Virtudes en la coyuntura de la seguridad frente al delito

Antonio J. González Plessmann

30/01/2014

Opinión

^-A ⁺A

El asesinato de Mónica Spear y Thomas Berry y las heridas físicas y emocionales que sufrió la pequeña Maya, conforman un caso dramático que, por las característica de las víctimas (estatus, poder, recursos) y el contexto en el que ocurren, generó una masiva indignación moral y la movilización de la sociedad. Los sufrimientos de otras víctimas y sus familiares, con menos poder, estatus o recursos, adquieren, de soslayo, visibilidad en el debate, recordándonos que, pese a los avances de la revolución, aún vivimos en una sociedad profundamente desigual.

La energía de esta indignación puede crear una oportunidad para avanzar en la transformación de los contextos que posibilitan los delitos violentos si, como ha venido ocurriendo mayoritariamente, el liderazgo político tiene la madurez de conducirla, promoviendo la reflexión sobre el problema y evadiendo la tentación simbólica punitivista, que ha demostrado, de lejos, su ineficacia. Señalamos aquí algunos elementos que consideramos positivos, en esta coyuntura de las políticas de seguridad frente al delito, seguidos de propuestas para cualificar las medidas.

1. El Discurso del Presidente Maduro, ha reivindicado la necesidad de articular firmes medidas de control penal (basadas en el respeto a la Constitución) con las medidas de prevención y la apuesta por la transformación de las personas involucradas en prácticas delictivas violentas. Con esto, ha superado discursivamente el maniqueísmo que enfrenta la prevención al control penal o los derechos humanos a la investigación, persecución y sanción de las personas en conflicto con la ley. No hay contradicción entre un ámbito o enfoque y otro. Se necesitan y complementan para lograr reducir los delitos violentos y el temor de la población. Es, sin duda, la ruta correcta, enmarcada en las coordenadas de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV), cuyo enfoque y principales medidas el Comandante Chávez dejó anclados al Plan de la Patria.

2. El Presidente Maduro ha convocado a alcaldes y gobernadores, incluyendo a los de la oposición, a articular esfuerzos y estos han respondido muy positivamente, lo que constituye un hecho sin precedentes en la última década. Una parte fundamental de los delitos violentos, puede ser controlada y prevenida desde los espacios locales, por lo que de la permanencia de esta articulación y de la eficacia de su gestión, cabe esperar resultados positivos. Como ni una ni otra cosa están garantizadas, cabe proponer que la movilización social que funcionó como interpelación al liderazgo, exigiéndole unir esfuerzos, se convierta en experiencias de contraloría social y exigencia de rendición de cuentas a los poderes locales.

3. La complementación del Dispositivo Patria Segura (puntos de control en zonas estratégicas) con un plan de patrullaje inteligente, dividiendo la Gran Caracas en cuadrantes y asignándole territorios a distintos cuerpos de seguridad para evitar el solapamiento, es una medida que aumenta la eficacia del servicio de seguridad y es deseable que se extienda por el país. El patrullaje inteligente permite abarcar más territorio que los puntos de control fijos, por lo que permite proteger a más personas y comunidades. Resulta fundamental, sin embargo, que el patrullaje inteligente no se restrinja a la atención de emergencias reportadas por números de teléfonos facilitados a la población. Debe basarse en análisis georreferenciados del delito, elaborados a partir de información sistematizada de los lugares que concentran la incidencia delictiva violenta[1]

