Honduras

Guardianes de la Patria

Javier Suazo

21/05/2014

Opinión

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La militarización de la sociedad hondureña es un proyecto de vieja data. Los militares se acostumbraron a gobernar como resultado de golpes de Estado, pero fueron obligados por EE.UU. a pactar una tregua a inicios de los años 80s con la vuelta a la democracia electorera. Sin embargo, tuvieron presencia en la toma de decisiones de los gobiernos, al grado que se les consideró el poder real.

Con el golpe de Estado de junio de 2009, se observa una creciente militarización de la sociedad hondureña, una democracia autoritaria y militarizada para analistas independientes. Antes del golpe de Estado, el gobierno de Zelaya Rosales les entregó la función de cuidar los recursos naturales y combatir los incendios forestales, una competencia privativa del Instituto Nacional Forestal (ICF), que significó la transferencia anual de 200 millones de lempiras a las FFAA. En el caso del gobierno golpista de Roberto Micheletti Bain, el poder de la cúpula militar en su gestión fue más que evidente. Y en el gobierno de Pepe Lobo se les nombró en altos puestos burocráticos, incluyendo la Gerencia de la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en quiebra.

La militarización de la sociedad hondureña alcanza cifras alarmantes, en tanto el presupuesto de la Secretaria de Defensa y Seguridad es casi el triple del presupuesto de Salud o Educación, y más de cinco veces el presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería. Se creó la policía miliar, la fuerza tigres está por entrar en acción, se equipó las FF AA y contrataron más efectivos militares y policías; está pendiente la compra de aviones de guerra y tanques para nivelarse con la flota adquirida por el hermano país de El Salvador. En el orden institucional, se creó la Dirección de Investigación de la Policía e hizo un intento por conformar una Comisión de Evaluación de la Seguridad Pública cuyos miembros fueron destituidos.

Un programa “innovador”, como lo denominan sus promotores militares, es el de guardianes de la patria, que busca que 25,000 niños, niñas y jóvenes sean adiestrados en los batallones del Ejército para que no sean capturados por las bandas de narcotráfico y delincuencia. La meta es que 100,000 niños, niñas y jóvenes sean adiestrados en los cuatro años de gobierno, recibiendo educación y capacitación en valores morales y defensa de la patria para que sean ejemplo de la sociedad en que viven.

Las críticas al programa no se han hecho esperar. Desde la visión de organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de la niñez, este programa es una injerencia de las FFAA en las competencias de aquellas instituciones públicas, sociales y religiosas que trabajan con niños, niñas y jóvenes en riesgo social, lo cual introduce una distorsión en tanto hay evidencia de una adiestramiento militar aun cuando todavía no se les ha enseñado a manejar armas. Esta población es inducida a participar en el programa por los padres de familia que viven en barrios y colonias de alto riesgo y situación de pobreza e indigencia, ya que el programa les ofrece un o dos platos de comida los fines de semana.

Otra crítica es que los militares no son los llamados a brindar este tipo de adiestramiento, en tanto en el pasado fueron acusados de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Hay incluso informes que dan cuenta que estas violaciones no han parado, caso particular de las violaciones habidas en la zona del bajo aguan por el reclamo de campesinos por un pedazo de tierra para comer, y las ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y jóvenes denunciadas por Casa Alianza, una organización que trabaja el tema de la protección de los derechos de la niñez.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) habla de oír a la partes, incluyendo a los militares. La embajadora de EEUU, Lisa Kubiske, de oír a la sociedad civil sobre la concepción y ejecución del programa pero no se pronuncia en contra. Para la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, la creciente militarización del Estado y la sociedad hondureña y el programa “Guardianes de la Patria” es un síntoma del evidente fracaso de la política de seguridad y combate de la delincuencia.

La oposición aglutinada en el partido Libertad y Refundación (LIBRE), considera que este programa deber ser eliminado ya que sus “beneficiarios” pueden convertirse en potenciales delincuentes si se sabe de la penetración del crimen organizado y delincuencia en las FFAA y Policía Nacional.

A futuro, finales de 2016 y 2017, los niños, niñas y jóvenes adiestrados pueden ser utilizados por el partido de gobierno y las FFAA como “sapos”, o sea orejas o soplones de lo que hacen y piensan sus hermanos y vecinos en los barrios y colonias de la Ciudad Capital de Honduras y San Pedro Sula; hay evidencia de iniciativas parecidas en la Alemania Nazi y en ciertas dictaduras militares de Suramérica.

Tegucigalpa, DC, 21 de Mayo de 2014.

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