presencia guerrillera y que son de interés económico, como Arauca. En estas zonas, el tachar de subversivos a los civiles proporciona un pretexto para emprender operaciones militares o paramilitares en las que se cometen violaciones de derechos humanos para silenciar a quienes hacen campaña en favor de los derechos sociales y económicos o para obligar a los civiles a abandonar zonas de importancia económica. En particular, el ejército y la policía han atacado a campesinos, comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos y sindicalistas. La estigmatización de estos grupos como colaboradores de la guerrilla se ha visto exacerbada por la campaña emprendida por el gobierno para minar la legitimidad de su trabajo.

Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no han servido para restaurar el orden en Arauca, sino sólo para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario. La zona de rehabilitación y consolidación de Arauca no redujo la violencia y la inseguridad en los municipios que abarcaba: Arauca, Saravena y Arauquita. De hecho, según la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, en algunos municipios las violaciones del derecho a la vida aumentaron, al igual que las actividades de la guerrilla contra las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar invariablemente a un aumento de las bajas civiles. Durante el tiempo en que la zona de rehabilitación y consolidación estuvo en funcionamiento también hubo un fuerte incremento del número de detenciones arbitrarias y en masa, que afectó principalmente a los defensores de los derechos humanos, los activistas en favor de la paz y los sindicalistas, muchos de los cuales habían sacado anteriormente a la luz violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. Los ataques contra estos grupos, a través de las detenciones arbitrarias y en masa, continúan imparables a pesar de que la zona de rehabilitación y consolidación ya no está en funcionamiento.

Vistas desde esta perspectiva, la zona de rehabilitación y consolidación, la Estructura de Apoyo y la práctica constante de detenciones arbitrarias señalan una intensificación de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, destinada no sólo a combatir a la guerrilla sino también a silenciar a quienes defienden los derechos socioeconómicos –incluidos los sectores que "obstaculizan" las exploraciones petroleras–, y a obligar a los civiles a abandonar las tierras que son importantes para la industria petrolera y para otros intereses económicos, garantizando al mismo tiempo que no se filtra información sobre lo que está sucediendo en la región.

La presencia de investigadores judiciales en los cuarteles de la XVIII Brigada y el uso de informantes pagados, encapuchados y anónimos conducen inevitablemente a que se cometan injusticias en el departamento de Arauca. Los sospechosos no son detenidos basándose en investigaciones judiciales independientes e imparciales previas, sino en la información poco fiable proporcionada por informante anónimos y con frecuencia pagados, y los investigadores judiciales suelen tener demasiado miedo a ser destituidos si se salen de la línea. La presencia de soldados campesinos y de redes de informantes pone también a las comunidades en las que éstos viven en peligro de sufrir ataques violentos de la guerrilla. Por su parte, el programa "soldado por un día", y otros programas similares, amenazaron con arrastrar incluso a los niños al conflicto armado.

Amnistía Internacional sigue recibiendo información fidedigna que indica que las fuerzas armadas, incluida la XVIII Brigada, están directamente implicadas en homicidios, torturas y "desapariciones". El ejército sigue además siendo instigado y secundado por los grupos paramilitares, que han reforzado su presencia en Arauca durante los últimos años. Uno de sus principales objetivos ha sido "limpiar" el departamento de toda presunta amenaza contra el oleoducto y otros intereses económicos tanto generales como relacionados con el petróleo. Esto ha dado lugar a una campaña sistemática de amenazas y homicidios contra campesinos, miembros de comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas, así como contra civiles a quienes los paramilitares acusan de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Los paramilitares también han tratado de mantener a la población civil bajo control creando un clima de temor mediante matanzas, "desapariciones" y tortura. Existen sólidos indicios de que algunos sectores de las fuerzas de seguridad siguen estando en connivencia con los grupos paramilitares, y la distinción entre ambos suele difuminarse a propósito para intensificar el clima de temor e inseguridad entre los civiles. De hecho, las operaciones de las fuerzas de seguridad prepararon inicialmente el camino para la presencia de los paramilitares en el departamento de Arauca. Si las fuerzas de seguridad están actuando en abierta connivencia con las fuerzas paramilitares, ¿a quién pueden acudir los civiles en busca de protección?

