Dedicado a la memoria de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, defensor de derechos humanos y la memoria histórica, al cumplirse el 23 aniversario de su ejecución extrajudicial cometida el 26 de abril de 1998 por elementos de la inteligencia militar.

Asalto consumado. “Las élites depredadoras” y las redes del crimen organizado, corrupción e impunidad que tienen cooptado al Estado de Guatemala, han cumplido otro asalto al sistema de justicia. Este se produjo a través de la junta directiva del Congreso Nacional favorecida por el bloque oficialista, que cometió una ilegalidad al negarse a tomar juramento como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) a la abogada Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y por integrar esa alta Corte con candidatos no idóneos cuestionados por su falta de honorabilidad.

Para muchos analistas, este acto representa la cooptación de la nueva CC, para ponerla al servicio de intereses espurios e individuales vulnerando el Estado de Derecho, la independencia judicial, el sistema de justicia en su conjunto y los derechos humanos de la población.

Dieciséis meses sin renovar Cortes. Esta misma alianza oficialista ha retardado la elección para integrar la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que debieron haberse renovado en octubre de 2019. La inercia legislativa para el cambio constitucional de Cortes le aseguró a las redes de corrupción e impunidad que los integrantes de la Corte saliente prolongaran sus funciones hasta el día de hoy y designaran a los representantes de ese Poder de Estado ante la CC.

Expertos en el tema opinan que los profesionales escogidos responden a intereses de las “élites depredadoras” y de las redes criminales que lograron consumar el asalto final a la justicia e independencia judicial. Estas maniobras ilegítimas del bloque oficialista buscan blindar a los corruptos y sus estructuras, así como ampliar el nivel de impunidad para contener cualquier investigación y persecución penal contra quienes están metidos en negocios turbios y se benefician del saqueo de los fondos públicos. Estos hechos revelan la corrupción de la clase política, crean desconfianza en las instituciones, aumentan la ingobernabilidad e inconformidad de la población.

Por otra parte, el diputado guatemalteco Aldo Dávila, fuerte crítico y opositor del presidente Alejandro Giammattei, denunció un atentado directo contra su integridad personal y la de sus custodios. Estos últimos lograron repeler la agresión e hirieron a un atacante. El hecho, ocurrido el lunes 19 de abril del presente año, quedó grabado en cámaras de seguridad y levantó voces de repudio e indignación. Mientras, la Policía Nacional Civil (PNC) de forma apresurada y anticipándose a la investigación del Ministerio Público (MP) descartó lo dicho por el diputado y aseguró que fue un asalto con intención de robo, una acción de delincuencia común. Para evitar otro caso impune, la investigación debe esclarecer el hecho y los responsables deben ser castigados conforme la ley.

Lo que sí es una realidad incuestionable en Guatemala, son los altos niveles de inseguridad que vive la población, asaltos cotidianos de toda naturaleza, robo de vehículos, motos, teléfonos celulares, extorsiones, desaparición de niñas, niños y adolescentes, violaciones, saqueo de residencias y oficinas, asesinatos y atentados, etc. Todo esto sucede ante la inacción, incapacidad e ineficacia de la fuerza policial, que en muchos casos actúa para proteger las acciones del crimen común y organizado, descuidando su deber principal de garantizar la seguridad de la población.