Colombia

Fuerzas Armadas, corrupción y paz

Pedro Santana Rodríguez

23/02/2014

Opinión

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La crisis que se presentó inicialmente por la sede de interceptaciones en el sector de Galerías, en la ciudad de Bogotá, de lo cual lo único que sabemos, es que efectivamente pertenecía al Ejército, pero, de ahí en adelante todo es confusión. La conducta errática del presidente, Juan Manuel Santos, que inicialmente señaló que podría pertenecer a fuerza oscuras opuestas al proceso de Paz, pero, que después de unas cuantas horas pasó a ser una fachada legal de interceptaciones del espectro electromagnético, no solo dejo sinsabores sino que mostró a un presidente Santos debilitado o por lo menos desinformado de lo que sucede en las Fuerzas Armadas Gubernamentales. Las exhaustivas investigaciones anunciadas continúan y lo único que hizo el Presidente y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue separar de sus cargos al jefe de inteligencia y a quien se ocupaba de la dirección técnica de esa misma labor de inteligencia. La Fiscalía que incauto unas 28 memorias de discos duros ha señalado que continua en el trabajo de analizar la información para lo cual tendrá que descifrar sus claves de acceso. La pregunta que se debe hacer es a quiénes se espió y para quién era esa información. Esa es la pregunta que debe formularse la Unidad de Contexto de la Fiscalía que con ello tiene ahora más trabajo. Esta crisis ahora escaló con las denuncias de la misma Revista Semana sobre irregularidades en la contratación en el seno del Ejército.

Lo que sabemos es que en las labores de investigación que se realizaron en contra del entonces magistrado Henry Villarraga por sus actuaciones a favor del coronel Robinson Javier González del Rio investigado por dos ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Neira, en el Departamento de Caldas. Lo que buscaba Villarraga era que del caso del coronel González pasara de la jurisdicción ordinaria a la Justicia Penal Militar. En esa investigación la Fiscalía realizó muchas horas de grabación e intercepto al parecer miles de mensajes en la que aparecieron los supuestos hechos de corrupción en la contratación de las fuerzas armadas y concretamente del Ejército Nacional. Los dineros parece que se repartían entre miembros de la tropa detenidos por los asesinatos extrajudiciales, eufemísticamente conocidos en Colombia como falsos positivos. Recordemos que son más de 2.000 asesinatos perpetrados por militares en servicio activo que eran presentados luego como bajas de guerrilleros en combate. Aparentemente los recursos que iban a parar a esos militares estarían buscando garantizar el silencio de los bajos mandos para proteger a los altos mandos en este caso de los asesinatos extrajudiciales.

Lo cierto del caso es que las conversaciones sobre arreglos corruptos para la aprobación de contratos dejan muy mal parado al Ejército Nacional a lo cual hay que sumar la conversación del hasta esta semana Comandante General de las Fuerzas Armadas, el general Leonardo Barrero, con el coronel Robinson Javier González del Rio en que le aconseja sin ningún reato que lo que deben hacer es organizar una mafia para denunciar y recusar a los fiscales que investigan los asesinatos extrajudiciales o falsos positivos. El general no solo se refiere al caso del coronel González sino al conjunto de los militares implicados en estas macabras actividades. Al principio de la semana tanto el gobierno en cabeza del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón como el propio presidente Juan Manuel Santos, trataron de pasar de agache frente al problema y anunciaron entonces otra exhaustiva investigación, pero, los hechos eran sumamente graves.

El Vice fiscal Jorge Perdomo no acepto las disculpas que el mismo día domingo dio el general Barrero tanto al Fiscal General como a los demás funcionarios de la Fiscalía. La denuncia era muy grave pues de la conversación se deduce el total respaldo de Barrero a un coronel sindicado de dos asesinatos extrajudiciales a quién recomienda acudir a métodos perversos para desvirtuar las investigaciones que se realizan por estos lamentables hechos. La discusión escala y es insostenible para Santos mantener simplemente el anuncio de las investigaciones de la Fiscalía o de la Procuraduría. Se ve obligado a tomar acciones sobre la cúpula militar que apenas tuvo una duración de seis meses. Fueron llamados a calificar servicios seis generales del ejército a lo que se sumaron el día jueves dos generales de la Policía Nacional. Con la excepción de los generales Barrero y Ricaurte de la Policía, los otros generales que fueron llamados a calificar servicios están relacionados directamente con la contratación tanto en el Ejército como en la Policía Nacional.

En estos dos hechos que hemos presentado aquí deben examinarse varios aspectos que posibilitan que tales hechos ocurran. En el primer caso de las interceptaciones y las salas de espionaje o inteligencia la nueva ley llamada justamente de inteligencia militar se presta a abusos como los que aparentemente se cometieron en Andrómeda. Esta ley les permite a los militares rastrear el espectro electromagnético sin que para ello tengan que tener ninguna autorización judicial. Cuando se discutió este proyecto se observó que esto podría conllevar a una extralimitación y conducir a interceptaciones ilegales, pero esas observaciones no fueron tenidas en consideración y tampoco en la revisión que de la ley hizo la Corte se constitucional y en el segundo caso la existencia de fondos reservados y de un presupuesto que este año tendrá 27 billones de pesos, es decir, unos 12 mil millones de dólares se presta para estas prácticas ilegales y corruptas.

Lo que es claro es que si se piensa en una Paz duradera y estable es necesario que las Fuerzas Armadas ciñan su acción estrictamente al respeto por los derechos humanos y las libertades ciudadanas y que además se establezcan claros mecanismos para la contratación en las fuerzas armadas. Colombia requiere unas Fuerzas Armadas respetuosas de la ley y de los derechos humanos y sometidas al poder civil. Esa es la lección que dejan estos hechos recientes.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 388

Semana del 21 al 27 de febrero de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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