Es cierto que muy pocas personas esperaban que el estallido social que explotó en Colombia se presentara con la fuerza y amplitud con que se desplegó. No obstante, algunos centros de estudio y analistas de prensa de variada orientación lo habían previsto y pronosticado.


Ahora, que la protesta masiva que arrancó el 28 de abril entró en una fase de agotamiento a pesar que se mantuvo entre altas y bajas a lo largo de casi tres meses, es necesario respirar, reflexionar, evaluar y sacar lecciones, a fin de fortalecer y avanzar con la lucha popular.

Analizar un evento tan  complejo como el llamado Paro Nacional es una tarea bien difícil. No solo porque aún está en desarrollo sino porque al participar múltiples fuerzas y sectores -que están en juego, algunos ocultos o camuflados- se pueden mal interpretar ciertas afirmaciones. De todas formas, hay que atreverse, como ya se hizo cuando abordamos el tema de los bloqueos.

Es importante hacer notar que este tipo de estallidos sociales no son exclusivos de Colombia. Acontecimientos similares los vienen protagonizando los pueblos y los trabajadores desde 2011 con la “Primavera Árabe”, el 15M de España, el “Occupy WS” en USA, los “chalecos amarillos” en Francia, lo sucedido en Ucrania, Nicaragua, Hong Kong, El Líbano, Chile y muchos otros países.

Claro, hay que identificar y profundizar sobre las causas inmediatas que detonaron esos movimientos y precisar cuáles fueron las fuerzas sociales y políticas que finalmente los canalizaron, pero es indudable que la juventud rebelde del siglo XXI ha sido la protagonista central y principal.

Los principales actores sociales

Han sido muy variadas las fuerzas sociales que desplegaron su fuerza a lo largo de estos meses en Colombia, que son -en verdad- continuidad del 28N de 2019. Veamos:

El primer y principal actor social es el grueso de la población que rechazó la reforma tributaria propuesta por Duque y su ministro de Hacienda. Esa gran mayoría que ha sido medida por diversas encuestadoras de opinión ha apoyado decididamente la protesta pero -en general- no está de acuerdo con los “bloqueos” de vías y carreteras como formas de lucha.

Un segundo protagonista son las organizaciones sociales de trabajadores estatales, maestros, transportadores, indígenas, campesinos, cocaleros, estudiantes, etc. que aunque contribuyen con su fuerza movilizada al desarrollo del “paro”, al priorizar intereses sectoriales y formas  de lucha tradicionales, a la larga y en el fondo, debilitan el carácter político del movimiento.

En tercer lugar, se destaca el “precariado citadino técnico-profesional” que se movilizó masivamente desde noviembre/2019 en las grandes ciudades, mediante concentraciones y marchas periódicas. Es un importante sector de los trabajadores que poco a poco está desarrollando una visión, un programa y una acción alrededor de temas como la defensa de la vida, la profundización de la democracia a todo nivel, la consolidación de la paz, la defensa del medio ambiente, la lucha de género e identidades, etc. Es pertinente tener en cuenta que ese precariado no puede “parar” (o paralizar la producción) al estilo del proletariado tradicional, dado que muchos de ellos son trabajadores asalariados de empresas o del Estado o pequeños emprendedores que laboran en condiciones de extremada precariedad laboral. 

Y en cuarto lugar, están los contingentes de la juventud más beligerante que provienen de sectores populares, estudiantes radicalizados, barras bravas de equipos de fútbol y otros grupos que podríamos caracterizar como “el precariado informalizado”. Son jóvenes desempleados o en edad de estudiar que no lo pueden hacer porque no cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Ellos necesitaban liberarse del confinamiento obligado por la pandemia, encontrarse con  sus pares en la lucha -principalmente- contra la policía y visibilizarse mediante concentraciones y barricadas en “puntos de resistencia”. También se habían mostrado en noviembre de 2019 pero lo hicieron con más contundencia a partir del 20 de septiembre de 2020 durante el levantamiento en Bogotá contra la policía y los CAIs^[1].

Cada sector ha colaborado con esta lucha a su manera, cada uno tiene su propio balance, incluyendo algunos sectores que aparecían de nombre en el Comité Nacional de Paro CNP pero que no desplegaron toda su fuerza en esta ocasión (cafeteros, paneleros, arroceros, etc.).

Periodización del proceso de lucha

La movilización social que denominamos “estallido” se inicia el 28 de abril ante la convocatoria del Comité Nacional de Paro que en noviembre de 2019 y mayo de 2020, había presentado pliegos de exigencias al gobierno. La respuesta a la convocatoria fue masiva y beligerante. El motivo inmediato fue el rechazo generalizado a la reforma tributaria presentado al Congreso por el presidente Duque y su ministro de Hacienda.

