Este día 22 de julio la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en horas de la tarde a cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN bajo acusaciones de peculado y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) ha denominado la operación como “Caso Desfalco”. Sin embargo, ninguna de las autoridades correspondientes dio explicaciones al momento de las capturas de las razones del porque de dicha acción. Es decir, no les explicaron los hechos que se les imputaban, lo que significa que fue una acción tipo secuestro y ni siquiera a los apoderados legales les permitieron acompañar a los capturados, lo cual es una flagrante violación a los derechos humanos muy parecido a lo que ocurría en los años ‘80 al inicio de la guerra civil.

El debido proceso se ha irrespetado y por tanto también el estado de derecho. Los capturados son la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; la exviceministra de Ciencias y Tecnología, Erlinda Handal, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores; y el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía. Los allanamientos se realizaron en los municipios de Ciudad Arce, San Juan Opico, Santa Tecla, Panchimalco y San Salvador. Evidentemente es un proceso planificado de cacería política contra gente de izquierda. Desde luego, debe desarrollarse un proceso jurídico respetando la Constitución y las leyes. No es posible primero meterlos preso, después acusarlos y enseguida investigarlos: eso es un absurdo que no debe permitirse, pues es un claro ejemplo de presos políticos.

El fiscal general Rodolfo Delgado, un funcionario que llegó al cargo de una manera amañada por el régimen bukeliano, anunció además que se han girado órdenes de captura internacional en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén por haber recibido más de $500 mil en concepto de sobresueldo mientras fue vicepresidente del país; el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; José Guillermo López Suárez, expresidente de CEPA; y Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente. Todos ellos son acusados de haber recibido sobresueldos. Sin embargo, estos tampoco han sido oídos y vencidos en juicio. Desde luego, el fiscal Delgado agregó que no se trata de “presos políticos”, sino de políticos corruptos. “Esto no se trata de presos políticos como lo quieren hacer ver, se trata de que estas personas son políticos corruptos, presos por sus delitos” y sin embargo, aún no se les ha vencido en juicio.

Por otra parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, también obediente al régimen de Bukele, manifestó que apoyarán las investigaciones de la FGR para detener “a los corruptos”, y a la vez reiteró que el operativo no es persecución política como se ha tratado de hacer ver. Es decir, ambos funcionarios aclaran que no es persecución política sin que nadie se los pregunte. O sea, matan su chucho a tiempo para evitar señalamientos de violación a derechos humanos o persecución política. Desde luego, esta es una acción clara de judicialización de la política aprovechando que tienen el poder total.

Finalmente, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que la corporación cumplirá las órdenes de capturas que sean emitidas en contra de personas que están siendo investigadas por diversos delitos. “Le hemos dado cumplimiento al artículo 233 del Código Procesal Penal y en todas funciones y atribuciones de la PNC: aprehender a toda persona que tengan órdenes administrativas y judicial para ponerlas a la orden de la entidad competente” (Villarán, 2021). En conclusión, existe un plan bien organizado y articulado del régimen de Bukele para amedrentar a la oposición y castigar políticamente y con premeditación y alevosía a quienes antes fueron sus compañeros de partido.

Sin duda, con estas acciones llegó el momento de redoblar la denuncia nacional e internacionalmente sobre la persecución política arbitraria en El Salvador. El régimen ha dado un paso más en su escalada represiva y tira cortinas de humo para encubrir sus funcionarios señalados en la lista Engel de los EEUU y en la lista de Elías Antonio Saca en la comisión especial que investiga sobresueldos de los gobiernos anteriores. Además, en medio de la tristeza de saber que hay en estos momentos personas del FMLN encarcelados injustamente mientras no les prueben lo contrario, es interesante conocer la posición oficial del FMLN, en opinión del secretario general del frente y plantear la necesidad de apoyar legalmente a los perseguidos y condenar la persecución política.

Llegó el momento de cerrar filas. De lo contrario el régimen de Bukele buscará eliminar al FMLN: la unidad y cohesión del partido se vuelve necesaria hoy mas que nunca. De lo contrario, se consumará la ofensiva de la derecha con su persecución y judicialización de la política, maniobra que debe estar siendo apoyada por fuerzas de derecha nacional e internacionalmente. Hoy más que nunca al FMLN se le presenta la oportunidad de definir su postura firme contra el régimen de Bukele: si se quiere sobrevivir o se abren otros escenarios que seguramente el pueblo no quiere, como la guerra. El presidente Bukele y sus funcionarios obedientes a sus malas ideas deben saber que están agrandando una bomba y acortando la mecha de un estallido social sin precedentes.

O el frente se para firme o Bukele los desaparece del mapa y el pueblo se queda sin vanguardia que pueda defenderlos de la corrupción, el nepotismo, el odio, el chantaje, la arbitrariedad, la carestía de la canasta básica, la militarización y la dictadura, la demagogia al más alto novel, la improvisación en la seguridad, la falta de mas y mejor educación, salud, empleo, entre otros. En El Salvador debe prevalecer el respeto al Estado de derecho, de lo contrario la violación a los derechos humanos seguirá su curso.
 

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez es Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.

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