El modelo económico neoliberal, por sus efectos excluyentes, vuelve inaplicables buena parte de los derechos obtenidos por las mujeres en los últimos decenios. Pues, si el siglo empezó en medio de un desarrollo, sin precedentes, de derechos para las mujeres, también inició con una agudización de las complejidades que resultan del proceso de la globalización, de lo cual se desprenden nuevas modalidades de la brecha de desigualdad entre los géneros. Así, tanto la realización como los impedimentos para el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres, están indefectiblemente vinculados a la manera como se expresa la conexión entre las relaciones de género con las situaciones estructurales, socioeconómicas, culturales y políticas, en cada contexto. De tal forma que el acceso de las mujeres a su ciudadanía se produce en relación proporcional, por un lado, a la toma de medidas concretas que cada sociedad adopta y, por otro, a la ubicación de cada cual en las relaciones de clase, la etnia, el lugar de origen y geo-económico. En el caso de América Latina y el Caribe, es patente que si bien se han registrado significativos avances en la formulación de políticas públicas en todos los países, estos se ven paralizados, especialmente, cuando se trata de áreas que requieren inversiones económicas, tales como la salud o la educación. Y, más aún, los efectos de las mencionadas políticas públicas se vuelven prácticamente nulos cuando se trata de ajustar las prácticas nacionales a los criterios del modelo económico vigente. Esto se expresa claramente en el campo laboral, donde contrario a procurar mejoras en las condiciones de trabajo de las mujeres, la mayoría de países se encuentran más bien abocados a modificar sus legislaciones para dar campo abierto a la flexibilización. Aquí, como en la mayoría de asuntos relacionados con la economía, persiste una expresa omisión de las consideraciones de género en la adopción de políticas y medidas. Esta discordancia entre los derechos adquiridos, la adopción de políticas públicas, y la falta de visiones integrales de género, toma matices aún más críticos cuando entran en el escenario las mecánicas inherentes al proceso de globalización. Tal es el caso de las dinámicas que se expresan con relación a la agricultura, donde las mujeres se ven obligadas a continuar cumpliendo con su rol de garantes de la seguridad alimentaria del conjunto, en un contexto de competencia desigual con las compañías transnacionales. Retos actuales para la igualdad Entre los principales retos para la igualdad de género en este nuevo siglo se destaca el de la vigencia de la Ciudadanía, que incluye tanto la apropiación de los derechos individuales y colectivos -específicos y generales- por parte de las mujeres, como el desarrollo de las condiciones propicias para su ejercicio, estas últimas indiscutiblemente relacionadas con cambios societales globales, que proyecten un mundo donde existan posibilidades reales para ejercer la igualdad, la diversidad, la justicia económica. Esto incluye la visualización de los llamados nuevos derechos, que abarcan desde los relativos a opciones y decisiones personales -como lo son los derechos sexuales y reproductivos- hasta los vinculados a la inserción de las mujeres a la sociedad global con sus paradigmas actuales, lo que está relacionado directamente con a posibilidad de poder optar por modelos de desarrollo propios y autónomos. Por ello, a la par de los reconocimientos institucionales que potencian los avances formales, es más importante que nunca potenciar la notoriedad del enfoque crítico que producen los movimientos, porque la propia existencia de éstos tiene que ver con la perennidad de las situaciones de discriminación que afectan a las mujeres, y hablan de voluntades participativas para la construcción de futuro. Los movimientos y sectores organizados han demostrado ser verdaderos laboratorios de ideas, propuestas e iniciativas alternativas al modelo excluyente, las mismas que invariablemente son ignoradas por la tecnocracia planificadora actual. Potenciar su influencia contribuiría al afianzamiento de la democracia, haciéndola más participativa, y por lo tanto, más viable. El movimiento de mujeres ha producido o adherido a numerosas iniciativas prácticas de redistribución de la riqueza, muchas de las cuales solo dependen de voluntades. Fomentar su viabilidad contribuiría a resolver buena parte