Los fines de los hombres muchas veces son meras esperanzas, pero los medios son realidades controladas por algunos hombres. Esta es la razón de que los medios de poder tiendan a convertirse en fines para una minoría que tiene el mando de ellos.

C. Wrigth Mills

El presidente Juan Orlando Hernández (JOH), cumplió siete (7) años en el poder, a los que se le suman 4 (cuatro) años como presidente del Congreso de la República en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013). Aunque ha empeñado su palabra que no se presentará de nuevo a la contienda electoral de noviembre 2021, aprovechando una aberración jurídica que permite la reelección presidencial por encima de preceptos constitucionales, los candidatos de partidos de oposición dudan de ello, en tanto todavía no se han cumplido las garantías exigidas.

El primer lugar, la aberración jurídica de la reelección presidencial nunca se cerró, y quedó abierta, pudiendo JOH apelar de nuevo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde el Partido de Gobierno tiene mayoría, para que se autorice su participación en las elecciones generales de 2021. Ello se justificaría, aun cuando, en las elecciones primarias previstas para marzo de 2021, se elija un candidato de dicho partido, que por los vientos que soplan será Nasry Asfura, actual alcalde de la ciudad capital, que cuenta con respaldo de JOH.

El problema es que Asfura tiene cuentas pendientes con la justicia, que, de comprobarse, sería inhabilitado como tal, dejando el puesto vacante, pero más que eso, un “vacío político” que solo puede llenarse por quién tiene los medios para hacerlo: el máximo líder, más allá del reclamo del candidato perdedor, Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional.

En segundo lugar, a pocas semanas para celebrar las elecciones primarias (14 de marzo de 2021), crecen los rumores que JOH y un grupo de diputados y alcaldes afines, empresarios benefiados con contratos, pastores evangélicos y periodistas tarifados, que el gobierno autorizará, mediante comunicado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), la suspensión de las elecciones internas. La justificación a mano es desbordamiento de los casos Covid-19 y las muertes, que suman 144,992 casos confirmados y 3,549 muertes desde que inició la pandemia; evidenciándose un aumento en la medida que se realizan mayor número de pruebas. La preocupación es mayor, cuando ofialmente la Ministra de Salud, Consuelo Flores, comunicó a la Mesa Sectorial de SINAGER, la urgencia de suspender concentraciones y reuniones políticas.

La presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, también se muestra a favor de endurecer las medidas de control para un mayor confinamiento de la población, pero que cubra un par de semanas y no afecte la celebración de las elecciones. Da a entender que el gobierno lo que quiere es que el confinamiento se autorice en fechas próximas a las elecciones, por lo que no se tendrá otra opción que suspenderlas, generándose una nueva crisis política de magnitudes insospechables para la economía y sociedad hondureña, que posibilite el uso de la fuerza y continuidad del régimen de gobierno en conjunto con las FFAA.

La percepción sobre la suspensión de las elecciones primarias, es alimentada además por la falta de aprobación de una nueva ley electoral por el Congreso de la República, retrasos en la entrega de la nueva tarjeta de identidad y los riesgos de votar con identidad vieja y nueva, la no transferencia de fondos públicos para blindar las elecciones primarias y generales, el fallido proceso de licitación para la contratación de una empresa extranjera responsable de automatizar el proceso y divulgación de los resultados, asignación y uso de credenciales para los representantes de los partidos en las mesas electorales y dudas por el eventual retraso de entrega de actas por el conteo manual de votos, que justifica la falta de credibilidad.

No obstante, desde los partidos de oposición política, especialmente, Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Liberal, incluso de un grupo de candidatos a diputados y alcaldes por el partido nacional (en su mayoría pertenecientes al movimiento de Mauricio Oliva), la apuesta es a favor de celebrar elecciones primarias y escogencia de candidatos para las elecciones generales.

Entre las decisiones y acciones tomadas destacan: a) campaña política en todo el país según manda la ley electoral vieja y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE); b) denuncias de las maniobras del Partido Nacional y JOH, por boicotear y desnaturalizar los comicios primarios de elección popular; c) propuestas de expertos en salud para la vigencia de una nueva estrategia de combate al Covid-19 y medidas de confinamiento selectivas y graduales; e) integración de las dos fuerzas políticas mayoritarias de oposición en los órganos electorales, a efecto e evitar cualquier boicot del proceso electoral; f) un mayor acercamiento con miembros de la mesa SINAGER para que no cedan a las presiones del Ejecutivo, orientadas a boicotear y suspender las elecciones primarias; g) denuncias a nivel internacional sobre estas maniobras y las implicaciones que tendrían para el país, en una coyuntura económica y social no muy favorable.

El cambio de administración en EEUU, es un factor que afecta las pretensiones reeleccionistas de JOH, ya que Joe Biden ha puesto como puntos prioritarios de su agenda para la región centroamericana y los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), el combate del narcotráfico, corrupción y pobreza, siendo Honduras y su gobierno uno de los países más cuestionados. En corrupción, el último informe de transparencia internacional, sitúa al país en la posición 157 de 180 países en el mundo, en Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), cayendo 11 escalones en la posición mundial, la más baja registrada en la serie histórica. En el caso de narcotráfico, el mismo presidente JOH ha sido mencionado de estar involucrado, conjuntamente con su hermano, “Tony” Hernández, que espera sentencia en New York. Y la pobreza fácilmente superará el 70% de la población hondureña en 2021.

En este marco, puede ser que JOH le apueste, efectivamente, a un nuevo triunfo del partido nacional con Nasry Asfura a la cabeza, o a una alianza política con uno o más partidos de la oposición, agrupando primero a la mayor parte de los llamados partidos “chingaste”, o de maletín, que se multiplicaron como “ratones” para participar en los comicios de noviembre próximo; una manera de protegerse, incluso cediendo el poder a otro movimiento político bajo condiciones pactadas. Aunque, tal como ha sido denunciado, la apuesta sea al fracaso de las elecciones generales, no las internas, ya que todavía la nueva ley electoral no ha sido aprobada (especialmente lo de la segunda vuelta) y existen dudas sobre el proceso de enrolamiento que, según Salvador Nasralla, nació y sigue viciado.

A eso se debe el esfuerzo del gobierno por hacer ver a la población los logros alcanzados en el tema de seguridad, donde, según cifras oficiales, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes bajó de 79% en 2013 a 37% en 2020. Se suma a ello, los aplausos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por los logros en materia de estabilización económica que, según el gobierno, es lo que ha permitido tener mayor credibilidad frente a la banca internacional para obtener recursos que posibilita enfrentar los efectos del Covid-19 e impactos de ETA i IOTA; aunque no dice nada del creciente endeudamiento público, crisis de la ENEE, inseguridad alimentaria, pobreza y migración masiva, que pasará factura al nuevo gobierno. Pero también, según las declaraciones públicas, apoyo a una política más activa (en monto de recursos y número de beneficiarios) en términos de crédito para el agro a bajas tasas de interés y de construcción de viviendas para familias de menores recursos, poco visible en años anteriores.

Siguatepeque, Honduras, 1 de febrero de 2021