El coste político del neoliberalismo: el caso sueco

18/09/2014
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La noticia del día en estas semanas en España era y continúa siendo el referéndum que tendrá lugar en Escocia sobre el deseo de permanecer o separarse de Gran Bretaña. Se cree, con razón, que el resultado del referéndum en aquel país puede tener también repercusiones en España, donde hay un deseo generalizado en la población de Catalunya de poder ser también consultados sobre la relación existente entre Catalunya y España (ver mi artículo “Escocia, semejanzas y desemejanzas con Catalunya y España”, Público, 01.09.14, y su versión en catalán “Escòcia i la dreta anglesa”, publicado en el ARA, 11.09.14). Es importante señalar, sin embargo, que ha habido otro proceso electoral en Europa, que se ha celebrado este domingo, que también tiene relevancia para España, y del cual se ha hablado muy poco. Me estoy refiriendo a las elecciones en Suecia, unas elecciones que tienen un gran significado para la Unión Europea (de la cual Suecia es miembro) y en particular para España.
 
En teoría, el gobierno sueco, que es una coalición de partidos conservadores y liberales, no debería haber tenido mayores problemas para salir reelegido. Según los indicadores tradicionales que la mayoría de analistas económicos utilizan para evaluar la labor de un gobierno (y que se utilizan mas en los medios de comunicación), la economía sueca está yendo pero que muy bien y aparece como un gran éxito. La recuperación económica ha sido de las más rápidas y acentuadas entre los países de la Unión Europea, alcanzando un crecimiento de su PIB de casi un 2% anual, uno de los más altos de la OCDE. Es más, la bajada de impuestos del gobierno sueco durante su mandato (una de las mayores bajadas impositivas en la UE) ha conseguido que la capacidad adquisitiva del ciudadano sueco haya aumentado, alcanzando en 2012 el equivalente a un mes más del sueldo que tenía en 2006. Por otra parte, el sistema financiero nunca había sido tan fuerte y la economía había estado tan boyante. Hoy, empresas suecas (tales como Ikea, H&M, Spotify y muchas otras) están por todas partes del mundo. Y la industria inmobiliaria está en plena forma. En cierta manera, Suecia se había convertido por los rotativos de persuasión neoliberal, como The Economist, en su punto de referencia. Y, sin embargo, todas las encuestas ya señalaban durante estos meses previos a las elecciones, que la coalición gobernante estaba perdiendo popularidad, hasta tal punto que perdería frente a una coalición de izquierdas que incluye al Partido Socialdemócrata, al Partido Verde y al ex Partido Comunista (llamado Partido de la Izquierda). Todas las encuestas anunciaban una victoria de esta coalición. Y así ha sido, creando una gran sorpresa en los fórums económicos de sensibilidad liberal, incluyendo The Economist que ha acusado a los ciudadanos suecos de ser “desagradecidos”.
 
Las semejanzas con el gobierno Rajoy
 
El interés  de este acontecimiento y su relevancia para España es que, en general, el gobierno conservador-liberal sueco desarrolla políticas públicas muy semejantes a las que ha estado llevando a cabo el gobierno conservador liberal presidido por el Sr. Rajoy. De ahí que sea de gran interés que se analice el porqué el electorado ha mostrado un rechazo tan contundente a un gobierno considerado responsable de una economía tan supuestamente exitosa. Y los datos, fáciles de adquirir, pero raramente presentados en los medios de comunicación, muestran claramente las causas de este rechazo: la enorme impopularidad de las políticas sociales y económicas del gobierno conservador-liberal, caracterizada por tres tipos de intervenciones.
 
