Paraguay

Así comenzó Stroessner: características políticas del actual régimen de facto (I)

José Carlos Lezcano

05/06/2013

Opinión

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Los asesinatos políticos se han convertido en un elemento constante en los últimos once meses, desde que se instaló el gobierno de facto. En este artículo señalaremos algunos elementos para alertar sobre una de las características políticas principales del régimen que se está instalando: el uso de la violencia física y la eliminación selectiva como método habitual.

En los últimos once meses, contando desde la Resistencia de Marina Kue hasta hoy, el asesinato de dirigentes sociales se ha convertido en un hecho habitual[1]. Si bien el uso de la violencia sobre sus enemigos de clase, constituye la naturaleza del Estado y sus aparatos represivos, aquí analizaremos cinco casos que, en este marco estructural, guardan un patrón común particular: todos apuntan a abrir paso al proyecto político encabezado por Horacio Cartes.

Quisiéramos traer a colación un comentario sobre la situación que vive el Paraguay, que recientemente nos hiciera una persona que vivió en carne propia la dictadura stronista: “Cuando subió Stroessner, en el ’54, sucedió algo parecido, empezaron a cometerse asesinatos, desapariciones, al comienzo parecían casos aislados y después terminó siendo el método principal que el régimen stronista utilizó para sostenerse”, nos dijo.

Esta comparación entre el régimen de facto actual[2] y la dictadura stronista es parte del sentido común del pueblo paraguayo. Esta sensación palpable por la ciudadanía, no es otra cosa que ajuste coyuntural, consistente en el tránsito de un régimen sustentado principalmente el ejercicio de hegemonía, hacia un régimen basado en la violencia y la fuerza sin ropajes[3].

Analizaremos en forma sintética cinco casos con la intención de aclarar mejor nuestro planteo de que el asesinato político y la violencia directa se están convirtiendo en un método habitual.

El primero de estos casos, y sin dudas el más grave, fue la masacre de la Resistencia heroica de Marina Kue, donde murieron defendiendo sus tierras 12 campesinos, y donde también fueran abatidos 6 policías, estos últimos en su mayoría heridos con proyectiles de armas automáticas que no coinciden con las que tenían los campesinos en lucha.

Esta masacre apunta a dos objetivos esenciales: a) Fue utilizada como dispositivo de disciplinamiento sobre el campesinado que venía retomando la acción de masas en el marco de la lucha por la tierra, es decir, fue ante todo una masacre para frenar las luchas, buscando infundir miedo en las bases, judicializando los reclamos legítimos y criminalizando a las organizaciones sociales. b) Además, esta masacre abrió el juego de un nefasto plan, muy bien orquestado, cuyos siguientes pasos fueron, el golpe de Estado contra el gobierno luguista y la consumación del golpe con las elecciones de abril pasado. En este momento, dicho plan está en pleno desarrollo con la instalación del próximo gobierno de facto.

El segundo hecho criminal fue el asesinato a sangre fría de Vidal Vega, dirigente de la comisión de Sin Tierras de Naranjaty, del departamento de Canindeyu, e histórico luchador por las causas populares. Él manejaba todos los antecedentes de la resistencia de Marina Kue y contaba con información clave sobre los últimos hechos que se desarrollaron justo antes de la masacre.

El asesinato de Vidal, tuvo en este sentido dos objetivos políticos claros: a) En primer lugar silenciar la verdad sobre el caso de la masacre de Curuguaty por medio de la eliminación física de un testigo fundamental, no sólo para la defensa de los 14 presos políticos y los más de 50 imputados de forma absolutamente injusta y arbitraria; sino también para el esclarecimiento de la masacre, y por ende una amenaza para quienes prepararon el montaje del golpe y para el éxito del plan. b) En segundo lugar, el asesinato de Vidal cometido el 1 de diciembre de 2012, buscaba dar un mensaje disciplinador y desmovilizador al campesinado y los sectores populares para desalentar la lucha por la tierra, así como para evitar que dichos sectores busquen una participación electoral por fuera de los partidos tradicionales[4].

