Junio: Sawhoyamaxa, Y’apo, Joaju, Mcal López y la colonización petrolífera del Chaco
01/09/2014
- Opinión
La aparición de pistoleros civiles en la resolución de conflictos por la tierra se consolidó a mitad del año. Otro rasgo del modelo extractivista que resaltó fue su apuesta por extender sus intereses al Chaco paraguayo, a través de la extracción petrolífera.
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Durante los meses anteriores los boletines hablaban de la agudización de los conflictos durante la campaña sojera 2013/2014, que incluyó represiones, imputaciones y el asesinato por encargo de dos referentes campesinos: Nery Benítez y Carlos Eusebio Torres. Señalábamos que la presión de los intereses del circuito agroexportar se sentía con mucha violencia sobre tierras campesinas e indígenas, incluso dentro de la Gran Asunción. También sobre los pocos bosques que quedan en el país.
La organización WWF habló de deforestación récord en 2013, donde los índices usuales se quintuplicaron, luego de que el gobierno actual flexibilizara las exigencias para actividades ambientales, eliminando la necesidad general de contar con estudio de impacto ambiental.
Otros acontecimientos que marcaron nuestra agenda fueron el caso de la comunidad Sawhoyamaxa en el Parlamento, el desalojo de la comunidad de Y’apo y la declaración estatal de que las tierras de Marina Cue son del Estado.
Ese mes se debatió, además, el bajo nivel de impuestos que paga el sector agropecuario y la necesidad de una sistema tributario más equitativo. Otro tema de gran destaque en nuestra última entrega fue la inminente perforación de los primeros pozos petrolíferos de gran escala en el país, en el Chaco paraguayo.
Por fin, el tiempo de Sawhoyamaxa
El sexto mes del año estuvo cargado de acontecimientos que, en general, afirmaron aún más la tendencias de los atropellos a derechos de comunidades rurales campesinas e indígenas. Dentro de este escenario, una nota disonante fue lo conseguido por la comunidad indígena Sawhoyamaxa.
La misma logró una restitución histórica de su derecho al territorio ancestral, recuperando 15 mil hectáreas de tierra en el departamento de Presidente Hayes, luego de empujar un proyecto de expropiación en el Parlamento.
Esto ocurrió luego de 23 años de lucha y tras haber vencido el plazo de un fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) que ya en 2006 le dio la razón a la comunidad indígena enxet.
El 11 de junio el presidente Horacio Cartes, luego de una conquista a fuerza de presión y estrategias comunicacionales de un despliegue escasamente visto en el país, terminó promulgando la devolución de las tierras a sus dueños y dueñas originales.
Joaju, Y’apo y Mcal López: pistoleros paramilitares
En mayo analizábamos los casos de atropello de pistoleros paramilitares a las comunidades indígenas de Y’apo y Tacuara’i Marilú. Tras el atropello de civiles armados enviados por las empresas en conflicto con las poblaciones, la policía y la fiscalía terminaron el desalojo. Es decir fuerzas paramilitares y fuerzas del estado se complementaron en la aplicación de la violencia.
“Analizando ambos casos de atropello, vemos que se consolida como patrón no solo la tolerancia policial-fiscal-judicial hacia grupos paramilitares, sino un trabajo en conjunto para concretar el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas en favor de intereses terratenientes”, concluíamos en el informe anterior.
Los hechos del mes que analizamos refuerzan la tendencia observada. El 15 de junio cientos de personas rememoraban los dos años de la masacre de Curuguaty en Marina Cué con diversas actividades culturales y religiosas.
A pocos kilómetros de allí, la comunidad de Y’apo era víctima de un nuevo atropello, esta vez exclusivamente perpetrado por pistoleros civiles de una empresa de seguridad que habría sido contratada por la empresa Laguna SA, en disputa con las familias indígenas del lugar. (1)
Los pobladores ancestrales de Y’apo denunciaron que fueron atropellados, obligados a tenderse al suelo, retenidos, golpeados, torturados y disparados por los guardias privados.
En la ocasión murió uno de los pistoleros por disparos de arma de fuego. Esta muerte quiso ser atribuida a la comunidad, que lo desmintió públicamente y explicó que fueron los mismos pistoleros quienes mataron a su colega, por no conocerse entre sí. También dijeron que no tienen armas de fuego en Y’apo.
El ataque fue la respuesta terrateniente luego de que la jueza que ordenara el desalojo de mayo, fuera impugnada por su fallo contradictorio. Tras esto la comunidad entró de vuelta a su lugar.
En la investigación del caso el fiscal Lorenzo Lezcano informó que la empresa de guardias Leo no contaba con habilitación para funcionar.
Joajú
Cuatro días antes el asentamiento de “Joajú 1º de marzo”, también en el departamento de Canindeyú donde ocurrió lo de Y’apo, denunciaba que unos 30 pistoleros civiles entraron al lugar a amedrentar y violentar a las familias, disparando sobre las mismas.
