Movimientos sociales, espacio público, ciudadanía y derechos de la mujer en el siglo XXI, en una perspectiva decolonial

03/10/2013
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Resumen
 
Este documento es una reflexión sobre el espacio público venezolano, la ciudadanía, los derechos de la mujer, en relación con la emergencia y acción de los movimientos sociales y de protesta entre finales del siglo XX y lo corrido del siglo XXI en una perspectiva epistemológica decolonial.
 
Índice.
 
Introducción
 
1. Contexto Latinoamericano y pensamiento decolonial.
2. Espacio público, ciudadanía y feminismo.
3. Movimientos sociales, protestas populares y desarrollo de la democracia participativa en Venezuela (1999-2013).
Conclusiones.
Bibliografía.
 
Introducción
 
Este documento tiene como objetivo principal analizar la configuración del espacio público, la conformación y desarrollo de la ciudadanía, las expresiones del feminismo y la consagración de los derechos de la mujer en Venezuela, a partir de la emergencia y manifestación de los movimientos sociales y de protesta entre finales del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, en una reflexión que se apoya en el marco analítico del pensamiento decolonial.
 
El auge y persistencia de los movimientos sociales en Venezuela desde finales de los años 80 del siglo XX hasta la fecha, ha sido un factor determinante en la reconfiguración del espacio público, la ampliación de la condición ciudadana de sus habitantes, el reconocimiento de los derechos de la mujer, en el marco de modelos conceptuales y analíticos vinculados con formas del conocimiento propios.
La construcción de una nueva democracia participativa a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada en 1999 ha incidido en la resignificación del espacio público en sus diversos ámbitos, en la ampliación de la ciudadanía y en el reconocimiento de los derechos de la mujer.
 
La reflexión que desarrollamos articula visiones históricas, interpretaciones políticas y aproximaciones sociológicas.
 
Inicialmente consideraremos, desde lo que es un nuevo contexto latinoamericano, los aspectos centrales de lo que se denomina el pensamiento decolonial o epistemología del sur o la “ecología de los saberes”, como una expresión de formas propias de análisis e interpretación de las realidades sociales latinoamericanas que dan soporte a la acción política de los sujetos alternativos de origen popular.
 
Seguidamente abordaremos el alcance de las categorías principales que sirven de marco de interpretación de los hechos a que se refiere este trabajo. Se trata de conceptos como espacio público, ciudadanía y feminismo.
 
La tesis central que ordena nuestra reflexión indica que los movimientos sociales y de protesta ocurridos en Venezuela al finalizar el siglo XX propiciaron cambios políticos e institucionales, consagrados en la CRBV de 1999, que se reflejaron en una ampliación del espacio público democrático, en el avance ciudadano de sus habitantes y en el reconocimiento de los derechos de la mujer, teniendo como soporte epistémico formas propias del pensamiento surgidas desde el bolivarianismo.
 
En la lógica de la tesis anterior hemos organizado esta exposición en las siguientes partes.
 
Un primera parte se focalizara en una reflexión del contexto latinoamericano, en los ejes de las formas de conocimiento autónomo de nuestra realidad social.
 
Una segunda parte aborda el sentido de las categorías y conceptos centrales que sirven de base a nuestro análisis tales como espacio público, ciudadanía y feminismo.
 
La tercera parte abordara el campo de los movimientos sociales y de protesta en Venezuela, en los últimos 20 años y su incidencia en la reconfiguración del espacio público, de la condición ciudadana de los venezolanos y de la situación de los derechos de la mujer, reflejados en el nuevo texto constitucional aprobado en 1999 y en las normas reglamentarias correspondientes.
 
Las conclusiones nos mostraran el cuadro que presenta la sociedad venezolana en la actual coyuntura respecto del espacio público, la ciudadanía y los derechos de la mujer, dejando algunos interrogantes sobre las implicaciones del rentísmo petrolero del Estado, la apropiación privada de la misma por sectores de capitalistas especializados en el comercio internacional, el burocratismo y el populismo de las elites dominantes en el futuro de la denominada democracia participativa comunal.
 
1. Contexto Latinoamericano y pensamiento decolonial
 
Aproximarse a una realidad nacional concreta implica considerar el escenario más amplio de la región. En las transformaciones sociales y políticas que han ocurrido en Venezuela durante los últimos años es pertinente abordar el contexto regional dada la estrecha relación entre dicho Estado y el resto de naciones suramericanas. Lo que sucede en Venezuela tiene una enorme incidencia en el resto de países por el amplio peso de su economía petrolera.
 
