La situación que vive el Perú en relación con el aseguramiento de la disponibilidad de la vacuna es muy similar al que vive el resto de los miembros de la comunidad hemisférica, salvo las excepciones de EEUU y Canadá y Chile, y muy similar a la que viven los países africanos y asiáticos.

No es distinto a lo que ocurre con el resto de las actividades comerciales alrededor de los commodities que se negocian en el mercado internacional: petróleo, gas, minerales. Se vuelve a reflejar una grave situación de asimetría entre el Norte desarrollado y el Sur en desarrollo en la forma de participación en la comunidad internacional.

La gravedad, duración y extensión del COVID está generando problemas impensados en el funcionamiento del multilateralismo, de los principios de equidad, buena fe. Lamentablemente no estamos pudiendo asegurar las dosis necesarias en las actuales circunstancias y gruesos sectores de la población del Tercer Mundo continúan a merced de la pandemia. Como dice el jefe de la OMS, estamos al borde de un fracaso moral de magnitud mayor[1].

El sistema de la facilidad COVAX impulsada por la plataforma GAVI y dispuesta para asegurar un acceso equitativo, está compuesto hasta por más de 60 acuerdos implementados, pero que están estos sometidos también a las reglas del mercado: quien paga obtiene la mercancía.

El presupuesto COVAX es de US$ 2.1 billones, pero requiere US$ 4.9 adicionales. El mecanismo mismo de COVAX está previsto para dosis relativamente más baratas (US$ 5.20) que lo que ofrece Pfizer/BioNTech y Moderna (US$ 18/19 por dosis).

Todo lo que se ha querido evitar, no se ha conseguido: problemas de demora para el suministro oportuno, caos en el mercado[2], respuestas descoordinadas, entre otros. En definitiva, parecen estar prevaleciendo los intereses de las compañías -exención de responsabilidades-, sobre los derechos de soberanía nacional. Escenario frustrante en términos de derecho y relaciones internacionales.

En este sentido, existe un riesgo muy grande de postergar el suministro a los países mas necesitados al sur del Ecuador, hasta el 2024.

Esta situación la hemos vivido antes alrededor de las pruebas para el COVID 19, de las EPPs y ahora, en el caso de las vacunas disponibles. Ahora debemos agregar los posibles problemas financieros, así como los posibles efectos secundarios de algunas de estas vacunas[3]

El desarrollo de las vacunas impulsadas por laboratorios y empresas farmacéuticas demuestra la existencia de un serio problema de aseguramiento para la producción y distribución en todos los niveles de la cadena, que han determinado la aparición de un nacionalismo sanitario.

Esto ha llevado a pedidos para un embargo de compra en el caso de Astra Zeneca solicitado por las autoridades de la Comisión Europea, frente al hecho que la compañía aseguró primero el suministro de la vacuna a Gran Bretaña que a los propios países europeos.

Por deficiencias de nuestros sistemas de salud, de gestión y de adquisiciones de medicamentos, nos encontramos a la cola, cuando la Unión Europea, los miembros del OCDE y Estados Unidos, ya se han apropiado de un grueso porcentaje: las cifras son espeluznantes, 39 millones distribuidas en 49 países de altos ingresos versus 25 millones de vacunas distribuidas en el Sur empobrecido.  

La falta de rapidez en nuestros países empeora la situación. El gobierno peruano esta tratando de apurar el paso, para lo cual debe de incluir en sus negociaciones, criterios de eficacia, precio, disponibilidad, logística e impactos.

Doroteo Arango, internacionalista.