La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América –con mucho, el principal donante de ayuda militar a Colombia–, tiene el deber de garantizar que sus fondos no se utilizan para cometer violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y esto resulta trágico, sigue financiando unidades militares, incluida la XVIII Brigada de Arauca, pese a las abrumadoras pruebas que indican que dichas unidades están violando los derechos humanos, ya sea directamente o en connivencia con grupos paramilitares. La reciente decisión del gobierno estadounidense de permitir que su ayuda militar se utilice para actividades de contrainsurgencia en Colombia tendrá un resultado evidente y trágico: un aumento de los ataques contra la población civil. Mientras tanto, es probable que las guerrillas, que deberían ser el centro de la atención del ejército, permanezcan relativamente ilesas, como ha sido el caso habitualmente en este conflicto que dura ya 40 años y del que el mayor coste humano ha tenido que pagarlo la población civil del país.

Según los informes, Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, que poseen y gestionan el yacimiento petrolífero de Caño Limón, en Arauca, han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el ejército. Occidental Petroleum ha captado apoyos para que se proporcione ayuda militar a las fuerzas de seguridad colombianas y, según los informes, ha proporcionado financiación para la unidad especial de la Fiscalía General: la Estructura de Apoyo. Por su parte, Ecopetrol también ha proporcionado importantes sumas de dinero a las fuerzas armadas, según los informes. Este apoyo refuerza la responsabilidad de estas empresas de garantizar que los agentes estatales o los representantes de éstos que actúan para defender los intereses económicos y estratégicos de sus empresas en Arauca no cometen violaciones de derechos humanos.

Occidental Petroleum participa en el proceso de diálogo tripartito conocido como Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la Extracción, que regulan la valoración de riesgos, la interacción con la seguridad pública y la interacción con las fuerzas de seguridad privadas(58). Occidental Petroleum ha preparado una política global del buen vecino y un código de conducta empresarial al objeto de actuar de forma socialmente responsable. También ha refrendado los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social. Además, Repsol-YPF participa en el Pacto Mundial.(59)

Aunque las empresas hayan participado en estas iniciativas de carácter voluntario, al operar en zonas en conflicto como Colombia, las violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo. Hay denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que, al parecer, han recibido financiación de estas empresas.

Teniendo en cuenta lo anterior, Amnistía Internacional pide a estas empresas que evalúen y establezcan la valoración de riesgos y las relaciones contractuales con las empresas de seguridad, determinen las debilidades e integren los derechos humanos en sus códigos de conducta, utilizando como referencia las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que:

· elabore una política global de derechos humanos que cumpla plenamente las obligaciones internacionales de Colombia y las recomendaciones de la ONU y otros órganos intergubernamentales respecto a los derechos humanos, incluidas las relativas a actuar para poner fin a la impunidad, hacer frente a los grupos paramilitares respaldados por el ejército y disolverlos, y garantizar la seguridad de los sectores vulnerables;

· garantice que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y garantice también que los responsables de esas violaciones comparecen ante la justicia y que todos los miembros de las fuerzas de seguridad de quienes las investigaciones judiciales o disciplinarias concluyan que han estado implicados en casos de violaciones de derechos humanos o connivencia con los paramilitares son apartados de sus puestos hasta que se determine su culpabilidad o su inocencia;

· anule las propuestas que amenazan con arrastrar a la población civil aún más al conflicto y con reinventar el paramilitarismo a través de medidas como la red civil de un millón de informantes o el ejército de soldados campesinos;

· derogue las medidas que amenazan con agravar el problema de la impunidad en Colombia, como las que otorgan poderes de policía judicial al ejército o las que conceden amnistías de facto a miembros de grupos armados ilegales implicados en graves violaciones de derechos humanos;

· ponga fin a su peligrosa campaña para deslegitimar el trabajo llevado a cabo por los defensores de los derechos humanos, los activistas en favor de la paz y los sindicalistas, muchos de los cuales han sido víctimas de detenciones en masa, detenciones arbitrarias y asaltos a domicilios y oficinas;

· abandone el uso de "registros voluntarios" por parte del ejército y elimine la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General, ya que amenazan con fortalecer la impunidad en el departamento de Arauca.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que:

· inste al gobierno colombiano a poner en práctica las recomendaciones antes expuestas y vigile de cerca los esfuerzos del gobierno a este respecto. Estas recomendaciones son conformes con las formuladas repetidamente por las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, lo que impone a los gobiernos de segundos países el deber de vigilar estrechamente las acciones emprendidas por las autoridades colombianas para ponerlas en práctica;

· pida a los grupos armados de oposición que se comprometan públicamente a respetar las normas humanitarias internacionales y a impedir que sus miembros cometan abusos que infrinjan el derecho internacional humanitario;

· utilice sus buenos oficios para instar al gobierno colombiano y a los grupos armados de oposición a alcanzar un acuerdo humanitario para retirar a los civiles del conflicto;

