La extrema derecha en Colombia, pero también en EEUU como en Brasil y en otros muchos países, en donde gobiernan, desconocen y actúan, en contra de las reglas básicas de la democracia. La democracia como construcción histórica es frágil pues sus reglas del juego que son su base descansan en valores sociales como el reconocimiento de los resultados electorales que ahora Trump se niega a reconocer por anticipado sin que haya instrumento jurídico que lo obligue a hacerlo destruyendo con ello el principio básico del juego democrático que se puede enunciar como reglas del juego ciertas para resultados inciertos. Porque la democracia como examináramos hace ya unos cinco lustros es incertidumbre y descansa en reglas construidas socialmente, aceptadas como la regla de la mayoría o la división de poderes y la independencia de los mismos. Las democracias son construcciones históricas inacabadas que se sustentan en reglas consuetudinarias, construidas culturalmente, que son acatadas por los adversarios políticos que se acogen a las mismas y así lo declaran.ⁱ

Sin embargo, la extrema derecha de Trump a Bolsonaro o a Duque para mencionar solo algunos horadan estas reglas del juego, patean la mesa y con ello destruyen o lesionan profundamente la confianza que es un valor que subyace a toda la construcción democrática y sobre la cual se levantan sus instituciones. Por ello es muy grave lo que acontece en EEUU con un presidente disruptivo y autoritario que no respeta las reglas del juego de la democracia liberal. Porque hay que decirlo con todas las consecuencias que ello trae. Una democracia social, un proyecto de transformación profunda de la sociedad no será posible sino yendo de la democracia liberal a la democracia social, a la democracia radical. No es destruyendo el Estado liberal sino superándolo, es pasar de la igualdad de oportunidades a la igualdad social y material, que es como lo recordaba Norberto Bobbio, lo que distingue esencialmente a la izquierda de la derecha y del liberalismo. Ir de los derechos formales a los derechos reales, materiales, exigibles.

En Colombia para referirme a los acontecimientos más recientes estamos en esa batalla que muchos machaconamente denuncian como polarización y que yo creo que es simplemente la confrontación en todos los planos de un bloque social democrático multicolor en contra de un proyecto fascistoide que ganó nuevamente el gobierno con la dupla Uribe-Duque en el año 2018 y que ya había gobernado en los años 2002-2010 con el propio Uribe como presidente de la República. Justamente mi critica al centro y su llamado al voto en blanco en la segunda vuelta presidencial de 2018 –sin querer con ello ajustar cuentas de cobro que no vienen al caso- es que no comprendió que de lo que se trataba era de preservar los mínimos democráticos de nuestro Estado, que no era lo mismo Petro que Duque, que con el regreso de Duque se harían trizas los acuerdos de Paz que habían costado tanto construir, que las probadas alianzas de Uribe con los sectores mafiosos y con las fuerzas terratenientes de paramilitares nos harían regresar a la violencia, a la masiva violación de los derechos humanos, a la profundización del modelo neoliberal de las privatizaciones, y en fin, al gobierno del extractivismo, de la entrega de la soberanía nacional y de la profundización del apartheid social.

Como también hay que decirlo claramente un eventual triunfo del centro en aquella ocasión con Fajardo, no nos retrotraería al neofascismo que vivimos hoy con el gobierno de Duque. Por ello cabe responsabilidad también a ese centro que por omisión no hizo lo suficiente, -no todos, porque hay que recordar que un sector importante con Antanas Mockus y Claudia López adhirieron a quien en justa lid les ganó en la primera vuelta presidencial- para detener a ese proyecto de extrema derecha fascista que hoy nos gobierna. Solo queda decir que ojalá se haya aprendido la lección de cara a la confrontación política en las elecciones al Congreso y a la presidencia de la República en el año 2022.

Pero cabe una mayor responsabilidad por supuesto al centro derecha algunas de cuyas expresiones políticas hoy acompañan al gobierno como al partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, al partido de la U y a sus sectores acomodados al gobierno de Duque y a su proyecto neofascista. Estos fueron decisivos para que Duque ganara y con ello retornara al gobierno el uribismo que no es otra cosa que la expresión política de esa alianza perversa entre narcotráfico, paramilitarismo, y grandes dueños del capital que sustentan el régimen que nos gobierna. Ellos se respaldan además en clanes regionales familiares que dominan la política en amplios territorios del país en alianza con sectores ligados al narcotráfico y a las mafias regionales. Allí esa alianza perversa compro votos masivamente con dineros del narcotráfico para que Duque ganara las elecciones.

