En plan crisis de régimen política en la que se juega en los próximos días la posibilidad de una nueva vacancia presidencial, con una crisis sanitaria y económica de magnitud apocalíptica, hemos ingresado al proceso electoral para el 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú.

El Covid-19 cumplió 6 meses en el Perú

La cronología del Coronavirus, ubicó el día 6 de marzo del 2020 como la llegada al Perú de un hombre de 25 años que regresaba de un viaje de vacaciones por Europa. El Perú declaró la emergencia sanitaria el 15 de marzo, por la presencia entre nosotros de este virus, ingresando así al aislamiento obligatorio, al cierre de las fronteras y a la prohibición del transporte interprovincial e internacional. Seis meses después se da inicio a la inscripción de pruebas de vacunación de los primeros voluntarios.

La estrategia del gobierno no dio los resultados esperados. Hoy, somos el país con más mortalidad en el mundo. En estos 6 meses, con la consecuente cifra de 30 mil muertes (cifras aún con subregistro) y con mas de 670 mil casos registrados oficialmente de contagiados por todo el país, “los especialistas afirman que serían hasta 7 millones, 10 veces más y los muertos se estiman entre 50 mil y 60 mil; nunca antes habían muerto tantos compatriotas en tan poco tiempo” (La Republica. 07/09/20. P8). Se extendió también el cierre de la economía con una débil política de salud, con errores en su estrategia y sin mayor protección social. Pese al más doloroso de los recuerdos vividos, se debe destacar la resiliencia de los peruanos, que no son complices de esta situación, por lo que debemos rechazar la campaña mediática del gobierno que busca culpabilizar a la población de esta situación.

Hemos ingresado abiertamente al escenario electoral y nos ubicamos a 20 días del plazo para el cierre del proceso de la reforma electoral en el Congreso de la Republica, qué no sólo está en riesgo, sino en grave retroceso, y que podría ser caracterizada más bien como una contrarreforma. Y es en ese escenario de crisis que el Congreso admitió una moción de vacancia presidencial.

El marco institucional y político hacia el proceso electoral de abril del 2021, estará caracterizado por una dinámica de mayor tensión política e institucional, reactivación económica relativa, probable pandemia bajo control, ausencia de cooperación legislativo/ejecutivo y mas bien de abierta confrontación. A ello hay que sumar conflictos sociales, incremento de la pobreza y persistencia del desempleo, con un Estado y una política con baja legitimidad. La campaña estará marcada por un discurso polarizante y de dicotomía pueblo/élites, entre la esperanza y el rechazo hacia los responsables de la crisis.

El jueves 9 de julio, a través del Decreto Supremo N° 122 -2020-PCM, el diario oficial “El Peruano” publicó la convocatoria a Elecciones Generales para el 11 de abril del 2021. No estamos ante un proceso de gestación política que sea garantista, inclusivo, renovador, que sea un proceso democrático y no una “democracia de baja intensidad”¹.

El Pacto Perú convocado por el Presidente Vizcarrra, que sería un espacio de dialogo de 5 ejes, uno de ellos la reforma política y del sistema de justicia, no tiene oxigeno suficiente. “un objetivo central del presidente Vizcarra es garantizar que las elecciones sean libres y democráticas” … “evidentemente no es fácil. En pocos meses entraremos en una contienda en que se disputa el poder y aunque eso no aumenta la crispación política necesariamente es natural que exista una confrontación” (ex Premier Pedro Cateriano).

Los antecedentes del Proceso Electoral 2016

La OEA fue concluyente en el informe de observación electoral del 2016 al considerarlo “deficiente, pero legítimo” y tipifica el proceso con otra crítica “fue la de no reglamentar el mecanismo de exclusión por dadivas, igualmente al borde de los comicios”. Almagro, después de recibir al candidato presidencial Julio Guzmán en Washington escribió en su Twitter que “el proceso 2016 vulneraba derechos políticos de electores y candidatos”. El diario La República (LR 12/04/2016 p2) editorializaba lo siguiente: “las elecciones del 10 de abril del 2016 nos han dejado duras lecciones con respecto a la falta de institucionalidad del sistema electoral”. Desiciones relevantes del Jurado Nacional de Elecciones JNE se habrían tomado en base a coimas que no se pagaron (o posiblemente sí). ¿Cómo estamos en setiembre a menos de dos meses de convocadas las elecciones?

