El rebrote actual fue advertido con antelación por todos los especialistas, pero el gobierno eludió las restricciones. Pospuso la disminución de la circulación, la suspensión de las actividades nocturnas, el cierre de las fronteras y la adopción de cuarentenas focalizadas.

Al concluir una temporada veraniega con decrecientes cuidados, algunos imaginaron que el Covid exceptuaría mágicamente el país de su nueva incursión. Las restricciones fueron especialmente soslayadas para no afectar la recuperación de la economía. Pero la vertiginosa expansión de los casos ha impuesto finalmente la reintroducción de limitaciones en todas las actividades.

El invierno se aproxima con un porcentual muy acotado de la población vacunada. El país padece la misma carencia de inmunizaciones que afecta al conjunto de América Latina, pero cuenta con recursos de abastecimiento externo y producción local que podrían revertir ese retraso.

Argentina está ubicada en un lugar intermedio en el ranking global de vacunación. Afronta en lo inmediato una dramática carrera entre el ritmo de las inmunizaciones y los contagios. En los próximos dos meses se verá si la multiplicación de las inyecciones permite contener los fallecimientos. En este marco el Covid se ha convertido en otro epicentro de la confrontación política.

Dos variantes del negacionismo

La derecha transformó a la pandemia en un campo de batalla. Desconoce la dimensión científica y sanitaria del problema y utiliza el desconcierto creado por la infección para renovar sus mensajes de privatización.

Impugna las experiencias de la salud pública y ataca los cuidados requeridos para proteger a la población. Enarbola enfáticamente el “derecho a trabajar y a consumir”, como si la enfermedad permitiera desenvolver libremente esas actividades.

Bolsonaro corporiza ese negacionismo criminal que en Argentina han asumido Macri y Bullrich. Mientras que el lunático brasileño recorre las playas con arengas contra el distanciamiento social, sus imitadores porteños alientan convocatorias parecidas a través de los grupos libertarios. Esas vertientes proclaman el insólito derecho de exponer a otros a la muerte, justifican las reuniones sin barbijos y la ausencia de prevención en las actividades colectivas.

Los neoliberales no sólo relativizan los peligros de la infección. Silencian la tragedia humanitaria de Brasil y encubren la necro-política que instrumentan los gobiernos reaccionarios. Olvidan que el Covid ya provocó 70.000 fallecidos en el país. Suelen contraponer la “libertad” que anhelaría la sociedad con las “prohibiciones” que impone el gobierno, como si la enfermedad fuera un hecho irrelevante para el grueso de la población. Por eso no registran el mayoritario cumplimiento de las restricciones que se implementan con seriedad y determinación.

Los voceros del PRO promueven el negacionismo rehuyendo la argumentación. Exponen disparates en los medios de comunicación, sin ningún temor a contradecir lo enunciado el día anterior. En este tema han transformado la grieta política en una polarización afectiva, que excluye por completo las ideas y los razonamientos.

Las palomas de Juntos por el Cambio (Larreta, Vidal, Lousteu) motorizan una variante light de la arremetida contra la salud pública. Con más disfraces auspician la misma violación de los cuidados sanitarios. Objetaron primero la intensidad de la nueva ola sugiriendo que sólo involucraba un repunte pasajero. Luego socavaron las restricciones señalando que la población “se cuidaría por sí misma”. Finalmente reaccionaron con total pasividad ante el colapso de los hospitales porteños. El distrito más rico del país (y con mayores recursos para prevenir el Covid) se ha transformado nuevamente en el gran diseminador nacional del virus.

Larreta aborda la pandemia como otro tópico de la campaña electoral. Por eso adoptó la bandera de la presencialidad escolar, postulando que allí se juega “el futuro de chicos”. Ha quebrantado todos los protocolos de las burbujas para desplegar un descarado proselitismo en los colegios.

Sus funcionarios recurrieron durante semanas a los datos sesgados para demostrar que la “escuela no contagia”. Ocultaron las experiencias de los países que han confirmado la estrecha relación existente entre la apertura de los colegios, el aumento de la circulación y el descontrol del virus.

