Las protestas se hicieron noticia rápidamente y se fueron viralizando mediante las redes sociales, a lo largo y ancho del país, al igual que entre la comunidad de cubanos y cubanas residentes en el extranjero. Paulatinamente, en diferentes puntos de la isla se fueron sumando personas a los reclamos de manera concatenada llegando a manifestarse alrededor de treinta y cinco localidades.

Las manifestaciones fueron de varios tipos: legítimas y pacíficas, para demandar por carencias actuales: cortes de energía eléctrica, alimentos y medicinas, a lo que se sumaron gritos de libertad; ilegítimas, provocadas y financiadas, llenas de violencia contra personas (policías o ciudadanía) y entidades estatales (tiendas, estaciones de gasolina, estaciones de policía y sus patrullas, la sala pediátrica de un hospital, entre otras), incitadas por el odio, alentadas también por la escasez y esa desigualdad que crece y corroe el alma social.

Cuba, en estos momentos, pasa por grandes dificultades económicas con repercusiones sociales como desabasto continuo de alimentos y medicamentos del cuadro básico, interrupciones de energía eléctrica debido a roturas y falta de acceso a combustible, además de una crisis sanitaria debido a su primera ola pandémica, un año después que todos los países del mundo, que han pasado por su segunda y hasta tercera ola pandémicas.

La pandemia vino a agravar una crisis económica de múltiples causas. El gobierno cubano cerró sus fronteras cerca de un año como medida de protección para la población, con la consecuente merma de ingresos provenientes del turismo, rubro fundamental de su economía.

No obstante, la contención del virus fue exitosa, a pesar de su pico pandémico actual. Cuba sigue teniendo hoy una de las letalidades más baja del mundo con 0.65 por ciento de fallecidos (2019 en total) por total de infectados por Covid-19, cuando América Latina tiene 2.64 por ciento y globalmente la cifra es de 2.16 por ciento. A pesar de todas sus limitaciones económicas, Cuba es el único país de América Latina que produjo cinco candidatos vacunales, uno de ellos aprobado por las entidades reguladoras, y el segundo en fase de aprobación, con efectividad de más del 90 por ciento de protección contra el virus. Se han aplicado más de 7 millones de dosis de vacunas en el país, (las vacunas llevan tres dosis), sobre una población de poco más de 11 millones de habitantes.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años es factor fundamental en esta crisis económica que afecta directamente al pueblo cubano. El bloqueo es la eterna espada de Damocles que pende sobre el pueblo cubano, que se ha recrudecido desde la era trumpista, con más de 200 medidas que impiden transacciones comerciales y financieras en el exterior, compra y venta de bienes y servicios desde Cuba y con cualquier tipo de entidad foránea. Impide el envío de remesas entre familiares cubanos y los viajes de estadounidenses a la isla como turistas.

En este contexto, desde hace un mes aproximadamente, mediante las redes sociales y medios de comunicación foráneos y cubanos denominados independientes, se ha sostenido una campaña de supuesto «colapso» y «caos sanitario» en la isla, que fue generando el ambiente propicio para las manifestaciones sociales ocurridas el pasado 11 de julio.

Fue una mecha lenta, bien articulada, que fructificó ante los problemas reales que existen en la isla. El pedido de «intervención humanitaria», «corredor humanitario», bajo el eslogan de «SOSCuba», que implica en términos legales internacionales un pedido de una intervención militar, fue el eje del vocerío articulado mediáticamente.

Cuba, EE.UU. y la geopolítica

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa con la misma política trumpista, alegando que se encuentran revisando la política exterior hacia Cuba.

A una semana de las protestas, comentaron que revisarían la cantidad de personal que tenían en la Embajada de EE.UU. en Cuba y la política de envío de remesas, intentando que les llegara el dinero de forma directa a la ciudadanía y no pasara por entidades financieras estatales cubanas, lo cual es evidente que podría generar más problemas en la relación interestatal.