de los problemas de crucial actualidad: la condonación de la deuda externa de los países pobres; el impuesto Tobin a los capitales financieros especulativos y su redistribución; la iniciativa 20/20, entre otras. Las propuestas formuladas por las mujeres del campo se basan en varios puntos: el fomento de relaciones igualitarias entre los géneros; fortalecer la producción sana para la autosubsistencia; mantener el campo como entidad social; desarrollar modelos sostenibles y sensibles a la protección del medio ambiente; incrementar redes de comercialización y distribución solidarias; priorizar las aspiraciones humanas antes que las ganancias. Todo esto contribuiría, sin duda, a la erradicación del hambre y la pobreza, máxime si son las mujeres quienes aseguran ya la seguridad alimentaria de la mayoría. Pensar en modelos alternativos, con ellas produciendo lo que producen, garantizaría la sustentabilidad. En lo concerniente a las políticas públicas y en lo que a relaciones de género compete, tan sólo es indispensable mantener las que ya existen, aplicarlas y desarrollar las que faltan. Pero, esto no puede hacerse desde el fundamentalismo neoliberal, corriente que justamente produce lo contrario. Es necesario, entonces, defender las visiones democráticas que sustentan el desarrollo de políticas para y desde la gente y no desde el ideal del capital financiero. Las privatizaciones y los recortes presupuestarios en el área social, el descomprometimiento estatal en la gestión de las necesidades colectivas, la entrega al mercado de los sistemas de seguridad social, son potentes amenazas para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía, pues como el mercado no es nada benefactor, son ellas quienes tienen que asumir, resolver y paliar todas las carencias, a costo de una mayor pauperización de su vida diaria y de una mayor exclusión potencial. Fortalecer las iniciativas que abogan por un modelo alternativo, basado en principios de igualdad, sería clave para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Otro reto actual es la educación de las mujeres y, para ello, además de la erradicación del analfabetismo, urge facilitar procesos de educación permanente, que permitan dar respuesta al analfabetismo funcional y los otros desbalances que persisten en el acceso a las profesiones y a la tecnología. Pues, la conjunción entre la pobreza y la discriminación de género obliga a las mujeres a asumir, desde muy temprano, actividades productivas de sobrevivencia, cuya consecuencia directa es la deserción escolar. En ese sentido, promover y priorizar la educación de las mujeres sólo sería una cuestión de elemental justicia. En lo relativo a la salud, además de señalar la contradicción que existe entre el afán de lucro de las corporaciones farmacéuticas y de los sistemas privados de atención, con las necesidades de la población, es importante insistir en la importancia del mantenimiento de los sistemas públicos y el fortalecimiento de las políticas públicas en este campo. Lo que implica un mayor involucramiento de los Estados y no su descomprometimiento. El estímulo a la participación ciudadana en la formulación de políticas nacionales y locales, en el diseño de los servicios y en el planeamiento sanitario, son asuntos impostergables, vinculados al ejercicio de ciudadanía e indisociables de la formulación de políticas públicas viables. El desarrollo de iniciativas de la salud preventiva; la promoción de un enfoque de género y diversidad en el diseño de políticas y en las prácticas diarias; la adopción de perspectivas holísticas; el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos son aspectos que no pueden desligarse de la definición del derecho de las mujeres a la salud, cuya aplicación debería ser inmediata. Tomando en cuenta que la viabilidad de estas iniciativas depende grandemente del compromiso de los Estados y de la puesta en aplicación de las políticas públicas apropiadas, es indispensable insistir en el desarrollo de la transversalidad integral de género y en un planeamiento que garantice su ejecución, como también en el desarrollo de mecanismos permanentes de monitoreo y medición de impacto de su cumplimiento. La igualdad entre los géneros hará la diferencia Pensar en la igualdad de género abre la posibilidad de plantear la erradicación de un sinnúmero de relaciones desiguales conexas, pues buena parte de la brecha de género esta relacionada