· aumente la vigilancia sobre el terreno de la situación de los derechos humanos tanto en el departamento de Arauca como en las otras antiguas Zonas de Rehabilitación y Consolidación.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que:

· aplique plenamente la ley Leahy, que prohíbe que Estados Unidos proporcione formación a unidades militares de las que se crea que han participado en violaciones de derechos humanos;

· interrumpa el desembolso de ayuda estadounidense en materia de seguridad a Colombia hasta que el Departamento de Estado pueda certificar que las fuerzas armadas de Colombia han cumplido los criterios sobre derechos humanos establecidos en la sección 564 del proyecto de ley de Asignaciones Generales del año fiscal 2003, incluidos el de cortar los lazos entre el ejército y las fuerzas paramilitares y el de hacer rendir cuentas al personal militar por las violaciones de derechos humanos;

· haga en Colombia declaraciones públicas en las que reconozca la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a los grupos armados de oposición que:

· ordenen a todos sus combatientes que respeten el derecho internacional humanitario, que prohíbe específicamente a todas las partes de un conflicto armado interno que ataquen a personas que no participan directamente en hostilidades, y en especial que se abstengan de cometer actos de violencia como el asesinato, la mutilación, el trato cruel, la tortura, los atentados contra la dignidad de la persona y la toma de rehenes;

· pongan en práctica medidas específicas destinadas a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, como asegurarse de que todas las fuerzas bajo su control reciben formación y órdenes sobre el respeto constante a los principios del derecho internacional humanitario, investigar las denuncias de infracciones del derecho internacional humanitario para determinar quiénes son sus responsables, y asegurarse de que dichos responsables son apartados de todo puesto en el que puedan cometer abusos contra civiles y contra personas que están fuera de combate;

· se aseguren de no utilizar armas ni prácticas militares que puedan dar lugar a una amenaza desproporcionada e indiscriminada contra la seguridad de los civiles;

· respeten el derecho de las autoridades locales y los funcionarios, como los alcaldes, los concejales o los funcionarios judiciales, a cumplir con su deber legal y legítimo sin temor a amenazas.

Amnistía Internacional pide a Occidental Petroleum y a Repsol-YPF que:

· presionen al gobierno colombiano para que aplique plenamente las recomendaciones sobre derechos humanos de Naciones Unidas, tal como se indica supra;

· insistan en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición en las zonas en que sus empresas operan;

· retiren cualquier apoyo que puedan estar prestando a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General e insistan en su desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia y de manera independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una investigación criminal por la Estructura de Apoyo.

Amnistía Internacional pide a las empresas petroleras que operan en Arauca que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, y, concretamente, que:

· garanticen que las disposiciones sobre seguridad para las empresas cumplen con las normas internacionales de derechos humanos;(60)

· pidan a las autoridades colombianas que inicien una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra agentes de la seguridad privada. Las empresas deben comunicar a las autoridades colombianas que los funcionarios implicados en violaciones cometidas en el pasado no actuarán en las zonas donde ellas operan;

· garanticen que, antes de contratar a guardas de seguridad u otros agentes de seguridad en Arauca, se lleva a cabo una investigación sobre su conducta en el pasado, y que se aplican políticas que prohíben tanto la contratación de individuos como la colaboración con unidades de las fuerzas de seguridad del Estado o la contratación de empresas de seguridad sobre las que se sepa de su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario.(61) En este contexto se engloba la conducta de las fuerzas de seguridad, no sólo en la zona del oleoducto, sino también su conducta en otras zonas en el pasado. Las empresas han de insistir en que las firmas de seguridad privada cuyos servicios contratan no estén integradas en redes de inteligencia de civiles.

· se aseguren de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean requeridas a fin de garantizar su cumplimiento.

Como empresa que participa en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en el Sector de la Extracción, Occidental Petroleum debe:

· aplicar las disposiciones específicas que regulan la valoración de riesgos y la interacción entre empresas y fuerzas de seguridad públicas o privadas;

· llevar a cabo consultas regulares con el gobierno de Colombia y, en su caso, con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en relación con las repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan tener en las comunidades locales;

· presionar a las autoridades colombianas para que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre los abusos y actúen para combatir y desmantelar a los grupos paramilitares respaldados por el ejército;

· proporcionar una compensación adecuada, justa y equitativa cuando así se requiera.

Notas:

(1) La Fiscalía General de la Nación se estableció en la Constitución de 1991 para investigar y procesar todos los delitos cometidos en Colombia, incluidos los abusos y violaciones de derechos humanos.

(2) La función de la Procuraduría General de la Nación consiste en llevar a cabo investigaciones disciplinarias sobre denuncias de conducta indebida, incluidas violaciones de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos, como los miembros de las fuerzas de seguridad.