El tercer hecho fue el supuesto accidente del militar -golpista y vende patria-, Lino Oviedo, líder de una fracción escindida del partido colorado (ANR). Si bien la información de los medios comerciales apunta a que el desplome de su helicóptero fue producto de una falla mecánica, el momento y la forma en que ocurrió, y sobre todo las consecuencias políticas de su muerte, aún siguen generando la fuerte sospecha de un asesinato político.

Las consecuencias de la muerte de Oviedo fueron las siguientes: a) Por un lado el proyecto electoral de Cartes consiguió asegurar una victoria, descabezando al partido UNACE y provocando un regreso ordenado a la ANR del caudal electoral que Oviedo había arrancado en el año 1996 al partido colorado. Es importante resaltar que antes de la muerte de Oviedo, la disputa entre el candidato golpista del PLRA, Efraín Alegre y el de la ANR, Horacio Cartel estaba sumamente pareja, lo que mantenía aún abiertos los pronósticos sobre el resultado de las elecciones[5].B) Por otro lado, el proyecto político de la clase dominante y del imperialismo, se beneficia con una quema de archivos. Oviedo tuvo activa participación durante la dictadura stronista, y aumentó su poder y fortuna durante el período pos 1989, vinculado Andrés Rodríguez, a Wasmosy, a la embajada norteamericana y con fuerte vínculo con la clase dominante del Brasil.

Oviedo era una molestia, no sólo para Cartes, de quien posiblemente era competidor directo en algunos rubros, sino para la clase dominante local y los militares a su servicio, así como para los agentes del imperialismo brasilero y norteamericano; no porque Oviedo fuera contrario a sus intereses de clase, sino porque se encontraba fuera del proyecto político principal y por lo tanto la información que conocía era una amenaza para el estatus quo.

El otro crimen, fue el del dirigente Benjamín “Toto” Lezcano, histórico dirigente del asentamiento Arroyito, del departamento de Concepción, y uno de los principales referentes políticos de la lucha democrática contra el latifundio, contra los sojeros y las multinacionales.

“Toto” fue acribillado en su domicilio el 19 de febrero de 2013, en uno de los departamentos más organizados y con más tradición de lucha del país, donde además las fuerzas del campesinado y de los obreros habían conseguido una representación institucional significativa en anteriores elecciones. Este crimen se ejecutó también en plena campaña electoral.

El asesinato de “Toto” apunta a los mismos objetivos que el asesinato de Vidal: a) Por un lado, eliminar a un dirigente histórico para descabezar la lucha social y política de las clases explotadas, en un departamento donde las clases dominantes están progresivamente perdiendo la hegemonía[6]. b) Por otro, amedrentar a los sectores organizados, para frenar las movilizaciones y desalentar la oposición política a los partidos representantes de la oligarquía.

El quinto hecho es el asesinato del terrateniente ganadero Luis Linstron, ocurrido recientemente, el 31 de mayo pasado, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro. El trasfondo del asesinato de Lindstron aún debe esclarecerse. Sin embargo, sus consecuencias son claras: a) En primer lugar el asesinato generó una grave crisis en el gobierno de facto de Federico Franco (PLRA), al poner en duda su capacidad de mantener el orden interno, y especialmente enfrentándolo con su principal base social, la oligarquía terrateniente, la cual va cerrando filas en torno a Cartes; b) Además, el asesinato de Lindstron tuvo como objetivo invisibilizar la audiencia preliminar y todo el proceso antijudicial del Caso Curuguaty, cuyo desenlace pone en riesgo el desarrollo del plan golpista. Es decir, con la muerte de Lindstron se busca cubrir un proceso antijurídico en el que se pretende castigar a campesinos y campesinas inocentes[7], dejando impunes a los verdaderos culpables, los autores de la matanza y los ideólogos del plan golpista.

La instalación mediática del caso Lindstron, además es es utilizada para justificar una nueva ola de persecución y criminalización de la lucha social en la zona norte del país. Este asesinato constituye también parte de otra línea estratégica del imperialismo, que es la de introducir el Plan Colombia al Paraguay, esto será abordado en forma separada por cuestiones de espacio.

Un elemento importante a considerar es que el asesinato de Linstron tiene características similares a las de la masacre, aunque los motivos son claramente distintos: lindstron no era un enemigo para la clase dominante, era un explotador terrateniente, pero se convirtió en chivo expiatorio, en fusible; los campesinos luchadores de Marina Kue eran –y son- el mejor ejemplo de heroísmo revolucionario que el pueblo paraguayo sigue y debe seguir, eran -y son hasta hoy- una amenaza para el sistema.

