El DNU 690/20 puso un límite a la facturación de los servicios de telecomunicaciones esenciales para la población argentina. Como es esperable, los comunicadores de la empresa Clarín, dicen que existe libre competencia desde los sillones de la concentrada Cablevisión Holding. Cientos de PyMEs y Cooperativas de las provincias de Argentina, eran cautivas de dos proveedores fibra óptica a quien comprarle banda ancha hasta la llegada de la empresa pública ARSAT.

Antecedentes

La privatización de ENTEL en 1990 a favor de las transnacionales europeas Telefónica (TASA) y Telecom (TECO) configuraron dos monopolios regionales del mercado de las telecomunicaciones argentinas. La privatización de la empresa nacional de telecomunicaciones produjo una enorme transferencia de capital público al capital privado y una profunda degradación de los trabajadores del sector, con el Estado como garante de la futura rentabilidad, condición mucho más importante que las inversiones desplegadas por las licenciatarias en Argentina.

La rentabilidad extraordinaria obtenida por TASA y TECO en pocos años triplicó la generada por las grandes empresas del sector a escala mundial, y fue mucho mayor que la registrada por otras privatizadas. Estos altos rendimientos no respondieron a la eficiencia operativa de las licenciatarias ni a sus inversiones sino a su posición monopólica, pues el pliego inicial contemplaba la explotación exclusiva del servicio hasta noviembre de 1997 y la posibilidad de extender ese plazo por otros tres años, como sucedió.

Durante el gobierno de la Alianza, cuyo Secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar impulsó la letra chica del decreto 764 que desreguló y liberalizó el mercado. Los cuatro reglamentos básicos que definieron el nuevo marco regulatorio fueron los de licencias, interconexión, servicio universal y administración, gestión y control del espectro radioeléctrico. A partir de este decreto la telefonía móvil e Internet hasta el año 2004 no tuvieron un marco normativo para ser reguladas. Tanto Teco como Tasa tuvieron ingresos muy superiores a los de sus casas matrices y en algunos períodos soportaron desde la facturación en Argentina las caídas en España, Francia e Italia.

Iniciativa de una política de telecomunicaciones

A partir de la presidencia de Néstor Kirchner, el mercado telefónico acompañó el crecimiento sostenido del PBI. El consumo exponencial de telefonía móvil y conexión a Internet fija y móvil se explica tanto por la progresión económica de la población como por el propio desarrollo tecnológico.

La experiencia recorrida acompañando los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, sancionada en 2009 dejo fuera la idea de convergencia entre audiovisual y telecomunicaciones estuvo presente en el borrador inicial.

Recién en 2014 cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones 27.078, conocida como Argentina Digital, que estableció se abrió una posibilidad de regulación convergente por primera vez. Fue la única ley de telecomunicaciones votada en el Congreso Nacional.

Esta norma define que su objeto es “garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones” y “promover el rol del Estado como planificador”, como así también “la competencia y generación de empleo”. La legislación reforzó el rol del Estado y le dio al ente regulador atribuciones para regular tarifas de interconexión, velocidad mínima de conexión y establecimiento de zonas de promoción e incentivos para el despliegue de infraestructura con asignación de fondos del Servicio Universal.

Redefinición a favor del mercado

En diciembre de 2015, con el gobierno de Cambiemos, Macri dejó sin efecto a través del DNU 267/15 la mayoría de los artículos que las empresas habían cuestionado de las leyes 26.522 y 27.078. Sin debate previo y sin ninguna justificación de urgencia. La autoridad de aplicación quedó bajo el control directo del presidente quien podía remover a los directores en cualquier momento.

En esa ocasión ninguna cámara empresarial protestó por la inseguridad jurídica que representaba el cambio sustancial de dos leyes votadas por el Congreso a través de un DNU presidencial. Otro punto clave de su gestión fue la autorización de la fusión de Cablevisión con Telecom, otorgada al grupo Clarín, lo que incrementó de manera sustancial el nivel de concentración de la propiedad en el sector, fundamentalmente en lo que refiere al acceso a Internet.

Los datos del mercado de telecomunicaciones, según muestra el portal de datos abiertos del ENACOM, se puede ver que la penetración de telefonía fija al primer trimestre 2020 es de 17 cada 100 habitantes y un 54,83 cada 100 hogares. Este servicio muestra un descenso considerable respecto del primer trimestre de 2017 donde un 23,38 cada 100 habitantes con un 76,07 de accesos cada 100 hogares utilizaban telefonía fija.