A partir de ese momento se pueden observar tres fases en el movimiento. Una, desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo, día en que se integran La Minga Indígena y los gremios de los transportadores especialmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Huila, Santander y el Eje Cafetero, que impulsan cierres de vías generalizados en coordinación con pequeños y medianos productores agrarios. Paralelamente el movimiento en las ciudades se generalizaba frente a la represión brutal y criminal por parte del gobierno. 

Una segunda fase va desde el 4 de mayo hasta el 25 y 26 de mayo en que el gobierno obliga al Alcalde y al Arzobispo de Buenaventura y a delegados de los manifestantes de esa ciudad a firmar un acuerdo para empezar a despejar las vías mediante “cordones humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. A la sombra de ese acuerdo firmado con presencia del presidente Duque, que luego fue desconocido por el mismo gobierno, se inicia la ofensiva de las fuerzas retrógradas y oscurantistas.

A la madrugada del mismo día, Duque aprueba el decreto de “Asistencia Militar” que lanza desde Cali para acabar con los bloqueos que persistían en el suroccidente del país, convoca “marchas del silencio” en varias ciudades (que les fracasan), e inician la contraofensiva contra el movimiento popular utilizando “civiles” armados (paramilitares) no solo para atacar a los manifestantes (entre ellos La Minga en Cali) sino para realizar toda clase de asonadas contra alcaldías en La Plata (Huila), Jamundí, Yumbo y Tuluá (Valle), en donde provocan incendios y toda clase de desmanes para desprestigiar la protesta popular.

A partir de esos días de finales de mayo se entra en la fase de lo que podría llamarse como “desescalamiento” del movimiento, que desafortunadamente se dejó llevar al terreno de mantener o despejar los “bloqueos” o cierres de vías, cuando las grandes movilizaciones y concentraciones pacíficas habían demostrado su eficacia.

Durante este período el gobierno jugó a las llamadas “negociaciones” que solo han sido una maniobra de distracción mientras utilizaba fuerzas de choque, unas infiltradas en las protestas y otras del lado de la policía, para justificar el trato de guerra que le dio al llamado “terrorismo vandálico” promovido y orquestado por el mismo Estado.


A partir de ese momento los muchachos de Cali y de otras regiones son los que mantienen la iniciativa de la protesta mientras que el Comité Nacional de Paro, por la falta de reacción frente a la estrategia de violencia y terror que desarrolla el gobierno, se fue quedando a la deriva de los acontecimientos.

Y a pesar que las grandes mayorías han valorado y apoyado enormemente el movimiento de protesta y sus logros^[2], el gobierno y los medios de comunicación tratan infructuosamente de posicionar la idea de que el “paro fracasó” o de que terminó “desgastado”, o que fue obra de políticos “oportunistas” y “pirómanos” que quieren “incendiar al país” y desestabilizarlo motivados por intereses electorales.

Esta sería la cuarta fase del “estallido”, o sea, la de la lucha política por valorar (negativa o positivamente) lo ocurrido a lo largo de estos casi 60 días.

Las respuestas a la “rebelión juvenil”

Cómo el gobierno y la derecha uribista no han logrado imponer su lectura de que el “estallido social” fue obra del “castro-chavismo internacional”, se ha tratado de “sectorizar” la protesta y de llevarla a ofrecer soluciones a los jóvenes rebeldes, que según esa visión lo que exigen se reduce a estudio y empleo.

Frente a ese tema se han expresado más o menos 4 tipos de respuestas que corresponden a actitudes políticas y a lecturas filosóficas, algunas de las cuales -pienso- no se excluyen totalmente:

1. La asistencialista burguesa, que le llaman de responsabilidad social corporativa, que les ofrece  a los jóvenes programas de “educación, empleo, recreación, cultura, etc.”, para “mejorar” las condiciones de explotación y dominación  sin tocar para nada la estructura capitalista y menos impulsa transformaciones de carácter civilizatorio frente a la dominación patriarcal, la economía crematística, la cultura del progreso, el consumismo, etc.;

2. La asistencialista progresista, que les ofrece casi lo mismo pero ejecutada desde y por el Estado, por medio de gobiernos “democráticos”, aunque en el discurso pueda que prometan “cambios estructurales” pero impulsadas desde la institucionalidad existente (le llamo, el modelo progresista de la gestión del “Estado heredado”);

3. La insurreccional del tipo de “revolución proletaria-bolchevique”, que es la fórmula clásica de las revoluciones del siglo XX para transformar el mundo (“si derrocamos a la oligarquía financiera podremos imponer o construir -desde el poder- el socialismo y/o comunismo”);

4. La “autonómica”, que propone fortalecer los procesos de organización popular (“asambleas populares auto-convocadas”, cabildos indígenas, consejos comunitarios, etc.), aprovechar el estallido social para canalizar la energía desatada hacia la construcción paciente y sistemática de “auto-gobiernos”, “contra-poderes”, “poder paralelo desde-abajo”, para acumular verdadera fuerza popular y socavar el sistema capitalista (y patriarcal, depredador, etc.), construyendo desde ahora y en la práctica nuevas relaciones sociales colaborativas que rompan con la lógica del capital.