El nuevo pulso: justicia vs autoritarismo

La masacre cometida en la ciudad de Bogotá los días 9 y 10 de septiembre que se saldó con un balance final de 14 civiles asesinados en esta ciudad y en el vecino municipio de Soacha, que muestra una policía que atacó con armas a la población civil, irritada y rabiosa por el asesinato del abogado Javier Ordóñez la madrugada del día 9 de septiembre y que conllevo la destrucción de 72 Comandos de Acción Inmediata, CAIs, lesiones a 140 integrantes de la Policía Nacional y más de 350 civiles lesionados, 72 de los cuales fueron agredidos a bala, sigue teniendo hondas repercusiones en el país. El gobierno de Duque no ha dudado en ponerse del lado de la brutalidad policial, vuelve a esgrimir argumentos que no resisten un análisis serio de lo que pasó. Arguye el gobierno que los policías se defendieron de un ataque urdido por la guerrilla del ELN y por las disidencias de las FARC coaligadas con bandas del narcotráfico.

Nunca antes se había presentado una situación de esta naturaleza y si bien estas organizaciones ilegales armadas tienen presencia en la ciudad su arraigo es marginal. No tienen esa capacidad para coordinar acciones y mucho menos para movilizar a decenas de miles de personas que participaron en las acciones de protesta que escalaron a la confrontación y destrucción de esos comandos de policía. Lo que en verdad se presentó fue un levantamiento popular en contra de la arbitrariedad y de la brutalidad policial contra esos comandos de policía en donde a menudo se han presentado torturas, detenciones arbitrarias, violaciones a mujeres, golpizas a ciudadanos, que identifican en esos lugares como altamente peligrosos para la convivencia social. El asesinato de Javier Ordóñez fue la gota que rebaso el vaso de la arbitrariedad y ello fue lo que provocó la masiva presencia en las calles para denunciar esa arbitrariedad y exigir justicia frente a este asesinato.

También lo que animó la protesta fue la indignación que despertó en amplio sectores de la población las imágenes y los videos de la agresión contra el ciudadano Ordóñez que rápidamente se reprodujeron por las redes sociales a las que se sumaron nuevas imágenes de agresiones y de la brutal respuesta de la policía a las manifestaciones de rechazo al asesinato de este ciudadano. Un levantamiento popular, eso fue lo que pasó con muchos visos de espontaneidad. Indignación, rabia, en medio de una caldera social de pobreza, profundizada por el manejo erróneo de la pandemia ocasionada por la covid-19 que ha aumentado el hambre, el desempleo que golpea sobre todo a los jóvenes en medio de un gobierno que solo toma medidas para favorecer a los ricos, a los empresarios grandes, sin matrícula cero para centenares de miles de estudiantes universitarios cuyas familias están en la ruina.

En medio de esta situación Duque para que no quepa la menor duda de qué lado está se viste de policía y va a visitar no a los heridos sino a los policías y a los CAIs dónde se toma unas fotografías. Ni una palabra de consuelo para los familiares de los civiles asesinados por la policía. Y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, solo después del rechazo social sale a dar condolencias, pero al mismo tiempo a señalar que se trata de desmanes de unas cuantas manzanas podridas que deberán responder de manera individual por la masacre que propicio esa institución.

Como un primer momento de reactivación de la movilización social el Comando Nacional del Paro decretado el 21 de noviembre de 2019 decidió convocar una jornada de movilización para este 21 de septiembre que fue concurrida pese a las restricciones y los temores ocasionados por la covid-19. Decenas de miles de manifestantes se hicieron presentes en más de 100 centros urbanos del país. Mayoritariamente pacíficas solo hubo disturbios provocados por minorías al final de la marcha en Bogotá y en Medellín. La policía acudió desarmada a controlar las manifestaciones que son el abrebocas de lo que serán las nuevas jornadas de movilización que vendrán en contra de las políticas erróneas de Duque frente a la tragedia social ocasionada por la pandemia del coronavirus.

En esas estábamos en el debate sobre quién dio la orden de disparar, los días 9 y 10 de septiembre, en el debate sobre la reforma estructural a la Policía Nacional, cuando este martes 22 de septiembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer una Sentencia sobre el manejo autoritario de las protestas relacionadas con el paro nacional del 21N de 2019.

