El artículo 1º de la Declaración Universal de los DD.HH. establece que “todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Igual que otros textos de la Declaración, este tiene un carácter puramente teórico pues en realidad la dignidad y los derechos de los ciudadanos tienen que ver más con las políticas desarrolladas por los gobiernos que con la Declaración.

La aparición del “coronavirus” ha puesto al descubierto, por si no estaba ya muy claro, que los seres humanos en la mayoría de los países de América Latina no son iguales en dignidad y en derechos. Esta desigualdad se ha incrementado desde la aplicación de políticas neoliberales que han provocado carencias absolutas de políticas públicas en materia de salud y educación, con programas de privatización de estos servicios convirtiéndolos en negocio privado.

Después, la crisis financiera del neoliberalismo provocó los recortes en las políticas sociales. Salud, educación, seguridad social y seguridad energética fueron víctimas de mucha preocupación por la ciudadanía al ver como los servicios públicos en general se descapitalizaban y quedaban muy debilitados para hacer frente a situaciones como las creadas por la pandemia.

En relación a otros artículos de los DDHH que la pandemia se ha llevado por delante tenemos el artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas”. En este sentido, el coronavirus ha puesto de relieve un aumento de la desigualdad en relación a la vida, la libertad y la seguridad. Desigualdad que tiene una relación directa con la instalación en América Latina de muchos gobiernos con sistema inquisitorial, y que siguen sin dudar las consignas de EEUU.

Con anterioridad a la pandemia ya se había producido en casi toda América Latina un retroceso democrático mediante golpes de Estado parlamentarios i/o judiciales organizados por EEUU con el objetivo de acabar con gobiernos progresistas, como los de Brasil, Bolivia, Ecuador…o la ofensiva utilizando todos los medios contra el gobierno democrático de Venezuela.

Se ha instalado en América Latina un sistema político con una falsa democracia, que en realidad es una continuidad del modelo del PLAN CONDOR (1964/1989) con un parlamentarismo de fachada. Se penaliza la protesta y se legítima la violencia. Protestar contra la intervención militar durante la cuarentena es un derecho y penalizarla a través de la Fiscalía es un delito. Vivimos hoy en una especie de Estado policíaco con inseguridad jurídica. Y en eso llegó la pandemia.

Hay que recordar que el Plan Condor es el símbolo de los terribles sufrimientos vividos durante los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay, y que dejó más de 100.00 víctimas fatales. Se utilizó el aparato judicial como instrumento de terror.

El 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, se firmó ese pacto criminal militar para el intercambio de inteligencia, en realidad una asociación ilícita para delinquir. La información a intercambiar era sobre la lista de subversivos o personas de pensamiento opositor entre la clase trabajadora, estudiantes, profesores, artistas, militares constitucionalistas, militantes de las Ligas Agrarias campesinas, indigenistas, intelectuales, en definitiva, la clase pensante del país. Una vez ubicados, se procedía a su detención, traslado a otro país, tortura y ejecución.

Concretamente hoy, la función del Estado, como ayer con el Plan Condor, es vigilar y castigar pasando por encima de las fronteras para eliminar dirigentes ideológicos. Es, igual que con el CÓNDOR, la globalización del terrorismo de Estado.

Para el filósofo italiano Giorgio Agamben el ciudadano es para el Estado un terrorista virtual, hay cámaras que vigilan en todas partes, hay control de las huellas digitales o hay escaneos en los Aeropuertos para controlar a los criminales pero que se aplican a todos sin distinción

En esta cuestión hay que estar vigilantes para que la pandemia no sea utilizada para reforzar el control de la población, la represión social del Estado, y ello en detrimento de las libertades cívicas. Hay diversas posibilidades de salir de la pandemia, unas en dirección a la consolidación de libertades, hacia una sociedad abierta, más igualitaria, y otras en dirección contraria, hacia una sociedad más represiva, más cerrada. más desigual.

Y al abordar temas como la pandemia y los DD.HH. no podemos olvidar a los refugiados, o perseguidos por cuestiones políticas, inmigrantes indocumentados, etc. que según la ONU ascienden aproximadamente a unos 70 millones en el mundo en cuarentena permanente, conviviendo con la muerte a causa del virus o del hambre. Buscando muchos de ellos simplemente un lugar bajo el sol en el que vivir en paz, trabajar honradamente, ver crecer a sus hijos, y desarrollar sus derechos cívicos y políticos en libertad.

La Declaración Universal de los DDHH quiere garantizar la protección de estos ciudadanos y ciudadana el mundo, y en su art. 14 establece: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

Y para hacer realidad el mandato de este artículo, el pasado 24 de abril recurrimos sin suerte a la Alta Comisionada de los DD.HH. en Ginebra, solicitando sus buenos oficios ante el gobierno de facto de Bolivia para que se otorguen salvoconductos que permitan salir del país a los 9 funcionarios del gobierno democrático de Bolivia que permanecen asilados en la embajada de la República de México en La Paz desde el 10 de noviembre de 2019.

A lo largo de estos años, y ya desde la Revolución Francesa, la humanidad ha hecho declaraciones, documentos, ha firmado acuerdos, tratados, etc. que en teoría garantizaban la paz y el bienestar de la población. A pesar de ello la vulneración de los DD.HH. ha sido constante y la misma Declaración Universal se ha convertido, últimamente, en letra muerta.

La pandemia que estamos sufriendo empeora la frágil situación política y económica que padece América Latina. Pero algunas enseñanzas podemos sacar de ella. Por ejemplo, el periódico británico “Financial Times” sostiene que “ha llegado la hora de reformas radicales: “Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Tendrán que contemplar los servicios públicos como inversiones, no como cargas. Los mercados laborales habrán de ser menos inseguros. Los privilegios de los más ricos han de ser cuestionados y temas como la renta básica o los impuestos a las rentas más altas tendrán que formar parte de los presupuestos”.

En definitiva y para concluir, hay que modificar el modelo económico y social. Es urgente alumbrar un nuevo modelo de globalización en el que sus vertientes económicas y políticas se ajusten a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Martin Almada

Premio Nobel Alternativo 2002, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas y miembro del Comité de Honor de Francia/ América Latina