con problemas estructurales, de alcance universal, cuya modificación afectaría positivamente al conjunto de relaciones humanas, y encaminaría hacia un mundo bueno y mejor. Así, luego de varios siglos de modelos societales productores de desigualdades de género, y de toda índole, es ineludible plantear el más humano de los avances civilizatorios: la adopción de un modelo inclusivo y justo. Para hacerlo, es pieza clave el replanteamiento del actual modelo, que genera exclusión y produce regresiones hacia relaciones sociales que se creían superadas por la humanidad. Por ejemplo, el tráfico y apropiación de personas, el trabajo esclavo o la misma exclusión, que se derivan de desigualdades históricas, producidas por relaciones sociales concretas y, como tales, modificables. En el marco específico de las relaciones de género, es indispensable hacer confluir un conjunto de haceres, recursos y voluntades, que se encaminen a pagar la deuda por exclusión que la humanidad tiene pendiente con las mujeres, principales afectadas de las desigualdades. El nivel más elemental de civilización tiene que ver con la erradicación de los males más injustos que resultan de la discriminación de género, que con un poco más de sensibilidad deberían constituirse en crímenes de lesa humanidad. Tal es el caso de la mortalidad y morbilidad vinculados a la salud sexual y reproductiva; la persistencia del analfabetismo; la violación, el incesto, y todos los abusos y violencias contra las mujeres; la doble jornada de trabajo, que incluye el doméstico y el remunerado sin garantías laborales; el tráfico de mujeres y niñas, entre otros. El segundo nivel está relacionado con la creación de condiciones para que las mujeres puedan ejercer su calidad de sujeto y su ciudadanía, a través de la simple aplicación de los compromisos ya adquiridos por los Estados y la Comunidad Internacional, entre los cuales muchos son apenas cuestión de voluntad política y de un poco de creatividad. Por ejemplo, el derecho a la participación política, el acceso a la toma de decisiones, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, factibles con la aplicación de medidas (cuyos diseños ya existen) que pongan en aplicación la transversalidad de género. Un tercer nivel es el de la justicia económica, que tiene que ver con la toma de medidas para erradicar la gran brecha estructural, que mantiene a las mujeres fuera de juego de los verdaderos envites societales. Buena parte de la exclusión de las mujeres tiene que ver con la falta de consideración de la desigualdad de género en el diseño de políticas económicas globales, los acuerdos de libre comercio, el principio de libre competencia en el mercado, y otros, cuyos planteamientos actuales obvian la brecha estructural e histórica, que coloca a las mujeres en situaciones de imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, o hasta de participar en dinámicas sociales de las cuales están excluidas de antemano. Pensar una globalización solidaria y humana es posible. Y, para hacerlo, hay que replantear a fondo la filosofía que es parte de la que ya está en marcha, y encarar las nuevas modalidades de discriminación que resultan de ella. Es necesario, igualmente, la aplicación de los derechos humanos y otros acuerdos internacionales, en el contexto de las migraciones, de la flexibilización y deslocalización laboral; en los acuerdos de libre comercio; en los procesos de liberalización, pues tal como están las cosas, solo son beneficiosos para el capital. Sin esto, buena parte de los paliativos propuestos por diversas instituciones, nacionales e internacionales, tan solo serán votos piadosos, comparados con la magnitud de la masividad de las relaciones de explotación y exclusión de las mujeres, que produce el actual modelo. Con la creación de dichas condiciones propicias para la igualdad entre los géneros, el resto solo depende de la propia posibilidad de sostener las múltiples iniciativas que las mujeres y otros actores sociales están impulsando para generar su propio desarrollo económico, social y cultural que, como se expresa en los pocos casos señalados aquí, son germen de prácticas sostenibles, inclusivas y englobantes. * Síntesis del documento La "Promoción de la igualdad de género, especialmente ante desafíos sociales como la educación, el empleo y la salud", elaborado para RECAL como insumo para la Cumbre de Presidentes Europa-América Latina.