En los tres primeros meses del año en curso varios eventos cargados de violencia han estremecido a Colombia, particularmente en regiones lejanas a la capital del país y en espacios periféricos del sistema social dominante.

La explosión de Corinto/Cauca

El 26 de marzo, en el municipio caucano de Corinto, con más de 31 mil habitantes y una considerable población indígena, campesina y afrodescendiente, explotó un carro bomba frente a la Alcaldía municipal y a la estación de policía local con un saldo de 28 personas heridas, en su gran mayoría funcionarios públicos, y con 5 personas en estado crítico. El hecho es atribuido a la columna Dagoberto Ramos de las Farc, con presencia en el Norte del Cauca, en el Valle del Cauca, Tolima y Huila.

En el mismo día fue secuestrado, en un lugar cercano, un funcionario de la Fiscalía y su cuerpo de investigaciones judiciales, mientras en el municipio de Argelia, más al sur del departamento, fue ultimado un soldado de la contraguerrilla por un francotirador de la columna Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente de las Farc EP.

Los anteriores eventos se suman a otros que se han presentado en semanas recientes en esta región colombiana golpeada por la pobreza, la corrupción y la descomposición social y política de los clanes que tienen secuestrado el Estado, el gobierno departamental y las administraciones de los 42 municipios.

En el Cauca hay un evidente auge de la acción insurgente como expresión de un nuevo ciclo de violencia y una guerra prolongada que tiende a mantenerse en el tiempo y en el entramado social, involucrando comunidades indígenas, cocaleros, campesinos y población afrodescendiente.

La guerra en el Cauca está urgida de acciones humanitarias que impidan los daños en la población más vulnerable como consecuencia del desencuentro entre indígenas y las agrupaciones guerrilleras de las Farc, y de las disputas entre los núcleos insurgentes que actúan en dichos territorios.

Los hechos de Arauca/Apure

De otro lado, en la semana que termina, se conocieron hechos graves de violencia ocurridos en la frontera de Colombia con Venezuela, lugar en que se dio una acción del Ejército venezolano y de la Faes (Fuerzas especiales) contra un núcleo de las Farc EP del Frente 10 Martin Villa, localizado en el territorio del departamento de Arauca, provocando el desplazamiento de más de 4000 mil campesinos y la muerte de un número indeterminado de personas y de varios oficiales del cuerpo armado bolivariano.

El escenario fronterizo colombo venezolano de violencia es bastante confuso por causa de la situación que vive toda la división binacional convertida en un escenario de guerra de cuarta generación o guerra asimétrica orquestada, planificada y protagonizada por el Comando Sur de los Estados Unidos, la OTAN y el Ejército de Duque, comprometidos en una estrategia bélica para destruir la revolución bolivariana y el gobierno del presidente Nicolas Maduro. En la extensa frontera de los dos países hay un oscuro laboratorio de guerra en el que tiene metidas las manos la CIA y demás órganos militares del Pentágono, que reproduce los modelos intervencionistas ejecutados en otros lugares del planeta como parte de una geopolítica imperial para mantener el dominio global de la potencia gringa. Parte de ese laboratorio fue la escena con Guaidó a principios del 2019 en Cúcuta, con paramilitares de los Rastrojos a bordo, y el desplazamiento permanente de brigadas, batallones y fuerzas conjuntas colombianas a los territorios de los departamentos adyacentes a Venezuela, con énfasis en la región del Catatumbo y la ciudad de Cúcuta.

Lo que hay que entender de manera más consistentes es que los territorios que comprenden cerca de 2200 kilómetros de límite fronterizo se han convertido en un espacio estratégico para los planes imperialistas de invasión, desestabilización y de una guerra regional que impacte toda el área suramericana con claros mensajes y grandes efectos en el movimiento social y popular en auge, nuevamente, por las tendencias que ofrece los golpes a las derechas fascistas en Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, México, países en los que la acción popular y de los movimientos sociales ganan terreno en las disputas por el poder político y la hegemonía.

Lo que acaba de suceder en los territorios de Apure y Arauca se debe abordar con pinzas para no caer en el juego de los Generales de la guerra y los Gamonales de la ultraderecha que pescan en el rio revuelto de la confrontación armada para recuperar los espacios perdidos con la revolución bolivariana y la permanencia del gobierno popular cubano, con innegable incidencia en el curso de las luchas populares latinoamericanas.

Hasta el momento, el Presidente Maduro y el gobierno bolivariano han mostrado que no son un hueso fácil de roer. Porque lo cierto es que, si el proceso bolivariano ha logrado sortear con mucha solvencia las sucesivas arremetidas imperiales y de la ultraderecha colombiana para destruirlo, aún debe esperar otros planes de conspiración desde la administración Biden, la cual afina otros modelos de erosión contrarrevolucionaria, combinando el garrote con la zanahoria, y proyectando un cambio con las manos del reino de Noruega bien metidas allí para asaltar la riqueza petrolera y minera de la patria de Bolívar, que es en ultimas el premio de oro a conseguir.