Cuatro dimensiones caracterizan el actual contexto socio-político-cultural del continente latinoamericano. Son dimensiones principales referidas al carácter de las luchas, la acumulación, la hegemonía y el debate civilizatorio (Sousa Santos, 2010).
 
a) Luchas ofensivas y luchas defensivas
 
La primera dimensión del contexto es la coexistencia de formas de luchas muy avanzadas y ofensivas, con formas de luchas retrasadas y defensivas. En el caso de las primeras, el Estado es parte de la solución; en las segundas, es parte del problema. Entre las luchas ofensivas están los movimientos indígenas que han conducido al constitucionalismo transformador de Bolivia y Ecuador, la revolución bolivariana, el nuevo nacionalismo en cuanto a control de los recursos naturales y la construcción de Estados plurinacionales. En las luchas defensivas se encuentran las luchas contra la criminalización de la protesta social; contra la contrarrevolución jurídica que busca anular las conquistas sociales consagradas en las Constituciones aprobadas; contra el paramilitarismo y el asesinato político; contra el golpismo hondureño; y contra el control de los medios de comunicación por parte de grupos económicos muy poderosos.
 
La unión entre las dos formas de lucha es complicada. Incluso en naciones o escenarios políticos donde dominan las luchas ofensivas hay que recurrir a luchas defensivas cuando el control del poder del Estado no es total o cuando el Estado no tiene control eficaz sobre los poderes fácticos y la violencia política no-estatal.

b) Acumulación ampliada y acumulación primitiva
 
El segundo campo del contexto actual es que coexisten, en el continente latinoamericano, las dos formas de acumulación de capital que Marx imaginó como secuenciales (1976, El Capital, vol. 1, parte VIII, citado por De Sousa Santos). Por un lado, la acumulación que resulta de la reproducción ampliada del capital y que, sin demasiado rigor, podemos considerar que opera por mecanismos económicos intrínsecos; por otro lado, la acumulación primitiva que, según Marx, precede a la acumulación ampliada y que consiste en la apropiación, casi siempre ilegal y violenta, y siempre con instrumentos extraeconómicos (políticos, coercitivos), de la tierra, de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo necesarios para sostener la reproducción ampliada. Tales herramientas han incorporado históricamente el despojo colonial, la esclavitud, la presión política, la violencia paramilitar, la ocupación extranjera para controlar los recursos naturales y las poblaciones.
 
La presencia simultánea de estos dos procedimientos de acumulación se da en el marco de la globalización capitalista que ha implicado, en las dos últimas décadas, una reestructuración del capitalismo en la escala planetaria provocando una mayor concentración de la riqueza en una elite mundial y la destrucción del soporte natural y ambiental del aparato productivo acercándonos a una crisis de enormes proporciones (Lander, 2012).
 
Pero tanto las modificaciones en la acumulación ampliada como las nuevas expresiones de la acumulación original, vía modelo minero/extractivista y agroindustrial, han significado cambios en el mercado laboral mediante legislaciones que lo flexibilizan, caída en los salarios, mayores transferencias de capital hacia el exterior, caída de la industria, crisis de la agricultura, alteraciones ambientales y mayores de niveles de pobreza en la población latinoamericana (Cepal, 2012).
 
c) Lo hegemónico y lo contrahegemónico
 
El tercer escenario del contexto latinoamericano es que en esta región se ha alcanzado en los últimos veinte años hacer con éxito un uso contrahegemónico de instrumentos políticos hegemónicos como son la democracia representativa, el juego de los partidos y alianzas electorales, la influencia en los medios de comunicación y el constitucionalismo. Proceso que se da en condiciones de declive de las hegemonías predominantes y su repertorio de dispositivos políticos, institucionales y simbólicos. El uso de mecanismos contrahegemonicos ocurre en medio de problemas de legitimidad, entendidos como la carencia de un soporte cognitivo de la estructura socialmente organizada del poder y de comandos particulares de dominación, que facilitan a largo plazo la operación del sistema mediante la reducción de la fricción, de la coerción y de la lucha por el predominio político. El declive de las legitimidades lo registran encuestas regionales de opinión (Latinobarometro, 2011) que resaltan los límites de la representatividad partidista, la aceptación de las instituciones gobernantes y el escepticismo frente al discurso del poder emitido por los actores hegemónicos del sistema político que pierde su capacidad de ser dicho, es decir, de reproducirse y nutrirse, convirtiéndose en un discurso intrascendente que es asumido como falso e irracional por los ciudadanos.

d) El debate civilizatorio
 
El cuarto elemento del contexto regional es que por fin se abre paso un debate civilizatorio. Un debate vigente desde la conquista que fue violentamente eliminado, tanto en la colonia como en los Estados independientes, por medios tan diversos como el genocidio, la evangelización, la tutela estatal de los «menores» indígenas, el asimilacionismo y el mito de la democracia racial. Hoy, debido a la renovada eficacia de las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el debate civilizatorio está en la agenda política y se refleja mediante dualidades complejas ancladas en mundos culturales y políticos muy distintos.
 
Este debate es muy fecundo, en especial porque tiende a desmentir las tesis conservadoras del «choque de civilizaciones» planteadas por el pensamiento racista norteamericano (Huntington, 1993).
 
La presencia del debate civilizatorio significa que las luchas sociales adquieren la conciencia de que los dos sistemas de dominación —capitalismo y colonialismo— son simultáneamente distintos e inseparables, y que sin entender la articulación entre ellos no podrán tener éxito (Prada Alcoreza, 2011; Quijano, 2000).
 
En este contexto regional cobra trascendencia y se hace cada vez más prioritaria una nueva manera de interpretación analítica y epistemológica surgida desde el sur.
 
Nuevo marco analítico: la epistemología del sur y la “ecología de los saberes
 
Interpretar para transformar o profundizar ese contexto implica dejar y replantear esquemas teóricos y analíticos impuestos en el marco colonial del sistema capitalista. Boaventura de Sousa Santos (2010), Maldonado-Torres (2007), Castro –Gómez (2007), Mignolo (2007) y Garcés (2007), nos sugieren pensar desde formas contrarias a los colonialismos del saber, cuyo contenido tiene por tarea la crítica a una estructura discursiva colonial, oligárquica, enajenante y alienante. Este nuevo pensamiento de la cuestión nacional es denunciativo y militante, comprometido y muchas veces solitario (Prada, 2011).
 
En ese sentido, De Sousa Santos (2010) entiende por epistemología del Sur nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, la perspectiva múltiple de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y de grupos sociales que han sufrido de manera constante las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo. ¿Qué se entiende por el Sur? El Sur no es un concepto geográfico, es más bien una metáfora del sufrimiento humano ocasionada por el capitalismo y el colonialismo y de la resistencia para superarlo. Se trata de un Sur anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista. Por eso la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Se requiere no tanto alternativas como un pensamiento alternativo de alternativas.

Las dos ideas centrales de la epistemología del Sur son la “ecología de los saberes” y la traducción intercultural
 
La epistemología de los saberes comprende en su contorno una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias.
Una epistemología del sur permite sugerir nuevos elementos sobre aspectos constitutivos de una democracia de participación comunal, alternativa a los esquemas liberales de representación y exclusión. Me refiero al espacio público, a la ciudadanía y los derechos de la mujer.
 
2. Espacio público, ciudadanía y feminismo
 
a) Espacio público
 
Rabotnikok (1997) nos sugiere una aproximación conceptual del espacio público desde un enfoque diverso, presente en la tradición de la teoría política. El argumento conservador concibe el espacio público como expresión moral de la sociedad civil y la crisis de lo político. Para el discurso emancipador se trata de un escenario de racionalización del poder administrativo o de generación de poder comunicativo. Y la tesis sistémica lo entiende como el filtro del sistema político y la formación de temas; se trata de un subsistema del sistema político en el enfoque de N. Luhmann (1992).
 
Hoy, el espacio público es un concepto polisémico con alusiones políticas, jurídicas urbanísticas y simbólicas (Di Piero, 2003). Es un campo de acción política democrática permanente.
 
La caracterización del espacio público se relaciona con el peso que se atribuye a sus distintas dimensiones, entre las que destacan la sociocultural, la jurídica, y la urbanística (Borja, 2000).
 
¿Qué significados y atributos se le puede asignar al espacio público?, Segovia (2000) sugiere que el mismo es un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre las gentes, de animación urbana, con frecuencia de expresión comunitaria. El espacio público es la ciudad misma, es decir, el espacio abierto por y para el ejercicio de la ciudadanía que permite aparecer al “yo” ante los “otros”.
 
Desde la perspectiva sugerida por la anterior definición, el espacio público, en tanto “espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas, es un espacio de la representación, pero también del conflicto” (Borja 2000). La presencia del conflicto cotidiano en los espacios públicos debe ser asumida, entonces, como parte integral de su relevancia, y no como un hecho negativo en sí mismo.
 
Al caracterizarlo como una “trinchera de identidad” (Castells, 1998), o como un espacio que brinda “sentido y forma a la vida colectiva” (Carrión, 2004), se reconoce la presencia cotidiana de diversos intereses en pugna por su utilización y caracterización.
 
De otro lado, al estructurar un diálogo entre la perspectiva teórica con el discurso ciudadano, aparece una cierta dimensión del espacio público, de sus problemáticas y limitaciones más importantes, que permite identificar tres áreas centrales en el debate. En primer lugar, está el espacio público como espacio político, en la actualidad puesto en cuestión por fenómenos como la fragmentación urbana y el sentido de foraneidad de los ciudadanos, y por la relevante presencia de una “agorafobia urbana” (Borja, 2000), es decir, el temor al espacio público, principalmente por su relación con la presencia de violencia. En segundo lugar, el concepto de espacio público como “aparición de la pluralidad”, o sea el espacio donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mi (Arendt, 1993), pues es en el espacio público donde aparece la pluralidad, condición propia de la constitución política de la construcción ciudadana (Borja, 2000) Y finalmente está la distinción tradicional entre lo público y privado, con la consecuente crisis del primero.
 
En últimas, el espacio público es aquel terreno colectivo en el que se pone de manifiesto la plenitud ciudadana de los sujetos sociales por el ejercicio de sus derechos civiles, sociales políticos, culturales y ambientales.
 