Para el caso de la telefonía móvil muestra 125 cada 100 habitantes a diciembre de 2019. Con un total de accesos operativos a diciembre de 2019 de 56.352.947, de los cuales 5.861.445 son accesos pospago y 50.491.502 son accesos prepagos.

Para el caso de la telefonía móvil muestra 125 cada 100 habitantes a diciembre de 2019. Con un total de accesos operativos a diciembre de 2019 de 56.352.947, de los cuales 5.861.445 son accesos pospago y 50.491.502 son accesos prepagos.

Para el caso de la telefonía móvil muestra 125 cada 100 habitantes a diciembre de 2019. Con un total de accesos operativos a diciembre de 2019 de 56.352.947, de los cuales 5.861.445 son accesos pospago y 50.491.502 son accesos prepagos. El primer trimestre 2020 los accesos operativos totales bajaron a 50.000.466, con 50.224.418 prepagos y 5.776.048 pospago. La relación entre la fija y la móvil muestra que esta última es de muchísima más penetración pro lo cual la convierte en esencial.

Los ingresos del trimestre Ene-Mar de 2020 que obtuvieron las empresas que prestan servicio de telefonía móvil ascendió a 68.507.552 en mil de pesos.

El servicio de internet fijo, muestra que 63 hogares cada 100 para los trimestres Oct-Dic 2019 y Ene-Mar 2020 tiene internet fijo.

Estos promedios esconden desigualdades considerables, ya que la relación en algunas provincias es menor a 50 hogares cada 100 como los casos de Formosa 30,23, Chaco 37,48, Corrientes 38,73, Misiones 39,02, Catamarca 37,62, La Rioja 46,35, San Juan 32,39, Mendoza 33,14, Sata Cruz 35,97, Santiago del Estero 42,47, Tucumán 47,85, Salta 49,6 y Jujuy 46,67. Respecto de otras como Córdoba 70,69, San Luis 76,31, Santa Fe 69,52, Buenos Aires 64,83, Entre Ríos 56,12, Río Negro 55,12, Neuquén 61,85, Chubut 51,27 y Tierra del Fuego con 76,07 cada 100 hogares.

Para el trimestre ene-Mar 2020 los ingresos de las empresas prestadores de este servicio fueron de 27.633.681 en miles de pesos.

El acceso al servicio de televisión por suscripción por cable o satelital, muestra una distribución similar al de internet. Con provincias como Córdoba con un 92,63, Santa fe 60,41, Buenos Aires 51,27, La Pampa 67,85, Tierra del Fuego 81,36, respecto de La Rioja 18,08, San Juan 15,28 y Mendoza 18,23 cada 100 hogares.

En el primer trimestre del 2020 los ingresos de las empresas prestadoras de este servicio crecieron en 1.111.355 en miles de pesos.

Las mentiras de un mercado en competencia

Las empresas prestadoras de los servicios enunciados anteriormente, configuran un mercado sumamente concentrado y de acuerdo a los datos que mostramos, extraídos de ENACOM datos abiertos https://datosabiertos.enacom.gob.ar/home su facturación nunca disminuyó al pido de las ganancias, la tendencia creciente de estos ingresos tiene dos protagonismos la telefonía móvil e internet, que como mostramos son servicios con notables desiguales sociales a la hora del acceso.

Las siguientes características configuran el mercado actual:

1) Operadores con presencia nacional como Telecom/Cablevisión del grupo Clarín hoy Cablevisión Holding, Telefónica, América Móvil (Claro) y DirecTV;

2) Operadores de cable con cobertura geográfica regional, como Telecentro, Supercanal, Gigared y Telered,

3) Un conjunto de pymes y cooperativas que operan a nivel local y que en algunos casos cuentan con un despliegue de red de tecnologías avanzadas.

La concentración se potenció al momento de aprobar la fusión entre Cablevisión y Telecom a fines de 2017 durante el gobierno de Cambiemos. En ese momento, ambas firmas concentraban el 39,6 por ciento del mercado de telefonía fija, el 52,8 por ciento de la Internet residencial, el 42,4 por ciento de los servicios corporativos, el 34,1 por ciento de la telefonía móvil y el 37,9 por ciento de la televisión paga.

Telefónica en segundo lugar con 44,9 por ciento del mercado de telefonía fija, 26,5 por ciento de la Internet residencial, 33,9 por ciento de los servicios corporativos y 32 por ciento de la televisión paga.

América Móvil (Claro) con 2,9 por ciento de telefonía fija, 8,7 por ciento de servicios corporativos y 33,9 por ciento de telefonía móvil, mientras que por entonces no tenía participación en internet residencial ni televisión paga.