Las reformas penden de un hilo, contra el reloj y a contra corriente

En medio del actual proceso en curso, la Junta Nacional de Justicia JNJ), culminó el concurso de méritos para nombrar en el cargo a los jefes de la ONPE y el RENIEC, fueron elegidos por unanimidad los señores Piero Corvetto y Carmen Velarde. Juramentaron el 31 de agosto y Corvetto se adelantó ya a declarar: voto electrónico no presencial para las FFAA y la Policía Nacional. Horario de 7 am. a 7 pm. (12 horas), mas números de mesa de votación y priorizar espacios al aire libre.

En relación con el JNE, un aspirante a colaborador eficaz y dos testigos han revelado a la fiscalía que la red de los “Cuellos Blancos del Puerto ”también infiltró al JNE, y habrían solicitado dinero para resolver las tachas en el proceso electoral del 2016. “Julio Guzmán dice que le pidieron 600 mil dólares por voto de magistrados… afirmó que se negó a pagar… esta no es la primera vez que se habla de sobornos en el JNE” (La Republica 02/09/20. Pág 11). El JNE, se ha quedado sin quorum, dado que el 7 de septiembre, venció el periodo del Magistrado Ezequiel Chavarry junto con el jurista Raúl Chanamé, que dejaron sus cargos y son dos integrantes menos del pleno. Esa falta de quorum restaría pluralidad al JNE. Solo quedan Víctor Ticona, Luis Arce y Armando Rodríguez a consecuencia de que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la junta de decanos de las universidades públicas, aún no eligen a los representantes de reemplazo.

El JNE estaría incompleto durante 2 semanas o más. El quorum necesario es de 50 % más uno. Sin ese requisito se generarían vicios de nulidad de sus actos electorales. El jurado ya había presentado una propuesta al Congreso, recogiendo el pedido de la ONPE de posponer la fecha a los partidos inscritos, en relación a sus elecciones internas, para realizarlas entre el 19 y 27 de diciembre y que el plazo de la inscripción de candidatos culmine el 11 de enero, iniciativa que fué presentada por 4 Magistrados, con el quorum reglamentario.

El actual Congreso de la Republica 2020/2021

Fue instalado el 16 de marzo del 2020 y culminará sus funciones el 16 de julio del 2021, luego de tres legislaturas ordinarias. La primera de ellas culminó el 5 de julio. Sin embargo, no fué eliminada la inmunidad parlamentaria, se evade la declaración de conflicto de intereses y se mantiene la impunidad, expresándose además una crisis en la Mesa Directiva generada por los cuestionamientos al Vicepresidente de Somos Perú. Este es el escenario de incertidumbre, las normas que podrán seguir promulgándose hasta lunes 28 de setiembre y que modificarán las reglas electorales, escenario en el que estimamos podrían primar los intereses de las organizaciones políticas que hoy tienen bancada en el Congreso, impidiéndose así la ansiada renovación de la política.

El Congreso de la República había invitado al presidente Martín Vizcarra a la Comisión de Fiscalización para que informe sobre los contratos de sus asesor Richard Swing, quien es parte de sus “amigos del tenis”, y también por las contrataciones con la empresa Hidro Energia Consultores Ingenieria, del padre de la ministra de economía que es el accionista principal (La Republica 03/09/20. Pág. 15). Sin embargo, no se produjo su presencia y el titular del Congreso instó a Vizcarra a que responda, mientras el mandatario pide “dejar de lado las disputas mezquinas” y emplazó al Congreso a “aprobar reformas electorales y a cumplir con los ofrecimiento de la campaña”. El Congreso respondió con una moción de vacancia por supuesta “incapacidad moral” debido al contenido de unos audios comprometedores.

