“El principal fallo del sistema político guatemalteco empieza en la novena avenida”(1)

Dr. Gabriel Orellana, ex–canciller guatemalteco)

20/N: “La bomba política” del Vicepresidente Castillo

En los últimos minutos de la tarde del viernes 20 de noviembre recién pasado, el Vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo, llevó a cabo una solitaria conferencia de prensa, en la cual sugirió al presidente Giammattei la renuncia de ambos, en reconocimiento al clamor popular por un cambio drástico en la dirección del actual gobierno.

La “gota que derramó el vaso”, del Vicepresidente y de miles de ciudadanos, fue la apresurada, oscura y truculenta aprobación del Presupuesto Nacional 2021, llevada a cabo en altas horas de la noche un par de días antes, por 115 diputados del Congreso de la República, todos ellos miembros de la aplanadora pro-oficialista, jefeada tras bambalinas por el presidente Giammattei, anulando así la independencia del Poder Legislativo.

Un presupuesto aprobado con graves deficiencias de forma y fondo, que dejó por un lado recomendaciones técnicas de múltiples sectores sociales y tanques de pensamiento, en el cual redujeron fondos a rubros muy sensibles, como el combate a la desnutrición crónica infantil (supuesta “bandera prioritaria” del presidente del Ejecutivo), y recortes al Ministerio de Salud Pública y sus importantes programas de combate al Covid, entre otros rubros clave.

Mientras que aumentaron sustancialmente la asignación de fondos para gastos superfluos del propio Congreso (en viandas para los diputados y construcción de nuevos edificios, entre otros renglones no urgentes), así como la asignación en miles de millones de quetzales para los muy cuestionados “Consejos Departamentales de Desarrollo”, una especie de “caja chica” en la cual gobernadores, diputados y alcaldes “meten mano” a cuantiosos fondos para “obra gris”, una fuente de prebendas, oscuras comisiones a contratistas y corruptelas apetecidas por muchos de estos funcionarios.

Un presupuesto 2021 por demás desfinanciado y apuntalado por cuantiosos montos de deuda pública (por la crónica baja recaudación fiscal, la quinta más baja a nivel mundial), que pone en alerta a muchos sectores por el acelerado crecimiento de la deuda nacional y la posibilidad de amenazar en el mediano plazo el equilibrio macro-económico y la estabilidad financiera de la nación.

21/N: estalla la “bomba política”

Apenas habían transcurrido unas cuantas horas después de la inusual solicitud de renuncia simultánea lanzada públicamente por el Vice-presidente Castillo al jefe del Ejecutivo, cuando decenas de miles de ciudadanos se lanzaron a las calles y plazas centrales de múltiples regiones del país, en protesta por la aprobación truculenta del presupuesto del 2021, y con ánimo encendido, mujeres y hombres de todas las edades y ocupaciones pedían la renuncia del presidente Giammattei.

Como ocurre en numerosos países de la región, las protestas ciudadanas casi siempre se focalizan con mayor intensidad y movilización social en la ciudad capital. En esta ocasión no fue la excepción y por medio de convocatorias en redes sociales y otros medios, en pocas horas, ya en la tarde del sábado 21 del presente mes de noviembre, multitudinarias concentraciones de manifestantes descontentos se aglomeraron en la llamada “Plaza de la Constitución”, frente al Palacio Nacional de la Cultura (otrora casa de gobierno), y frente a las puertas principales del edificio del Congreso de la República, algunas de cuyas oficinas fueron asaltadas e incendiadas, en un rápido y confuso incidente en el que se sospecha de la participación de agentes estatales disfrazados de “manifestantes” en protesta.

Ese hecho violento, que corrió como pólvora en imágenes compartidas por las redes sociales y cadenas televisivas, resultó en el pretexto perfecto para que casi de inmediato las fuerzas policiales (las mismas que sospechosamente observaron con pasividad como eran incendiadas algunas oficinas del Congreso) (2), se tornaron violentas en contra de muchos manifestantes pacíficos, en escenas de represión masiva que no se veían y experimentaban en las calles de Guatemala, desde las décadas de la pasada guerra contrainsurgente que asoló este país durante 36 años consecutivos.

Producto de esta represión masiva desencadenada por agentes de la Policía Nacional Civil en las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, la tarde y noche de este sábado en mención, decenas de personas resultaron golpeadas, detenidas y heridas, entre ellas, dos jóvenes que perdieron su ojo izquierdo. De igual manera, varios periodistas también fueron agredidos durante la represión policial.

Otras razones del estallido ciudadano

La aprobación oscura, truculenta y apresurada del presupuesto nacional del año 2021 no es la única razón de este estallido social. Ese hecho rebalsó la paciencia ciudadana ante el hartazgo alimentado por numerosas promesas electorales incumplidas, entre ellas, la eliminación del PARLACEN, considerado por muchos como refugio de ex-funcionarios ladrones; la supresión de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), cuyo presupuesto anual resulta oneroso e improductivo para el país.

Hartazgo también por el desfinanciamiento y debilidad institucional de los ineficientes programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, que tan solo este año ya mató a varias decenas de menores; el manejo oscuro y desfalco de astronómicas sumas de dinero que estaban destinados a suplir la ayuda social de emergencia ante el Covid y que nunca llegaron a los más necesitados; el descubrimiento y aseguramiento por parte de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público, de monumentales cantidades de dinero en efectivo acondicionadas en maletas, sustraídos de los fondos estatales procedentes de la corrupción, en oscuras operaciones fraudulentas que condujeron a esos dineros del Estado a casas particulares de ex –ministros de gobierno y altos funcionarios.

Por si todo ello fuese poco, con incredulidad la ciudadanía ha visto estupefacta como en tan solo unos cuantos meses de la asunción del nuevo gobierno (el cual tomó posesión en enero de este año 2020), y en medio de una incesante pandemia, el presidente Giammattei desmanteló en unos cuantos días, importantes instituciones creadas para la gestión del proceso de transición política tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, como lo son la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), y la supresión de tajo de la estratégica Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), creada y destinada para la gestión pacífica y mediada de la crónica e intensa conflictividad agraria, uno de los causales más importantes de la larga guerra interna guatemalteca.

Todo ello lo hizo el presidente Giammattei en medio de burlas y ataques verbales a los numerosos sectores sociales que desde hace meses lo vienen criticando, entre otras cosas, por la creación de oscuras, fantasmales e innecesarias instancias estatales, como el denominado “Centro de Gobierno”, manejado por un opaco personaje de quien intensos rumores lo ubican como parte del círculo íntimo del presidente, y que al parecer tendría funciones supra-ministeriales, sin ningún tipo de fiscalización y cuentadancia por parte de la Controlaría General de la Nación (CGN), sin monitoreo ciudadano y sin ninguna rendición de cuentas de los fondos estatales irregularmente asignados.

En suma, ha estallado la indignación ciudadana, cada vez más golpeada por el Covid, el desempleo, la carestía de la vida, la delincuencia común, el alza descomunal de los costos del transporte público y otros servicios básicos. Golpeada por la fuerza descomunal de diversos fenómenos climáticos (“desastres naturales” que son más bien expresión de una gestión gubernamental desastrosa), y por una clase política cleptocrática y descarada, que encabezada por el llamado “Pacto de corruptos” (una funesta amalgama de funcionarios, diputados, jueces, abogados, alcaldes, militares y empresarios corruptos), que tras haber logrado la expulsión ilegal de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en poco tiempo y con la participación del narcotráfico y el crimen organizado, ha cooptado al poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, así como a numerosas instituciones clave del Estado guatemalteco.

Sin embargo, tanta codicia termina rompiendo el saco donde se mete lo robado. Los elementos y sectores que componen este “Pacto de Corruptos” están enfrentando ahora la furia ciudadana, la cual recién empieza a ponerles presión. En consecuencia de ello, el presidente Giammettei opta por una ridícula victimización y busca ahora un rápido oxigeno político en la desprestigiada OEA y el no menos desprestigiado Almagro, invocando su auxilio ante imaginarias “minorías golpistas” que supuestamente lo quieren defenestrar.

En opinión de Ana María Diéguez, ex–embajadora guatemalteca, la acción de Giammattei de pedir ayuda a la OEA es precipitada e inoportuna, y además, podría revertirse en su contra (3). Iván Velásquez, por su parte (4), desde su cuenta de twitter, sospecha que los autores del ataque e incendio de las oficinas del Congreso fue obra de agentes estatales infiltrados entre los manifestantes, y sugiere que una comisión especial internacional investigue los hechos. El G-13 o grupo de países europeos donantes, por su parte, en un comunicado de prensa emitido horas después de los violentos sucesos del sábado 21 de noviembre, reconocen el legítimo derecho del pueblo guatemalteco a manifestarse pública y pacíficamente, y condenan el desmedido y desproporcional uso de la fuerza ejercida por agentes policiales, en contra de indefensos ciudadanos, muchos de ellos, niños y personas de la tercera edad que participaron en las protestas.

Pese a ello, la población no tiene miedo. Las movilizaciones sociales irán en ascenso.

Notas

1. Se refiere a la dirección física del lugar en el que se encuentra el edificio del Congreso de la República. Frase emitida durante entrevista realizada al Dr. Orellana por periodistas de Emisoras Unidas, el 23/11/2020, en horas de la tarde.

2. El diputado de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, va incluso más lejos, al acusar públicamente a la actual Junta Directiva del Congreso, como los verdaderos autores intelectuales de la quema de las oficinas del Palacio Legislativo (Declaraciones dadas en entrevista a Emisoras Unidas, el 24/11/2021).

3. Opinión emitida por ella durante la entrevista realizada por periodistas de Emisoras Unidas, el 23/11/2020, en horas de la tarde.

4. Iván Velásquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), expulsada del país ilegalmente por el ex –presidente Jimmy Morales en el 2018.

Sergio Barrios Escalante es investigador social. Activista social por la niñez y adolescencia en la Red ADINA. Editor de la revista virtual Raftulum https://revistatulum.wordpress.com/