Una es la privatización de los servicios públicos, que ha afectado muy negativamente a la calidad de los servicios privatizados, tales como educación y servicios sanitarios, privatización que ha ido acompañada de la comercialización de tales servicios. Estas privatizaciones (más en la gestión que en la financiación de los servicios, dando cabida a empresas con afán de lucro en la gestión de la educación y de la sanidad) han sido muy impopulares, al beneficiar a algunos sectores de la población (y muy en particular a las clases populares). Un ejemplo es el sistema público educativo, que estaba entre los mejor valorados en el mundo (según la OCDE, ocupaba el noveno lugar en el año 2000), que –consecuencia de su privatización y comercialización- se ha deteriorado marcadamente (pasando a ocupar el puesto veintiséis en 2012). Algo parecido ha ocurrido en la privatización de la sanidad pública y de los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, donde ha habido incluso casos de escándalo en la gestión, que han alcanzado a la población. El conflicto entre el intento de optimizar los beneficios empresariales a costa de la calidad de los servicios (un riesgo inherente en la comercialización de tales servicios públicos) ha creado un rechazo popular hacia la introducción de empresas comerciales en los servicios públicos.
 
Los recortes de gasto público social
 
La otra intervención ha sido la reducción de los beneficios sociales, resultado de reducción del gasto público en los servicios públicos del Estado del Bienestar. Las grandes reducciones de impuestos se hicieron a costa de una reducción muy notable del gasto público social, que tuvieron un impacto negativo en la calidad y disponibilidad de tales servicios, empeorando el bienestar de la población ya afectada por un desempleo del 8% (y del 21% entre los jóvenes), niveles de desocupación muy altos por los estándares suecos. Este empobrecimiento de los derechos sociales y laborales iba acompañado con un enriquecimiento a nivel personal, resultado de la bajada de impuestos, que aumentó, como indiqué antes, la capacidad adquisitiva de la población, provocando un gran boom inmobiliario que ha generado también una deuda privada considerable que, aun cuando beneficiosa para el sistema bancario, crea cierta ansiedad por sus posibles consecuencias negativas en la estabilidad financiera (facilitada por un enorme crecimiento del precio de la vivienda y de los alquileres), que ha afectado negativamente, de nuevo, a las clases populares que, además de tener que endeudarse más y más, encuentran dificultades en encontrar viviendas accesibles, problema particularmente llamativo entre las familias jóvenes. Todos estos indicadores muestran el error de la estrategia económica neoliberal, que asume que la transferencia de fondos del sector público al privado favorece el crecimiento económico que beneficia a todos los sectores de la población por igual. La evidencia sueca muestra que beneficia a unos pocos a costa de perjudicar a todos los demás.
 
La alternativa progresista es posible
 
Dicho rechazo al neoliberalismo ha ido acompañado de una atracción hacia las propuestas de las izquierdas, que han coincidido en varios aspectos, permitiéndoles explorar la posibilidad de establecer una coalición alternativa. Todas ellas ofrecen revertir las reformas que habían afectado negativamente, disminuyendo su cobertura, su generosidad y su calidad, al Estado del Bienestar. Otra coincidencia es la propuesta de aumentar el gasto público en la infraestructura física y social del país (6.000 millones de euros en el caso del Partido Socialdemócrata -casi el 2% del PIB sueco de 2013-, lo que equivaldría en España a unos 21.500 millones de euros), pagando este gasto con un aumento de los impuestos de los grupos más pudientes, además de revertir la bajada de impuestos, y establecer un nuevo impuesto a la banca, causando la alarma del grupo empresarial más importante de Suecia, el grupo Wallenberg, como señala el artículo sobre Suecia y las elecciones en el New York Times del 09.09.14). Estos partidos, sin embargo, no han conseguido la mayoría parlamentaria, consecuencia, en parte, del surgimiento de un partido feminista que no consiguió alcanzar el mínimo apoyo electoral para conseguir representación parlamentaria, y del enorme crecimiento de la ultraderecha xenófoba anti-inmigrante, una situación altamente preocupante, que no tenía precedente en los países nórdicos escandinavos, y que está apareciendo con cierta contundencia en el panorama político de aquellos países, incluyendo Suecia.
 