El bombardeo y la guerra del Guaviare

Por último, que no de último, el bombardeo de la Fudra Omega del Ejército colombiano y del Comando sur acantonado en el Guaviare en la vereda Buenos Aires, del municipio de la Macarena, en la que fueron masacrados, destrozados y mutilados más de una docena de menores de edad con bombas de alto poder, se inscribe en esta intensa y larga cadena de hechos violentos que indican que la guerra y el conflicto armado siguen fuertemente enraizado en la sociedad colombiana, no obstante la propaganda con el Acuerdo de paz firmado a finales del 2016 por el Estado colombiano con un sector de las Farc, que se involucró en una operación de “transformismo político” consensuado para afectar la resistencia y el alzamiento armado de importantes núcleos agrarios goleados por la violencia terrateniente, latifundista y militar de las castas dominantes en el Estado desde hace casi un siglo.

La arremetida militar gubernamental en el Guaviare indica, por lo demás, que las Fuerzas Armadas de Colombia no son más que una punta de lanza del Pentágono y el Comando Sur para mantener y profundizar el control territorial sobre una amplia área de la amazonia con una importante riqueza forestal, hídrica, minera y agrícola. Poderosas multinacionales de los alimentos, petroleras, mineras y grupos empresariales colombianos ligados a la industria del azúcar y la agroindustria han proyectado un control absoluto de la Altillanura de la Orinoquia mediante el despojo de los baldíos del Estado (Vichada) y las tierras de cientos de colonos (Macarena, Vistahermosa, Uribe, Mapiripán) que han organizado sus pequeños predios para poder supervivir y superar la adversidad desatada por la ofensiva paramilitar de los años 1997-2006.

Adicionalmente, el bombardeo en el Guaviare, está asociado a la guerra de las drogas y la fumigación con glifosato ordenada por Iván Duque y el Ministerio de Defensa, de miles de hectáreas cultivadas, por pequeños cocaleros que obtienen sus recursos de vida con las mismas en una cadena productiva en la que los mayores ganadores son las bandas internacionales de las drogas y el sistema financiero global.

Digamos para terminar que en Colombia vivimos un tercer ciclo de la guerra y la misma se prolonga como consecuencia del fracaso de los pactos de paz entre Santos y la rosca de Timochenko convertida en un partido de caricatura funcional al dominio oligárquico y tiránico de las viejas familias enchufadas por siglos en los diversos aparatos del Estado.

Un golpe de estado fallido y los juegos de la ultraderecha uribista.

Cambiar y erradicar esta guerra debe ser el resultado de un avance del movimiento popular en el campo político con triunfos certeros de los movimientos sociales en sus acciones de masas, con acciones sostenidas de la resistencia agraria y con avances en el campo electoral que trasciendan el ademan y la frivolidad discursiva de ciertos personajes en plan de capitalizar en votos el evidente descontento popular reflejado en las recientes movilizaciones de los colombianos.

Aunque el denominado “Pacto histórico” del senador Gustavo Petro es un hecho de incuestionable trascendencia, que refleja el auge del movimiento popular, ofreciendo grandes posibilidades a un triunfo suyo en las elecciones presidenciales que se darán en 14 meses (2022), en el campo de las fuerzas progresistas y de izquierda hay otras expresiones, particularmente regionales, que se plantean objetivos de más largo aliento en la perspectiva de cambios profundos en la sociedad, distintos al mero acceso a los aparatos del Estado con el riesgo de estancarse en la simple gestión de la crisis del modelo neoliberal para hacerlo más inclusivo, cuando en realidad lo que se requiere es adelantar la reforma agraria, nacionalizar el sistema bancario, promover la industria de pequeños y medianos empresarios, la gratuidad de la educación en todos los niveles, el acceso a la salud de millones de personas excluidas y un sistema institucional que garantice la participación directa de los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos local, departamental y nacional para poder así enfrentar la corrupción y el asalto permanente a los dineros públicos.

Así estamos hoy en Colombia, con una derecha que máquina a fondo para reorganizar el bloque dominante con el fin de garantizar su permanencia en los puntos nodales del poder que serán renovados en el primer trimestre del 2022. Hasta el momento se ha intentado, por distintas rutas, prolongar el gobierno de Iván Duque hasta el 2024, con una variante golpista disfrazada con el cuento del Covid 19 y su intervención para de esa manera evitar la ruina política que se prevé pueda ocurrir en la votación presidencial de marzo del 2022. Pero, como quiera que tal intento encontró una condena unánime, las movidas adelantadas por la ultraderecha fascista proyectan la candidatura presidencial dinástica del hijo de Uribe Vélez, en plan de empresario de las grandes superficies; la candidatura de una coalición uribista con el Partido Conservador (Nieto, Ramírez, Cárdenas); la coalición de clanes mafiosos regionales (Char, Toro, Pérez, Aguilar, Geneco), abultados con la corrupción asociada al despojo del sistema general de regalías y con los dineros de la droga; y con  candidaturas sueltas del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa  y del Opus Dei, el ex alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, un mago de los modelos policiales urbanos de seguridad que sirvieron de soporte al gobierno de Macri en Argentina y sus planes represivos.

Desde luego, en toda esta movida se debe considerar el papel del denominado centro político que encarna Sergio Fajardo, un líder verde con bastante ascendiente en las clases medias urbanas antioqueñas y del Eje cafetero, pero muy cuestionado por su vinculación con los escándalos de la mega represa de Hidrohituango y sus convergencias con los paramilitares de Don Berna, cuando se desempeñó como alcalde de Medellín. Fajardo no deja de ser una carta que pueda jugar Uribe en el caso de que la crisis salte a niveles extremos que pongan en riesgo todo el engranaje del dominio oligárquico.