Hay violencia sistemática y estigmatización de la protesta social

El fallo de la Corte Suprema de Justicia se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por decenas de ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los demandantes arguyeron que durante las jornadas de protesta desatadas a raíz de la convocatoria del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 se estaban violando y quebrantando de manera grave el derecho constitucional a la protesta, dado que, en esas jornadas, fueron detenidos de manera arbitraria más de 3000 ciudadanos que los jueces debieron dejar en libertad porque la Fiscalía General de la Nación no pudo comprobar que estuvieran ligados a actividades terroristas o ilegales. Arbitrarias e ilegales resultaron sus detenciones. Que el gobierno estigmatizó la protesta al señalar públicamente que las protestas “eran parte de una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque” y que durante la protesta varios ministerios y el ejército nacional usaron como eslogan “no paramos, avanzamos” respuesta al eslogan de las protestas que era justamente “Parar para avanzar, viva el Paro Nacional”.

También los demandantes de la acción de amparo constitucional esgrimieron pruebas de la brutalidad policial en la contención de la protesta y el asesinato del joven Dilan Cruz, asesinado el día 21 de noviembre con un disparo de una escopeta calibre 12 accionada por un agente policial.

La Corte valoró las pruebas y la solicitud de amparo constitucional para lo cual en el extenso fallo de 171 páginas examina el accionar de la Policía frente a las protestas desde el año 2005 llegando a la conclusión que la Policía Nacional ha hecho un desmedido uso de la fuerza para la contención de la protesta social, “su actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión en el marco de las protestas”. La Corte afirma en contra de las declaraciones del gobierno que habla de casos aislados, de manzanas podridas, que el actuar de la Policía Nacional presenta rasgos de “sistematicidad en las agresiones a la protesta, por el uso violento arbitrario y desproporcionado de la fuerza”.

Para la Corte no son casos aislados, sino que hay un problema de fondo en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y en la Policía Nacional. La sentencia concluye que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”. El gobierno debe además guardar neutralidad y no deslegitimar o estigmatizar las protestas. Por ello le ordena al gobierno que en un lapso de 30 días promulgue un acto administrativo que garantice esa neutralidad en todo el Ejecutivo, en defensa del ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa.

Al comprobar los desafueros en el uso de la fuerza la Corte le ordena al gobierno que en el plazo de 60 días expida un protocolo que regule la actuación de la fuerza pública en las manifestaciones y en las protestas. Este protocolo debe ser un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Esta normativa, agrega el fallo, debe incluir limitaciones al uso de la fuerza, dejar claro que los procedimientos policiales deben restablecer el orden y no privar de derechos, evaluar constantemente las intervenciones de la Fuerza Pública, y, además, el Ejecutivo deberá hacer “pedagogía nacional” de todo el Estatuto. La Corte le ordena al presidente Duque conformar una mesa de trabajo para reestructurar los procedimientos de la Fuerza Pública durante manifestaciones pacíficas. De no haber acuerdo, el gobierno tiene un plazo de 60 días para expedir una reglamentación sobre esta materia en la que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema.

No menos importantes pero puntuales son dos órdenes que contiene el fallo. Primero la prohibición del uso de escopetas calibre 12 con munición tipo bean bag que deberá ser sometida a una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para su reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento, mientras no se haga ese estudio su uso debe ser suspendido en un plazo perentorio de 48 horas y la otra medida que ordena es que también en un plazo de 48 horas el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pida perdón de manera pública por los excesos del ESMAD durante las protestas de noviembre de 2019. Este acto público deberá ser difundido por la radio, la televisión y redes sociales.

Bueno y ahí fue Troya. Hasta el momento de escribir este texto el gobierno se ha negado a acatar las órdenes de la Corte Suprema, que no tiene otro recurso procesal. Arguye el gobierno que pedirá a la Corte Constitucional que revise este fallo. Hay que señalar que la Corte puede escoger o no escoger este fallo para su revisión. Por eso no hay otro recurso procesal y el gobierno está obligado a cumplir el fallo, de no hacerlo tendrá que interponerse un recurso de desacato y vendrá la sanción correspondiente estando en primera línea el incompetente ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Como dijimos al comienzo el uribismo horada el Estado Social de Derecho. El pulso es fuerte y esperemos que en este caso la Corte Suprema no se arredre y actúe en consecuencia sancionando a los funcionarios que no cumplan con sus órdenes. Amanecerá y veremos.

Bogotá 24 de septiembre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)