Con esa evidencia algunos gobiernos de Europa introdujeron el sistema de semáforos, para definir parámetros objetivos de presencia escolar, en función de los contagios y las hospitalizaciones. Aplicando esos indicadores la actividad educativa de Buenos Aires debería desenvolverse con parámetros virtuales. Cuando se argumenta que en otros países la escolaridad afrontó menos interrupciones, se olvida que la mortandad generada por el virus no respeta esas peculiaridades.

Larreta se enamoró súbitamente de la educación, luego de reducir la inversión en ese sector por debajo de cualquier otro distrito del país. También vacunó a los docentes con mayor tardanza que otras jurisdicciones. Se obsesionó con la presencialidad para potenciar el movimiento derechista de padres que confronta con los sindicatos docentes.

Pero su intento de generalizar la grieta en las aulas para afianzar la prédica de Cambiemos es insostenible. Como la explosión de casos impide tapar la realidad con discursos, el mandatario porteño se dispone a implementar todas las medidas que cuestionó en los últimos meses. Seguramente aprovechará el blindaje mediático para enmascarar ese recule.

Falsedades de toda índole

La derecha ha instalado otro cuantioso cúmulo de mentiras en torno a las vacunas. Repite que el oficialismo fracasó en el aprovisionamiento de las inyecciones, sin mostrar algún contraejemplo de éxito latinoamericano con sus recetas. Ha silenciado los ensalzados modelos de Chile, Uruguay o Colombia que acumulan inocultables desaciertos.

Los voceros de Cambiemos resaltan el incumplimiento de los convenios de vacunación del gobierno, omitiendo que esos contratos fueron vulnerados en todo el mundo. El acaparamiento de las inmunizaciones por parte de los países ricos impidió la distribución pareja del apreciado bien. Los derechistas también ocultan que en el escenario actual, ninguna aceleración de los testeos permitiría eludir el reinicio de las restricciones.

La decisión oficial de suplir las carencias con la provisión de vacunas Sputnik ha enloquecido a la oposición conservadora. Carrió presentó incluso una denuncia penal para prevenir el "envenenamiento" que generaría esa inyección. Otros delirantes advirtieron contra la inutilidad de ese remedio en mayores de 60 años, mientras sugerían algún acto de corrupción en las compras a Moscú. Sólo les faltó alertar contra la cepa del comunismo que transmitiría el Instituto Gamaleya.

Como esas tonterías quedaron rápidamente desmentidas por la efectividad de la Sputnik, los cruzados de la campaña anti-rusa dieron vuelta la página y optaron por el cuestionamiento inverso. Ahora patalean contra la lenta o parcial aplicación de esa vacuna.

El papelón con el remedio moscovita indujo a una conducta más cautelosa frente a la Sinopharm de China. Los críticos confundieron su aplicación con otra vacuna del mismo origen y menor efectividad utilizada en Chile. Intentaron ponderar esta última variante, hasta que registraron las ventajas de la inyección difundida en Argentina.

Todos los traspiés de Cambiemos obedecen al disciplinado cumplimiento de las órdenes que emite la embajada estadounidense. Los derechistas han asumido plenamente su nuevo rol de lobistas de Pfizer. Bullrich proclamó la conveniencia de entregar las Malvinas a cambio de algunas dosis despachadas desde el Norte. Larreta se reunió con funcionarios de Washington para demandar la reapertura del contrato con el laboratorio yanqui. Y Macri se vacunó con otra marca, pero en el propio suelo norteamericano.

Los derechistas evitan recordar que Pfizer estuvo insatisfecha con la inmunidad legal votada en el Congreso, para proteger a la empresa contra los eventuales efectos adversos de su inyección. La compañía exigió mayores garantías de pago y potenciales embargos del Banco Central que sorprendieron al propio New York Times. Es probable que un gran accionista del laboratorio (el fondo de inversión Black Rock) haya impuesto esas insólitas peticiones, luego de las pérdidas que afrontó en el último canje de la deuda.

