A partir de 1990, en un gobierno del partido nacional, cuyo presidente fue acusado de corrupto, Honduras le apostó a la privatización de las empresas y servicios públicos, bajo el argumento que el Estado es, por definición, un mal administrador de los bienes y recursos públicos, sumado a la excesiva burocracia y corrupción. La tesis de fondo es que la administración de la “cosa pública” por la empresa privada aumentaría los flujos de inversión extranjera y la base de captación de ingresos por parte del Estado, ya que, además, no tendría que gastarse en burocracia al deshacerse de las empresas.

Después de 30 años, más bien retrocedimos. La ineficiencia y corrupción abarcó también a aquellas empresas privatizadas o en proceso de serlo, y el Estado siguió endeudándose para apoyar al sector privado en la cruzada de mayor participación en la administración de empresas públicas. Hay evidencia en sectores como energético, infraestructura vial y agua potable, que este traspaso a empresas privadas, implicó aumento de tarifas, fuertes subsidios y exoneraciones del pago de impuestos, pero sobre todo uso de fondos públicos para financiar las nuevas inversiones.

Con el golpe de Estado (junio de 2009), el expediente de las privatizaciones cobró de nuevo vigencia con la profundización de las Leyes Marco Sectoriales (LMS), las alianzas público-privadas (APP), las zonas de empleo y desarrollo y el extractivismo forestal, minero y de recursos hídricos. Este proceso de descapitalización del Estado, se ha venido ejecutando sin control, esto es, sin que exista veeduría institucional y social capaz de evaluar si los beneficios para el país son mayores que los costos. Ha sido poco visible la participación de órganos contralores del Estado, por lo cual se desconocen los términos de los contratos suscritos, las obligaciones de las empresas y la asignación de recursos (capital fresco) en el tiempo requerido.

La participación de organizaciones de sociedad civil ha sido débil, ya que se han conformado con la denuncia utilizando información de segunda mano, en tanto muchos de los contratos son prohibitivos para el conocimiento de la población, igual la información que, incluso, en el caso de proyectos de generación de energía y APP, son secreto de Estado.

La descapitalización del Estado se ha hecho evidente con la pandemia Covid-19 y la crisis económica y social generada y de arrastre, pero también por daños causados por ETA e IOTA. El gobierno no cuenta con recursos para enfrentar la pandemia, ya que el 100% de los ingresos tributarios se van en el pago de sueldos y salarios y del servicio de la deuda pública externa que va en aumento. Las empresas de mayor tamaño están pidiendo condonación de impuestos y las pequeñas y medianas, no tienen capacidad para poder operar regularmente y generar recursos para el fisco.

En complemento, hay denuncias de actos de corrupción por funcionarios públicos y el gobierno no cuenta con un instrumento integrador (Estrategia o Plan) de mediano y largo plazo de las acciones y actividades que permita destinar recursos del endeudamiento a las verdaderas prioridades nacionales (presupuesto efectivo y funcional), aun cuando opera una Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), con competencia en este campo; más allá de la urgencia de rehabilitar puentes, caminos y entregar alimentos a las familias damnificadas..

Además del mayor endeudamiento externo (multilateral y bonos soberanos), el gobierno de la República ha identificado otra fuente de ingresos para aumentar o dinamizar las inversiones, caso de los fondos de pensiones que pertenecen a los maestros, empleados públicos, obreros y jubilados. Existen varios argumentos a favor de esta propuesta, que ya fue dictaminada por el Congreso de la República. El primero es que Honduras tienen poco desarrollado el mercado de capitales y esta es una oportunidad para ello, tal como sucedió en Chile y Perú. Igual argumento se esgrimió con las APP, pero hay evidencia de una caída fuerte de los flujos de inversión extranjera, iniciada muchos antes de la presencia de la pandemia Covid-19.

En 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó en un 48%, de 1,100 millones de dólares en 2018 a 498.1 millones en 2019. (El heraldo.hn, 07-08-2020). Se espera una caída mayor en 2020, por efectos de la pandemia Covid-19, ETA e IOTA. Más allá de la estabilización económica y la venta del territorio nacional, los temas de gobernanza y corrupción son determinantes en el caso de Honduras.

El segundo es que, en esta situación de crisis económica y pandemias, se tiene que movilizar el ahorro interno de la economía, como base de la inversión productiva, pero el problema es que estos fondos no son ahorro público, sino recursos de la población que cotizan a regímenes de protección social para poder gozar de una vida digna una vez que se retiren como trabajadores del gobierno o empresa privada. Y, es aquí, donde existe un problema potencial, ya que el gobierno quiere usar los fondos si conocer la opinión de sus dueños.

Se aduce por funcionarios de gobierno que estos fondos son parte integral del ahorro agregado nacional, una especie de ahorro involuntario o forzado donde las personas aceptan por ser empleados públicos (maestros, por ejemplo) que se les “serruche” su sueldo para aportar a un régimen de pensiones o aseguramiento social, a la espera de poder retirarse y disfrutar de una vida digna junto con su familia. Sin embargo, los aportes de fondos sacrifican su consumo actual, pero serán compensados ya que dichos recursos serán protegidos al tener un mejor uso con pocos riesgos.

El tercer argumento es que los fondos destinados a proyectos de desarrollo, tendrán un retorno garantizado ya que gozarán de una alta rentabilidad, pero el problema es que no existe una garantía efectiva de ello, y más bien hay un riesgo potencial que el retorno se complique, tal como sucede con los recursos destinados a financiar el Centro Cívico Gubernamental y las operaciones de Banrural. En el primero se estima que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Nacional (INPREMA), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto de Previsión Militar (IPM), invirtieron unos 115 millones de dólares, a la espera que se les retribuya un retorno mayor por la inversión que la ofrecida por el gobierno con sus bonos y la banca privada; una espera que puede ser larga y no cumplirse lo pactado.

La Ley de “Inversiones para el Desarrollo Sostenible, en Proyectos de Interés Nacional”, crea la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (FONDES), como una sociedad mercantil capitalizada con las aportaciones realizadas por inversionistas institucionales públicos (¿cuáles?) o privados, nacionales y/o extranjeros, tales como Institutos Previsionales Públicos, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Instituciones de Seguros, Bancos y Otras Instituciones Financieras. El aporte inicial por el Régimen de Aportación Personal (RAP) y de fondos de pensiones es de 25% de los recursos, y los proyectos a financiar serán de interés nacional, por lo que el Estado exonera del pago del 100% de impuesto sobre la renta a las inversiones realizadas con este fondo, igual no pagarán tasas fiscales y municipales, cargas públicas y contribuciones a la tasa de seguridad, entre otras. No obstante, no hay claridad sobre la protección y auditoria de los proyectos financiados, ya que la institucionalidad actual ha perdido toda credibilidad, a excepción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

A solicitud del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el presidente del Congreso de la República y candidato a la presidencia por el partido de gobierno, Mauricio Oliva, ha manifestado que la Ley debe tener una amplia socialización y debate, empezando por pedir la opinión del Banco Central de Honduras, Federación de Cámaras de Comercio, Consejo Económico Social, Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y las propias organizaciones magisteriales y de empleados públicos. La dirigencia magisterial no participará de las mismas, ya que solicitan de inmediato el retiro de la Ley del Congreso Nacional, y se preparan para la toma de edificios públicos y calles en defensa de sus derechos.

Una propuesta alternativa al fracaso anunciado de la Ley, es la reducción del tamaño del Estado, especialmente de aquellas secretarias de Estado, instituciones y programas creados después del golpe del Estado y que solo han servido para aumentar el gasto improductivo y uso desmedido y poco efectivo de recursos públicos y fondos aportados por la cooperación externa. Se estima que ello le ahorraría el gobierno de entrada unos 10,000 millones de lempiras anuales, con los cual se puede acompañar el esfuerzo de rehabilitación, reconstrucción y reactivación de la economía nacional y defensa de los ingresos monetarias de las familias afectadas por el cierre de empresas, lluvias, derrumbes e inundaciones.

A ello se suma un recorte de monto de las exoneraciones fiscales, para que el sacrificio del gobierno en la captación de ingresos no sea tan significativo. Las últimas cifras del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) estiman que las exoneraciones superan los 44,000 millones de lempiras anuales, y en 2021 se ubicarán en 47,000 millones de lempiras. Igual, se habla desde la oposición política, de mayor uso de las reservas internacionales para apoyar a los sectores productivos, en especial las MiPymes, estimándose recursos por unos 15,000 millones de lempiras que deben ser liberados a favor del pueblo.

El presidente del Congreso de la República, Mauricio Oliva, está consciente que seguir con la cruzada de aprobación de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, le afecta en sus aspiraciones políticas, en tanto ha generado un rechazo generalizado en la población, especialmente aquella que depende o dependerá de los ingresos y protección social que brinda este tipo de fondos. El proyectista, Marcos Velásquez, diputado del partido nacional, ha decidido eliminar de la iniciativa de la ley, lo relacionado con los recursos de los institutos de previsión como capital patrimonial del FONDES, mientras se socializa la Ley con los demás sectores.

Es fundamental que se aprovechen estos espacios de consulta y socialización de una legislación fallida, para generar nuevas iniciativas y propuestas que gocen del respaldo de la colectividad nacional. En tal sentido, las bancadas de los partidos de oposición, caso de Libertad y Refundación (LIBRE), partido liberal y PINU-SD, debe aportar al debate una propuesta integral que posibilite identificar recursos no utilizados para enfrentar la crisis económica y social generada, empezando por eliminar el llamado gasto público improductivo, que se viene ejecutando para complacer la clientela política, religiosa, empresarial, militar e incluso gremial, en el caso de la dirigencia campesina y obrera.

Danlí, Honduras, 20 de noviembre de 2020