"Este es un gobierno perdido para la paz, para la solución política, es un gobierno que no tiene política de derechos humanos", dice el defensor de los derechos humanos Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien agrega que ahora "tenemos el riesgo de que el Presidente quiere hacerse reelegir con la ayuda de los medios de comunicación".

En la siguiente entrevista, el defensor de los derechos, quien hasta hace poco fue uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), hace un balance de la política de "seguridad democrática" y devela algunos de los mecanismos de funcionamiento de la "guerra anti-terrorista" de Álvaro Uribe que se traduce, entre otras cosas, en asesinatos y descalificación de defensores de derechos humanos, legalización del paramilitarismo, delaciones y detenciones masivas de personas que nada tiene que ver con la insurgencia.

 - ¿Cuál es su balance de la situación de los derechos humanos en Colombia, luego de que el Presidente Uribe ha puesto en vigencia su política de "seguridad democrática"?

En el gobierno anterior se tenía como opción la negociación política. El gobierno de Andrés Pastrana fracasó en esa propuesta, no hubo suficiente voluntad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni del gobierno para entrar en una negociación y eso trajo como consecuencia que, ante el cansancio que hay en la guerra en Colombia, el Presidente Álvaro Uribe, sea elegido con una propuesta autoritaria, de solución militar al conflicto, de guerra total a la guerrilla. Esto llevó a que entrara con una dinámica de colocar toda la política pública en función de ganar la guerra y eso llevó a que su plan nacional de desarrollo, o lo que él llama su política de "seguridad democrática" esté toda encaminada a ganar la guerra. Esto se ha traducido en que ha tratado de tomar medidas en torno al estado de excepción, y esas medidas fueron tumbadas por la Corte Constitucional. Entonces el Presidente y su ministro dijeron en ese momento, la Constitución no nos sirve, porque no nos permite acabar a la guerrilla y empieza una política de retroceder desde el punto de vista constitucional. De hecho, ya se hizo una reforma constitucional que afecta derechos constitucionales, y ahora se quiere hacer otras reformas constitucionales para adecuar no la política del gobierno a la Constitución sino la Constitución a la política del gobierno, entonces ahí se ve todo un retroceso, se la quiere modificar más para hacerla retroceder en materia de derechos y libertades, se quiere desmontar la Corte Constitucional, se quiere anular la acción de tutela o quitarle competencias. Es decir que ahí hay otra fase regresiva. Otra fase regresiva es que hay una mayor militarización del país, una gran cantidad de batallones, de fuerzas militares, el Plan Colombia se profundiza más, la ayuda que otrora era para el narcotráfico, ahora es para combatir el terrorismo. Pero ahí lo más grave son los siguientes elementos, primero que para el Presidente no hay un conflicto armado en Colombia. Para él, lo que hay es un Estado legítimo y unos terroristas que atacan el Estado, y dentro de esa lógica entonces no hay ninguna negociación posible, porque son criminales, asesinos, enemigos de toda la sociedad, y lo único que hay que hacer es combatirlos, y eso cierra cualquier posibilidad de diálogo, porque si no reconoce que hay un conflicto armado menos puede reconocer una negociación política al conflicto. El otro elemento muy fuerte es que, dentro de esa misma lógica, todos los colombianos tenemos que estamos que estar contra el terrorismo, o sea que tenemos que estar con el Estado, el que no está con el Estado es terrorista.

- Es la misma política de Bush.

 Sí, en este sentido cuando la gente iba contra el referendo se sacaban propagandas en televisión comparando los atentados de las FARC, la voladuras de oleoductos, las poblaciones atacadas, y se decía esos son los que no están contra el referendo, es decir se encasillaban como terroristas los que no estaban con la política del gobierno. Eso lleva entonces a que el gobierno involucre a toda la población en el conflicto y lo haga de varias formas. Ya el 5% de la población, o sea más de 2 millones están en la red de informantes, es decir son personas pagadas por el Estado para que le den información a las autoridades, para que sean espías.