El cuarto jugador a nivel nacional era DirecTV, que concentraba el 31,5 por ciento del mercado de televisión paga.

Este grado de concentración deja fuera un merado en competencia, ya que muchos ciudadanos no pueden reemplazar a su proveedor en el caso de que no estuviera conforme con el servicio prestado, por ser el único que lo brinda localmente.

Del análisis del segmento de internet residencial, surgió que Telecom y Cablevisión superponían sus redes en 62 mercados geográficos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Salta, Santa Fe y la Ciudad Autonómica de Buenos Aires. Además, en 29 de esos 62 mercados la fusión dejó ningún operador alternativo con una red propia comparable a la de Cablevisión.

El caso de concentración más extremo se puede ver en la provincia de Córdoba ya que en Córdoba Capital, Cosquín, La Calera, La Falda, Laboulaye, Río Ceballos, Río Cuarto, Saldán, San Francisco, Unquillo, Villa Carlos Paz y Villa Nueva no quedó ningún otro proveedor alternativo de internet residencial con red propia luego de la fusión.

El Grupo Clarín se convirtió en el jugador dominante del mercado de telecomunicaciones argentino. El multimedio desarrolló a lo largo de su historia prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante, que le permitieron coronar en Cablevisión Holding. Es preciso recordar que diversos medios de comunicación denunciaron al Grupo Clarín por discriminación en la venta de papel, estrategias desleales en el mercado publicitario y utilización de los derechos televisivos del futbol para barrer a la competencia

Algunos sectores del llamado Círculo Rojo iniciaron una especie de lobby contra el DNU del presidente Alberto Fernández, una comunicación de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que apunta que la declaración de servicio público esenciales a las telecomunicaciones “pone en riesgo inversiones y el desarrollo del sector”.

El cruce de datos, realizado por Martin Becerra, realizado en base a los datos abiertos publicados CEPAL, UIT y ENACOM, desmiente las afirmaciones de los lobistas del grupo Clarín. Los resultados obtenidos, muestra un crecimiento notable entre 2006 y 2015, acompañando un momento mayormente de expansión macroeconómica y herramientas de regulación enunciadas en la ley argentina digital que permitieron al ENACOM que el Estado arbitre en las políticas del mercado concentrado en Telecom, Telefónica y Claro.

Otro motor que impulsó el fuerte crecimiento de Internet en los hogares fue Programa “Conectar Igualdad”, que en el período 2010-2015, dotó con más de cinco millones de computadoras portátiles a estudiantes secundarios y docentes de todo el país, con el objetivo explícito de ampliar el acceso con dispositivos que se conectan a Internet y reducir la brecha digital.

Fuente: martinbecerra.wordpress.com

Una política de Estado

El DNU 690/20 del gobierno de Alberto Fernández, pretende una regulación justa y equitativa en un mercado en competencia. Declara los servicios de telecomunicaciones como esenciales. Las prestaciones pasaron a ser consideradas necesarias y fundamentales para el desarrollo económico y social de la población, y ante la falta de los mismos la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de una comunidad estaría en peligro o seriamente perjudicada. De aquí en adelante deberán existir planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes tienen dificultades en el acceso a los derechos básicos que se engloban en el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación.

En el tránsito de la regulación del DNU, los funcionarios del ENACOM recorrerán la experiencia de los operadores nacionales, regionales y provinciales o locales. Diversos intereses y distintos compromisos con el país. Promover un mercado en competencia demandará desarmar la actual concentración existente. No se trata de que las empresas no ganen, se trata de que los ciudadanos tengamos opciones para la contratación de los servicios. Se trata de que los clientes puedan contratar servicios con compromisos de calidad comprometida por los prestadores (SLA). Se trata de promover un mercado moderno equitativo y justo. Se trata de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

En este sentido comenzamos a recorrer la experiencia de una política de Estado. La Ley Argentina Digital es un buen antecedente; el contexto determinado por las TIC siempre es dinámico y cambiante. Por ello, los objetivos básicos de esta política pública deben garantizar inclusión ciudadana y territorial, promover el desarrollo científico tecnológico con aplicación en los diferentes sectores de la economía nacional, la soberanía y el cuidado de los contenidos de los ciudadanos.

Integrar las diferentes dinámicas de gobierno para el desarrollo de las gestiones de las TIC en un Ministerio TIC que promueva las energías que motorizan el ecosistema digital en beneficio del pueblo y el desarrollo nacional.

- Alfredo Moreno, Profesor de TIC Univ. Nac. Moreno

@TICADAT2