En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre, las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América - agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera; y el reflejo instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más “derecho” de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 --es decir, de testeo amplio previo a la comercialización-- de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.
 

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día--, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión “Tierra”.

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza