Amnistía Internacional ve con honda preocupación la escalada de violencia política y la creciente amenaza para el Estado de derecho que están enturbiando el periodo anterior a las elecciones de noviembre de 2003 en Guatemala y socavando la posibilidad de un proceso electoral libre y transparente. "Es fundamental que acaben los actos de violencia política, intimidación y amenazas para poder restablecer el Estado de derecho en Guatemala y celebrar las elecciones en un clima de respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos" afirma Amnistía Internacional. Los días 24 y 25 de julio, grupos armados de ex paramilitares y representantes del partido dirigente, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), presuntamente organizados y financiados por éste, sometieron a chantaje la capital guatemalteca atacando a individuos e instituciones e incendiando propiedades. Ríos Montt y miembros del FRG presuntamente implicados en los hechos negaron tener responsabilidad alguna en la organización de estos actos. Los hechos ocurrieron después de que la Corte de Constitucionalidad suspendió la candidatura de Ríos Montt a la presidencia el 22 de julio. Mientras sucedían, la Corte sometía a consideración las mociones presentadas por dos partidos políticos en relación con la constitucionalidad de su fallo inicial del 14 de julio a favor de Ríos Montt. El 30 de julio, la Corte de Constitucionalidad confirmó su decisión de considerar admisible la candidatura a presidente del general Efraín Ríos Montt en las elecciones de noviembre de 2003. La nueva decisión contradecía resoluciones anteriores de la propia Corte y de la Corte Suprema de Justicia que declaraban inconstitucional la candidatura de Ríos Montt a causa de su participación en un golpe de Estado en 1982, a través del cual se erigió en presidente de facto. Las resoluciones anteriores también eran acordes con una decisión dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993. "Es preciso que se abra inmediatamente una investigación independiente sobre los hechos acaecidos entre el 24 y el 25 de julio -afirma Amnistía Internacional-. Todos los implicados en sucesos violentos y en violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado deben ser objeto de acciones judiciales y procesados, y no se debe permitir que concurran como candidatos a las elecciones." "Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la protección de los miembros del colectivo judicial, los periodistas y los defensores de los derechos humanos, entre otros. Las operaciones de mantenimiento del orden público deben atenerse estrictamente a las normas internacionales y no contravenir los acuerdos de paz de 1996" ha añadido la organización. La comunidad internacional puede desempeñar un importante papel en el restablecimiento del Estado de derecho en Guatemala. La aplicación de las recomendaciones de la reunión del Grupo Consultivo de los principales países e instituciones contribuyentes al proceso de paz guatemalteco, celebrada en mayo de 2003, y la presencia inmediata de observadores internacionales para vigilar las elecciones son elementos clave para evitar que la insumisión arrecie en el país. * Índice AI: AMR 34/047/2003/s (Público) Servicio de Noticias 183/03 1 de agosto de 2003