Hay ciudanía si hay espacio público democrático. Veamos de que hablamos cuando tocamos dicha categoría política.
 
b) Ciudadanía
 
Siguiendo la ruta marcada por T. H. Marshall (1950), considerado ya un obligado referente por excelencia de los derechos de ciudadanía, éstos fueron apareciendo de forma gradual bajo la influencia de corrientes socio-políticas y agencias diferentes, pero siempre bajo la marca de la conquista de los derechos de libertad por parte de los ciudadanos. Los dos primeros, los derechos civiles y los derechos políticos, más particularistas, pero protagonizados por el republicanismo, se produjeron contra el Estado-nación autoritario y lograron transformar éste en un nuevo tipo de Estado liberal. Mientras que los derechos colectivos por la igualdad, derechos económicos y sociales, obtuvieron importantes conquistas por el movimiento obrero bajo la influencia de corrientes socialistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX para consolidarse en la primera mitad del siglo XX, tanto en los países capitalistas, donde un factor limitativo es el mercado; como en los países de socialismo real, donde el factor limitativo era el Estado burocrático.
 
Para explicar esta inclusión de los derechos sociales, Marshall, hace referencia a otra trilogía a través de la que se construye esa plena ciudadanía: el tiempo, el espacio y la agencia. El tiempo se refiere al proceso histórico y secuencial que lleva a los derechos universales de la ciudadanía y para lo que fue necesario una ruptura con el espacio, era necesaria la superación del estrecho localismo, al que Marshall consideraba un limitador, como paso fundamental para alcanzar la ciudadanía; finalmente, la agencia que se refiere a los sujetos históricos, a los grupos sociales en ascenso que protagonizan los movimientos en pro de la ciudadanía en cada momento histórico. El proceso que lleva a la ciudadanía es un proceso de encuentros y desencuentros, de avances y retrocesos. Primero fue en la polis griega (ciudad-estado) donde se asientan las bases de la condición de ciudadano, haciendo inseparables la democracia y la ciudadanía. Posteriormente, el dilatado y oscuro período de la Edad Media, tímidamente, va dejando paso a una lenta evolución en donde la incorporación de derechos ciudadanos, sobre todo a nivel local, con idas y venidas, y ligados finalmente a la constitución del Estado moderno, termina por establecer una vinculación entre nación y ciudadanía. Ello supone un avance en la universalización de ciertos valores y derechos que van conformando la ciudadanía. Proceso que culmina, en el Estado democrático moderno, en la ampliación de los derechos civiles y políticos con la incorporación de los derechos sociales y económicos
 
En la sociedad contemporánea aparecen nuevas perspectivas de ciudadanía
 
Una primera pone de relieve una cuarta generación de derechos, los que algunos denominan ``bienes públicos'' y otros denominan ``derechos republicanos'', que han emergido durante el último cuarto del siglo XX, como los derechos que tienen los ciudadanos al patrimonio natural, a la diversidad cultural, al patrimonio histórico, al patrimonio económico y a un medio social exento de violencia.
 
A ello habría que añadir la permanente defensa por los derechos sociales y económicos , dado el retroceso que han sufrido con el cuestionamiento del Estado de Bienestar, y la incorporación de nuevas propuestas como la universalización del ingreso mínimo de ciudadanía.
En América Latina, la constitución de la ciudadanía ha seguido caminos tortuosos, avances y retrocesos; dándose en pocas zonas de la región un ejercicio completo de la misma. Los derechos civiles se evaporan cuando uno se aleja de las grandes metrópolis. Aun en éstas, amplios territorios sociales, coincidentes con las poblaciones urbano-marginales, carecen de garantías frente al uso arbitrario de la violencia por parte de las fuerzas policiales; además, el acceso a la justicia es, en muchas ocasiones, un privilegio de ciertas minorías. Los derechos políticos han sufrido históricamente las contingencias de los cambios de régimen. Los derechos sociales sólo cubrieron a una porción limitada de la población latinoamericana en el momento de auge del Estado Desarrollista.
 
De manera complementaria hay que decir que (Sarmiento, 1997) el proceso de profundización de la interdependencia entre estados nacionales y de la globalización ha dado lugar a un fenómeno de cambio que afecta el modelo de ciudadanía moderna y que se manifiesta con la emergencia de nuevas categorías: el ciudadano global o “ciudadano del mundo”, y en contraste con ésta, se destaca la aparición de otra categoría, la del ciudadano marginal o protociudadano; una configuración de roles que replica la polarización entre integrados y marginados en el marco del nuevo orden socioeconómico global, proceso al que no es ajena la región.
 
También, es pertinente observar (Entrialgo,2008) que las transformaciones sociales ocurridas durante las últimas décadas, particularmente los efectos producidos por los desarrollos en la microelectrónica, la informática, la cibernética y la biotecnología, han posibilitado la emergencia de nuevas subjetividades políticas que retan las concepciones de ciudadanía, tanto desde la perspectiva liberal como desde la perspectiva comunitaria .
 