Ante las situaciones recientes, las críticas dentro de EE.UU., desde políticos como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, movimientos sociales como Black Lives Matters y una parte de la diáspora cubanoamericana, entre muchos otros, se han centrado en que el bloqueo es criminal, insostenible y afecta esencialmente al pueblo cubano. Algunos también han defendido el derecho a la manifestación en Cuba, de manera libre y pacífica.

Durante estos días, en el mundo ha resonado como en eco unánime el carácter inhumano del bloqueo de EE.UU. a Cuba, expresado por innumerables mandatarios de cientos de países. Más que cuando los 184 estados en la ONU votaron a favor de la Resolución en contra de dicha política genocida contra la isla.

Hay que destacar que la primera reacción de entidades gubernamentales de EE.UU. como la del Alcalde de Miami, Florida, fue lanzar la diatriba de la invasión militar estadounidense a Cuba y alentar el traslado de flotillas de cubanoamericanos para apoyar las protestas.

El gobierno federal del norte, a dos días de las manifestaciones, acotó que no apoyaría ninguna de las opciones anteriores, aunque se solidarizaba con el pueblo cubano que había salido a las calles. También comentaron que el ciudadano cubano que arribara ilegalmente a EE.UU., tenía que demostrar miedo creíble ante las autoridades para no ser regresado a la isla. A partir de su declaración sería enviado a un tercer país, o en su caso a la Base Naval de Guantánamo, por al menos noventa días, en caso de no tener opciones de terceros países, hasta que se solucionara su caso.

Manifestaciones sociales: hechos y actores,
entre la legitimidad y la ilegitimidad

Es un hecho la existencia de manifestaciones sociales el pasado 11 de julio y otras pocas el 12 de julio. Se han contabilizado alrededor de treinta y cinco puntos donde ocurrieron protestas con miles de participantes en total (aunque nadie da cifras exactas). Ante esta inédita expansión territorial y densidad de personas cabe preguntarse, ¿qué ocurrió, qué actores salieron a manifestarse?

Hasta este momento se constata por videos en vivo y testimonios posteriores que las manifestaciones fueron pacíficas y legítimas por sus reclamos sociales. Pero existieron varios grupos, no sólo dentro de ellas, sino articulados en paralelo a las marchas, que dentro de barrios periféricos instaban a las personas a salir a la calle, llamando a asaltar, destruir y sustraer artículos de entidades estatales con palos y piedras, y ante alguna resistencia, el ataque físico mediante armas blancas, según testimonios publicados en medios oficiales. Por supuesto, estas acciones son ilegítimas e ilegales.

Las manifestaciones pacíficas, legítimas, expresaron un acumulado de descontentos y malestares socioeconómicos e incluso políticos respecto a la gestión del gobierno. El propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel reconoció en sus diferentes alocuciones televisivas entre el domingo 11 y el lunes 12 de julio, que existían personas con «reclamos sociales», que «viven con precariedades», con «grandes necesidades», que están «pidiendo respuestas y acciones» al gobierno para su solución.

También alegó que, dentro de los manifestantes, una minoría fueron quienes provocaron daños a la propiedad e iniciaron las acciones violentas durante las protestas.

Además de las 44 tiendas impactadas el domingo, también se apedrearon estaciones de policía, estaciones de gasolina e incluso, la sala pediátrica de un hospital ubicado en la provincia de Matanzas, según informaciones oficiales, testimonios y algunos videos que circulan en las redes sociales.

Si bien en las manifestaciones suelen ocurrir acciones de protesta directa que pueden resultar violentas o no, también lo es que las de carácter violento muchas veces son iniciadas por personas infiltradas, pagadas para ello y que responden a una agenda política de oposición de manera tal que, permita la deslegitimación de las protestas en sí o, en cambio, provoque el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y la sociedad civil, en este caso para denostar la gestión gubernamental ante un determinado conflicto social.

Cuba no ha sido la excepción a estas dinámicas durante las jornadas de protestas suscitadas el pasado fin de semana, máxime si se tiene en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos destinó en 2020, 2,5 millones de dólares para financiar actividades subversivas en Cuba (en el año 2016 la suma ascendía a 20 millones de dólares para estos fines).

