Finalmente este martes primero de septiembre la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia decidió trasladar el proceso que se sigue a Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, a la Fiscalía General de la Nación. La decisión con ponencia del magistrado César Augusto Reyes quien además fue el magistrado instructor y ponente del proceso que se sigue a Uribe desde febrero del año 2018 por estos delitos y con el respaldo de los otros cuatro magistrados que conforma la Sala, decidió trasladar el proceso a la Fiscalía tal como lo había solicitado Uribe a través de sus abogados defensores. El argumento de la defensa de Uribe consistió en señalar que la Corte Suprema de Justicia había perdido la competencia para seguir investigando a Uribe al éste haber presentado su renuncia al Senado de la República que fue además aprobada por el plenario del Senado en sesión del 18 de agosto el mismo día en que Uribe la presentó.

Los tres argumentos fuertes que se esgrimieron en el debate público para que la Corte mantuviera la competencia fueron examinados en el auto de 64 páginas en que se argumenta la decisión y fueron desestimados. Es un hecho probado y en eso se reafirma la Sala que Uribe en su condición de senador de la República utilizó a funcionarios del Congreso asignados a su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, en diversas tareas para el soborno a testigos, pero, “no puede edificarse un sólido argumento en torno a qué por razón de la intervención de los miembros de su UTL se advierta el nexo insoslayable y necesario con la función para predicar un abusivo y desviado ejercicio del cargo que haga mantener la competencia de la Corte”. También desestimo el hecho también probado que la disputa se dio entre dos aforados constitucionales ambos congresistas, pero este hecho por sí mismo no habilitaba a la Corte para mantener el proceso dado que no constituye parte esencial del proceso.

Y finalmente la concurrencia de testigos comunes en dos procesos que se siguen a Uribe en este caso y en el proceso por las masacres del Aro y la Granja en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador del Departamento de Antioquia en 1997, tampoco fue estimado como esencial en este proceso. Veremos cómo responde a este interrogante formulado en la denuncia contra Uribe instaurada por el por exfiscal general, Eduardo Montealegre, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las masacres del Aro y la Granja y que deberá resolver esta misma Sala en las próximas semanas para su traslado a la Fiscalía como también lo ha solicitado la defensa de Uribe. Por este caso la Sala II había llamado a versión libre a Uribe el próximo 16 de septiembre.

Por lo pronto Uribe ha logrado su objetivo de trasladar su proceso a la fiscalía en donde goza de funcionarios amigos que tratarán de ayudarlo como lo han hecho en el pasado. Quién debe asignar el caso de Uribe a un fiscal es Francisco Barbosa nombrado por la Corte de terna presentada por Iván Duque y quien no ha dado muestras de independencia del gobierno. Barbosa fue funcionario de este gobierno desempeñándose como Consejero presidencial de Derechos Humanos y de allí salto a la Fiscalía General de la Nación.

Justamente por su probada amistad con Duque y con Uribe el senador Iván Cepeda recusó a Barbosa ante la Corte Suprema quien deberá resolver si acepta la recusación, -que debería hacerlo, porque Cepeda ha sido reconocido como víctima, en este proceso y Barbosa no es garantía de imparcialidad. Si aceptará esa recusación la Corte deberá solicitar a Duque que envíe una terna para elegir un fiscal ad hoc que se encargue de este proceso, pero, Cepeda también ha recusado a Duque porque es obvio que no es garantía de imparcialidad dado que Duque es a todas luces y lo ha demostrado en el ejercicio de la presidencia un subordinado de Uribe. La Corte deberá resolver en su sala Plena esta recusación e indicar de aceptar la recusación, cuál es el camino para reemplazar eventualmente a Barbosa en este proceso. Así que el proceso sigue su laberintico camino sin claridad por ahora.

Uribe quiere además que se le levante la orden de detención domiciliaria de inmediato y así lo ha solicitado su defensa ante la fiscalía. Allí el camino es que el fiscal recusado debería nombrar a un fiscal para que asuma el expediente para que un juez de control de garantías decida si levanta esa medida de detención. Ya veremos cuál es el camino, pero todo indica que además del traslado del proceso, Uribe también logre el levantamiento de la medida de aseguramiento bajo la figura de detención domiciliaria pese, a que sigue influyendo en el proceso a la vista de todo el país y no solo de los operadores judiciales.

Uribe concede entrevistas sobre su proceso, acusa a la Corte de estar al servicio de la mafia, los acusa de violar su derecho a un debido proceso y de haberlo secuestrado, señala que los magistrados son agentes de la izquierda internacional y ahora a pesar que el magistrado César Augusto Reyes, quien fue el magistrado ponente para el traslado de su proceso a la Fiscalía, a través de su cuenta oficial en Twitter Uribe de manera mendaz, pone en duda la imparcialidad del magistrado por haber celebrado un contrato con el Estado en el año de 2016 solo por el hecho de que lo hizo bajo el gobierno de Santos, a quien sin ninguna prueba Uribe acusa de estar tras las acusaciones que lo tienen enredado en los organismos judiciales. Uribe y el Centro Democrático denigran de las instituciones, calumnian a los jueces y magistrados sin ninguna prueba y con total impunidad. Además, lo hacen con la complicidad y complacencia de los grandes medios de comunicación y detrás de esa campaña de desprestigio de las instituciones vienen las amenazas de muerte proferidas por las bandas paramilitares y todo ello ocurre sin que el presidente de la República se pronuncie y cuando lo hace es para presionar a favor de Uribe. Y por supuesto estas amenazas e interferencias son ignoradas por la Fiscalía de Barbosa. Razón asistió a los magistrados que le impusieron medida de aseguramiento bajo la figura de detención domiciliaria para tratar de impedir que Uribe siguiera interfiriendo en su proceso solo que Uribe esa medida no le impidió seguir haciéndolo.

Así que este nuevo proceso también, como lo hemos señalado, va camino a la impunidad como en la que se mantienen los cientos de casos que duermen el sueño de los justos en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que ahora volverá a manifestarse no solo en esos casos denunciados cuando ejerció como presidente de la República sino en los otros procesos que se mantienen por ahora en la Corte Suprema de Justicia y que acuciosamente el expresidente ha solicitado o mejor exigido que se trasladen al terreno amigo de la Fiscalía General de la Nación.

¿Hasta cuándo se mantendrá esta situación? Esta situación no variará hasta que la sociedad, la ciudadanía, exija una reforma institucional que garantice una fiscalía eficiente que combata el crimen, la corrupción y la impunidad que nos carcome y nos destruye como sociedad. Las instituciones en su conformación son el problema. Sin un fiscal autónomo e independiente no será posible salir del pantano en que nos encontramos. Y esto no se logrará sino se cambian las reglas del juego y las normas que han subordinado este organismo y el aparato judicial, que son presa fácil de los poderosos intereses económicos y políticos que son la realidad bajo las reglas del juego en que el presidente terna a los candidatos para que a su vez éstos se subordinen a sus intereses. Esta reforma es inaplazable, pero para ello hay que derrotar a la clase política tradicional que ha hecho estas normas y se beneficia de las mismas. Para ello es preciso e imperioso derrotar estos intereses en las urnas, en las elecciones. Este es el tamaño del reto a que nos enfrentamos.

Bogotá 3 de septiembre de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)