Cinco tareas para el Gobierno provisional
28/11/2000
- Opinión
Veloz e imparable, el desmoronamiento de la cleptocracia, construida y
conducida por Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, dio paso al
Gobierno Provisional que reclamamos millones de peruanos. Cayeron
sucesivamente las cabezas de Vladimiro Montesinos, Francisco Tudela, el
General Cubas y otros jefes militares montesinistas, Martha Hildebrandt,
Alberto Fujimori, y, finalmente, Ricardo Márquez. Queda, sin embargo, mucho
trabajo por hacer para la guillotina política, pero ya abrió el camino para
que Valentín Paniagua asuma la jefatura de un Gobierno de emergencia
nacional.
El primer asunto es constituirse en un Gobierno de ancha base para enfrentar
una tormentosa crisis que no cederá en pocas semanas. Ello implica que el
Presidente Paniagua conforme un gabinete ministerial de unidad nacional de
las fuerzas democráticas, capaz de darle soporte y estabilidad a este
esfuerzo de encarar la debacle del país. Pero -consciente de la debilidad
extrema del sistema de partidos- requerirá abrirse a la participación y
crear mecanismos de interlocución con las fuerzas de la sociedad civil, con
los movimientos sociales, descentralistas y gremiales, que han tenido
destacado papel en la lucha democrática. Y, lógicamente, ello debe girar
alrededor de la definición de las tareas políticas centrales que asumirá
este Gobierno provisional.
Un segundo asunto, que atañe a las tareas políticas centrales de esta
naciente administración, es organizar un proceso electoral transparente y
democrático. Debe así abrirse paso a lo que sería un Gobierno de Transición
Democrática y a un nuevo Congreso, respetable y legítimo, para desmontar el
aparato autoritario, centralista, militarista y corrupto del fujimorismo y
construir un sistema democrático y descentralizado. Esta transición exige
entonces que las elecciones convocadas no solamente elijan a un nuevo
Congreso, sino que le den facultades constituyentes. Es decir, demanda un
Congreso Legislativo y Constituyente que sea capaz de enfrentar la tarea de
producir ?como un asunto central? la revisión y modificación de la
Constitución impuesta al país en 1993 .
En tercer lugar, es vital que se inicie un proceso moralizador por el que la
Nación clama. Ello debe comenzar con una limpieza de la administración
pública, separando a los presidentes a dedo de los Consejos Transitorios
(desde el autogolpe) de Administración Regional -CTAR- (entregando los
mismos a las Asambleas de Alcaldes provinciales de cada departamento), a los
prefectos y subprefectos, a los jefes de proyectos especiales y otros cargos
de confianza, así como de los fujimontesinistas en la directiva del
Congreso. Por otro lado, exige lanzar una Operación Manos Limpias, a cargo
de un equipo especial de fiscales y jueces ad hoc, de una trayectoria
limpia, incorruptibles, que reciban amplios poderes para investigar la red
de corrupción al interior de las esferas políticas y militares. Y,
finalmente, se trata de conformar una Comisión de la Verdad, de muy alto
nivel e integrada por personalidades de reconocida solvencia moral y
firmeza, encargada de investigar, aclarar y presentar ante la Nación, el
poder político y un nuevo poder judicial independiente los diversos casos de
abusos contra los derechos humanos y en el manejo de la administración del
Estado.
Pero en cuarto lugar, resulta un asunto específico y central, desmilitarizar
el Estado y el régimen político, devolviendo respetabilidad y un manejo
institucional a nuestras Fuerzas Armadas. No hay dudas de que ello implica
revisar los ascensos firmados por el vicepresidente Márquez, en forma
inoportuna e inaceptable, y proceder a un proceso de limpieza de los
institutos armados de los mandos fujimontesinistas y corruptos, avanzar a
reorganizar y redimensionar nuestras Fuerzas Armadas, con la consiguiente
reducción de los gastos militares, devolviéndoles un comando institucional.
Y, en quinto, pero no último lugar, deberá enfrentarse la tremenda crisis
económica en que el fujimorismo deja al país en razón del fracaso de su
modelo y política económica neoliberal. Un plan económico de emergencia es
vital y requiere asumir, de inmediato, el redimensionamiento presupuestal y
la reasignación de partidas para reducir los gastos superfluos, el
Presupuesto de Defensa y del Interior (eliminando la compra de armas y
reduciendo el número de oficiales generales), el pago de la deuda externa
(negociando una reducción de la misma y una ampliación de plazos de pago) y
el presupuesto del Congreso Nacional (que es exageradamente alto).
Lógicamente, ello debe implicar aumentar partidas sociales y gastos de
inversión para reactivar la economía nacional.
https://www.alainet.org/fr/node/105008
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