Los agentes que reclutó Pfizer en el PRO tampoco mencionan los incumplimientos internacionales que decidió la empresa, para asegurar la inmunización previa de la población estadounidense. La compañía ganó, además, más dinero que sus competidores encareciendo los productos y manejando la confidencialidad, para incrementar la disparidad de precios que impuso a sus clientes. En Europa llegó a intentar un fraude para reducir la provisión de las dosis comprometidas.

La derecha también emite fantasiosos mensajes de privatización de la vacunación, para sugerir que bajo su mandato se lograría la rápida inmunización de la población. Oculta que esa comercialización no se ha implementado en ningún lugar del planeta. Hasta ahora el mercado de vacunas Covid es inexistente y los laboratorios sólo suscriben contratos con los estados nacionales.

Ese dato es soslayado para generalizar un idílico imaginario de provechosas adquisiciones de vacunas. Las autoridades de CABA tantearon un operativo de esa comercialización, otorgando privilegios a las empresas de salud prepaga en los primeros días de la inmunización.

Con el mismo libreto los comunicadores neoliberales alaban los viajes de vacunación a Miami. Ese chocante privilegio es abiertamente exaltado por algunos famosos, que presentan esa aplicación en el exterior como un gran trofeo. Consideran natural la estratificación social de la protección frente al virus, suponiendo que los ricos deben gozar de explícita prioridad frente a la gran masa de pobres desechables.

Lo más curioso de esa abominable naturalización de la desigualdad social es su coincidencia con furibundas denuncias de los vacunatorios VIP del oficialismo. Los derechistas cuestionan la red de amigos que el gobierno premió con vacunas anticipadas. Esa irregularidad efectivamente ilustró la cultura de favores que impera en el Justicialismo. Pero los opositores ocultan su propio entramado de manejo selectivo de las inmunizaciones, a través de intendencias afines y comités de la UCR.

También acallaron el cinematográfico traslado de dosis perpetrado por el ministro de salud de Corrientes, en un sospechoso operativo de comercialización del producto. El oficialismo al menos acotó su propio escándalo con la renuncia de Ginés. Macri no se desprendía de sus ministros, ni siquiera cuando estaban manchados por los vencimientos de las vacunas o por el hundimiento de un submarino.

La derecha ha resuelto combinar sus conductas alucinadas y sus afirmaciones disparatadas con mensajes depresivos. Busca socavar cualquier expectativa de superación de la pandemia que favorezca al oficialismo. Teme que una reducción de los fallecidos apuntale ese resultado, en desmedro de sus propios candidatos. Por eso fomenta el descreimiento en los planes de vacunación y espera lucrar con el desánimo que genera la pandemia.

Destitución en la mira

La campaña de los neoliberales prioriza la cohesión de su propia base. Con ese propósito convirtieron a los colegios de CABA en un privilegiado ámbito de la acción política. Larreta forzó la reapertura de las escuelas desconociendo un decreto nacional, para tantear la capacidad de movilización de sus seguidores. No le interesa el desorden que genera la coexistencia de colegios cerrados y abiertos, ni el descontrol de la virtualidad o la desatención del aprendizaje.

Los dirigentes del PRO sólo evalúan el acompañamiento a su confrontación con el gobierno, luego de varios meses de reyertas desiguales. Algunos cacerolazos logaron cierta repercusión y otros chocaron con la indiferencia de la población. El escándalo con los colegios no ha producido hasta ahora resultados nítidos.

Larreta logró una victoria judicial con el aval de los cortesanos a su provocación. Pero ese respaldo no modifica el balance de fuerzas con el Frente de Todos. Los derechistas apuestan todas sus cartas a los próximos comicios y esperan repetir el triunfo conseguido por el trumpismo madrileño contra otro oficialismo progresista. Pero en ese cálculo olvidan las grandes diferencias con el contexto latinoamericano signado por el resurgimiento de la izquierda. Ignoran, además, el pesado lastre que arrastran por el fracaso de Macri.

La derecha encara la próxima disputa electoral como un eslabón de su campaña para recuperar el gobierno por cualquier medio. Su proyecto destituyente está a la vista en el virulento tono de los comunicadores televisivos. El año pasado convocaron a incontables marchas anti-todo para denunciar la "infectadura” y ahora motorizan acciones de “defensa de la república” contra el “totalitarismo populista”.

Han consolidado el sostén de la clase media alta y de electores conectados al agro-negocio. Con ese apoyo pretenden reproducir el conflicto de los sojeros con la resolución 125, que erosionó al mandato anterior de Cristina. En Formosa aprovecharon el disgusto suscitado por las restricciones y la represión que implementó el gobernador, para ensayar una gran batahola callejera. Retomaron a otra escala el motín previo de los policías que rodearon la quinta de Olivos.

La derecha no limita su acción a las urnas. Socava al gobierno con la descarada complicidad del Poder Judicial y con la cotidiana artillería de los medios de comunicación. Tiene en carpeta nuevas variantes del mismo lawfare que llevó a Macri a la Casa Rosada.

Sus operadores manejan todos los mecanismos para neutralizar con el freno judicial la acción de cualquier gobierno. Utilizan los vetos de la Corte y los pretextos de inconstitucionalidad para amoldar el funcionamiento del estado a su antojo.

Los proyectos que votan los legisladores y debería instrumentar el Ejecutivo quedan siempre sujetos a la decisión final de un reducido entramado de jueces, capitalistas y comunicadores. Con ese dispositivo bloquearon por ejemplo durante el Cristinismo, la implementación de la ley de medios. La norma que ahora discute el Congreso -para ajustar las disposiciones oficiales frente a la pandemia a criterios objetivos de contagios- ya está sometida a la previsible intromisión de los tribunales.

Los comunicadores alimentan ese perverso dispositivo con la creación de escándalos que acentúan el clima de crispación. Suelen transformar cualquier episodio bizarro en un acontecimiento de enorme gravitación. La denuncia de vacunaciones irregulares que Beatriz Sarlo imaginó, desmintió y ratificó sin pestañar, incentivó por ejemplo una interminable sucesión de tonterías del mismo tipo.

Pero el resultado final de todos los operativos reaccionarios es muy dudoso. Los libertarios que ha fomentado la derecha se han tornado tan imprevisibles como sus alocados exponentes televisivos (Milei, Espert). Esos personajes tienden a fracturar al propio bloque neoliberal.

Ese frente perderá la brújula si los halcones (Bullrich, Macri) continúan fijando la agenda de los gobernadores del mismo palo (Larreta, Morales). El naufragio conservador también puede irrumpir por una simple disputa por los cargos. Pero lo determinante será el curso adoptado por el gobierno.

Vacilación, temor y pasividad

Alberto Fernández ha enfrentado la segunda ola del Covid a los tumbos, con grandes vacilaciones a la hora de instrumentar restricciones. Quedó muy afectado por el clima que instaló la oposición durante la cuarentena del año pasado. En lugar de explicar que ese cierre contribuyó a evitar la catástrofe sanitaria de Brasil o Perú, se quedó sin respuestas. Ese vacío fue cubierto por la verborragia de los negacionistas.

Esa prédica ha paralizado al Poder Ejecutivo que respondió mal y tarde a la llegada de la nueva infección. Los cierres para reducir la circulación -que exigían los sanitaristas y el oficialismo de la provincia de Buenos Aires- fueron reiteradamente pospuestos. Se soslayaron los controles y se aceptó la peligrosa movilización del turismo, con la consiguiente diseminación de los contagios.

Esa pasividad se extendió al terreno educativo. La demagogia “presencialista” escaló por la propia complicidad del ministro Trotta, que compartió durante meses el discurso de los derechistas. No propuso alternativas de enseñanza para la emergencia, ni sostuvo la batalla de los sindicatos docentes.

