El Huracán y la tormenta tropical Mitch que azotó Honduras a finales de 1998, dejó más de 7,000 muertes, 10 mil desaparecidos, 80% del aparato productivo destruido, y una caída del PIB de -2.7%, cuando en 1997 la tasa de crecimiento fue de 5%. (CEPAL: 1999). Honduras no se había preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, aun cuando fue advertido por organismos internacionales acerca de la vulnerabilidad del país y necesidad de una mayor inversión en infraestructura física, pero sobre todo en protección de recursos naturales, educación ambiental y manejo de riesgos.

El gobierno de aquél entonces, presidido por Carlos Flores Faccusé (1998-2001), recibió un fuerte respaldo de la cooperación internacional en apoyo al Plan Maestro de Reconstrucción Nacional (PMRN) primero, y después a la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (ERP), al ser el país beneficiario de la Iniciativa de Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC), donde los dineros del pago de la deuda externa (condonación), deberían servir para atacar los grandes problemas nacionales ligados a la pobreza.

En marzo de 1999, el presidente Bill Clinton visitó Honduras, como parte de los esfuerzos por acelerar el proceso de reconstrucción nacional, canalizando apoyo técnico y financiero del gobierno y agencias estadounidenses; sobre todo, ayuda humanitaria estimada en 956 millones de dólares que incluyó también al resto de los países centroamericanos, caribeños y Colombia. Una sentencia fue que Honduras debería cuidar (léase invertir) los bosques, ya que de lo contrario otros huracanes vendrán y tendrán efectos e impactos negativos en la economía y población.

Más de 20 años han transcurrido de ello, pero lo más visible es la destrucción de los recursos forestales y la falta de apoyo financiero y presupuestario a las instituciones creadas para ello, incluso aquellas con competencias en la mitigación de daños ambientales y por desastres naturales, caso del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría del Ambiente, Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

En el caso del Huracán ETA que se desgradó a tormenta tropical, cifras preliminares arrojan más de 350,000 familias damnificadas, 8,000 personas sin vivienda, 62 muertos y 20 personas desaparecidas, igual, más de 10,000 hectáreas de cultivos agrícolas perdidas, la destrucción de más de 30 puentes, hundimiento de calles y deslizamientos. La mayor parte de las familias afectadas en la zona norte del país, han perdido sus bienes y activos productivos, por lo que la recuperación será más difícil y llevará más tiempo.

Uno de los problemas enfrentados es que ETA, agarró al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en plena pandemia del Covid-19, con más de 100,000 casos confirmados y 2,700 muertes, pero también en una apuesta a la reactivación económica por decreto ya que se aprestaba a iniciar entre el 4 y 8 de noviembre, un periodo vacacional o feriado orientado a que las personas pudieran salir del confinamiento sin restricciones, contribuyendo a dinamizar al sector turístico que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Con la llegada de ETA, el feriado fue suspendido, pero no cuando se necesitaba; es decir, con la primera alarma del Centro Nacional de Huracanes que ETA entraría a Honduras por Nicaragua y sería un huracán grado 4 con fuertes vientos y lluvias, capaz de impactar violentamente en las zonas del país y afectar a las comunidades y familias, lo que hubiera permitido a la institucionalidad y población una mejor prevención y protección de sus activos y vidas.

Otro problema es que, frente a la falta de medidas preventivas y de recursos financieros para que la institucionalidad pública responda en forma rápida y oportuna a la presencia de un fenómeno natural de tal magnitud, las acciones ejecutadas han sido descoordinadas y atomizadas. El gobierno observa un sesgo centralista y burocrático, con instituciones poco efectivas en atención a poblaciones vulnerables y en riesgo social y ambiental, más allá de albergues y el rescate que recae en las FFAA, Bomberos y población.

A ello se suma que los gobiernos locales no cuentan con suficientes recursos y capacidades para poder hacer frente a los efectos de la pandemia Covid-19 y efectos negativos de ETA, ya que son pocos los recursos presupuestarios que se transfieren anualmente a las alcaldías, siendo su base tributaria débil. Estos esperan que la ayuda llegue desde el gobierno central, mucha de la cual no se concretiza y en los montos requeridos.