- ¿Cuánto se está pagando a los informantes?

Hay un pago que oscila en medio salario mínimo legal, en un país de pobres y en medio del desempleo. Pero además hay pagos por información, entonces uno ve por televisión el espectáculo grotesco de ver a un tipo encapuchado recibir un poco de plata por haber colaborado con el gobierno. Esto se genera con una política del zapeo, que se ha traducido en unas arbitrariedades impresionantes, porque muchos de estos testigos, en aras de buscar dinero, terminan acusando a personas inocentes de ser auxiliares de la guerrilla o pertenecer a las FARC o lo que sea. La otra forma es la de los soldados campesinos, es como crear una especie de autodefensa en donde se le dice al soldado, usted va a ser soldado pero se queda ahí donde usted está, entonces lo que hace el Estado es decirles a la esposa, a los hijos, a los papás, a los vecinos, a los amigos, miren si no quieren que maten a sus familiares entonces ayuden, colaboren, entonces se involucra a la familia en la figura de los soldados campesinos. Por otro lado han aumentado mucho la fuerza pública, las bases militares, etc., entonces se trata de decirle a la gente aquí no hay distinción, aquí o todos somos anti-terroristas o todos somos terroristas o sospechosos.

 - ¿También hay detenciones masivas de la población?

Claro, este gobierno no tiene una política de paz, entonces tiene una estrategia de delación. Expidió el decreto 128 del 2003, donde todo guerrillero o paramilitar que quiera puede presentarse ante cualquier batallón o estación de policía, con su arma o sin ella, y decir me quiero acoger y reincorporar el Estado. Entonces ellos elaboran unas listas y a estas personas les dan unas ayudas económicas, los meten en una casa donde les dan alimentación, les dan seguridad social y luego les dan incentivos por colaborar con el Estado, es decir los vuelven delatores. Esa no es una política de paz, es una política de guerra, es una estrategia de delación, entonces andan repartiendo volantes por todo el país: "si usted es guerrillero entréguese, por el fusil no sé cuánto". Esta estrategia ha llevado a que mucha gente se salga de las FARC y se salga de los "paras" y empiecen a dar mucha información, pero también ha llevado a que mucha gente, que anda desempleada o con hambre, se haga meter en esas listas y se presenta como guerrillero sin ser guerrillero, pero como es un afán económico lucrativo entonces se vuelven informantes de la Fiscalía, entonces por 1000 o 2000 dólares estas personas empiezan a señalar a la población, al que vende carne, le dicen éste le vende carne a la guerrilla, al peluquero le dicen éste "peluquea" a la guerrilla, al trabajador de la salud, éste atiende a guerrilleros en el hospital. Entonces terminan haciendo operativos envolventes donde detienen 20, 50, 80, 100, hasta más de 2000 personas como sucedió en Arauca, porque esos supuestamente son auxiliadores de la guerrilla. Dentro de la política del gobierno, hay un eje que es la política de aislamiento de la guerrilla, entonces se producen unas detenciones impresionantes de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la guerrilla. Es como una forma de castigar a la sociedad por no ser sapos, informantes, o lo que sea. De esa manera es que se castiga el no involucramiento en el conflicto. Estos reincorporados muchas veces terminan asesinados o declarando mentiras en los batallones, con lo que legalizan informes de inteligencia, hacen allanamientos ilegales, detenciones sin órdenes de captura, es decir es una política completamente arbitraria y de represión.

 - Respecto a defensores a derechos humanos y dirigentes sociales, ¿cuál ha sido la política de Álvaro Uribe?