Se debe considerar que el régimen de acumulación flexible pone en escena a un sujeto con identidades laxas. El trabajo se convierte en uno de control y gestión de la información, de capacidad de decisión; trabajo inmaterial/intelectual que requiere de la presencia constante de subjetividad.
 
La multiplicación de los medios de comunicación ha facilitado que identidades ocluidas bajo los absolutos de la modernidad tengan acceso a la palabra y cobren visibilidad. Con ello se amplían las visiones de mundo y se pone en escena la diferencia y la multiplicidad. Nuevas formas de relación entre los sujetos se ponen en marcha con la mediación de la comunicación electrónica. Se trata de relaciones por elección que tienen más que ver con las afinidades provisorias que con las identidades permanentes.
 
La presencia de nuevas formas ciudadanas en las sociedades contemporáneas incorpora las situación de la mujer y la presencia ascendente del feminismo como subjetividad social que presiona el patriarcalismo y las formas de dominio absurdas sobre los campos del género. En América Latina es notable el creciente protagonismo de los movimientos femeninos y de los discursos y prácticas políticos que reivindican los derechos de la mujer.
 
c) Derechos de la mujer
 
Las revoluciones liberales, y en forma puntual la Revolución Francesa, construyeron los conceptos modernos de ciudadanía y ciudadano, frente a los anteriores conceptos de vasallaje y súbdito, propios del Antiguo régimen. Esa creación afectó tres aspectos (civil, político y social). No obstante, es la ciudadanía política la que evidencia más claramente las “contradicciones” y exclusiones de la mujer .
 
Valdivieso (2001) afirma que entiende la teoría feminista como el conjunto de ideas tejidas en torno a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se estructuraron los estados y las sociedades mundiales, ideas que tienen sus orígenes en el siglo XVIII, cuando se produjeron las primeras opiniones políticas, sobre la integración social de la mujer, en el contexto de las Revoluciones que pusieron fin al viejo orden. Admite así los orígenes del feminismo como construcción teórica y política en la matriz cognoscitiva euro/ etnocéntrica. Sin embargo, considera que su emergencia como cuestionamiento y denuncia, elaborada desde la subordinación y en resistencia, al orden impuesto por la modernidad, permiten sostener que el feminismo no es un discurso inherentemente eurocéntrico, sino una postura política, filosófica, epistémica profundamente crítica de los paradigmas y de las prácticas sociales y culturales de Occidente.
 
Para el movimiento feminista, la ciudadanía plena es un proceso en permanente construcción sociocultural, multidimensional, un principio articulador flexible y contextualizado, de las diferentes situaciones en las que se ubican las mujeres, como sujetas diversas, en las relaciones de poder, que debe garantizar el reconocimiento pleno de los derechos, a partir de sus especificidades y heterogeneidades.
 
La ciudadanía de las mujeres se construye en las dinámicas de resistencia y conflicto con el orden patriarcal, a través de prácticas sociales que han estado empeñadas en la deconstrucción de las identidades patriarcales.
 
Adicionalmente, gran parte de la teorización feminista (Valdivieso, 2001), ha sido en torno a la dicotomía público-privado, es decir, a la separación de la vida social en espacios diferenciados con todas las connotaciones de valoraciones desiguales que implica, tanto para los sujetos y sujetas identificados con ellos, como para las funciones que en esos espacios se cumplen y las relaciones de poder que se establecen.
 
Las denuncias sobre la situación de las mujeres “naturalmente” adscritas al espacio privado han transversalizado históricamente el pensamiento político feminista sobre las estructuras y dinámicas de poder. Visibilizar a las “habitantes” del espacio privado, sacarlas del anonimato; “politizar” los asuntos considerados privados como son la autoridad marital, la violencia intrafamiliar y de género, la administración de los bienes comunes, las relaciones sexuales, el reconocimiento del valor del trabajo reproductivo que se realiza en esta esfera y la demostración que “lo privado” sostiene a “lo público”, han sido tareas que el feminismo ha desarrollado, incidiendo en los modos de concebir las relaciones de poder y los temas políticos y económicos en las sociedades.
 
Lo cierto es que el feminismo ha abordado el tema de las relaciones de poder tanto en el ámbito público como en el privado, mostrando las estructuras patriarcales en que éstas se sustentan y destacando que en ambos espacios éstas deben ser democratizadas.
 
Las feministas de América Latina, comprometidas con los procesos de recuperación del continente, con toda su diversidad humana, como lugar de enunciación tienen planteado el desafío de aportar a la descolonización para hacer del feminismo latinoamericano, una referencia útil y significativa para las mujeres de las naciones originarias, las afrodescendientes y las mestizas. Este trabajo se ha iniciado con los estudios sobre las mujeres invisibilizadas por la historia oficial y da muestras de importantes avances en la actualidad con los debates localizados en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Centro América, entre otros.
 
Para Aguado (2008), la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía sólo encuentra los necesarios instrumentos explicativos en una perspectiva histórica que incluya el género como variable; concretamente, en el estudio de las experiencias, estrategias y alternativas desarrolladas por las mujeres como ciudadanas –o como excluidas de la ciudadanía- a lo largo de la historia contemporánea, tanto en la esfera pública y en el ámbito de “lo político”, como en la esfera privada, en la vida cotidiana, y en las diversas formas de sociabilidad y de prácticas cívicas de vida.
 
Como elemento corrector, el feminismo, ahora transnacionalizado, sigue jugando un papel fundamental al servicio de la inclusión democrática y la salvaguarda de los derechos de todos y todas (Guerra Palmeto, 2009).
El feminismo es una dimensión que gravita en las movilizaciones sociales de América Latina y Venezuela, por supuesto, no es ajena a tal fenómeno

3. Movimientos sociales, protesta popular y desarrollo de la democracia participativa en Venezuela (1999-2013)

 
La construcción de un espacio público democrático y la conformación ciudadana, incluyendo los derechos de la mujer en Venezuela, está relacionado con el papel de los movimientos de acción colectiva y su protagonismo en los últimos años de la historia de dicha nación.
Se trata de movimientos sociales con creciente repercusión pública que tienden a una recuperación de la política y el espacio público, ensanchando la esfera de la ciudadanía.
 
Para Magrini (2010), el contexto de la protesta social en América Latina se encuentra asociado a cinco etapas: 1. La presencia de los populismos históricos de mediados de siglo XX, que llevaron a la integración de las clases populares al sistema político liberal. Los casos más conocidos fueron el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México. Otro elemento importante de este período fue el auge de los sindicatos obreros.
 
2. La fase autoritaria de principios de los 70’ que se caracterizó por la dispersión de las demandas sociales y de las agencias políticas en general, desde los históricos partidos políticos hasta las asociaciones gremiales.
 
3. El regreso a la democracia liberal de inicios de los 80’ y en algunos países del continente hasta entrados los 90’. En esta fase ocurrió el regreso a las libertades políticas y las demandas sociales, a la lucha democrática, así como por el surgimiento de nuevos movimientos sociales y agrupaciones de resistencia.
 
4. La marea neoliberal de mediados de los 90’ que, junto a otras medidas estructurales como las privatizaciones, el proceso de reducción del Estado y leyes de flexibilización laboral, llevaron por un lado al debilitamiento de los grupos de resistencia y por el otro a la multiplicación de la protesta popular.
 
5. La actual coyuntura, que podríamos denominar de auge de la protesta social y manifestación de los nuevos movimientos sociales, incluye nuevas luchas ciudadanas como el derecho a la información, el control de los monopolios mediáticos, las demandas medioambientales, las demandas indígenas, las rebeliones campesinas, las movilizaciones urbanas, demandas de homosexuales, los movimientos mineros y lesbianas, entre otras.
 
En los años recientes, hicieron eclosión diversas manifestaciones "callejeras" en países como Perú, Ecuador, Bolivia, México y Argentina, Paraguay, Venezuela, para no mencionar el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, Chiapas en México y el movimiento guerrillero en Colombia. En algunos casos, estas expresiones reivindicatorias se superponen y/o son comandadas por movimientos sociales organizados a partir de una condición particular de exclusión; otras veces, parecen surgir de la propia fragmentación social. En la mayoría de casos, las acciones tienen lugar sin una conformación orgánica desarrollada y/o rechazan a los dirigentes así como las vías convencionales de canalización de los conflictos, y el ciudadano y la ciudadana común -que algunas veces tiene alguna vinculación con movimientos sociales- son quienes se presentan en los espacios públicos, con la decisión de imponer su voluntad política con la forma violenta de su expresión .
 
Si algo identifica a estos nuevos movimientos sociales es su densidad, su pluralidad, su apertura y su disposición por implicarse en la acción, en la práctica de la ciudadanía y en ganarse los espacios públicos urbanos y macropolíticos. Lo que les coloca en una favorabilidad para buscar una múltiple compenetración temática, sectorial, entre escalas y entre agencias. El popular lema de ``pensar globalmente y actuar localmente'' se ve ampliado con ``el pensar localmente y actuar globalmente'', permitiendo formalizar las identidades particulares, de las diversas subjetividades de soporte categorial (diferencias étnicas, de genero, orientación sexual, edad, etc.), sectorial (trabajo, medio ambiente, educación, sanidad, vivienda, etc.) y territorial, asociándose a la vez con la defensa y conquista de principios más amplios como los derechos humanos, o los mismos postulados de la democracia participativa. Es por tal razón que el objetivo de estos nuevos movimientos sociales: ciudadanía democrática e inclusiva, tiene un doble sentido: particularizar los valores universales y universalizar las identidades particulares. En definitiva, tienen el reto de articular las distintas posiciones subjetivas en un sujeto unitario y pluridiverso, en una nueva identidad de identidades.
Revilla Blanco (2011) sugiere que estos movimientos –sus participantes, sus agencias, sus procesos, sus pliegos y sus objetivos– están integrados en las luchas por la demarcación del escenario político democrático; los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos se involucran en la constitución de una concepción alternativa de ciudadanía.
 
En ese sentido (Revilla Blanco, 2011), estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado a la exclusión social, cultural, de género, étnica y económica, y no exclusivamente a la política.
 
Los movimientos sociales como procesos de identificación colectiva, como ejercicios de autoafirmación y como prácticas de solidaridad grupal son, ante todo, una escuela de ciudadanía: fantasías colectivas que van abriendo paso en la historia. No son política alternativa: son política .
Hecha la anterior reflexión, en el caso de Venezuela, López Maya (2010) señala que a partir del Caracazo, la revuelta popular que estalló en Caracas y una parte significativa del mapa urbano del país el 27 de febrero de 1989, la protesta popular y los movimientos sociales se convirtieron en uno de los aspectos más característicos de la vida cotidiana en Venezuela y Caracas durante varios años.
 
Pero más notorio que el incremento de la protesta misma, el cambio que se produjo en las formas y naturaleza del protestar es lo destacado. Las acciones colectivas de los venezolanos se hicieron más confrontacionales y violentas que en el pasado. El llamado “disturbio” con quema de neumáticos, apedreamiento de vidrios de vehículos o vidrieras comerciales, y secuestro y quema de vehículos, se hicieron muy recurrentes en la movilización social venezolana.
 
Dicha movilización social estuvo muy relacionada con el proceso de deslegitimación política y desinstitucionalización del sistema de partidos que afectó el sistema político desde esos años , a raíz de la implementación del modelo neoliberal.
 
En los once años que van de octubre de 1989 a septiembre de 2000 (López Maya, 2010) ocurrieron un total de 8.355 protestas en Venezuela.
Durante los años 90 se dio una tendencia creciente de protesta popular con dos períodos picos. El primer pico ocurre entre 1991 y 1994, años donde se presentó una crisis política. El promedio diario fue de 2,75. Un nuevo pico protestas se produjo en los años de 1999 y 2000, que son los dos primeros años de la administración de Chávez. Es Así como surge una fuerte presencia de acciones colectivas beligerantes a lo largo de estos años, la naturaleza de estas acciones también revela alteraciones con relación al pasado.
 
En los años noventa se vio aumentar en Venezuela ciertas formas de protesta que eran menos predominantes en los años previos. Los paros y las marchas, que son las formas más familiares y permanentes del repertorio democrático venezolano, fueron las protestas más reseñadas durante la gestión del presidente Lusinchi, es decir, antes del Caracazo. Pero, después de 1989, si bien los paros permanecen como la forma de protesta más frecuente de dicho repertorio, las marchas pierden el segundo lugar de visibilidad para ser substituidas por lo que la prensa llama los “disturbios”. Los cierres de vías pasan al cuarto lugar como forma de protesta más registrados en la prensa, en contraste con el sexto lugar de ubicación que tenían durante los seis años previos al Caracazo. Estos cierres o bloqueos, de naturaleza más confrontacional que violenta, muestran una recurrencia y aumento numérico en los últimos cinco años de la década de los noventa del siglo XX.
 
La segunda forma de protesta más reseñada a lo largo de estos años es el “disturbio”, utilizando un término muy popular. Se trata de una forma tradicional de protesta en Venezuela, que ha estado asociada al movimiento estudiantil, y que en momentos de coyuntura política en el siglo XX emergió siempre con mucha fuerza.
 
Los disturbios venían aumentando su frecuencia como forma de protesta en la década de los ochenta, en especial después de la revuelta popular de la ciudad de Mérida (marzo, 1987). Así mismo, disturbios precedieron el Caracazo y siguieron luego de éste, aumentando significativamente. Después del fallido golpe de estado de 1992, a lo largo de 1993, antes y después de la remoción del presidente Pérez los disturbios se extendieron por el mapa urbano del país.
 
Además de los enfrentamientos, podía haber otras formas de protesta que se desarrollaban durante los disturbios y que le añadían más violencia. Era usual que se procediera al cierre de vía, mediante barricadas para interrumpir el tráfico, a menudo regando basura a lo largo de la calle cuyo tráfico se quería interrumpir, pero también podía producirse el secuestro de vehículos automotores para atravesarlos en la vía.
También se arrojaban neumáticos, los llamados “cauchos” de vehículos automotores y se procedía a su quema.
 
El disturbio con saqueos adquirió preponderante visibilidad en 1992 y 1993, y para este momento junto a los encapuchados y estudiantes, se sumaban los vecinos para apedrear comercios y saquear.
 
Después del fracasado golpe del 4 de febrero de 1992, y a pesar de la restricción de las garantías constitucionales, los disturbios se intensificaron, haciéndose más extensivos y de larga duración. Venezuela se volvió prácticamente un polvorín.
 
Las acciones de protesta, los disturbios, las acciones colectivas y los movimientos sociales ocurridos durante los años 80 y 90 fueron expresiones de rechazo a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional implementadas por los gobiernos de turno, que derivaron en una profunda crisis política manifestada en el rechazo masivo de los partidos tradicionales y las instituciones públicas imperantes.
Dicha crisis se superó con la elección de Hugo Chávez como Presidente y con la expedición de la Constitución de 1999.
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) fue un salto político trascendental que implicó una transformación radical del Estado y el sistema político. Las bases de la democracia participativa se colocaron para determinar un término renovador de la relación entre los ciudadanos y el Estado. El espacio público como ámbito democrático se fortaleció a partir del reconocimiento avanzado de los derechos civiles, políticos, sociales, étnicos, culturales y ambientales de los venezolanos y las venezolanas.
 
Fue de tal profundidad la transformación del espacio público que permitió a los grupos de oposición derechista aprovecharse de las garantías para promover entre fines de 2001 y enero de 2003 confrontaciones con el Estado que llevaron a la configuración de una polarización política extrema, así como su canalización hacia una situación insurreccional contra el gobierno legal y legítimamente constituido, mediante huelgas, guarimbas y un golpe de Estado.
 
La amplitud de los derechos políticos establecidos, especialmente en materia electoral se ha materializado en un ascenso de la participación y en el uso del referendo revocatorio para intentar destituir al Chávez y rechazar una amplia propuesta de reforma a la constitución que se proponía radicalizar la reforma del Estado para dar paso a formas comunales de gestión pública.
 
Valdivieso (2009) agrega que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, se pudieron introducir demandas del movimiento amplio de mujeres que participó activamente en la Asamblea Constituyente. Que fue redactada con lenguaje no sexista, lo cual ha incidido de manera significativa en la semántica utilizado en política. Se incorporó la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, se reconoce el valor económico del trabajo doméstico y el derecho de las amas de casa a la seguridad social; se reafirmó la igualdad entre los seres humanos. Se otorgó rango constitucional y prevalencia de jerarquía a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, con lo cual tienen rasgo constitucional la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén do Pará (art. 23), principales instrumentos internacionales pro igualdad. En relación con los derechos sexuales y reproductivos (art. 76) fue expresamente establecido “el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho”.
Con dicho espacio político el protagonismo de la mujer venezolana y su participación en las instituciones públicas en todos sus niveles es notorio.
 
Conviene señalar que a pesar de los avances en cuanto al espacio público, el proceso de ciudadanización y la plenitud de los derechos de la mujer, hay fenómenos negativos que afectan gravemente esos espacios.
 
No obstante que la elite política que controla el gobierno ha formulado un proyecto socialista bolivariano explicitado en los dos Planes de Desarrollo adoptados y las Leyes y normativas expedidas, en la perspectiva de un pensamiento autónomo que se nutre de la reflexión bolivariana y sus maestros, se dan fenómenos que desvían el curso de las formulaciones discursivas como el rentísmo petrolero , el populismo , el burocratismo y la corrupción, agudizando la apatía política y la polarización social que se alimenta con la interferencia de poderes geopolíticos empeñados en erosionar las estructuras populares configuradas con la revolución bolivariana que lideró hasta su muerte el Presidente Hugo Chávez y que hoy conduce el Presidente Nicolás Maduro, en un escenario de mucha agitación y desestabilización.

Conclusiones
 
Con 14 años de existencia, la República Bolivariana de Venezuela es un factor de amplia incidencia en la región latinoamericana por las condiciones específicas en que transcurre su proceso político marcado por luchas ofensivas contra los poderes oligárquicos tradicionales y el imperialista de los Estados Unidos; su modelo de desarrollo económico diverge de los patrones impuestos por la globalización capitalista/colonial y sus formas clásicas de acumulación; sus transformaciones políticas han hecho uso de instrumentos contra hegemónicos para profundizar la democracia participativa en un escenario de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica que se apoya en formas de pensamiento propios cuyas raíces están en el discurso de Bolívar y sus maestros. Todo lo cual ha devenido en un nuevo marco institucional que emergió de la crisis de los años 90, en que los movimientos sociales y de protesta llevaron hasta el colapso de régimen Puntofijista con sus dos partidos, y el acceso a la Presidencia de la República de Hugo Chávez con la aprobación de la Constitución de 1999, que adopto un modelo de democracia radical participativa en la que el espacio público democrático cobro gran espesor porque hizo efectiva la condición ciudadana de casi 30 millones de venezolanos, mediante el otorgamiento y reconocimiento de sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales, sumados los de la mujer que gano amplio espacio en el nuevo texto superior que organiza el Estado y sus instituciones.
 
Logros que hoy tienen dificultades y obstáculos debidos al populismo que desinstitucionaliza la vida política, a la corrupción y al burocratismo que estorban la materialización del Estado comunal puesto como elemento de transición hacia el denominado Socialismo Bolivariano del Siglo XXI
 
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Horacio Duque
Licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia); Maestría en Problemas Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios de Paris (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia); autor de varios libros y artículos sobre historia y política colombiana.
 
Palabras clave: Movimientos sociales, espacio público, ciudadanía, feminismo y giro decolonial.
https://www.alainet.org/es/articulo/79822

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