(3) La cifra de población es una estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

(4) Véase Amnistía Internacional, Colombia: Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos, diciembre de 2002, AMR 23/132/2002.

(5) El derecho internacional humanitario, que incluye los Convenios de Ginebra, es el derecho de la guerra, y busca regular los métodos de hacer la guerra (como el trato a los combatientes) y proteger a los civiles que no participan en el conflicto.

(6) El Tiempo, 9 de septiembre de 2003.

(7) La cifra de población es una estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

(8) "La Violencia" fue, en la práctica, una guerra civil que estalló a partir del largo conflicto entre los partidos Liberal y Conservador. Se cobró la vida de unas 200.000 personas entre 1948 y 1957.

(9) Defensoría del Pueblo, Proyecto Apoyo Defensorial en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación: Primer Informe de Actividades, marzo de 2003, Bogotá.

(10) En 1996, la Asociación Cravo Norte, que actúa en el yacimiento de Caño Limón y es propiedad de la empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Occidental Petroleum y la española Repsol-YPF, había firmado un "acuerdo de colaboración" mediante el cual se comprometía a proporcionar ayuda a las unidades de la XVIII Brigada que actuaran en las cercanías del yacimiento.

(11) Según la ley estadounidense, las unidades militares financiadas por Estados Unidos deben contar con una "certificación" que acredite que han cumplido una serie de criterios en materia de derechos humanos; si no tienen dicha certificación pueden perder la financiación.

(12) Esta ley establece la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en las querellas presentadas contra autores de violaciones de derechos humanos que se encuentran dentro de las fronteras de Estados Unidos pero que cometieron el presunto delito fuera de territorio estadounidense.

(13) Occidental Petroleum había traspasado el contrato con Airscan a la Fuerza Aérea Colombiana, y ese contrato lo había pagado la empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol.

(14) El yacimiento petrolífero de Caño Limón lo explota la Asociación Cravo Norte, propiedad de Ecopetrol (50 por ciento), Occidental Petroleumcol (25 por ciento) y Occidental Petroleum Andina (25 por ciento). Occidental Petroleumcol es propiedad de Occidental Petroleum (75 por ciento) y Repsol-YPF (25 por ciento). Occidental Petroleum Andina era la parte de Shell en la Asociación Cravo Norte hasta que fue vendida a Occidental Petroleum.

(15) Según los informes, el oleoducto fue atacado con explosivos 152 veces en el año 2000, 178 veces en 2001 y 50 veces en 2002. Véase Protecting the Pipeline: the US Military Mission Expands, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), mayo de 2003.

(16) Sitio web de Occidental Petroleum: www.oogc.com

(17) Testimonio del general Gary D. Speer, comandante en jefe en funciones, Comando Sur de los Estados Unidos, Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, 24 de abril de 2002.

(18) "A Colombian village caught in a cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US involvement in the Latin American drug war can be", Los Angeles Times, 17 de marzo de 2002.

(19) Cifra citada en Thad Dunning y Leslie Wirpsa, "Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach", 2002, artículo cuya publicación estaba prevista en Geopolitics.

(20) "A Colombian village caught in a cross-fire. The bombing of Santo Domingo shows how messy US involvement in the Latin American drug war can be", Los Angeles Times, 17 de marzo de 2002.

(21) Véase el documento de Human Rights Watch: Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security Arrangements Of Transnational Oil Companies (abril de 1998).

(22) Véase el documento de Human Rights Watch: Colombia: Human Rights Concerns Raised By The Security Arrangements Of Transnational Oil Companies (abril de 1998).

(23) Declaración de Lawrence P. Meriage, vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de Occidental Oil and Gas Corporation, ante el Subcomité de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso, vista sobre Colombia, 15 de febrero de 2000.

(24) En el capítulo 6 encontrarán un análisis más detallado de la Operación Arawac

(25) En Seguridad, ¿a qué precio? La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis de derechos humanos (Índice AI: AMR 23/132/2002) encontrarán un análisis detallado del Estado de Conmoción Interior y del decreto 2002.

(26) En el capítulo 6 encontrarán un examen detallado de los poderes de policía judicial.

(27) Artículo 11, decreto 2002 de 2002.

(28) El 24 de noviembre de 2002 se incluyeron en la zona de rehabilitación y consolidación dos nuevos municipios, uno en el departamento de Bolívar y otro en el departamento de Sucre.

(29) El Batallón "Héroes de Saraguro" había estado adscrito a la V Brigada y actuaba en el departamento de Norte de Santander. Fue transferido a la XVIII Brigada tras una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares en 1999 y 2000 en zonas próximas a unidades de este batallón.

(30) El Tiempo, 4 de octubre de 2002.

(31) Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca: Informe Especial, 2003, Bogotá.

(32) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.

(33) Declaración de la ministra de Defensa durante una visita a Arauca en julio de 2003, de la que informó el sitio web del gobierno el 15 de julio de 2003 (www.presidencia.gov.co).

(34) Entrevista con el general Lemus, 20 de marzo de 2003.

(35) El Espectador, 24 de febrero de 2002.

(36) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2003/13), 24 de febrero de 2003, y Diario del Magdalena, 30 de marzo de 2003.

(37) El Tiempo, 9 de agosto de 2002.

(38) El decreto 1612 podría preparar el camino a la reaparición de grupos de "autodefensa" similares a los CONVIVIR, creados por el presidente Ernesto Samper en 1994. Aquellos grupos solían estar armados y se vieron implicados en violaciones de derechos humanos tales como matanzas, muchas veces en coordinación con los paramilitares y las fuerzas armadas. En noviembre de 1997, la Corte Constitucional resolvió que no debía permitirse que los CONVIVIR actuaran como "escuadrones de la muerte" y ordenó que entregaran las armas reservadas para uso del ejército. Se teme que algunas redes de informantes civiles puedan terminar convirtiéndose en grupos del estilo de los CONVIVIR. Amnistía Internacional no ha recibido información que indique que el decreto 1612 ha sido derogado por el gobierno actual; de hecho, se aprobó tan sólo unos días antes de que el gobierno del Presidente Uribe ocupara su cargo.

(39) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.

(40) Semana, 3 de febrero de 2003.

(41) Informe Comisión Interinstitucional sobre Situación de Derechos Humanos en los Departamentos de Casanare y Arauca, julio de 1995.

(42) Artículo 1 de la resolución 02033 de la Fiscalía General de la Nación, de 23 de noviembre de 2001.

(43) Véase Huellas, nº 39, febrero-marzo de 2002; también la entrevista con el mayor Aldana, de la XVIII Brigada, y con Aldemar Rodríguez, de la Federación de Derechos Humanos de Arauca, 22 de marzo de 2003, y con el procurador regional de Arauca, José Reinel Orozco, 19 de marzo de 2003.

(44) En el capítulo 6 encontrarán más información sobre la matanza.

(45) Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe Especial, 2003, Bogotá.

(46) Amnistía Internacional desea proteger la identidad de la testigo.

(47) Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación: Informe Especial, 2003, Bogotá.

(48) La Comisión Interinstitucional de julio de 1995 hizo referencia a la actuación de dos grupos paramilitares en el departamento de Arauca: las Autodefensas de Sarare (ADS), establecidas en Saravena en 1993, y el Comando Dumar Aljure, que actuaba en el municipio de Tame en 1995.

(49) En 1994, el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper autorizó la creación de cooperativas privadas de seguridad, inicialmente llamadas grupos CONVIVIR, que, entre otras actividades, proporcionarían a las fuerzas de seguridad información militar secreta.

(50) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia al 58 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002.

(51) El yacimiento de Capachos lo explotan Repsol-YPF y Ecopetrol. En 2001, mientras se llevaba a cabo la perforación exploratoria, TotalFinaElf había adquirido una participación, pero renunció a ella en 2002.

(52) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003, E/CN.4/2003/13.

(53) En el capítulo 5 encontrarán más información sobre las detenciones en masa del 21 de octubre de dirigentes políticos y candidatos electorales.

(54) Cifra citada en Thad Dunning y Leslie Wirpsa, "Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach", 2002, trabajo próximo a publicarse en Geopolitics, tomada de un artículo publicado en el Pittsburgh Post-Gazette del 22 de julio de 1996, que a su vez citaba un artículo publicado en El Tiempo el 21 de julio de 1996.

(55) Íbid.

(56) Íbid.

(57) Véase el capítulo 2.

(58) La valoración del riesgo engloba la identificación del riesgo, el potencial para la violencia, el historial en materia de derechos humanos, el Estado de derecho, la valoración de conflictos, y la transferencia de equipos. La interacción con las fuerzas de seguridad se refiere a los principios que gobiernan las disposiciones, el despliegue y la conducta en materia de seguridad, y la consulta y el asesoramiento.

(59) El Pacto Mundial es una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que insta a las empresas a actuar respetando los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente. http://www.pactomundial.org/.

(60) Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones Unidas.

(61) Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, de los que Occidental Petroleum es firmante.