Más allá de estas diferencias, existen elementos comunes que debemos tener en cuenta. Desde un punto de vista político, además de los objetivos ya mencionados, la masacre de la Resistencia de Marina Kue apuntaba a enfrentar al gobierno de Lugo con su principal base social, que era el campesinado[8]. El asesinato de Lindstron se utilizó para poner en cuestión la capacidad del PLRA de ofrecer seguridad a la oligarquía terrateniente, y por lo tanto volcar nuevamente su apoyo hacia la ANR.

Además, ambos hechos criminales se cometieron con armas automáticas y desde media distancia. La precisión de los disparos en ambos casos habla a las claras de la participación de profesionales con entrenamiento de elite. En ambos casos existen claras muestras de vinculación policial con el hecho, sin embargo en ningún caso los autores reales fueron capturados; aunque sí fueron incriminados, en forma arbitraria y sin pruebas reales, dirigentes sociales del sector campesino.

La violencia directa es, sin dudas, una de las caras del régimen de facto que se está instalando, pero como todo proceso, esta avanzada de las clases dominantes tiene una contracara implacable.

En la medida en que la violencia de los capitalistas aumenta sobre la clase trabajadora, ésta, en respuesta, aumenta y mejora cualitativamente su organización y sus luchas, como la levadura con el agua. Por cada compañero caído, por cada compañera caída, se forman 100 más, dispuestos a seguir la lucha hasta la gran victoria.

No sólo las esperanzas están intactas, sino que las convicciones son cada día más fuertes y nítidas.

- José Carlos Lezcano es miembro del -Movimiento 15 de Junio-

[1] Los casos analizados aquí no son los únicos, se le deben sumar los casos de Mariano Jara, del departamento de Canindeyu, ocurrido en el 2010, el de Sixto Pérez, ocurrido en setiembre de 2012, el de Dionisio González, en marzo de 2013 y el de Francisco Denis, en abril de este año, los últimos tres dirigentes mencionados del departamento de Concepción.

[2] Nos referimos de esta manera al régimen político que se está instalando, y cuya cabeza visible en la actualidad es Horacio Cartes. Es un régimen de facto en tanto que ha emergido de un golpe de Estado y se ha impuesto en elecciones ilegítimas por medio de la intimidación, la amenaza, el asesinato y la manipulación económica.

[3] Desde el golpe del ’89, y más precisamente desde la Constitución del ’92, la hegemonía de la clase dominante en el Paraguay y del imperialismo, se sustentó en los principios y las instituciones de la seudodemocracia republicana. Ante la imposibilidad de cumplir las falsas promesas de su propio sistema, la clase dominante no tiene otra alternativa que el uso cada vez más habitual de la violencia directa para mantener su dominio sobre las grandes mayorías.

[4] El asesinato de Vidal ocurrió en plena campaña proselitista, en un momento en que las fuerzas populares aun tenían la posibilidad de rearticular fuerzas en un frente electoral.

[5] Elecciones, valga aclarar, en las que las fracciones de la clase dominante ya habían hecho sus apuestas por distintos bandos y se encontraban en abierta competencia.

[6] Esta pérdida de hegemonía es la que explica que tanto en Concepción, como en San Pedro, el personal gobernante al servicio de la oligarquía local muestra su más desvergonzada obsecuencia, entregando totalmente el control y la soberanía a la policía norteamericano-colombiana, a la USAID y a las organizaciones paramilitares de los terratenientes.

[7] A pesar del esfuerzo de la prensa comercial y de los voceros políticos de la clase dominante, por hacer pasar desapercibido el Caso Curuguaty, la resistencia popular y la articulación de esfuerzos de diversas organizaciones, así como el propio peso de la falaz acusación, hicieron que la audiencia preliminar se suspenda, con el libreto del seudofiscal Jalil Rachid prácticamente inutilizado. ¡Una batalla victoriosa, la lucha continúa!

[8] A lo que Lugo y su personal político más leal también contribuyeron bastante por propia iniciativa.

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