Relevancia para España
 
España está en la Unión Europea en el polo opuesto a Suecia, no solo geográficamente, sino políticamente. España es uno de los países con uno de los gastos públicos por habitante más bajos de la UE. En Suecia es de los más altos, incluso ahora, después de los recortes. Las políticas neoliberales del gobierno español están creando una situación de euforia que habla ya de recuperación, detrás de la cual hay una enorme crisis social, con el enorme empobrecimiento del Estado del Bienestar. ¿Podría ocurrir algo semejante en España a lo ocurrido en Suecia, donde la población ha castigado al gobierno conservador liberal debido a sus políticas neoliberales?
 
Para contestar a estas preguntas hay que tener en cuenta varias diferencias entre Suecia y España, incluido el sistema electoral, que es mucho más proporcional en Suecia que en España, y que permite establecer gobiernos de coaliciones, sin estar estancado en un bipartidismo como en España. Ello explica que la socialdemocracia haya tenido que gobernar durante la mayoría de los años desde la II Guerra Mundial, en coalición con otros partidos de centroizquierda e izquierda, situación difícil de que ocurra en España, donde el bipartidismo permite a los partidos mayoritarios –como el PSOE- gobernar sin tener la mayoría del apoyo electoral, y sin establecer apoyos y coaliciones con otros partidos de izquierdas, como IU, discriminados por tal sistema electoral. Esto no ocurre en Suecia.
 
Otra gran diferencia es la cultura democrática que existe en el mundo político sueco, que históricamente ha tenido una relación de colaboración entre los partidos de izquierda, debido, en parte, a sus lazos con los sindicatos que representan a sus miembros que constituyen nada menos que casi el 80% de la población laboral. El candidato del partido socialdemócrata a la Presidencia no pertenece ni al aparato del partido ni al grupo parlamentario. Es un sindicalista. Esta relación privilegiada con el mundo del trabajo facilita el establecimiento de gobiernos de coalición. En España las izquierdas están sumamente divididas y atomizadas, con escasa tradición de cultura colaboracionista y asociativa, y con comportamientos frecuentemente sectarios. En realidad, un problema grave del sistema democrático español es precisamente la gran debilidad y división entre las fuerzas progresistas.
 
Y por último, la democracia interna de los partidos es mucho mayor en Suecia que en España. Los aparatos tienen menos peso dentro de los partidos, aún cuando esta situación está variando, creando tensiones entre las direcciones y las bases especialmente agudas en el partido socialdemócrata. La identificación de los partidos con las clases populares, y muy en particular con la clase trabajadora, es mucho más acentuada en Suecia que en España, donde el nuevo Secretario General del PSOE considera que su partido representa los intereses de las clases media, sin casi citar a las clases trabajadoras, término que no se utiliza por considerársele anticuado. Durante muchos años, se esperaba de representantes políticos procedentes de partidos progresistas que no adquirieran privilegios especiales, exigiéndoles que utilizaran los mismos servicios públicos que la mayoría de la población. Este y otros datos acentúan el deseo de evitar la profesionalización de la política y la distancia entre gobernantes y gobernados en aquel país. Sin embargo, aunque se están también dando cambios, la distancia entre la cultura política de las izquierdas en el norte de Europa, incluyendo Suecia, es muy grande y diferente a la existente en el sur, incluyendo España. Sería aconsejable que tal distancia se redujera considerablemente, y que la socialdemocracia, en lugar de inspirarse en el partido demócrata de EEUU (como algunos de sus dirigentes aconsejaron) se inspirara más en la experiencia del norte de Europa, observando de cerca lo que están haciendo sus homólogos en aquella parte del continente. Ni que decir tiene que deberían ocurrir cambios profundos también allí. Pero en España estamos tan detrás que sería un buen paso al menos acercarse hacia una cultura más democrática que la existente en este país.
 
- Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
 
https://www.alainet.org/fr/node/103529?language=en

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