En Guatemala hablar de genocidio es un tema escabroso, temerario y polémico, pues como se sabe, el 10 de mayo de 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo conoció el primer caso por genocidio y dictó una histórica sentencia declarando culpables a los generales José Efraín Ríos Montt, ex Jefe de Estado de facto (1982-1983) y José Mauricio Rodríguez, Jefe de Inteligencia Militar en el mismo período, juzgados ambos por crímenes de lesa humanidad.

Fue la primera vez en la historia judicial de este país centroamericano que altos oficiales del ejército guatemalteco fueron detenidos, procesados judicialmente, sometidos al debido proceso y condenados por genocidio e incumplimiento de deberes de humanidad, cometidos por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno contra la población civil desarmada de la etnia Maya Ixil.

Este juicio y su resultado polarizaron a la sociedad entre dos posiciones: la de quienes celebran la condena a los militares y sostienen que sí hubo genocidio y los que niegan este crimen.

Las atrocidades cometidas durante el gobierno de Ríos Montt se resumen en más de 29.000 Ixiles desplazados de sus hogares y 1.771 personas asesinadas en once de las 626 masacres documentadas, lo que conllevó a la destrucción significativa del grupo étnico. El fallo del Tribunal se produjo treinta años después de cometidos los crímenes y trece años después de que los sobrevivientes y familias de las victimas denunciaron los hechos ante el Ministerio Público.

El genocidio, en cualquier parte del mundo donde ocurra, debe ser juzgado como crimen de lesa humanidad; es decir, un delito de derechos humanos (DDHH) que es imputable, perseguible, juzgable, en donde los responsables deben ser procesados y castigados. Por su dimensión social, este delito está vinculado a la memoria colectiva y por ende al rescate de la memoria histórica. Esta trilogía de análisis de genocidio, memoria histórica y rescate de la memoria histórica, adquiere interés e importancia en países donde ha ocurrido este evento de alto impacto social.

El genocidio en tanto crimen de lesa humanidad está reconocido y aceptado en instrumentos internacionales, y puede ser juzgado en países que han aceptado y ratificado dichos instrumentos que forman parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), siendo por tanto, normas de derecho positivo de acción y carácter universal. La historia antigua y moderna de la humanidad no está exenta de estos hechos abusivos y autoritarios, cometidos repetidas veces a lo largo de toda su construcción histórica.

El genocidio cometido, cualquiera sea la causa, origina indignación y condenas nacionales e internacionales hacia Estados, Gobiernos o grupos armados que ejecutan o promueven este crimen de lesa humanidad, cuyo impacto social afecta a seres humanos como víctimas, familias, verdugos o como sociedad. Por eso, el genocidio se vincula con la memoria y con el rescate de la memoria histórica para no olvidar.

En Guatemala el juicio por genocidio comprobó la verdad, rompió la impunidad y condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión. La condena dictada luego de analizar pruebas, escuchar a más de cien testigos y expertos nacionales y extranjeros, reveló y comprobó las terribles crueldades cometidas por los militares contra los Ixiles, las violaciones a DDHH y el desgarre del tejido social guatemalteco.