Los mecanismos de participación ligados a las instituciones creadas, no operan o son infuncionales, no digamos los instrumentos de planificación y gestión. Para el caso, existen los consejos de desarrollo forestal, pero la mayoría no operan. Igual, las unidades municipales ambientales (UMA), que, al parecer, son muy pocas las que funcionan. Los Consejos de Desarrollo Local y Municipal muestran un sesgo partidista, donde tienen poca participación organizaciones sociales e incluso empresariales no afines al gobierno de turno. Los planes y estrategias de ordenamiento territorial se abandonaron y fueron sustituidos por planes municipales que rápidamente se desfasan por falta de recursos, y usan poca información generada por las instituciones centrales, ONGs, Academia, organizaciones sociales y agencias de cooperación. En zonas y ciudades urbanas de mayor tamaño, deberían existir planes de contingencia y gestión de riesgos, pero la evidencia muestra que son muy pocos los que se han formulado.

Un caso es la Ciudad Capital de Honduras que todavía no tiene una estrategia y política clara para enfrentar la vulnerabilidad ambiental por zona geográfica. Los expertos han sugerido que asentamientos humanos en zonas del alto riego deben de salir, y la alcaldía debería elaborar un plan de reasentamientos humanos con soluciones habitacionales de bajo costo y materiales de construcción locales, pero requeridos para minimizar el riesgo de las persistentes lluvias e inundaciones.

A diferencia de Mitch que contaba con un PMRN y el apoyo directo de la cooperación internacional, liderada por Suecia, en la actualidad no es visible el interés de las autoridades públicas por elaborar un instrumento parecido, y más bien todo parece indicar que la reconstrucción se irá haciendo sobre la marcha, sin priorizar las intervenciones ni los recursos. En el caso de la infraestructura, ya hay un compromiso con el Colegio de Ingenieros para reconstruir y reparar los puentes, no así en el tema de la vivienda y apoyo a los sectores productivos. Igual, se evidencian acciones de protección social y acceso a los alimentos para los damnificados, pero insuficientes dada la magnitud del impacto.

A efecto de centralizar las acciones y volverse más visible, el gobierno pretende que toda la ayuda se canalice por medio de COPECO, que ha sido cuestionada por actos de corrupción; asimismo, ha creado una serie de registros y controles innecesarios, que entorpecen la labor de las autoridades locales, organizaciones de sociedad civil e incluso agencias cooperantes.

Lo que ha sido visible es la creciente solidaridad del pueblo hondureño para ayudar a las familias afectadas, principalmente en la Costa Norte de Honduras. El pueblo se ha volcado a entregar ropa, zapatos, alimentos y medicamentos en los centros de acopio creados con apoyo de los militares que tienen la logística necesaria, participando también en acciones de rescate. Ello ha hecho evidente no solo la débil institucionalidad pública, sino también la falta de recursos para apoyar simultáneamente acciones de combate al Covid-19 y los efectos de ETA. En tal sentido, se presta poca atención a las acciones y comunicados del gobierno, ya que la solidaridad se impone en forma voluntaria por sobre la práctica burocrática y discurso mediático tradicional.

Se necesita revitalizar los instrumentos de planificación, pero sobre todo la organización social en los departamentos y municipios del país, que posibilite una mayor integración de acciones y la respuesta rápida en rescate de vidas, construcción y reconstrucción de viviendas, infraestructura, protección social y seguridad alimentaria. Hay que usar un instrumento de referencia, llámese plan de rehabilitación y reconstrucción nacional que permita orientar las acciones de los actores, más allá de aquellas intervenciones aisladas que duplican esfuerzos y recursos. Al igual, como sucedió con Mitch, las Naciones Unidas pueden aportar recurso humano calificado, no solo para cuantificar daños y atender la nueva emergencia en salud, sino también para diseñar intervenciones más eficientes.

Juticalpa, Honduras, 10 de noviembre de 2020