Es importante destacar que, a su vez, del total de tiendas dañadas, una cifra significativa de ellas se encuentran enclavadas en la provincia de Matanzas, la que atraviesa actualmente una crisis sanitaria y los peores indicadores de contagios y fallecimientos por causa de la Covid-19, siendo además esta situación la que provocó la campaña de solidaridad y ayuda humanitaria por un lado, a la vez que peticiones de «intervenciones» y «corredores» humanitarios, que cómo ya comentamos, llevan de la mano acciones militares.

A medida que avanzaban el día y las protestas, fueron varias las personas que también salieron a las calles para contener acciones violentas ocurridas en varios puntos del país y en defensa de los ideales del proyecto revolucionario. Las contramanifestaciones se hicieron sentir con más fuerza a partir del llamado que hiciera el Presidente a los revolucionarios y a los comunistas a salir a las calles a defender la Revolución dando para ello una «orden de combate».

Ciertamente, era necesario contener la espiral de actos violentos para poder resolver momentáneamente el conflicto, se ha informado que ya pasadas las cuatro pm, cuando se realizó la alocución presidencial, existían múltiples acciones violentas en el país, lo mismo contra entidades estatales que contra miembros de la policía.

También este llamado generó enfrentamiento entre los grupos, entre las fuerzas policiales que no estaban uniformadas y los manifestantes, entre personas que realizaban actos violentos y los que fueron a defender el proyecto revolucionario, creando confusión e impidiendo el debido discernimiento entre personas y grupos presentes mediante los registros visuales. Además, provocó desde el uso legítimo de la fuerza para la contención de la violencia hasta excesos en la respuesta policial, como se perciben en algunos videos filmados en vivo durante los sucesos.

Por su parte, si bien hubo desproporción en el uso de la fuerza policial sobre varios manifestantes y actos violentos de estos últimos, también se sabe de lugares donde las protestas llegaron a su fin sin el empleo de violencia ni fuerza estatal. Es preciso investigar y procesar, y juzgar en caso necesario, a la población civil que causó daños y lesiones, pero también a aquellos agentes del orden cuyas funciones sobrepasaron el mandato constitucional. Todo, con respeto a la garantía constitucional del debido proceso penal, como prevé la Constitución y las leyes pertinentes.

De hecho, el lunes 12 de julio, durante una de las pocas manifestaciones que se dieron ese día, en el barrio periférico habanero de La Güinera, falleció el ciudadano de 36 años, Diubis Laurencio Tejeda, en un enfrentamiento con agentes policiales, cuando un grupo de personas intentaron entrar a la estación de policía con intención de agredir físicamente a los policías, según información emitida por el Ministerio del Interior de Cuba. También expresaron que se están realizando todas las investigaciones pertinentes.

En este sentido, un tema que se torna imprescindible para la comprensión de los actores, densidad y participación en las protestas, y que a su vez posibilita un encauce del conflicto, gira en torno a la legitimidad: ¿por qué se afirma que una parte de las protestas son legítimas?

Políticas socioeconómicas y desigualdad

La afirmación de que una parte de las protestas son legítimas está fundada en dos premisas: una, el reclamo contingente derivado de las condiciones de vida actuales que ya hemos explicado; la otra, se funda en el aumento constante de la desigualdad y la falta de un diálogo político y cultural profundo con determinados grupos sociales.

Muchos de los jóvenes que vimos en esas manifestaciones son los hijos de los hijos de las crisis que hemos tenido en los últimos treinta años, cualquier referencia a la Cuba de antes de 1959 es antigüedad, a la Revolución en sus mejores momentos es historia contemporánea, pero nada conocida. Las brechas de desigualdad en Cuba han crecido, se afincan sobre mujeres y hombres racializados, de barrios periféricos, con salud y educación universal, pero que incluso su realización con calidad también pasa por mediaciones desiguales. Quedaba la tranquilidad y la seguridad en la convivencia, justo fue rota por los hechos del pasado 11J.

Desde los noventa, con la desintegración de la URSS y al aprobarse las leyes Torricelli y Helms Burton se agudizaron los efectos del bloqueo económico, el acceso a la divisa (moneda extranjera, principalmente dólares estadounidenses) se volvió un eje fundamental para el sostenimiento y reproducción de la vida de los y las cubanas.

En esa década proliferó el ejercicio de la prostitución, el mercado negro, la emigración (hacia Estados Unidos estuvo reforzada desde 1995 por la política de ese país llamada de «pies secos, pies mojados» circunscrita a la Ley de ajuste cubano), la deserción de jóvenes del sistema escolar y universitario y, paralelamente, el aumento de las desigualdades sociales con un impacto desfavorable respecto al género, la raza, el territorio, y con consecuencias desmotivacionales hacia las generaciones más jóvenes.

Los ajustes económicos apuntaban a ampliar el sector turístico y al perfeccionamiento de la empresa estatal, sin embargo, junto a la llegada de turistas, llegó también a la isla la ilusión de un nuevo modo de vida impregnado de competencia, consumismo y el famoso «sueño americano».

Los programas sociales hacia los jóvenes que impulsó Fidel y que se desplegaron durante la primera década del nuevo siglo, intentaron darles contrapeso a todos estos fenómenos sociales, paliando la emigración y la falta de perspectivas futuras de esas nuevas generaciones. Se implementaron, por ejemplo, el programa de maestros emergentes, de formación de instructores de arte, de trabajadores sociales y la municipalización de la universidad, entre otros en el ámbito cultural.

Aunque en esa misma década se proyectó el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing relacionada a la igualdad de género, las brechas y desigualdades de género también se acentuaron. Las personas afrodescendientes no contaron con la misma suerte, no es posible relacionar algún programa social en específico cuyo objetivo fuera saldar la deuda histórica con la racialidad en esos momentos.

A partir del año 2010, y marcado por la antesala, desarrollo y conclusión de lo que fue el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, el gobierno cubano articuló otra serie de medidas basadas en lo que se conoce como los Lineamientos del Partido. Este documento con más de 300 ejes de trabajo constituía simbólicamente la base para la proyección de nuevos consensos entre gobierno y sociedad en materia económica y social, en resumen, un nuevo pacto social.

Con rapidez se implementaron algunas medidas, unas exigidas por el pueblo y otras determinadas por el gobierno: se eliminaron las prohibiciones para viajar al exterior, compraventa de casas y autos, discreta ampliación de actividades para el sector cuentapropista (trabajo individual o colectivo de carácter privado), reducción de productos de la libreta de abastecimiento (alimentos y aseo), reducción del presupuesto para la asistencia social y la liberación de 1,8 millones de trabajadoras y trabajadores del sector estatal con el propósito de «desinflar» las plantillas de los centros estatales y proveerlos de mayor dinamismo económico (estas cifras se alcanzarían para el 2015). Estas personas que quedaran desempleadas se trasladarían al sector no estatal de la economía, fundamentalmente al trabajo por cuenta propia.

Habría que decir que hubo una reforma agraria en función de la redistribución de la tierra para el sector privado, del sistema empresarial y de inversión extranjera, de entidades de producción y servicios como son las cooperativas y varias relacionadas al trabajo por cuenta propia. Todo, en aras de su mejor funcionamiento y que fueran parte relevante en la economía del país, pero siempre se mantuvieron trabas burocráticas en mayor o menor medida. Hasta hoy no han facilitado la real liberación de las fuerzas productivas, para que una vez comience ese proceso de desarrollo, acotarlo desde el estado mediante control impositivo, del mercado, entre otras. Este ha sido un reclamo ansiado de los múltiples actores del sector económico, incluyendo el académico.

Las medidas comentadas en general, además de no ser del todo efectivas para el desarrollo de la economía insular, siempre limitada por las acciones del bloqueo estadounidense, reforzaron aún más las desigualdades sociales antes descritas. Los programas sociales dedicados a los jóvenes no encontraron continuidad ni actualización. La participación de las mujeres en el sector no estatal de la economía sigue presentando amplias brechas. Las mujeres afrodescendientes y personas racializadas en general, continúan sobrerrepresentando el empleo informal y poco remunerado, la población migrante de carácter interno, y radican en territorios, asentamientos y barrios empobrecidos. Las mujeres y las personas afrodescendientes presentan menor acceso a la moneda cambiaria, menor posibilidad de ahorros y menores posibilidades de viajar al extranjero, modalidades que ilustran la capacidad de reproducir la vida en una economía parcialmente dolarizada. No obstante, la población en general que no tenga vías de acceso/recepción de divisa, se encuentra en desventaja.

Otros lineamientos, con alcance incluso más popular por sus incidencias económicas y sociales fueron postergadas largamente durante esta última década.

En enero de 2021 inició el denominado proceso del Ordenamiento Económico que fundamentalmente ha implicado ordenar el sistema monetario y financiero en todo el país. Planteado en los Lineamientos del Partido, esta medida fue demandada arduamente por todo tipo de actores económicos, académicos, ciudadanía, durante toda la década y llega en el peor momento de la crisis económica. El proceso de unificación monetaria desterró la moneda paralela (CUC, tipo dólar cubano) para regresar a una economía donde la moneda nacional (CUP) fuera la única que facilitara el acceso a los recursos y al sostenimiento de la vida, pero a la vez se dolarizó una parte de la economía. El gobierno alegó que la dolarización parcial es una medida coyuntural por la escasez de divisas en el país para la compraventa de insumos, bienes y servicios, recordemos que la economía está cuasi cerrada por la pandemia, más los efectos de las medidas trumpistas del bloqueo.

La dolarización parcial hoy se expresa mediante la apertura de tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) donde se venden productos de primera necesidad como alimentos y aseo, y otros denominados de alta gama como efectos electrodomésticos. El pago en estas tiendas es únicamente mediante una tarjeta bancaria de bancos extranjeros o de bancos cubanos con flujo monetario de cualquier tipo de divisa convertible (se le puede transferir dinero en monedas extranjeras desde el exterior o se pueda depositar divisa en efectivo). Todo lo anterior funciona excepto con bancos de EE.UU. y el uso del dólar estadounidense por el bloqueo ya mencionado.

Dichas tiendas se han convertido en la manzana de la discordia, y de las nuevas desigualdades que profundizan las brechas acumuladas desde los años noventa. Fueron estas en su mayoría las que fueron asaltadas por grupos de la población durante las manifestaciones.

El proceso de unificación monetaria conllevó también un aumento salarial al trabajador estatal, pero a la vez provocó un incremento de los precios y una inflación que ha repercutido negativamente en la economía de todos los hogares cubanos.

Es un hecho que han sido anunciados programas sociales que atienden los sectores poblacionales en desventaja anteriormente mencionados (Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, Programa nacional para el Adelanto de las Mujeres), sin embargo, se hace urgente su articulación y efectividad. También son necesarias políticas públicas referentes a las juventudes, los cuidados en general y una ampliación de programas para las personas de la tercera edad.

El gobierno se ha visto en las últimas semanas anunciando más reformas económicas y acelerando el respaldo legal de medidas pendientes como es la autorización de las pequeñas y medianas empresas, otra demanda de larga data durante la última década.

Pero, en condiciones de aislamiento social por la pandemia, de crisis sanitaria, asfixia económica por las razones externas comentadas y un acumulado de ralentización y deficiencias en la gestión gubernamental, no solo económicas sino también políticas, llega el domingo 11 de julio a convertirse también en la válvula de escape de otro acumulado: el del descontento, los malestares, las desigualdades y la ausencia de proyectos futuros para las generaciones hijas de las crisis consecutivas y también acumuladas desde los años noventa.