De acuerdo a lo observado hasta ahora, en las actuales condiciones políticas y organizativas de los sectores populares de Colombia, las respuestas o lecturas 1 y 2, van a confluir y/o coincidir en ofrecer soluciones “viables”, “posibles”, que ya se están orquestando por medio de los “diálogos y conversaciones” locales y regionales entre los gobiernos y los jóvenes declarados en rebeldía.
 

Es posible que en el año 2022, una fórmula política progresista logre acceder al gobierno y se convierta en el instrumento temporal para ofrecer e implementar ese tipo de “soluciones”, con todas las limitaciones del caso y su papel desmovilizador.
 

La respuesta-lectura 3, posiblemente entusiasme a los jóvenes más emocionales, inmediatistas y cortoplacistas, pero no pasarán de ser minorías al estilo de las que entre 1960 y 1990 se lanzaron al “monte” para dirigir la insurrección y hacer la revolución armada.

Y la 4, puede captar a algunos dirigentes juveniles (y a algunos más maduros) que deberán conectarse en su praxis (práctica-teórica) con otros procesos de organización y de construcción de pensamiento crítico a nivel latinoamericano y global, para consolidar ese camino.
 

No obstante, la profunda crisis del sistema capitalista y de la civilización del “crecimiento material ilimitado”, será el fuego que alimentará nuevos estallidos sociales que necesariamente se irán convirtiendo en verdaderos levantamientos, que harán confluir -de una manera nueva y totalmente revolucionaria- a todas estas respuestas-lecturas y miradas descritas para diseñar y construir verdaderas soluciones.
 

Todo depende de qué lectura se imponga en los balances y conclusiones que se elaboren en el inmediato futuro.
 

Sobre el “estallido social”
 

Decíamos en texto anterior que este movimiento de protesta era a la vez un “paro, huelga, estallido, minga, insurrección y fiesta popular”. No obstante, pienso que el carácter principal es el de un “estallido social”. Es indudable que se produjo una “explosión”; la inconformidad y el miedo fueron superados por la indignación y la rebeldía. Durante unos días se alcanzó a desplegar una fuerza telúrica que movilizó a millones de personas en cientos de municipios, y que además, conmovió a todo un país y el mundo.  
 

El paro y la huelga fueron parte del acontecimiento pero fueron relativamente débiles. Sólo algunos sectores de los docentes y otros trabajadores del Estado hicieron huelga. El “paro” en algunos sectores de la producción fue obligado por los bloqueos de diverso tipo que se realizaron en algunas regiones. La Minga se hizo ver en las calles de Cali en apoyo a los jóvenes rebeldes pero terminó en un bloqueo de carretera. La insurrección fue parcial y localizada, sin dirección ni objetivo. La fiesta popular fue una realidad de arte y creatividad pero fue manchada de sangre y muerte por parte de un Estado criminal.

Tres posiciones políticas (que vienen de atrás y tienen su historia y prácticas concretas) se manifestaron durante el transcurso de estos días de protesta popular en Colombia. 
 

La que trató de convertir el estallido en “levantamiento popular” para tumbar a Duque. Es la visión insurreccional que intenta que todo levantamiento se convierta en una “revolución clásica”, en donde cada grupo que impulsa esa posición tiene sus propias expectativas, que van desde una revolución democrática a una socialista o comunista. Dichos sectores o grupos demostraron que no tenían ni la fuerza ni la organización para lograrlo.
 

La que pretendía canalizar el estallido social hacia las elecciones del año 2022. Tampoco demostró tener la capacidad para conducir el movimiento y evitar que la estrategia gubernamental de infiltración, provocación, violencia asesina y falsa negociación lograra, de alguna manera, sus propósitos de desgaste y debilitamiento del movimiento.
 

La que plantea como principal tarea promover el encuentro entre los diversos sectores que han venido participando en el “paro”, para iniciar un proceso de organización masiva y superar la visión inmediatista y coyunturalista que lleva a colocar como prioridad la negociación con el Estado. Esta última posición ha logrado algunos avances con la propuesta de construir las Asambleas Populares, pero todavía está en una fase inicial.
 

La pregunta que queda planteada es: ¿Quién o quienes canalizarán el estallido social?  Sólo el tiempo permitirá responderla.