Diversos constitucionalistas sostienen que en el Congreso se habrían emitido normas que serían declaradas inconstitucionales, entre ellas la de inmunidad, que fuera cuestionada por el Ejecutivo y la opinión pública. Sería preocupante que el Legislativo elija los magistrados a la medida de sus intereses. La actual presidenta del Tribunal Constitucional TC, ha expresado su preocupación. Como consecuencia de los desacuerdos entre el ejecutivo y el legislativo, el Congreso busca elegir al TC ante un desenlace predecible de las demandas de inconstitucionalidad en los casos de los peajes, el retiro de los aportes de la ONP, los ascensos automáticos del sector salud, etc.

Asimismo y de manera paralela, el Congreso impulsó dos pliegos interpelatorios a la ministra de economía María Alva y en el pliego interpelatorio la Ministra se vio obligada a reconocer que la política de bonos y de Reactiva Perú fue errática, que no se priorizó la inmediatez, para así garantizar un confinamiento en casa con recursos económicos. Se ignoró la demanda de bono universal. Actualmente, la titular del MEF abandonó las posturas iniciales, como estrategia tardía para satisfacer al Congreso, afirmando que “siempre es posible hacer ajustes”.

Hay en curso una censura impulsada por las bancadas de UPP, Podemos Perú, Frepap y un sector del Frente Amplio. Se requieren para que proceda la censura un total de 66 votos, aun no alcanzados por los impulsores de la iniciativa de censura. La censura es pertinente dada la errática política económica del Gobierno frente a la pandemia y la crisis

No existe voluntad inclusiva, más bien se buscó eliminar a la competencia

El pre-dictamen del congresista Omar Chehade, quien preside la Comisión de Constitución, buscó en agosto impedir la postulación de diferentes candidatos presidenciales entre ellos: Veronika Mendoza, George Forsyth, Danial Urrestri, Fernando Cilloniz y Roque Benavides, favoreciendo así a los candidatos de sus propias agrupaciones que tienen presencia en el Congresos (APP, FP y AP), en desmedro de otros al exigir estar acreditado con seis meses de militancia en sus partidos. Esta pretensión afecta el principio de seguridad jurídica y de predictibilidad, además de afectar gravemente el derecho de la participación política al buscar excluir al contendiente.

Viejas reglas y no renovación de la política

A la lógica de la exclusión se sumaría la mantención de las viejas prácticas políticas, temperamento que se evidenció con la suspensión de las PASO (Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias de la ciudadanía) remplazándolas por la elección desde las cúpulas y con discrecionalidad de los dirigentes. Asimismo, se aprobó en segunda vuelta las normas que impiden a los candidatos que tienen sentencias en primera instancia, con lo cual, se prohíbe la postulación de corruptos y asesinos en los comicios del 2021, no se dará así pase libre a condenados por delitos dolosos.

No está aprobada la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política CANRP en relación con el Financiamiento de las Campañas, que aseguran una supervisión por incumplimiento de la rendición de cuentas y gastos de campaña. La ONPE estaría sin facultades para acceder a las cuentas bancarias de los partidos. Otro aspecto relevante del actual pre dictamen tiene que ver con que el JNE podría suspender e incluso cancelar la inscripción de los partidos. La UPP plantea que este aspecto se aborde en el 2026, al igual que la Bicameralidad. Se investigaría a las empresas privada1s de 13 legisladores de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú y el Partido Morado que registran deudas con la SUNAT (El Comercio 01/09/20. Pág. 4). La eliminación del voto preferencial que afecta la eficacia de la aprobación positiva de la norma de Paridad y Alternancia por género, sigue sin ser eliminada. El Congreso “sugiere”, que sea el año 2026 cuando se elimine el voto preferencial, esta posición es sostenida por Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular.

