El 14 de mayo pasado, Estados Unidos anunció que iniciaba una demanda contra la Unión Europea, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para forzarla a aceptar la importación de productos transgénicos. La demanda fue presentada en conjunto con Canadá, Argentina y Egipto (juntos responden por 96 por ciento de la producción mundial de transgénicos), con el apoyo de México, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. La Unión Europea declaró en octubre de 1998 una moratoria de facto a la liberación de transgénicos al ambiente, debido a la falta de regulación adecuada y de suficientes evidencias científicas de inocuidad en el ambiente y la salud. Se suspendieron las importaciones de cultivos de países que no tuvieran políticas de segregación y etiquetado de transgénicos, con pocas excepciones. La medida, que respondió a las protestas masivas de organizaciones de consumidores y otras de la sociedad civil, se guió por el principio de precaución, y se aplicó igualmente al mercado interno, por lo que no puede ser considerada como "discriminatoria" del comercio, tal como plantea Estados Unidos. El anuncio de la demanda, a cargo de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Ann Venneman, y el representante de Comercio, Robert B. Zoellick, contó con la presencia de invitados especiales, encabezados por el doctor C.S. Prakash, conocido defensor de los transgénicos que se presenta como científico, con amistades demasiado estrechas en la industria biotecnológica. Junto con él, un selecto grupo de personas afines a la política agrícola de Estados Unidos y a esta peculiar forma de ciencia, entre los cuales estuvo presente el doctor Ariel Alvarez-Morales del Cinvestav Irapuato. Como ayuda de memoria, Prakash fue quien encabezó la campaña internacional negando que hubiera contaminación transgénica de maíz campesino en México y contra Chapela y Quist, los investigadores de la UC Berkeley que publicaron en Nature los datos iniciales que así lo indicaban. El doctor Alvarez- Morales fue comendado por la Sagarpa, a pedido a su vez de la comisión de bioseguridad, Cibiogem, para tomar pruebas y estudios sobre la contaminación del maíz en México. El estudio, finalizado hace meses, no ha sido dado a conocer al público mexicano, pese a reiterados pedidos de organizaciones civiles. Si este estudio confirma otra vez la contaminación denunciada, sería uno más de los muchos argumentos para parar las importaciones de maíz transgénico. Sin embargo, de espaldas al público y los campesinos mexicanos, Alvarez- Morales no encontró mayor dificultad en acompañar amablemente a las autoridades estadunidenses para apoyar la demanda de que los ciudadanos europeos también deben dejarse contaminar. Según datos de la Unión Europea, la baja de importaciones de maíz estadunidense fue compensada en estos cinco años por compras a... ¡Argentina!, que siguiendo el cínico estilo político de sus gobiernos acompaña la demanda de todos modos. Seguramente tienen demasiadas ventajas comparativas frente a Estados Unidos y como no las necesitan, les dio pena. ¿Alguien podría explicar las causas por las que gobiernos de países que son importadores netos como México, Honduras, Salvador y otros, también la apoyan? En esta demanda, el mayor beneficiario será la multinacional Monsanto, que vende 90 por ciento de las semillas transgénicas comerciales en el mundo. Venneman argumentó que la demanda es para "defender la agricultura americana", pero George Naylor, presidente de la coalición de agricultores familiares de Estados Unidos (NFCC), declaró que "ella estará defendiendo la agenda corporativa de los agronegocios, porque definitivamente no está luchando por los intereses de los agricultores familiares". Venneman agregó que permitirá "el pleno desarrollo de una tecnología que tiene enormes beneficios potenciales para los consumidores y productores del mundo entero (...) para combatir el hambre y la desnutrición que afectan a cientos de millones de personas en el mundo en desarrollo". Hambrientos que se podrán alimentar con herbicidas, ya que más de 75 por ciento de los transgénicos son producidos para tolerar agrotóxicos de la misma empresa que vende la semilla. Ignoró convenientemente que gobiernos de Africa no aceptaron dichos productos ni siquiera como donación, ya que pensaron que serían una amenaza a sus propias variedades campesinas y a su salud. Las negociaciones agrícolas en la OMC ya estaban trabadas, en una guerra de múltiples aristas, donde Estados Unidos quiere conservar sus propios subsidios y eliminar los de la Unión Europea y el resto del mundo. Como zanahoria frente a los burros de los países del tercer mundo, presenta esta demanda como democratizadora del acceso a mercados. Zanahoria envenenada, porque la producción agrícola de los países del sur siempre perderá en esa competencia, y la única alternativa es proteger y aumentar la producción agrícola interna basada en los principios de la soberanía alimentaria y en la satisfacción de las necesidades de la propia población. La demanda muestra además el carácter de imposición que se quiere afirmar en la OMC, contra las elecciones de salud y medioambiente de los ciudadanos -en este caso los europeos. Esta demanda no va a cambiar la posición de los ciudadanos frente a los transgénicos. Al contrario, a punto con la resistencia global campesina y civil que se prepara frente a la próxima reunión de la OMC en Cancún, esto unirá aún más a los activistas ambientales y en temas comerciales con los campesinos, los consumidores, y el movimiento global por la paz y contra el despotismo del gobierno de Estados Unidos. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC