Venezuela

Despenalización de las drogas y seguridad ciudadana

Antonio J. González Plessmann

19/06/2013

Opinión

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La “Guerra contra las drogas”, expresión de las políticas coloniales de EEUU, está muriendo. Con esa muerte puede mejorar la situación de la seguridad ciudadana y la convivencia en América Latina, siempre que la región logre parir políticas autónomas, basadas en los derechos humanos y en la contextualización del consumo problemático de drogas y no en su criminalización.

Colonialismo y “Guerra contra las drogas”

La “Guerra contra las drogas” declarada por Nixon en 1971, es una política interior y exterior estadounidense basada en el estímulo a la prohibición y persecución penal de la producción, distribución y consumo de algunas sustancias químicas que alteran funciones del organismo humano. La “Guerra” es expresión de la visión conservadora local de los EEUU sobre algunas sustancias y sus usos, que se fue globalizando desde principios del siglo pasado[1], a través de mecanismos de coerción y consenso, logrando instrumentos normativos, dispositivos institucionales y una práctica represiva constante, nacional e internacional[2].

Hoy crece la tendencia a considerar que esta “Guerra” ha fracasado[3]: la represión no logró reducir ni la oferta ni el consumo, mientras que hay más violencia asociada a la prohibición, más crimen organizado y menos apoyo a quienes hacen un consumo problemático, en los países del Sur. Este “fracaso” aparente, sin embargo, esconde los enormes éxitos y beneficios económicos y políticos de esta “Guerra”: es excusa para ataques políticos a los adversarios de EEUU (“Lista Clinton” sobe “Narco-terrorismo”), legitima a gobiernos autoritarios aliados de EEUU que “combaten” el llamado “narco-terrorismo”, facilita la criminalización y control de los sectores populares (tanto en EEUU, que tiene la tasa más alta de prisionalización del mundo, como en el resto de los países sumados a la guerra), produce enormes cantidades de dinero a empresas privadas de seguridad o de venta de armas, entre otros. Los países del Norte se quedan con las drogas y la mayor parte del dinero del negocio (legal e ilegal) y los del Sur, sufrimos la violencia, la corrupción de autoridades y la criminalización de la pobreza.

Prohibicionismo e inseguridad frente al delito

La prohibición crea a los delitos y a los delincuentes. Los conflictos entre los actores de una economía ilegal, tan lucrativa, como la de las drogas, no se resuelven a través de mecanismos legales, sino a través de la violencia.

En primer lugar, existe una violencia asociada a la protección del proceso de producción y el tránsito de la droga. Venezuela no es país de producción, pero sí es una ruta muy importante de tránsito de droga procedente de Colombia y Perú, hacia Europa y EEUU. Para que ello ocurra, deben existir una o varias redes de crimen organizado, con personal (propio y/o funcionarios corrompidos de los cuerpos de seguridad policiales y militares), que garanticen la seguridad de las operaciones.

En segundo lugar, existe una violencia asociada a la competencia por mercados de distribución. Una parte de la violencia intra-clase que ocurre en nuestros barrios populares se explica por estos conflictos. La droga financia las armas, municiones y otros recursos de pequeñas bandas, en la mayoría de los casos, con bajo nivel de organización, que alimentan la territorialización del barrio. En los conflictos violentos entre miembros de bandas (muchas veces, también, producto conflictos ajenos al negocio) mueren o quedan heridos los jóvenes de las bandas, sus familiares u otras víctimas del fuego cruzado.

En tercer lugar, se encuentra la violencia asociada a la represión estatal. Esta se ejerce sobre los más débiles de la cadena (consumidores y microtraficantes) que se encuentran en los sectores populares. Las detenciones por “Posesión”[4]superan 36,6 veces en 2009 y 610 veces en 2010 a las detenciones por “Tráfico”. Los casos de drogas, del total de delitos ocurridos en el país, son lo que tienen el mayor número de condenas del sistema penal[5]. Esto sugiere que los sectores más altos de la cadena, los empresarios de la droga, son menos seleccionados por el sistema penal, expresando con ello el carácter clasista de la justicia penal, denunciado por el Comandante Chávez en el Plan de la Patria (Objetivo estratégico 2.5.5).

Aquellos jóvenes del barrio que van a la cárcel, por tener una pequeña dosis de droga, lejos de salir “rehabilitados”, probablemente saldrán con mayores conexiones en el mundo del delito y con más posibilidades de iniciar o profundizar una carrera criminal, con lo que no solo se reproduce la desigualdad de clase, sino que se contribuye a profundizar la situación de inseguridad ciudadana.

Autodeterminación y política alternativa sobre drogas

En Venezuela, el debate sobre la despenalización de la producción, distribución y consumo de drogas es poco frecuente en el ámbito académico e inexistente en el ámbito político. Pese haber roto relaciones con la DEA y mantener una postura soberana frente la política exterior estadounidense, nuestra política en materia de drogas sigue anclada al paradigma de la “Guerra”, con sus consecuencias negativas para nuestro pueblo y legitimando valores e ideas contrarios a los de la democracia socialista. Urge, por tanto, que el debate florezca en un marco de autodeterminación para ayudar a construir alternativas de políticas consistentes con el buen vivir de nuestro pueblo.

Antonio J. González Plessmann

Coordinador de la Línea de Investigación en Seguridad Ciudadana y Convivencia de GIS XXI

[1] Rosa Del Olmo, “Drogas: distorsiones y realidades” Rev. Nueva Sociedad Nº.102 , Caracas, 1989

[2] Así, cultivos y usos tradicionales o medicinales, comunes en Asia, África y América Latina, de plantas como la coca, el opio o el cannabis fue criminalizado (Lander, “No a la guerra contra las drogas”, Unes, Caracas, 2012).

[3]Hasta la OEA, institución que antaño impulsó la política de EEUU en la materia, reunida esta semana en Guatemala, está discutiendo el tema y ha producido un Informe que parte del fracaso de la política hegemónica (OEA, “El problema de las drogas en las Américas”, 2013).

[4] La posesión implica hasta 2 gramos de cocaína; hasta 20 gramos para los casos de marihuana, hasta 5 gramos de marihuana genéticamente modificada y hasta 1 gramo de derivados de amapola (Ley Orgánica de Drogas,Artc 153).

[5]Elsie Rosales, “El sistema penal venezolano contemporáneo. Tendencias y propuestas”, Unes, Caracas, 2012.

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