El pueblo chileno capta nuevamente la atención internacional con la realización, el domingo 25 de octubre del plebiscito por una nueva constitución que de acuerdo a las encuestas se ganará ampliamente. Pero, ganar el plebiscito es el primer paso para terminar con las políticas neoliberales rechazadas por la ciudadanía y con un sistema político concebido como cárcel de la democracia.

El plebiscito es un evento que era impensable antes del estallido social del 18 de octubre. El actor social arrancó a regañadientes el cambio constitucional a una clase política de derecha que defiende abiertamente la herencia de Pinochet y un centro-izquierda que había terminado por acomodarse en sus privilegios y empantanándose en los vericuetos del congreso y adaptándose a políticas neoliberales.

Se espera que las chilenas y chilenos participen masivamente a pesar de la pandemia y las críticas al proceso (como el quórum de 2/3). Deben responder si quieren, o no, una nueva constitución y elegir entre una Convención Constitucional formada por ciudadanos elegidos directamente, o bien, por una Convención mixta, con la mitad de parlamentarios en ejercicio. Los miembros de la Convención serán elegidos, el 11 de abril de 2021. Ella tendrá un año para redactar la nueva constitución que será ratificada por un nuevo plebiscito en 2022.

Los próximos pasos dependerán de la consolidación del retorno del actor social en la política chilena, considerando las múltiples trabas que se han impuesto al proceso. (Ver nuestros análisis anteriores).

¿Permitirá el plebiscito del 25 octubre iniciar un proceso multifacético que termine con el modelo neoliberal y liberar un sistema político concebido como cárcel de la democracia? Creemos que ganar el plebiscito es el primer paso de un complejo proceso que dependerá de la consolidación del rol del actor social en la política.

La Derecha Combina Represión y Tergiversación

El despertar del pueblo chileno fue contra el gobierno derechista de Sebastián Piñera y por transformaciones progresistas. Piñera prometió Tiempos Mejores, que nunca llegaron. El estallido social le dejó sin programa, desprestigiado y con niveles históricos de impopularidad. La catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 sigue hundiéndolo y sólo espera sobrevivir los próximos 16 meses.

Apoyado por Chile Vamos y el llamado partido del orden, respondió al clamor popular con represión. Asimiló su propio pueblo a un enemigo poderoso y le declaró la guerra, con falsa información que El Mostrador: calificado de Plan Zeta de Piñera.

La contención represiva de una movilización social que el 25 de octubre de 2019 convocó más de un millón de manifestantes pacíficos en Santiago y en las principales ciudades del país fracasó en detener el descontento. Sigue justificando la represión argumentando la defensa del Estado de Derecho. Sacó los militares a la calle por primera vez desde 1990. Extendió la represión de la Araucanía, al conjunto del país. Las violaciones de derechos humanos han sido denunciadas  en Chile y a nivel internacional (Ver nuestro análisis). La intransigencia represiva continúa como lo mostró lo ocurrido el aniversario de1 18 de octubre.

Al mismo tiempo la derecha política, sin Piñera, embarcó en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Como se prevé una derrota aplastante de la opción Rechazo en el plebiscito, para controlar el proceso, dividir el movimiento social, derechistas, como el candidato presidencial Joaquín Lavin, se declaran abiertos partidarios del Apruebo. En realidad, pactando con la oposición de centro-izquierda,  imponen trabas al proceso de cambio constitucional, imponiendo un quórum de 2/3 y dejando de lado la asamblea constituyente exigida por el actor social. Una estrategia para salvar lo esencial del modelo económico que sustenta sus privilegios.

El Retorno del Pueblo en la Política

Pero la revuelta social terminó con un ciclo político e inició un nuevo proceso de cambios. La movilización lanzada el 6 de octubre por estudiantes, contra el alza de 30 pesos del transporte, fue la chispa, que aglutinó el rechazo a insoportables abusos y corrupción de los privilegiados del sistema. Fue contra los bajos salarios, contra el lucro y la mala educación, contra el acceso desigual a la salud; las pensiones irrisorias, las crecientes desigualdades sociales. Contra la represión y falta de reconocimiento de los pueblos originarios; la destrucción del medio ambiente. La lucha feminista contra el Estado represor violador simbolizado por las Tesis, encarnó la necesidad de un cambio de sociedad para que la dignidad se haga costumbre.

Cansadas de esperar durante 30 años una alegría que nunca llegó, constataron, el fracaso del experimento de democracia tutelada y del modelo neoliberal.

Es así como, paradojalmente, el plebiscito previsto inicialmente en abril, postergado por la pandemia del Covid-19, se realiza finalmente este 25 de octubre, fecha en que más de un millón y medio de manifestantes se reunieron en Santiago y cientos de miles a lo largo de todo Chile.

Una movilización que mostró que el pueblo chileno quiere cambios y no son sólo algunos violentistas que manifiestan, como pretende el gobierno el Gobierno Piñera. El estallido social del 18 de octubre marcó el inicio del retorno del actor social en la política chilena. Fue contra una clase política deslegitimada y contra políticas públicas neoliberales que hacen de Chile, uno de los países con mayores desigualdades económico-sociales del mundo.  Un retorno del actor social, no sólo en las calles; también en la reorganización territorial, en la construcción de solidaridad ante la pandemia del Covid-19; en la reorganización por reivindicaciones específicas y con el surgimiento de nuevos referentes políticos.