Cauces del Por-Venir

Es evidente que deben tomarse acciones concretas para paliar la crisis inmediata y medidas para el mediano y largo plazo de la vida cotidiana cubana. Hay cuestiones que el gobierno cubano puede controlar y otras que no, pero su actuación podría tener varios derroteros que enunciamos como posibles y deseables.

Sobre cuestiones inmediatas internas, respecto a las manifestaciones del 11J, un tema fundamental es que el estado cubano actúe con inmediatez y transparencia todos los procesos penales que se están llevando a cabo, el debido proceso es una garantía constitucional que debe ser cumplida con rigurosidad. Es necesario que hoy se sepan cuántas personas están detenidas, en qué condición están legalmente, y en la medida que se cumplan los términos legales, se establezcan medidas cautelares, se establezcan tipos delictivos imputados basados en pruebas sustentadas por acciones violentas que se llevaron a cabo contra personas y entidades estatales. En caso de llevarse a cabo procesos penales que estos se sustenten en el debido proceso establecido en las leyes cubanas vigentes.

Criminalizar la protesta social por manifestación de ideas o disensos no es el camino, actuar desde la legalidad para procesar las violencias es la vía. Esto, por supuesto, incluye a los agentes del estado respecto al uso excesivo de la fuerza, lo cual no debe ser permitido ni tolerado, pues generaría un precedente muy complejo para la sociedad cubana y sus disensos actuales y cada vez más plurales.

En materia política habría que ser creativos y arriesgados, siempre bajo el principio y el límite de la soberanía, es decir, no permitir la injerencia externa en los asuntos internos del país.

En la actualidad existe una agenda legislativa pendiente desde la aprobación de la Constitución en 2019, donde a finales de este año se debe aprobar una ley que establezca las vías de garantías para la defensa de derechos humanos. Esta ley no está planteada restrictivamente a que tenga que ser una vía o varias, ni de qué tipo. En el riesgo puede estar la certeza.

Se deben crear instituciones jurisdiccionales (amparo, tutela a la cual ya hay obligación constitucional) pero también se podrían crear instancias semijurisdiccionales (comisión de derechos humanos, defensoría del pueblo) para que se canalicen demandas políticas, económicas y sociales.

Se podrían habilitar regulaciones como vías de acceso para el uso y la defensa de derechos humanos que posibiliten canalizar demandas sociales referentes a la discriminación, el acceso a la información, la protección de datos personales, los derechos de reunión, manifestación y asociación sirviendo de cauce político, social y hasta económico. Los cauces jurídicos son políticos, el derecho no está separado de la política, (más si realizamos un análisis marxista) son campos semiautónomos interrelacionados con la ideología y el campo socioeconómico.

Desde una legalidad e institucionalidad socialista vinculada a derechos humanos donde no prime el patrimonialismo ni el individualismo posesivo, sino la equidad, la redistribución de la riqueza y el respeto a todos y cada uno teniendo en cuenta las relaciones de poder y los grupos en situación de vulnerabilidad, se puede contribuir a corregir situaciones de opresión que se dan hoy en la sociedad cubana.

Se podría corregir desde la institucionalidad coactiva vulneraciones de derechos humanos cometidos por el estado, las empresas, grupos o personas respecto a otras en sus relaciones sociales.

El derecho también lleva consigo un proceso de educación a la ciudadanía (sea agente del estado o no) en el respeto y la solidaridad colectiva y puede poner límites desde el ámbito jurídico a inequidades, burocratismos, malos tratos, indolencias, negligencias o corrupción que afectan a las personas y a grupos sociales. En una sociedad de economía mixta con elementos de incipiente mercantilización liberal, y en camino creciente de desigualdades, el campo jurídico ayuda también a construir un mejor sistema que contengan elementos socialistas.

El derecho es un instrumento pedagógico, que guía y construye, genera hegemonía mediante el proceso cultural e ideológico que implica los valores que regula, protege, respeta y garantiza. Incluso, desde su carácter prescriptivo que sería el señalamiento de la conducta a seguir junto a la posibilidad de la protección jurídica ante violaciones legales. Propicien que esa institucionalidad que hay que habilitar a partir de la nueva Constitución de 2019 tenga contenidos que faciliten construir una sociedad socialista bajo los principios ya establecidos en la propia carta magna.