No se evidencia voluntad con un proceso de renovación del Sistema de Partidos

Se coloca a las nuevas organizaciones contra el tiempo. El 9 de agosto, el Congreso estableció un arbitrario plazo: poder inscribirse sólo hasta el día 30 de setiembre. La nueva Ley de Partidos, habiendo sido promulgada en agosto del 2019, fue recién reglamentada en diciembre pasado, para la inscripción de nuevas organizaciones y se exige presentar 24,800 ciudadanos afiliados. Antes eran 3,250 (50 militantes x 65 comités) en 20 departamentos (antes eran solo 16) y 66 provincias de nuestro país. El conjunto de los requisitos de la actual ley establece solamente nuevas barreras de acceso al impedir la inscripción virtual pese a la emergencia.

De las 24 organizaciones actualmente registradas, es decir inscritas con validez de participación en el 2021, catorce no cumplen con los requisitos de 24,800 afiliados, aunque es cierto que frente a ello el JNE, estableció un plazo para adecuarse a la ley en abril del 2020, el propio Jurado ha suspendido este requisito de adecuación y ello implica un trato arbitrario a favor de los ya inscritos. Los proyectos de publicidad estatal entrarán al debate, entre otros pendientes y sorpresas, hasta el 28 de septiembre. La coordinadora Nacional de Nuevos Partidos entre ellos Nuevo Perú hemos interpuesto diferentes acciones legales, frente a estas arbitrariedades, buscando ampliar el plazo de inscripción y reducir barreras de acceso. Evidenciamos por lo tanto, la no aplicación de las nuevas reglas, sino además el impedimento de nuevos actores y organizaciones políticas en la contienda del 2021.

El Status Quo sería más bien favorable a la vieja política y al continuismo

El escenario está altamente fragmentado, ningún partido político con bancada en el Congreso superó el 9% de los votos emitidos (diferente a los votos válidos), expresando así la crisis de representación en la política peruana. La ausencia de nuevos actores políticos en la próxima contienda electoral profundiza la crisis de representación. Con connotaciones antipartidarias y antipolíticas. Ninguna nueva organización ha logrado inscribirse hasta la fecha, por lo que tendremos candidatos sin partidos y partidos sin candidatos y un sistema político deslegitimado y cerrado. Se estima que habrían Alianzas electorales de derecha y de izquierda, para no perder las inscripciones vigentes al no poder superar la vaya del 5 %.

A dos meses de convocado el proceso electoral no ha sido publicado el calendario electoral. El actual proceso se da con doce regiones (de 25) en Estado de Emergencia, ampliado hasta el 30 de septiembre; además de toque de queda, el mismo que podría ser ampliado, la epidemia no controlada a la espera de vacunas como solución y el ejército patrullando las calles. Las elecciones se podrían realizar antes de que la población haya sido vacunada. Por supuesto hay quienes prefieren vacancia antes que vacuna y se toca la puerta de los cuarteles y se timbran sus teléfonos.

La promesa de la Vida Peruana, que anunciaba don Jorge Basadre hace 70 años, no es una realidad y 200 años después de proclamada la Independencia, el Bicentenario Patrio está de luto, con un profundo dolor y hondo quebranto. Ello demanda un nuevo pacto político y ecosocial que implique bastante más que solo votar cada cinco años y no de vinos viejos en odres nuevos. La vacancia presidencial propuesta no resolverá la crisis de fondo. Requerimos una nueva Carta Magna para una Nueva República de ciudadanas y ciudadanos.

El reto de NUEVO PERU es convocar a una gran frente patriótico, nacional, democrático, descentralista y de ancha base, a través de una Alianza Política, Social y Ciudadana, de vocación constituyente, alternativa a la crisis. La mejor narrativa post pandémica, será la instalación de un nuevo Congreso, un nuevo Gobierno y una nueva Constitución.

[1] Ver: O’Donnell, Guillermo. Estado, Democratización y Ciudadanía.

septiembre 14, 2020

http://nuevarepublica.pe/peru-elecciones-en-crisis/