Es la misma. En concreto, el año pasado en Colombia mataron a 13 defensores de los derechos humanos, sigue la guerra sucia, siguen los asesinatos, y hay un proceso de legalización del paramilitarismo y lo que está haciendo es institucionalizando el paramilitarismo a través de todas estas figuras de los soldados campesinos, de la red de informantes, de los delatores. Hay una propuesta de alternabilidad penal para legalizar los bienes del narcotráfico que están administrados por los paramilitares, etc. Y como nosotros denunciamos todo eso, el gobierno se ha atrevido incluso a decir que nosotros somos voceros del terrorismo, auxiliadores del terrorismo, es decir una actitud muy agresiva. Y hacia los movimientos sociales lo mismo, es decir hay una descalificación total, hay desestimulo al derecho de asociación, a las formas de organización, se siguen tomando medidas regresivas en materia social, salud y educación. Es decir realmente este es un gobierno perdido, perdido para la paz, para la solución política, es un gobierno que no tiene política de derechos humanos y tenemos el riesgo de que el Presidente se quiere hacer reelegir, tiene una propuesta de modificación de la Constitución para hacerse reelegir y lamentablemente los medios de comunicación no juegan un buen papel y el Presidente tiene mucha popularidad.

 - ¿A cuánto asciende la popularidad de Álvaro Uribe?

 Unos hablan del 70 por ciento o más. Yo el ejemplo que pongo es el de Fujimori. Fujimori también tuvo muchísima popularidad y fue reelegido y todo sabemos cómo terminó.

 - Pese que se le atribuyen altos índices de popularidad, el Presidente Uribe perdió el referéndum.  ¿Explíquenos eso?

El referéndum lo perdió porque el Presidente tuvo la virtud de unir a toda la sociedad en contra de sus políticas represivas, y eso hizo que la gente no votara el referéndum, pero frente a las medidas que tienen que ver con seguridad y represión a la gente no le importa, a la gente que están en las ciudades no le importa lo que está pasando en el campo. En materia de seguridad, el gobierno tiene mucho respaldo.

- Del lado de la insurgencia, crecen las denuncias de que se está violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

 Es obvio que en Colombia, la guerrilla ha cometido actos que atentan contra la población civil, eso no se discute, ha cometido infracciones gravísimas al Derecho Internacional Humanitario, está el problema del secuestro, de algunas masacres, está el problema de que la guerrilla ha contribuido al desplazamiento forzado de comunidades. Lo que nosotros hemos venido diciendo siempre es que si la guerrilla quiere tener legitimidad social tiene que acatar el DIH, y además hemos hecho propuestas al gobierno y a la insurgencia en la necesidad de suscribir acuerdos humanitarios que respeten a la sociedad civil. En este sentido, pienso que la guerrilla tiene una motivación política, y pienso que el conflicto armado colombiano tiene que resolverse de manera política.

 - ¿Cómo evalúa la reintegración a la vida legal de los paramilitares?

La propuesta de la alternatibilidad penal es una legalización del paramilitarismo, es un poder político y económico que quiere pagarle la deuda al paramiltarismo por haberlos cuidado muchos años, por haberle cuidado sus bienes, por haberlos protegido, y entonces no quieren llevarlos a la cárcel, y quieren que se incorporen a la institucionalidad. Por ejemplo en Medellín, muchos de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara eran realmente milicianos urbanos y ahora trabajan en Metro Seguridad, entonces es como coger todas esas redes y legitimarlas y legalizarlas, y mantenerlas activas para el conflicto. .

 - ¿Uribe está tratando también de involucrar a otros países en su lucha anti-terrorista?

Se mueve con la misma lógica de Bush, es el único Presidente de un país que pide que lo invadan. Mientras Hussein y todo el planeta rechazaban la invasión a Irak, Uribe pedía que nos invadieran. Eso lo ha venido pidiendo desde que era gobernador, y en esa lógica él si quiere hacerle caso a Bush de tener una luchar anti-terrorista y de alguna manera regionalizar el conflicto, quiere que las tropas se muevan de Venezuela a la frontera, de Ecuador y Panamá a la frontera, y hacer como un anillo de seguridad. Y lamentablemente esa política ha hecho algún eco en el Ecuador, pero en el caso de Venezuela no, y por eso los gringos quieren tumbar a Chávez. Yo espero que Ecuador no se preste para eso.