México

Las formas en la reforma energética

Eduardo Ibarra Aguirre

15/12/2013

Opinión

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Demasiada prisa tienen los estrategas de la reforma energética, aprobada el jueves 12 por la Cámara de Diputados, para que 17 de los 31 congresos de igual número de estados –y no dos terceras partes como se dijo aquí– al ser aprobada sin la más mínima discusión, y menos aún con el estudio necesario por los integrantes de 15 legislaturas locales.

A propósito del estudio es revelador el juicio de Diego Fernández de Cevallos, el arquitecto de la decisiva alianza que abrió paso al denominado PRIAN desde fines de 1988: “El hecho de que una iniciativa tan trascendente haya sido aprobada sin el más mínimo conocimiento de muchísimos legisladores, no puede pasar como algo de poca monta”; además criticó el mecanismo que siguieron senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional “para aprobar la reforma, pues no se socializó el dictamen con anticipación”.

Mecanismo que de acuerdo con Alejandro Encinas condujo “a los cambios que de último momento introdujeron los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras (David Penchyna, Enrique Burgos y Raúl Gracia), el pasado día 10, cuando comenzó a discutirse el dictamen en el pleno senatorial, permitieron ir a fondo y fueron negociados directamente con los grupos de interés”, como las trasnacionales mineras, “con las que se pactó modificar el artículo octavo transitorio, que les impedía explotar yacimientos de petróleo y gas que estuvieran dentro de la zona que tienen concesionada”.

Aprobada por las dos cámaras las reformas de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para permitir una amplia participación del capital privado nacional y extranjero en el sector energético nacional, de ninguna manera parece indispensable descuidar las formas –que el otrora ideólogo del partido tricolor decía que también son fondos–, y enviar al extranjero un mensaje que nada tiene que ver con la eficacia parlamentaria, al despachar en menos de una semana la culminación del proceso legislativo, con espectáculos grotescos como en Veracruz y Querétaro –la tierra adoptiva de Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro– donde bastaron 10 minutos para aprobarla y los queretanos huyeron por un ventanal a escondidas; mientras que en Hidalgo el coordinador de los panistas ingresó al recinto por una azotea y disfrazado, y el gobernador Francisco Olvera llamó “respetuosamente” al Congreso para “aprobarla de manera muy rápida”. En el terruño del secretario de Gobernación operan como en los tiempos del presidencialismo absolutista que, en 1997, sufrió su primer gran revés institucional, con Ernesto Zedillo en Los Pinos.

Triunfadores como hasta hoy son Enrique Peña y los cuatro partidos que apuntalaron su iniciativa de ley, pareciera imperdonable tanto descuido en las formas, sobre todo cuando la sociedad política, o parte de ella, está polarizada, en una confrontación que lleva a privilegiar la estridencia y la frase efectista en demérito de las razones y el convencimiento de los que no se atrevieron a involucrarse en el carísimo tema.

Como bien apuntó el titular del Ejecutivo, antes de partir a Estambul, lo aprobado “será trascendental para el desarrollo y progreso del país”, porque “permitirá en lo inmediato y en los años por venir, un gran progreso y un gran desarrollo”. Sin duda su alcance es ése, pero está por verse si producirá cambios de calidad en el país, lo cual no sólo dependerá del espíritu y la letra constitucional sino de las leyes reglamentarias, y en particular de los contratos.

Las experiencias de 31 años de reformas son lamentables, trágicas: más monopolios y magnates, servicios y bienes caros e ineficientes, crecimiento económico mediocre, brutal desigualdad social, empleos escasos, mal pagados y sin prestaciones sociales.

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