Comentaron que dos campesinos fueron heridos de bala y que los pistoleros, luego de su incursión, controlaban los caminos de salida del lugar, por lo que las familias no podían transladar a los heridos al centro médico regional.
El antecedente de este conflicto se enmarca en una ocupación del año 2011, donde 200 familias sin tierras organizadas a la Organización de Lucha por la Tierra(OLT) entraron al lugar amparados en informaciones y documentaciones de que se trataba de tierras mal habidas.
En 1969 el régimen de Alfredo Stroessner cedió estas tierras de casi 5 mil hectáreas a la empresa Perfecta SA, de Roland Bendlind, a cambio de una avioneta. Esto a pesar de que las tierras para la reforma agraria no podían ser traspasadas a sociedades anónimas. (2)
Desde 2012 las familias ocupantes reclaman al Indert una solución y llegaron a sentarse a una mesa de diálogo con los herederos de Bendlin. Sin embargo, tras la compra de las tierras de San Agustín por un millonario monto, el Indert dijo que ya no tenía fondos para una solución.
Mcal López
Durante la última semana de junio los senadores Luis Alberto Wagner y Eduardo Petta denunciaban el crecimiento de pistoleros parapoliciales en el campo. Antes exhibieron ante sus colegas vídeos donde se veía a pistoleros civiles participar con la policía del desalojo de una comunidad campesina del distrito de Mariscal López, departamento de Ca’aguazú. (3)
Después de esto el Senado convocó a las principales autoridades de seguridad del país ante la comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural.
El ministro del Interior, Francisco De Vargas, justificó el actuar de la policía en el mencionado desalojo y sobre civiles armados dijo que es preocupante y que abrirían una investigación. (4)
En el operativo 500 policías, un helicóptero, 10 tractores y la policía montada actuaron para desalojar a 30 familias, señalaron medios de comunicación locales. (5)
El senador Wagner denunció que el desalojo fue ilegal, ya que existía una medida cautelar a favor de las familias campesinas. Y que a pesar de ella, jueces favorecieron a los productores brasileños que encabezaron el desalojo. (6)
Rumbo al Chaco
El 17 de junio los medios locales de comunicación informaron que la empresa británica President Energy empezó la perforación del primero de tres pozos de gran porte que planifican hacer en el Chaco paraguayo para buscar petróleo y gas.
Esta perforación se realizó en la zona de la colonia menonita de Neuland, en el Chaco central, departamento de Boquerón. Los trabajos pueden llevar unos 70 días, dijo el ministro de Minas y Energías, Emilio Buongermini, que expresó que hay expectativa de parte del gobierno.
Otras dos empresas más (Amerisur y Bohemia)estarían empezando otras perforaciones en el Chaco y una tercera(Riviera) espera obtener la venia del parlamento paraguayo para hacerlo. (7)
Marina Cue: el juicio pasó para noviembre
El 15 del mes familiares, sobrevivientes, amistades y organizaciones de derechos humanos y campesinos conmemoraron con varios actos emotivos los dos años de la masacre de Marina Cué, que en 2012 resultó con la muerte de 11 campesinos, 7 policías, un escenario de desestabilización política y la remoción irregular del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo.
El Poder Judicial de Paraguay decidió, en ese mismo periodo, postergar el juicio del caso hasta el 17 noviembre de este año. El proceso judicial debía empezar el 26 de junio último y fue pospuesto a pedido de la defensa de los 14 campesinos y campesinas del caso.
Los acusados y acusadas fueron llevados a juicio oral en una audiencia preliminar accidentada por una serie de irregularidades de parte del fiscal acusador, Jalil Rachid, y la jueza de la causa, Yanine Ríos.
El fiscal no investigó la muerte de los 11 campesinos, por lo que no hubo un solo policía investigado, a pesar de que existen indicios de que hubo ejecuciones extrajudiciales. Además incorporó de pruebas a destiempo y hasta presentó como evidencias objetos que nada tienen que ver con el caso. Estas dos irregularidades socavaron la objetividad y el derecho a la defensa de los acusados y acusadas. (8)
La principal crítica hacia la jueza fue el haber elevado a juicio oral una causa donde una de las acusaciones es la invasión de inmueble ajeno, a pesar de que otra instancia de la justicia tiene pendiente definir a quién pertenece la tierra de Marina Cué, donde se dio la masacre.
El mes pasado el propio Estado paraguayo, a través del presidente del Instituto de la Tierra, declaró que la tierra pertenecía al Estado, como demuestran todas las documentaciones disponibles.
CITAS:
(7) http://www.ultimahora.com/tras-30-anos-perforan-el-chaco-busca-petroleo-n804242.html y http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/expectativa-en-torno-a-perforaciones-1258165.html
Foto: Vestigios del último desalojo en Primero de Marzo Joajú.
https://www.alainet.org/fr/node/102961?language=es
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