La misma impotencia gubernamental se verifica en la esfera sanitaria. Los médicos y enfermeros han perdido el acompañamiento social que imperaba al comienzo de la pandemia. La desazón que transmiten los medios de comunicación, ya no es contrarrestada con los masivos aplausos del año pasado. El gobierno no hizo nada para reanimar ese gesto de solidaridad, frente a una derecha que despotrica hasta el hartazgo contra la “dictadura de los infectologos”.

Es cierto que la pandemia ha obstruido el gran recurso de la movilización callejera contra los derechistas. Pero ese impedimento podría contrarrestarse con otros instrumentos que el oficialismo no ha explorado.

Los neoliberales tienen la iniciativa frente un gobierno acobardado. Los mensajes amigables, las contemplaciones y las súplicas de Alberto Fernández sólo desmoralizan a sus propios seguidores. Potencian el desengaño que inauguró la capitulación frente al caso Vicentín.

El gobierno continúa entrampado en desgastantes litigios judiciales. Suplanta el sostén popular activo por la expectativa en una negociación favorable con los cortesanos. Pero pulsea en el terreno que mejor maneja la oposición conservadora. Alberto cosecha derrotas al subordinar las disputas políticas a los diferendos judiciales. En dos años de gestión no ha removido ningún privilegio de la corporación judicial.

Ciertamente la orientación sanitaria del gobierno contrasta con la atrocidad criminal de Bolsonaro. Pero no incluye ningún componente de la estrategia solidaria que implementa Cuba. Ha transitado por un camino intermedio de protección fallida, que evitó el colapso de los hospitales sin garantizar los cuidados que exige la segunda ola. Esta incapacidad retrata la impotencia del progresismo frente a la derecha.

Ambigüedades con las vacunas

El gobierno ha gestionado la adquisición de vacunas con las mismas inconsistencias que caracterizan a toda su política sanitaria. Pero actuó con gran autonomía externa al concertar convenios que irritaron a los grandes laboratorios de Occidente. Resistió especialmente la presión de esas compañías para impedir el contrato con Rusia. El veto explícito que interpuso Washington a la adquisición de la Sputnik por parte de los gobiernos estaduales de Brasil ilustra la dimensión de esos aprietes.

Alberto Fernández optó por la compra de esa vacuna, cuando se desconocía su efectividad y sólo Bielorrusia solicitaba su provisión. Actualmente ese producto es apetecido por todos los jugadores del universo farmacéutico. El gobierno demostró la misma independencia cuando negoció con China la adquisición de varias partidas de Sinopharm.

El oficialismo acordó, además, la próxima elaboración de ambas vacunas en laboratorios instalados en el país. La Sputnik comenzará a fabricarse en la empresa Richmond (Pilar) y la Sinopharm en el laboratorio Sinergium Biotech (Garin). Si se concreta la rápida producción de las dosis previstas, Argentina podría reducir su actual dependencia externa en ese decisivo terreno.

Ese logro permitiría afrontar en los próximos años la previsible demanda de inmunizaciones. En medio del fenomenal retroceso que padece la industria local se ha demostrado que el país preserva cierta solvencia en el campo farmacéutico. La elaboración local de las vacunas propina, además, un golpe simbólico a la impugnación derechista de cualquier iniciativa nacional. Refuta la presentación de Argentina como un “país de mierda” e ilustra la existencia de opciones para el desarrollo colectivo más provechosas que la promocionada emigración a Miami.

Pero los avances alcanzados con la Sputnik y la Sinopharm contrastan con la escandalosa inutilización de 40 millones de dosis de Astrazeneca, que fueron producidas y exportadas durante seis meses por el laboratorio de Sigman. Argentina ha sido el único país que fabricó vacunas en pleno Covid, sin poder aplicarlas en su propio territorio.

El estado abonó 50 millones de dólares a esa empresa para elaborar la primera fase del remedio. Su envasado debía concretarse en México para asegurar la inmediata remisión del producto terminado. Este contrato indujo al gobierno a difundir su fallida promesa de acelerada vacunación de la población de riesgo.

Pero recién ahora comienzan a llegar las primeras partidas de una inyección que debía aplicarse en enero. La extraña maniobra de retención del producto -primero en México y luego en Estados Unidos- fue amparada con un sospechoso silencio oficial. Los pretextos que expuso la empresa (“afrontamos inesperados controles de calidad”) carecen de credibilidad.

El gobierno estadounidense aprovechó la colocación de un filtro fabricado en su territorio para bloquear el reenvío de la vacuna. El producto quedó inmovilizado en el Norte, cuando Trump prohibió todas las exportaciones vinculadas al Covid. Washington paralizó esas remisiones para reforzar el monopolio de sus laboratorios, mientras Argentina padecía un dramático aumento de los fallecidos.

Frente a esa tropelía, la inacción de Alberto Fernández fue mayúscula. No denunció el bloqueo norteamericano y encubrió al socio argentino. Contó en este caso con el llamativo sostén de la derecha, que exceptuó el tema de su campaña contra el gobierno. La animosidad de Macri, Clarín y La Nación contra el peronismo nunca franquea el límite de algún roce con la embajada estadounidense.

La pasividad del gobierno frente a las vacunas retenidas en el exterior, contrastó con las acciones legales que inició la Unión Europea frente a maniobras semejantes de Astrazeneca. Italia incautó incluso un cargamento de inyecciones que la empresa exportaba a Australia, para penalizar el incumplimiento de un contrato de provisión local.

Alberto Fernández no consideró la propuesta de prohibir la salida del principio activo fabricado en el país, para exigir la entrega de los productos exportados. Tampoco evaluó la posibilidad de completar localmente el envasado de la vacuna. Los nuevos convenios suscriptos con Richmond incluyen esa terminación, confirmando la factibilidad de realizar ese proceso en Argentina.

La inacción del gobierno durante un semestre ha sido congruente con la búsqueda del respaldo político estadounidense. Alberto y su canciller Solá equilibran los actos de soberanía con mensajes de fidelidad a Washington. Por eso los convenios de Sputnik y Sinopharm fueron complementados con la reanudación de las conversaciones con Pfizer.

El gobierno recibió, además, la visita del Jefe del Comando Sur y habría concertado la adquisición de aviones militares estadounidenses. Estos gestos se inscriben en la prioridad que asigna la Casa Rosada al alivio en los pagos comprometidos con el FMI. La pesadilla de la deuda incide en todas las esfera de la vida nacional. Condiciona tanto la política sanitaria como la provisión de vacunas.

Las patentes y el capitalismo

El gobierno argentino apoya la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Covid. Se ha sumado al centenar de países que demanda esa eliminación, en el organismo que regula la administración internacional de las patentes (OMC).

Pero también en ese terreno el equipo de Fernández actúa con tibieza. Sólo acompaña los proyectos más acotados de flexibilización de esas normas y evita sumarse a los pronunciamientos que propician la conversión de la vacuna en un bien público mundial. India y Sudáfrica encabezan los reclamos para viabilizar la eliminación transitoria de las patentes, frente a Estados Unidos y la Unión Europa que bloquean frontalmente esa posibilidad.

En el caso precedente del SIDA se logró imponer la fabricación de un genérico, sólo diez años después de iniciado el reclamo, en un dramático contexto de expansión de la infección. La urgencia de liberar las patentes del Covid salta a la vista. Cuando se difundió la primera propuesta la pandemia ya había provocado un millón de muertos y en la actualidad esa cifra se ha triplicado.

La suspensión de la patente permitiría multiplicar rápidamente el suministro de vacunas. Algunos expertos estiman que por el momento sólo se utiliza el 43% de la capacidad instalada en el mundo. Muchas empresas cuentan con el equipamiento necesario para elaborar el producto, pero no tienen acceso a la fórmula o a los procedimientos necesarios para concretar esa tarea.

