Situación complicada. El paro de transportistas —de la Unión de Gremio de Transporte Multimodal de Perú, mismo que contó con el apoyo de 2 mil conductores de autobuses de la región de Cuzco— inició el 28 de marzo en la ciudad de Huancayo y Arquipa, desató el caos o dio la pauta dadas las circunstancias. 
 
 
Por un lado, el gobierno de Pedro Castillo declaró, una semana después, la madrugada del 4 de abril el “estado de emergencia” —para Mina y Callao— y el “toque de queda” para “proteger los intereses de la comunidad”, tras una sesión extraordinaria del Consejo de ministros. Lo que generó más reacciones en contra. 

 
Por el otro, la inflación y alza de precios, en donde la gasolina va de la mano del aumento del costo de los productos básicos, han generalizado el descontento popular en casi todo el país. Lo que provocó bloqueos y también intentos de saqueos en distritos como Magdalena, Surco, Comas, Puente Piedra y Villa el Salvador. 

 
Debido a ambos escenarios, la situación se enturbia violentamente en las calles. Por un lado, se generaron enfrentamientos con la policía y saqueos de negocios, como en Ica/sur y Junín/este. Por el otro, las respuestas del gobierno de Castillo, más que soluciones son muestra de fragilidad. 
 
 
Es verdad que el presidente Castillo, quien llegó barriendo con la burocracia de los gobiernos anteriores para colocar a personal de su confianza —como hace todo nuevo gobierno; más cuando hay denuncias de corrupción—, ha sido rechazado permanentemente por la derecha peruana desde su triunfo en los resultados de segunda vuelta electoral del 6 de junio 2021. 

 
Su triunfo fue por una diferencia mínima, del 0.25 por ciento. Pero eso no le resta legitimidad al haber sido avalado el triunfo por el Jurado Nacional de Elecciones y declararlo presidente. 

 
Más vandalismo, o desescalada 

 
La coyuntura permite a la derecha aprovecharse, y de cualquier error por mínimo que sea del gobierno de “Perú Libre”, para exigir la renuncia. Reclamo de renuncia a los que se suman Renovación Popular y Avanza País. 

 
Es claro que Fuerza Popular, que propuso a un miembro directo de la familia Fujimori, pretendía no solo mantener el control del gobierno sino continuar con el régimen de privilegios de las clases altas, aún a costa del deterioro de la economía popular como quedó de manifiesto y ocurre con la derecha latinoamericana en el poder. 
 
 
Por tanto, la crispación del ambiente suena tan bullicioso como provocado. Porque una son las manifestaciones de protesta de la sociedad civil, organizada o espontánea, y otra que se conviertan en acciones directas, agresiones a la policía o quema de instalaciones, como sucedió el martes 5 —pese a la declaratoria de “inamovilidad social” para Lima y Callao—, con el incendio del edificio sede del Jurado Nacional de Elecciones. 
 
 
Las protestas en distritos como Miraflores desde donde se publicaron videos en las redes del “cacerolazo” como protesta a las medidas de toque de queda anunciado por el presidente, así como la “Marcha por nuestra libertad” organizada por grupos civiles. 
 
 
¿Se trata de una operación de “golpe blando” contra Castillo de la derecha? De ser el caso continuarán o desescalar las expresiones violentas en calles de las principales ciudades del país, toda vez que el sector que iniciará las protestas por las gasolinas, empresas del transporte y agricultores, han accedido a levantar la huelga, según el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres. 
 
 
El gobierno de Castillo propone que “habrá rebajas” en torno a los precios de los combustibles, y así lo confirmó el primer Consejo Torres. Y “se va a cumplir”, a transportistas y ciudadanos, bajando desde el Organismo regulador y supervisor del sector energético y la Autoridad nacional de protección del consumidor, “por ley”, pero eso no es o no se trata de un “control de precios”, sólo rebajas. 
 
 
En cambio, “no se permitirán hechos vandálicos”, ha declarado el Consejo. Además, el presidente Castillo aceptó acudir el miércoles 6 a comparecer ante el Congreso, a invitación formulada por dicho órgano de gobierno. 

 
 
Pero el propósito de las medidas es para el resguardo de “los derechos fundamentales de las personas'', lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales. El gobierno no está en un “plan de enfrentamientos”, ha dicho el presidente del Parlamento. 

 
 
De igual manera, el Congreso de la República ha declarado, en voz de su presidenta Maricarmen Alva, que el organismo autónomo “no podrá dejar de trabajar por nuestro país, más aún en momentos tan difíciles como el que estamos atravesando”. 
 
 
Democracia, no escalada 

 
El presidente expondrá el problema, sus causas y medidas posibles. El Congreso asumirá la evaluación correspondiente y al poder judicial le corresponderá tomar las acciones pertinentes para el control de la violencia social. 

 
Dos semanas antes, dicho Congreso había rechazado la demanda del partido opositor Renovación Popular de sustituir al presidente Castillo por “incapacidad moral”, el segundo intento ya de expulsarlo del poder. En dicha ocasión el presidente reconoció en su cuenta de Twitter, “la sensatez, la responsabilidad y la democracia”. 

 
Toda vez que las acciones sean aceptadas y aplicadas y la población asuma su parte, la zozobra estará disminuyendo y el problema desescalando, teniendo los actos violentos bajo control. En otras palabras, de ese modo se estará desactivando el o los pretextos para seguir vandalizando en las calles; lo que, de seguir, entonces sí los intereses e intenciones serán crear inestabilidad al gobierno de Pedro Castillo. 

 
Pero, igualmente quedará al desnudo, que no será por causas sociales sino de montaje en las circunstancias de un movimiento desestabilizador, de esos “golpes blandos” —justificando como ahora que se trata de “la voz del pueblo”— tan comunes en la región nuestra Latinoamericana orquestada y preparada por la derechas locales y financiadas por organismos como la CIA, hoy la USAID, entre otros. 

 
En aquella sesión del Congreso, cuando desechó su destitución, el presidente Castillo declaró: “Señores congresistas, les pido votar por la democracia, por el Perú, en contra de la inestabilidad”. La lucha no es por el apego al poder, que es temporal, sino “para servir al país”. 
 
 
Con el refrendo de sus propuestas de gobierno en materia de educación, alimentación y salud. En pocas palabras, por el atraso de un país que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, y ahora padece las secuelas del incremento de precios del barril de petróleo mundiales.