Cambiar un Sistema Político Como Cárcel de la Democracia

Las promesas de asegurar de manera ordenada la transición a una plena democracia, no han cumplido. Hay consenso en que no habría plebiscito este 25 de octubre sin el estallido social del 18 de octubre. Luego de 30 años de tergiversaciones para terminar con la constitución pinochetista, fue el temor de la movilización social, como en épocas ya olvidadas, que fue el acicate para que la clase política cediera. Hasta los sectores más reaccionarios aceptaron el Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. Por primera vez en 30 años, se abrió la posibilidad no sólo de reformar sino que de cambiar la Constitución adoptada en 1980, en plena dictadura.

Pero el complejo proceso constitucional que se abre con el plebiscito requiere un actor social activo en la política. Por un lado, el proyecto moderó la exigencia de una asamblea constituyente ciudadana que escriba una nueva constitución. El altísimo quórum de 2/3 para la adopción de la Nueva Constitución por el ente que la redacte, fue establecido por una comisión técnica, muy cuestionada.

Recordemos que hubo cambios a la constitución, hasta el punto que en 2005, el presidente Ricardo lagos, puso su rúbrica ante lo que calificó de una nueva constitución democrática. Para muchos allí terminó el debate constitucional.

El problema es que ello no cambió la esencia de un sistema político concebido para que los ciudadanos no se ocupen de lo que les concierne. Por un lado, el Tribunal Constitucional actúa hoy como guardián de las políticas neoliberales hasta contra el Congreso. Por otro, la Constitución ha favorecido la creciente separación entre la clase política y la sociedad, otorgando a cambio, privilegios como altísimas rentas de parlamentarios; restricciones a las normas de funcionamiento de partidos y de elecciones; en desmedro de mecanismos de participación.

Cambiar una Constitución Neoliberal

Es así como, a pesar de cambios cosméticos la carta magna sigue teniendo un enfoque ideológico neoliberal que atenta contra políticas económicas que respondan a los intereses de las grandes mayorías y los desafíos del siglo XXI.

El retorno del actor social es contra los bajos salarios y las desigualdades: El 50% de los trabajadores gana 400 mil pesos o menos. La CEPAL calculaba en 2019 que el 1% tiene el 26,5% de la riqueza neta.

El artículo 19 de la constitución, consagran una libertad de enseñanza que favorece el lucro en lugar del derecho a una educación de calidad. Permite el derecho a elegir entre sistemas público o privado de salud, pero no el acceso a la salud y los medicamentos como un derecho. Consagra pensiones de miseria, por un sistema de capitalización privada que favorece la libertad de empresa de las AFP y sirve las familias propietarias de Chile. (Ver nuestro análisis)

La libertad de empresas condena a miles a vivir en zonas de sacrificio y la inscripción extractivista de Chile en la economía mundial. La ideologización neoliberal de la constitución lleva incluso a que Chile sea un país que transformó el agua en propiedad privada (Art. 19 #24). El actor social agita la bandera de falta de reconocimiento constitucional y la criminalización y represión de la nación Mapuche (convención 169, asesinato de Camilo Catrillanca, entre otros).

La Constitución impone un enfoque neoliberal, a pesar del retorno de gobiernos civiles en marzo de 1990, inaugurando un ciclo político de democracia restringida y elitista que no cumplió la promesa social y económica. Un enfoque ha profundizado políticas públicas neoliberales que engendran desigualdades sociales a pesar de años de alto crecimiento del PIB. Una situación condensada en la frase de la revuelta: “no son 30 pesos, son 30 años”.

El Plebiscito es el Primer Paso

La masividad inédita del actor social el 25 de octubre de 2019, en pleno estado de emergencia no se había visto desde la victoria del plebiscito por el “No” contra Pinochet, en octubre de 1988.

Las vertientes del actor social incluyen la violencia del pueblo mestizo contra las elites de que habla Gabriel Salazar.  También son las organizaciones sociales tradicionales de la mesa de Unidad Social. Incluye las organizaciones surgidas en los últimos 30 años, del movimiento feminista anti patriarcal, hasta el de los estudiantes contra el lucro en la educación y el No + AFP, de los pensionados. Despertó la reorganización territorial, los cabildos, las instancias de solidaridad. (Ver nuestro análisis). Se trata de un movimiento popular multifacético que interpela partidos y reconfigura el surgimiento de nuevos referentes políticos. La reorganización del sistema de partidos es un ejemplo claro del inicio de un nuevo proceso.

El estallido social del 18 de octubre de 2019, marcó el fin del ciclo inaugurado con el retorno de gobiernos civiles en 1990. Pasó la cuenta a una clase política que no cumplió con asegurar una transición que profundizara la democracia y cavó una fosa entre la clase política y la sociedad. Reveló la inutilidad de la oposición de centro izquierda, adormilada y enfrascada en peleas de pasillos en el Congreso, pero que se acomoda en mantener las políticas públicas neoliberales. Hasta el novedoso Frente Amplio, surgido de movilizaciones sectoriales fue rechazado al empantanarse en las reglas de funcionamiento de una democracia restringida y diseñada como cárcel de la democracia.

El plebiscito del 25 de octubre no es el fin del camino, es el primer paso en la recomposición estructural del actor social de una democracia participativa. Se abre por primera vez, en décadas, una recomposición popular para que la dignidad se haga costumbre.

- Marcelo Solervicens

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