El lobby de los laboratorios difunde cataratas de mentiras para frustrar esa posibilidad. Afirma que la producción no podrá incrementarse por falta de infraestructura o conocimientos, en las firmas que operan fuera de su control. Pero olvida que los propios fabricantes ya fragmentan esas elaboraciones en cadenas de valor localizadas en numerosas regiones. Tampoco toma en cuenta la gran variedad de vacunas que han aparecido desde el inicio de la pandemia. Lo único que impide salvar más vidas es el inagotable apetito de lucro de Pfizer, Moderna, Johnson, Astrazeneca y cia.

Es totalmente falso, que la anulación de las patentes imposibilitaría las inversiones requeridas para crear nuevas vacunas. En el caso del Covid ese costo fue íntegramente asumido por el sector público. Los laboratorios embolsaron el dinero y duplicaron sus beneficios vendiendo la inyección a los mismos estados. Se ahorraron los gastos de investigación y se enriquecieron con los precios de comercialización de las vacunas. Por eso han logrado récords de ganancias en Wall Street.

Pero el rebrote actual de la pandemia en países como la India reaviva la presión para modificar las patentes. Ese gran fabricante internacional de vacunas ha suspendido sus exportaciones ante el agravamiento interno de los contagios. En otras partes del mundo la infección se recicla con las mutaciones del virus.

Esas adversidades tornan incierto el esperado fin del Covid en los pocos países desarrollados, que han inmunizado a su población de riesgo. Esa protección local no tendrá eficacia si la enfermedad persiste en el resto del planeta. Una pandemia global no puede remediarse con meros correctivos nacionales.

La inequidad en la distribución de vacunas también afecta a los centros del capitalismo. Si se confirman las previsiones de lenta inmunización de la periferia (entre 2022 y 2024), la recuperación de la economía global puede quedar obstruida.

El reparto desigual de vacunas es tan escandaloso como disruptivo. Una decena de países acapara el 80% de las inyecciones efectivizadas y 130 naciones no han recibido ni una sola aplicación. Mientras que el Reino Unido ha distribuido 31 dosis por cada 100 personas, Asia no llega a 2 y África no alcanza a 0,5. El imperialismo de vacunas ha generado un apartheid de esos remedios, que deteriora el esperado rebote de la actividad económica.

En ese marco la liberación de las patentes es discutida en la propia cúspide de la administración Biden. La Casa Blanca tiene enormes facultades legales para implementar esa decisión y afronta un novedoso escenario de excedentes locales de vacunas. Uno de cada cuatro estadounidenses recibió la inmunización completa y más del 40% es portador de una dosis.

Biden necesita, además, recuperar el espacio geopolítico que Estados Unidos perdió frente a Rusia y China. El localismo egoísta que desplegó Trump ha debilitado seriamente a la primera potencia. Todos saben que durante la pandemia Washington distribuyó más cachetadas que auxilios entre sus socios y aliados.

Pero cualquier giro en el explosivo tema de las patentes augura mayores tormentas. Los laboratorios, los bancos y el Wall Street Journal ya se subieron al ring, para impedir cualquier alteración de los derechos de propiedad. En el establishment europeo se libra una disputa semejante.

La pandemia ha ilustrado cómo el capitalismo prioriza las ganancias de las empresas a la vida de la población. Los mercaderes de vacunas acrecentaron sus fortunas a costa del sufrimiento de los infectados.

Alberto Fernández cuestiona la inmoralidad de ese negocio, pero indulta al sistema. Critica la inequidad internacional en la distribución de las vacunas sin mencionar al imperialismo y objeta la desmesura de las ganancias sin rechazar el capitalismo. Continúa suponiendo que con ese régimen “ganamos todos”.

Esa ilusoria confianza en el capitalismo explica los titubeos del gobierno argentino, que las mayorías populares están procesando. La dura experiencia del último año obliga a concebir otro sistema económico-social asentado en principios de cooperación y la solidaridad.