4. El Presidente Maduro continuó y fortaleció el llamado a la paz, dirigido a jóvenes en conflicto con la ley, iniciado por el Comandante Chávez y por la campaña de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme). Por conversaciones con jóvenes de bandas, que sostenemos en el marco de un proyecto de investigación en comunidades populares, sabemos que ese llamado está siendo escuchado y levantando expectativas. La pacificación es una puerta de salida para jóvenes que se sienten atrapados por la violencia que ellos mismos protagonizan, en un contexto en donde coinciden el aumento de la presencia de organismos de seguridad y los conflictos entre bandas (“culebras”) que les dificultan su movilidad. Falta, sin embargo, una ruta clara para operacionalizar la pacificación en cada espacio local y capitalizar las posibilidades de esta coyuntura virtuosa. Con base en la experiencia de las comunidades participantes en la investigación, nos permitimos sugerir los siguientes elementos:

a) Se debe involucrar en el proceso de pacificación a las madres, hermanas y parejas de los jóvenes de las bandas. Existen experiencias, en Caracas, que han demostrado que el contexto familiar (en particular de mujeres) puede crear un fuerte mecanismo de control social sobre los muchachos, presionándolos al cumplimiento de los acuerdos.

b) Se debe evaluar cada caso de los jóvenes miembros de banda, siendo posible que algunos muchachos necesiten tratamientos para superar el consumo problemático de drogas, que otros deban salir de la comunidad y que otros más puedan permanecer en ella realizando proyectos socioproductivos y culturales, con acompañamiento de especialistas y seguimiento. La entrega voluntaria de armas debe realizarse según las orientaciones de la Ley para el desarme y control de armas y municiones.

c) Se debe intentar la pacificación, simultánea, de todas las bandas que existen en un mismo territorio, para no generar desequilibrios de fuerza que puedan ser aprovechados por bandas no pacificadas. No existe el “vacío de poder”, así que hay que apuntar a lograr que el territorio sin bandas no sea re-ocupado por otras, sino por el patrullaje policial y el fortalecimiento de la organización popular local.

d) La pacificación debe estar acompañada de un proceso de movilización social. Perder el miedo a discutir sobre la violencia y el modo en que nos afecta, en particular en los sectores populares, que sufren una violencia intra-clase, debe ser una consecuencia del proceso; así como aumentar el compromiso para impulsar proyectos que permitan prevenirla. Los procesos pueden iniciarse con una marcha en cada comunidad, con participación masiva de sus pobladores, por las zonas en donde se concentra el delito; así como con jornadas de debate sobre las causas de la violencia que padecen y la elaboración de Cartas del Barrio (que incluyen las normas de convivencia). Se debe estimular, desde los órganos de financiamiento y formación popular, que los Consejos Comunales incluyan entre sus proyectos, algunos de prevención de violencia, en temas como: inclusión y protagonismo juvenil e infantil, prevención de violencia contra la mujer o la niñez, ocupación de espacios públicos, justicia comunitaria restaurativa, alternativas socio-productivas para sectores en riesgo o contraloría social de la función policial.

e) Es fundamental que la policía no intervenga mientras se produce la negociación, pues colocará en riesgo a los negociadores y los actores locales y hará poco creíbles los acuerdos con los jóvenes de las bandas.

f) Finalmente, existen diferencias notables entre los actores armados que cometen delitos en una comunidad. Vinculadas con muchas bandas de jóvenes que se articulan a partir de la defensa del territorios, hay otras formas de crimen organizado (bandas de secuestro, robo de vehículos o tráfico de drogas a gran escala). Con éstas últimas es más difícil la negociación y pueden obstaculizar el éxito del proceso de pacificación de las primeras. Por ello, antes de iniciar el proceso debe haber una intervención policial que las desarticule y debilite. No ocurre lo mismo con el microtráfico que, por el contrario debe ser abordado desde una perspectiva no policial, sino de prevención social.

Disminuir la violencia no es un imposible. Otras sociedades, en peores circunstancias que nosotros, lo han logrado. Existe hoy, en Venezuela, una coyuntura favorable para ello, que debe ser sostenida desde la movilización social y la consistencia ético-política del liderazgo de la revolución.

Antonio J. González Plessmann

Director de la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana de GIS XXI.

[1] Ver: Consejo General de Policía, “Apuntes para un servicio de vigilancia y patrullaje inteligente”, http://www.consejopolicia.gob.ve/documents/material-de-difusion/1.pdf.

https://www.alainet.org/es/active/70908