Sin duda hemos vivido un plebiscito histórico en Chile, no solo por los resultados que evidencia la real demanda y necesidad de cambios estructurales y de fondo dentro del Estado y la política chilena. La concentración de las demandas sociales y políticas, que tienen su punto de eclosión con el alza de la tarifa del transporte público en octubre del año 2019, reflejaron que a la base de muchas de ellas encuentran su mayor traba en las marañas constitucionales y voluntades políticas de cambio.

Es que la Constitución Política de Chile, que fue escrita entre cuatro paredes por una elite política de la dictadura militar en la década de los ochenta, la cual sentó las bases de un modelo económico, más que las bases de una política de estado. La misma sin duda ha tenido la modificación de algunos de sus componentes en treinta años de vuelta a la democracia, pero no hay que desconocer que son el doble las propuestas de cambios constitucionales, que no han llegado a buen puerto, por ser declaradas por los mismos políticos como “inconstitucionales”. Mismas trabas políticas que encierran la actual constitución a arbitrio de leyes y normativas añejas y alejadas de la realidad.

Lo que fue al inicio una protesta atribuible a los escolares por el alza del pasaje, en realidad era un reflejo de las serias desigualdades e injusticias imperantes. Desde octubre del 2019 se desencadena un movimiento social inusitado, donde la gente se vuelca a las calles y las plazas. El epicentro imaginario del centro de Santiago, se convierte en un punto de encuentro, donde prima el no existir una convocatoria política o partidaria, sino diversos y espontáneos llamados desde sectores sociales transversales, pero lo principal es la alta convocatoria de jóvenes que visibilizan el movimiento, que también grafican e ilustran el estallido social

No podemos desconocer la violencia del último año, donde la violencia de la protesta se ha visto teñida por actos de vandalismo y delictuales, los que no son justificables; pero también la violencia política desde el estado ha sido un llamado permanente que ha enardecido el espíritu joven de la protesta. El negacionismo de las demandas sociales, se ha visto acentuada por la permanente violación de los derechos humanos, por aquellos entes llamados a resguardarlos. En las primeras semanas de mayor violencia social se contabilizan muertes, heridos, abuso de poder, uso de la fuerza innecesaria y sobre todo la mutilación ocular por el mal uso del armamento represor. No es necesario contabilizar como la mayor parte de las víctimas, de los detenidos y los heridos han sido jóvenes a lo largo del territorio nacional.

Es a raíz de acuerdos políticos, convocados por una crisis de la institucionalidad del Estado, pero alejados de la realidad, es que se da la posibilidad de realizar un plebiscito para iniciar el paso al cambio constitucional. Responde en parte la demanda social, pero no es capaz de comprender el acuerdo que la paz social no es solo la salida política, sino que es también la necesidad urgente de la justicia social y de transformación del mismo sistema político que convoca el plebiscito.

Los jóvenes acogen el llamado de un plebiscito que apruebe el camino para un cambio constitucional, y de conformar una convención constitucional, donde están puestas las esperanzas de la representatividad y de recambio de la vieja política. El reciente plebiscito no solo refleja el mandato democrático de una mayoría fuertemente representativa que aprobó el cambio de la constitución, sino que también refleja los puntos fuertes del descontento social. Es en este plebiscito donde se da una leve alza en la participación en una votación voluntaria, se da también una aparente subida del voto joven. Si bien, las estadísticas electorales no entregar un número absoluto de votantes por edad, pero el pulso en los locales de votación reflejó mayor presencia de población joven que en elecciones anteriores.

No solamente la convocatoria del voto joven se presenta como resultado del proceso, sino que también un cambio en el comportamiento y participación electoral. Comunas donde históricamente había sido baja la participación electoral, esta sube significativamente, en muchos casos tenemos un aumento de 10 puntos porcentuales en la participación, sobre todo en comunas vulnerables y en el caso de la región metropolitana con mayor participación en las comunas periféricas del gran Santiago. Comunas donde los votos por el cambio constitucional superan ampliamente el 80% de las preferencias. Por el contrario, en aquellas comunas con mayor poder adquisitivo, constituidas por una población con mayor concentración económica y política, no solamente se caracteriza por ser de los municipios urbanos donde se alzó mayoritariamente la opción de rechazar una nueva constitución, sino que también contrario a su habitual comportamiento electoral, se da una baja porcentual de su participación electoral; donde en elecciones anteriores representaba los más altos índices de participación. Cabe destacar también que los mayores índices de participación se concentran en las urbes y con fuerza en la zona central del país, bajando estos índices hacia los extremos del país, siendo aún más baja en las zonas rurales y menos aún en aquellos territorios más aislados.

Cambios en el comportamiento electoral y en la participación, que plantean claramente desafíos a futuro, sobre todo ante la construcción de una nueva constitución. Una constitución que ya no solo se propone el contar con paridad de género, sino que también debe ser inclusiva de todos los sectores sociales y de los diferentes estamentos económicos y sociales representativos de la población. Debe de ser una constitución pensada desde una real y necesaria descentralización del país. Y necesariamente una constitución joven, donde se marquen las voces diferentes que dejen atrás a la vieja política. Una constitución que debe ser escrita escuchando realmente a la gente y sea capaz de observar con alturas de miras la realidad del país, abriéndose a la consulta social y abierta y no los mandatos de operadores políticos e intereses de la minoría económica y política del país, a la cual claramente se le ha dado un voto de rechazo. Los jóvenes destaparon una realidad silenciada por muchos años en Chile, el desafío de los políticos es darles cabida en la construcción de este nuevo proceso, un verdadero desafío que sin duda será cobrado.

 -Francisco Ramírez Varela, Trabajador Social, Dr. en Cultura y Educación en América Latina. Académico Universidad de las Américas