Otros elementos, propios de una real articulación de política socialista es la política de abajo, la del barrio, la del trabajador y trabajadora, la de los ámbitos culturales e intelectuales, la socializante. Democracia directa, participación, deliberación, generar consensos, procesar disensos, sobre la base de que existe una sociedad con estratos sociales que aumentan sus distancias (habría que analizar si constituidas clases sociales), con intereses y relaciones de poder, también plural en sus experiencias y percepciones, donde el límite siempre sería la no injerencia externa sobre la soberanía del país.

En materia interna económica, una vez que la pandemia esté contenida, deberían no tener freno el cumplimiento de todos los Lineamientos que fueron discutidos, consensuados y aprobados por las instancias políticas y jurídicas del país, y que aún no tienen ejecución.

Respecto al ámbito externo, hay cuestiones que no se pueden controlar como es el actuar del gobierno de los EE.UU., donde queda solo la solidaridad mutua de los países y personas conscientes de esta política criminal, su denuncia y apoyo para buscar otras vías económicas para el estado y la sociedad cubana. Mirar hacia Nuestra América siempre ha sido uno de los mejores derroteros, aunque siempre Cuba ha sido la más solidaria con el Sur global.

El mejor ejemplo es que la vacuna producida en la isla, puede ser uno de los eslabones que de seguro conecten a la isla con todo el mundo periférico, que hoy, a un año y medio de pandemia apenas se han vacunado. De hecho, la vacuna en sí es el fruto de un esfuerzo incalculable de científicos y científicas cubanas que laboran en centros de investigaciones estatales, siendo un ejemplo de entrega inconmensurable, de la expresión de una lucha tierna e intensa por la vida.

Viendo las acciones de los últimos años del gobierno de EE.UU. hasta la actualidad, la vacuna se vuelve nuevamente en este diferendo de 62 años (aunque va más allá del proceso revolucionario), ese referente de ejemplo que EE.UU. siempre le ha interesado acotar, desmembrar, diluir, ese ejemplo de una Cuba que desea construir una sociedad diferente a pesar de todas las cosas y frente a la adversidad de convivir en el sistema mundo capitalista. Desde ahí el gobierno del norte, sobre su moralidad imperial en decadencia implementa respuestas inhumanas ante esta crisis multidimensional (sanitaria, económica y social) al no mover ni un ápice algún elemento relacionado al bloqueo.

Pero esto no queda ahí, hoy, las políticas estadounidenses tienen proyecciones sutiles. Se articulan dentro de una lógica de guerra híbrida que implican múltiples dimensiones con el objetivo de cambiar regímenes políticos como el de Cuba. Bajo la lógica de actividades con estrategias y tácticas no convencionales (las convencionales serían las militares), se articulan medidas de carácter económico y financiero para limitar al mínimo su operatividad, a la vez que se llevan a cabo guerras mediáticas, ciberespaciales, donde la guerra psicológica constituye el elemento medular.

Las guerras psicológicas tienen el objetivo de incidir en los grupos poblaciones, persuadir al otro mediante medios de comunicación, industrias culturales y redes sociales, llevar a cabo una batalla cultural de narrativas, con propaganda política, desinformación, fakenews, apelando a las emociones, para incidir en las conductas y valores. Los fines: socavar la confianza pública en las instituciones gubernamentales, fomentar la idea de incapacidad y corrupción de liderazgos políticos, alentar divisiones sociales, generar estados de confusión, de desánimo sobre el proceso social y político que se vive. Para realizar estas acciones se combinan actores estatales y no estatales incluyendo políticos, económicos, culturales y comunicacionales, y por supuesto, opositores políticos.

Uno de los elementos fundamentales de estas articulaciones es capitalizar las demandas legítimas de los grupos sociales, más aún si estas se traducen en protestas o manifestaciones como las que ocurrieron en Cuba en los pasados días. Se constituye una madeja compleja entre fomentar el camino de la desestabilización interna, y después, con condiciones de tormenta perfecta como las de ahora, contribuir a su estallido y capitalizarlo, propiciando su objetivo final, el cambio de régimen político, lo que también se denomina un golpe blando. Esto no se realiza con resultados inmediatos, sino también de medianos y largo plazo.

Es un hecho que en este proceso por el que pasa Cuba hoy, la articulación cultural, mediática y de redes sociales han tenido un papel fundamental durante los días previos, durante y posterior a las manifestaciones, aunque se podrían realizar análisis de mayor temporalidad pero que rebasan el objetivo de este texto.

Precisamente, en este proceso de protestas que ocurrieron entre el 11 y 12 de julio, se perciben caminos preparatorios como la construcción de tendencias con intención de desestabilización como fue la de SOSCuba, intervención y corredor humanitario, todas desde el mes de junio y asociadas al colapso sanitario. Después, las fakenews sobre lo que ocurría en Cuba, que rodaron como bolas de fuego desde cuentas personales hasta en medios de prensas internacionales reconocidos durante y posterior a las protestas. El fomento de la polarización en redes sociales entre personas, con intenciones o sin ellas, que tratan el tema cubano con narrativas diversas: las de instigación a acciones violentas dentro de la isla, incitación al odio entre grupos por sus ideologías (lenguaje sobre todo anticomunista), acciones de linchamiento por tener ideas políticas en contrario, entre muchas otras. Todas ellas previas, durante y posterior a las protestas.

Lo que es un hecho es que para que ocurra todo lo anterior tienen que darse las condiciones de posibilidad que son en esencia de materialidad objetiva y subjetiva. No vamos a minimizar un ápice lo que ocurre dentro de Cuba: los problemas relacionados a las ineficiencias, carencias e ineptitudes que puedan tener las personas que llevan el barco que es todo el estado cubano, no sólo las actuales, sino también las históricas que han generado esos acumulados mencionados donde la tormenta perfecta tuvo cabida.

No vamos a empequeñecer desde este análisis las demandas sociales, económicas y políticas que tiene el pueblo cubano, el que salió a manifestarse y el que salió a defender el proyecto revolucionario, pues todos y todas tienen situaciones similares. Las hemos enunciado en este texto.

Pero también, la tormenta perfecta necesita un ingrediente fundamental, la articulación geopolítica de las hegemonías, con sus intenciones y articulaciones que han estado presente.

Esto no es teoría, es un análisis epistémico de totalidad social, categoría utilizada por Marx para localizar sus análisis sobre qué es y cómo funciona el capital, Gramsci para pensar la cultura como hegemonía dentro de ese sistema capitalista y los frankfurtianos neomarxistas como Benjamin, Adorno y Horkheimer para sostener toda su teoría epistémica social.

También es materialidad histórica y dialéctica, es mirar lo que ha constituido y realizado EE.UU. como hegemonía imperial desde la segunda mitad del siglo pasado, donde mediante guerras convencionales (bombas e invasiones) cambió regímenes a su antojo, se apropió de recursos naturales. Pero ante las contradicciones que esto le genera, económicas, políticas, sociales y sobre todo simbólicas, hoy le es muy redituable manejar hilos desde la ubicuidad y la madeja virtual. Quién no quiera ver que no vea.

Lo más relevante en este caso es ver más allá de lo que no se ve, de lo evidente, como ha proclamado siempre el pensamiento crítico. En ese buscar lo más relevante es el pueblo cubano y el proyecto revolucionario que una mayoría intenta seguir construyendo. Las soluciones estarán esencialmente allí. Habrá opacidad y penumbra que se irá aclarando. No podemos afirmar que estemos ya en el albor, el camino seguirá siendo arduo, amargo, esperemos que de esta experiencia llegue la luz, y no una sola, muchas y diversas.

Alina Herrera Fuentes. Abogada y militante feminista cubana residente en México.

Mylai Burgos Matamoros. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana.